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“Yo, hasta que no se aclare el panorama de verdad, no acepto involucrarme” en una campaña electoral.
“NO VOY a opinar” sobre la reelección de Álvaro Uribe para un tercer período presidencial, manifestó anoche la embajadora Noemí Sanín.
Acerca de cuándo va a tomar una decisión frente a su posible candidatura presidencial, la diplomática colombiana manifestó: “Realmente el panorama es confuso. Las reglas no están claras. Cuando una persona va a jugar fútbol, si es de primera liga, lo primero que mira es cuáles son las reglas de juego, quién va a ser el árbitro, la neutralidad del árbitro, quiénes van a ser los jugadores. Y aquí todavía el marco jurídico no está claro. En el Congreso se tramitan reformas”.
“Hasta que no estén claras las normas jurídicas y el marco, no tomo decisiones”, reiteró la embajadora Sanín en entrevista con Clara Elvira Ospina, directora de Noticias RCN.
La embajadora de Colombia ante el Reino Unido insistió en que “cuando el marco jurídico sea definido en el Congreso de la República, cuando sepamos cuáles son las reglas de juego, en ese momento tomo una decisión, que siempre será la misma: servir a Colombia desde cualquier escenario en que tenga posibilidad de hacerlo”.
Y añadió: “Yo estoy sirviéndole a mi país desde las embajadas, buscando oportunidades para Colombia, para la inversión. Yo, este país, me lo conozco muy bien, no solamente por las dos campañas que he tenido, sino porque lo recurrí cuando fui ministra de Comunicaciones, cuando trabajé en el Grupo Social, cuando fui ministra de Relaciones Exteriores, hasta el último callo o islote. Yo me conozco mi patria, mi gente muy, muy bien, y tomaré la decisión oportunamente”.
Sobre el Partido Conservador, Sanín señaló que “es muy importante el tema de los partidos. Mientras una democracia es más fuerte, más fuertes son los partidos, los partidos de gobierno, los partidos de oposición. Sin embargo, el Partido Conservador, que viene teniendo una organización tan importante, tiene un problema de bipolaridad: es que pretende invitar a una consulta, cuando al mismo tiempo está apostándole a la candidatura del presidente Uribe y al referendo. El partido tiene que escoger uno de los dos caminos, porque lo que no es transparente es jugar paralelamente a dos programas electorales diferentes”.
Y en relación con el referendo, dijo: “Es una expresión de la democracia. A mí, todo lo que sea participación ciudadana, opinión de la gente, me parece legítimo, desde que las normas existan. No hay que tenerle miedo a la democracia”.
Preguntada por las críticas que se le han hecho a la gestión económica del Gobierno, la embajadora Sanín declaró que “el presidente Uribe merece la gratitud, como en efecto se la tienen los colombianos. Lo que nosotros hemos avanzado en seguridad es muy impresionante. Él abrió un camino y ese camino hay que protegerlo, hay que volverlo una autopista; falta mucho todavía por hacer, porque hay tantas cosas que hacer por Colombia en lo social, en lo económico. Pero esta crisis, que es global, y es muy, muy grande, le da a Colombia unas oportunidades impresionantes, si sabemos aprovecharlas. Tenemos que proteger nuestra economía a fondo y a rabiar. Porque es que la economía no es un fin, es un medio para que la gente tenga bienestar, para que la gente viva mejor”.
TRAS ANUNCIAR durante el Congreso del Polo, en febrero pasado, que sería candidato presidencial al margen de esta colectividad, de la que ha sido uno de sus principales bastiones, el senador Gustavo Petro señaló ahora que ya ha avanzado en este proceso y que al final del mes próximo hará su lanzamiento.
Petro cree que el Polo no debe centrar su estrategia para las próximas elecciones sólo en la oposición sino que requiere ser una alternativa real de poder, que según él es posible a partir de un acuerdo democrático de diferentes fuerzas.
EL NUEVO SIGLO: ¿Quiénes lo acompañan en su candidatura?
GUSTAVO PETRO: Bueno, vamos a instalar el comité nacional de campaña y se va a presentar, y ustedes podrán observar quiénes me acompañan en mi candidatura.
E.N.S.: ¿Pero está decidido a ir solo hasta las presidenciales de mayo próximo o consideraría participar en una consulta?
G.P.: Yo soy el que he propuesto un acuerdo democrático en Colombia con un programa común y una candidatura común, así que no me puedo desdecir ahora de lo que yo mismo he propuesto. Lo que he propuesto es que esas diversas candidaturas puedan confluir en un programa común de la democracia y en unas reglas que permitan la escogencia de un candidato de ese acuerdo.
E.N.S.: ¿Es decir que ese candidato saldría de una consulta interpartidista de la oposición?
G.P.: De la oposición no, de la democracia.
E.N.S.: ¿Con quién ha dialogado sobre ese tema?
G.P.: Hemos dialogado con Mockus, con Sergio Fajardo, con Lucho Garzón, he hablado con César Gaviria, he hablado con varios candidatos.
E.N.S.: ¿Se ha avanzado más allá de los diálogos?
G.P.: Pues este fin de semana se construyó un Espacio político con un sector del Polo y otros sectores políticos, que se configurará exclusivamente en función de lograr que se produzca ese acuerdo democrático en Colombia.
E.N.S.: ¿Cuál va a ser la bandera política de su candidatura?
G.P.: Sacar a Colombia de la guerra y de la crisis económica.
E.N.S.: Algunos afirman que lanzar una campaña en este momento, con la incertidumbre de si Uribe aspirará o no, es arriesgado…
G.P.: Se lance o no se lance (Uribe), yo presento mi candidatura.
Inicialmente, como lo establece la ley, deben ser debatidas las iniciativas de referendo, que en esta oportunidad son el del agua y cadena perpetua para violadores de niños
A PESAR de que ya van dos semanas desde que el Congreso reinició labores, aún la reforma política no despega en su discusión en la Comisión Primera de Cámara, que debe darle el quinto debate, correspondiente a la segunda vuelta.
Por lo pronto, el primer paso, que es el nombramiento de los ponentes, está pendiente por parte de la presidenta de esta célula legislativa, la representante Karime Mota.
Este hecho significa que el inicio de la discusión de esta reforma constitucional, que a propósito es el único de los proyectos que se salvó entre los que presentó el gobierno nacional en el pasado semestre, posiblemente se iniciará solo hasta el final de abril o en la primera semana de mayo, considerando que está de por medio la Semana Santa y que, además, después de que la Presidenta de la Comisión Primera designe a los ocho o nueve ponentes que tendrá la iniciativa, hay que esperar que ellos se notifiquen, a lo que hay que sumar los 8 ó 15 días que tienen para presentar la ponencia.
Algunos integrantes de la Comisión Primera han manifestado su extrañeza por la tardanza en el nombramiento de los ponentes de la reforma política, con la cual se busca, entre otras, blindar a los partidos políticos de la injerencia de los grupos armados al margen de la ley, tras el escándalo de la parapolítica, que ha llevado a que por lo menos 70 congresistas hayan sido vinculados a investigaciones por parapolítica. Incluso ya se han iniciado otras por farcpolítica y elenopolítica.
La representante por el departamento del Atlántico, Karime Mota, le dijo a EL NUEVO SIGLO que de su parte no hay tardanza en el nombramiento de los ponentes de la iniciativa. “Hasta el momento no hemos comenzado a trabajar en la reforma política. Lo estamos haciendo en el referendo del agua, el referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños; por ley corresponde darle prioridad a los referendos. Y después vendrá el estudio de la reforma política”.
La representante atlanticense dijo que no hay premura en el nombramiento de los ponentes ya que este proceso se viene haciendo dentro de la normatividad. Además, señaló que es normal que los congresistas presionen para que se le dé prioridad a algunos proyectos. “Siempre tratan de hacer la misma presión con los proyectos que ellos quieren que se les dé prioridad, pero no hay por qué preocuparse. Por ley debemos estudiar primero los referendos”.
La presidenta de la comisión primera de la Cámara señaló que es posible que esta semana designe a los ponentes de la reforma política; “puede ser mañana (hoy) o el jueves. No tengo ningún afán al respecto”.
Las expectativas
La reforma política viene de ser aprobada el 15 de diciembre pasado en cuarto debate en plenaria de Senado, en donde llamó la atención la presión que imprimió el Gobierno pues ese día se hicieron presentes el ministro del Interior, Fabio Valencia; de Comunicaciones, María del Rosario Guerra; de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; de Agricultura, Andrés Felipe Arias; de Vivienda, Juan Lozano; y de Cultura, Paula Moreno.
En cuanto a las expectativas sobre la reforma política para esta segunda vuelta, se vislumbra que se robarán la atención en el debate en comisión primera de la Cámara temas como el aumento del umbral del 2 al 3 por ciento, que podría significar que varios de los partidos considerados pequeños (12) no logren curules en las elecciones del año próximo, así como la inhabilidad a los actuales diputados y concejales para aspirar a ser congresistas en las elecciones de 2010
Para el representante por el departamento de Antioquia, William Vélez, “el umbral va a ser el tema clave, porque se sigue discutiendo si se conserva el existente; obviamente también ha causado polémica el tema de los concejales y diputados, para que no puedan aspirar al Congreso, y el tema de las sanciones a los partidos”.
La representante Karime Mota coincidió en que el umbral y la inhabilidad a los actuales concejales y diputados serán los aspectos que más debate causarán en la comisión primera de Cámara.
En tanto que el representante por Bogotá, Nicolás Uribe, le dijo a este diario que adicional a la inhabilidad para concejales y diputados, y sanciones a los partidos, “hay un tema muy importante como es la financiación previa para las campañas políticas”.
Uribe consideró que es necesario sacar adelante esta reforma para garantizar que las elecciones de 2010 “salgan bien, con la posibilidad de sancionar a los partidos, con financiación para los partidos pequeños, que el Congreso entrante entre con el voto nominal y público, que es muy importante”.
Por su parte, el representante por Putumayo, Guillermo Rivera, no tiene mayores expectativas frente a la discusión de la reforma política. “A mí esa reforma me parece inane. Yo no tengo muchas expectativas. No hay nada ahí que valga la pena; digamos, ninguna modificación sustancial. Me parece que lo que hay ahí es simplemente un propósito de establecer una licencia para cambiar de partidos en esta coyuntura política, pero de fondo no hay nada. Silla vacía es a partir del otro período, luego eso ya no tendría ningún significado real”, le dijo a este diario.
El intercambio epistolar entre el grupo guerrillero y el movimiento de Colombianos y Colombianas por la Paz produjo este fin de semana, un mensaje del Secretariado que podría llegar a generar un acercamiento del Gobierno y la agrupación armada
¿Por qué seden las Farc?
1. Escenario político
Las Farc querrían recuperar un espacio en el escenario político colombiano.
Hace casi dos décadas que las Farc debieron desechar, por sustracción de materia, su incursión en el mapa político que comenzó en 1985, cuando aprovecharon la mano que les tendió el gobierno conservador de Belisario Betancur; tras años de funcionar como el elemento militar de “la combinación de todas las formas de lucha”, que proclamaban los comunistas prosoviéticos, fundaron la Unión Patriótica, organización que consiguió un relativo avance electoral en numerosas alcaldías, concejos y asambleas, pero que fue exterminada a sangre y fuego.
Años después, quisieron moverse a través del que denominaron Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, pero que no ha conseguido sacarlos de un aislamiento político cada vez más grande.
2. Campaña electoral
Muy ligada a la intención de lograr un escenario político, las Farc estarían interesadas en convertirse en tema de la campaña electoral.
Debido a diversas circunstancias, el tema de la política de seguridad democrática, sea para alabarla o para señalar sus deficiencias, ha desplazado el del conflicto interno o el de la paz y, por supuesto, ahí las Farc no tienen un papel protagónico.
Con la propuesta de este fin de semana, las Farc podrían lograr que el acuerdo humanitario y, por lo tanto, el conflicto armado y la paz vuelvan a estar en la agenda de los precandidatos presidenciales y sobre la mesa del debate político.
Y es muy posible que la guerrilla logre ese objetivo, porque ni el Gobierno ni la oposición dejarán que se les quite un posible liderazgo en ese tema.
3. Despeje imposible
Uno de los detalles más relevantes de la carta que las Farc le hicieron llegar a Colombianos y Colombianas por la Paz es que dicen textualmente que están “en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable”.
En otras palabras, las Farc habrían llegado al convencimiento de que no habrá despeje de ningún lugar del territorio nacional bajo ninguna de las fórmulas que para ello se han barajado en los últimos siete años.
Este fue durante todo este tiempo, el principal obstáculo para lograr cualquier avance en la liberación de los secuestrados, cuyos familiares veían con desesperación que ni siquiera se lograba un diálogo directo entre el Gobierno y la guerrilla.
4. Sin secuestros
El secuestro se habría convertido en una carga muy pesada para las Farc.
Como no se conocen cifras al respecto, no puede señalarse si la guerrilla ha visto disminuidos sus ingresos por este concepto. Pero si se asumen los postulados de las autoridades, la acción de la Fuerza Pública podría hacer más oneroso la ejecución del delito y el mantenimiento de las personas en cautiverio; hoy en día los secuestros extorsivos suelen ser comenzados por delincuentes comunes que los entregan a la guerrilla por un precio, lo cual podría ser un indicador de lo suficientemente costosa y riesgosa que pueden ser esas operaciones como para que las Farc no las realicen directamente.
Pero, sin duda, el mayor costo ha sido el político porque por cuenta del secuestro es que hace un año millones de colombianos salieron a las calles a decir “no más”.
Balón, en campo del Gobierno
1. Difícil decir que no
Con la carta de las Farc, el Gobierno quedó prácticamente obligado a responder positivamente, aunque el presidente Álvaro Uribe insistió el sábado, nada menos que ante la militancia del Partido de La U, que su gobierno descartaba cualquier tipo de diálogo con la guerrilla y seguiría actuando “con firmeza contra los terroristas”.
Es evidente el contraste que ha quedado planteado luego de que Uribe dijera que buscaría “más diálogo con los colombianos de todas las tendencias políticas” para “avanzar en la construcción de consensos nacionales”; mientras las Farc, en su carta, señalaron que las recientes gestiones de paz están “haciendo renacer la esperanza de un país que siente en lo profundo de su ser nacional que nuestro destino histórico no puede ser la guerra civil”.
2. Se acabó la excusa
Hasta hace muy poco tiempo, cuando el Gobierno hacía alguna oferta para el acuerdo humanitario ya se sabía cual era la respuesta de las Farc: “No hay diálogo sin despeje”; igual con las propuestas de la guerrilla, que siempre eran objetadas con un “no habrá despeje”.
De antemano, ambas partes parecían estar de acuerdo en poner como pretexto el despeje: unos para pedirlo como condición innegociable y otras para rechazarlo sin ninguna apelación posible.
La carta de las Farc acaba de eliminar ese obstáculo, tomando la iniciativa para dejar al Gobierno sin el argumento con el que se declaraba impedido para dialogar directamente con la guerrilla sobre el acuerdo humanitario.
3. Ahora, a dialogar
Una vez eliminado del camino la excusa del despeje, queda despejada la vía para entrar a dialogar sobre acuerdo humanitario.
En esta etapa, el Gobierno y la guerrilla deberían sentarse a discutir otros temas como cuántos secuestrados hacen parte de la lista de canjeables de las Farc y cuántos combatientes presos puede postular el Gobierno para lograr el acuerdo.
De este último punto se desprenden dos temas: qué guerrilleros presos pueden salir, a la luz del estatuto de Roma, que Colombia ya incorporó a su orden legal; y la tesis del Gobierno de que los combatientes que salgan de las cárceles no pueden volver a las filas de las Farc.
Y, por supuesto, la proscripción del secuestro como práctica política o económica, tema en el que Colombianos y Colombianas por la Paz han insistido en su intercambio epistolar con la guerrilla.
4. Iniciativa política
A estas alturas del partido, el Gobierno no se puede dejar quitar la iniciativa política dentro de un eventual proceso de paz.
Primero, porque como lo advirtió en octubre pasado la senadora Piedad Córdoba, no es posible sacar a Uribe del intercambio: “Esto se debe hacer con él y las Farc”.
Pero, además, porque si el Gobierno no toma el liderazgo político del tema, se le va a politizar en boca de todos los precandidatos presidenciales, sea que apoyen o cuestionen la actitud del Ejecutivo.
Lo más probable sea que el Gobierno asuma su rol, a juzgar por lo dicho por Uribe hace como diez días, en Corozal, Sucre, en el sentido de que las Farc estaban montando un “teatro político”, una “campaña política”, con “la libertad gota a gota de los secuestrados”.
Hay quienes piensan que al ser un vicio de forma la violación de topes de la financiación, el alto Tribunal tendría la competencia para su estudio. Otros se muestran escépticos.
HAY INCERTIDUMBRE y expectativa sobre si la Corte Constitucional, en la eventual revisión que haga del proyecto de referendo reeleccionista, va a tener en cuenta la violación de los topes del financiamiento que realizó el comité que impulsó la iniciativa popular, para la recolección de firmas investigada por el Consejo Nacional Electoral.
Algunos ex magistrados consultados por EL NUEVO SIGLO aseguraron que sí es posible que la Corte tome en cuenta ese vicio de forma, mientras otros sostuvieron que no. También hubo quienes afirmaron que no hay certeza de qué decisión va a tomar el alto Tribunal.
Ex magistrados como Eduardo Cifuentes aseguraron que la Corte Constitucional sí debía tener en cuenta el vicio de procedimiento a la hora de hacerle control al proyecto de referendo.
“Tratándose de un mecanismo de la adopción de una ley, de un referendo, de un acto legislativo reformatorio de la Constitución, requiere que se cumplan los procedimientos, las exigencias de la ley, y ésta, referida a los límites de los aportes privados para una campaña de referendo, es una exigencia que se encuentra contemplada en las normas electorales y en particular en la Ley Estatutaria. En consecuencia, cualquier vicio afecta la forma del referendo, y por consiguiente sería susceptible de que la Corte Constitucional con base en eso termine de declarar sobre su constitucionalidad”.
Cifuentes también adujo que había razones políticas, como la voluntad popular.
“En vicios que se incurrieron en el proceso mismo antes de las sesiones del Congreso, podrían afectar el acto legislativo. Yo creo que sí, porque se trata además de un acto ilícito, donde hay una parte que tiene que ver con la voluntad popular, con el código directamente y también con el procedimiento legislativo, y en uno y en otro había requisitos de forma”, enfatizó el ex magistrado de la alta Corte.
Por otro lado, la ex magistrada de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas Hernández aseguró: “La financiación de la campaña (referendo) es una cosa que tiene sus sanciones allá por la vía administrativa en el Consejo Nacional Electoral, pero no tiene nada que ver con las decisiones de la Corte, porque no es un requisito constitucional de trámite”.
Sin embargo, hubo varios ex magistrados que no quisieron que se les revelara su nombre y que manifestaron que no hay certeza de cómo va actuar la Corte, porque es un tema nuevo, pues la máxima Corporación nunca se había enfrentado a un posible vicio de procedimiento por la violación a los topes de financiamiento de un proyecto de referendo.
La Corte Constitucional deberá abordar el referendo reeleccionista promovido por la coalición uribista cuando sea aprobado en el Congreso, pues por ley tanto los actos legislativos de reforma constitucional como los proyectos de referendo deberán pasar después de su aprobación a un control para revisar cualquier posible vicio de forma.
Sin embargo, la incertidumbre está en la misma función del control constitucional, si se tiene en cuenta que los vicios de procedimiento que revisa la Corte siempre han sido los trámites que han cursado los proyectos al interior de la Cámara de Representantes y el Senado, pero hasta ahora ninguno que tenga que ver con el financiamiento.
La Corte Suprema le negó la presentación de nuevas pruebas al abogado del procesado. Pablo Salah denunció que se le estaría violando el derecho a la defensa de su cliente.
Desde finales de 2004 tiene un contrato con el Ministerio de la Protección Social, supuestamente por recomendación del ex congresista Teodolindo Avendaño, señaló ayer su nuera, Viana Esperanza Castro, en la audiencia de juzgamiento que la Corte Suprema de Justicia le adelanta al político valluno, por el delito de cohecho y enriquecimiento ilícito.
“El doctor Carlos Arturo Gómez me llama, porque quien le da el dato de nuestra oficina es mi suegro. Me comentó en ese momento –mire yo soy amigo del representante Teodolindo Avendaño–, y él me dijo que necesitaba una abogada en Cali… y si a ustedes les interesa el contrato con el Ministerio, yo le respondí la llamada y siempre he sido la que ha hablado con él y fui la que le acepté la invitación”, dijo la esposa de uno de los hijos del ex parlamentario.
Castro es esposa de Gilberto Avendaño y propietaria del automóvil que estrelló este último en un supuesto accidente a finales de mayo del 2004, según la versión que dio Teodolindo Avendaño para argumentar su ausencia de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, cuando se votaba el acto legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe.
El testimonio de Esperanza Castro es la última prueba que tendrá en cuenta la Sala Penal de la Corte Suprema en el juicio contra Avendaño, por lo que su abogado Pablo Salah denunció una posible violación al derecho de defensa, pues no le fueron aceptadas nuevas pruebas que quería aportar al proceso.
Para el 1º de abril quedó programado el concepto del representante del Ministerio Público, quien le pedirá a la Sala que condene o absuelva al acusado. Posteriormente hará lo mismo la Fiscalía delegada y la defensa expondrá sus argumentos.
Esta semana se reanudó el juicio contra el ex representante a la Cámara Avendaño, el cual se inició desde finales del año pasado cuando se habían aportado las pruebas al proceso.
El jueves la Sala de Casación Penal reveló una grabación en la que Gilberto Avendaño, hijo del acusado, habla con otra persona, supuestamente para ocultar varias pruebas, entre ellas letras de cambio y cheques en los que se vería comprometido el ex congresista. Sin embargo, Salah salió a decir que no había ningún documento oculto, pues la esposa de Teodolindo le había hecho entrega a la Corte de un paquete de documentos donde estaban contenidas varias letras de cambio.
El lunes y martes de esta semana, fue citada la primera prueba testimonial ante el Alto Tribunal, Nelly Núñez, empleada de la notaría 67, notaría que habría recibido Teodolindo Avendaño de parte del ex ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, ella atestiguó que había realizado personalmente consignaciones a la cuenta del ex parlamentario.
No obstante, después de haber hecho esta confesión, Núñez fue despedida de su cargo y amenazada por el notario 67, según dijo.
Y el miércoles pasado se llevó a cabo el tan esperado cara cara entre Avendaño y la ex representante Yidis Medina en la alta Corte, donde la causante de la llamada yidispolítica aseguró que el ex representante valluno habría inventado el accidente de su hijo, como pretexto para poderse ausentar el día en que se llevó a cabo la votación del acto legislativo de la reelección presidencial.
Medina Padilla también aseveró que el presidente Álvaro Uribe sabía de las negociaciones que había sostenido el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, con Avendaño y ella para que votaran positivamente el acto legislativo.
“Personas que infectaron de falta de transparencia y de elusión de la rendición de cuentas… moralmente están inhabilitadas para ser voceros de esa iniciativa”
LOS PROMOTORES del referendo reeleccionista no pudieron defender el proyecto de reforma constitucional que convoca al constituyente primario, ante la firme oposición del senador Héctor Helí Rojas.
Ayer, en el Capitolio Nacional, se reunió la comisión primera del Senado para realizar una audiencia pública sobre el referendo, pero ante la ausencia de concurrencia el senador Javier Cáceres, presidente de la comisión levantó la sesión y convocó una nueva audiencia para el próximo lunes, 30 de marzo.
Al anunciar Cáceres el levantamiento de la sesión, Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo, promotores de la iniciativa, pidieron la palabra para dejar constancia de que habían asistido puntualmente.
Sin que Giraldo, quien había tomado la vocería, terminara de hablar, el senador Rojas se apresuró a anunciar su oposición a que Giraldo o Jaramillo pudieran presentarse como voceros en ninguna parte del trámite legislativo del referendo.
“Desde ahora anuncio que me voy a oponer a que el vocero de esos firmantes, que no es el vocero del pueblo sino de un grupo de firmantes, no está autorizado ni constitucionalmente ni legalmente para intervenir”, señaló el legislador liberal. “Tampoco es ético que esas personas que están siendo investigadas por haber violado la ley al recoger las firmas y al financiar esa recolección de firmas, vengan a ser los voceros en el Senado de la República”, agregó.
“Voy a exponer la tesis que la iniciativa puede tener un vocero cuando es un acto legislativo, pero no cuando se trata de una ley. No pueden tener a Giraldo como el vocero del proyecto”, explicó Rojas, para quien Giraldo “primero tiene que ir a responder por las cuenticas ante el Consejo Nacional Electoral”.
El ex congresista Giraldo respondió que por ley sí tenía derecho y que por esa razón dejaba constancia de su presencia para “evitar que en un futuro puedan entablar una demanda diciendo que yo no estuve aquí”.
Giraldo argumento que su presencia en el debate se justificaba en el artículo 155 de la Constitución.
Dirigiéndose a Rojas, le dijo: “Senador Rojas, si usted tiene temor de que me oigan a mí y de que me pueda defender aquí, desde esta audiencia, y que me calle ante los cargos que me hagan, entonces yo me callo; pero dejaré constancia de que estuve”.
Oposición
Luego del incidente, el senador Héctor Helí Rojas le explicó a EL NUEVO SIGLO que su oposición tiene dos aspectos: uno legal y otro moral.
En el plano moral, el congresista dijo: “Yo entiendo que el proceso hacia el referendo comienza en la recolección de firmas y termina cuando la Registraduría contabilice los votos que depositen los ciudadanos, de tal manera que la recolección de firmas y su financiación hacen parte del proceso hacia la reforma constitucional; luego personas que infectaron de falta de transparencia y de elusión de la rendición de cuentas en esa primera etapa moralmente están inhabilitadas para ser voceros de esa iniciativa”.
En cuanto a la parte legal, Rojas señaló que “es mi interpretación constitucional que en los referendos constitucionales no existe el vocero. El vocero de los referendos existe para otra clase de referendos distintos al constitucional, en los que solo actúa el pueblo que propone y el Congreso que aprueba. Pero en este caso, como además del pueblo y el Congreso, actúan la Registraduría y la Corte Constitucional, no se requiere el vocero y por eso me opongo a que el doctor Giraldo sea escuchado en el trámite de la iniciativa”.
Dos mil delegados elegirán este sábado un nuevo presidente y una dirección alterna integrada por tres senadores, tres representantes, un concejal, diputado y tres representantes de los sectores sociales
SON CINCO los retos que afronta el Partido Social de Unidad Nacional (La U) que este fin de semana realiza su asamblea en Bogotá, manifestó a EL NUEVO SIGLO el senador Carlos Ferro, actual presidente de la colectividad.
1. Partido de gobierno
En primer lugar, dijo Ferro, La U debe “seguir siendo un partido de gobierno, ante las circunstancias que se están viviendo en el país”, respaldando “en todas sus cuestiones al Gobierno Nacional”.
“El partido tiene que consolidarse como una fuerza que, de esa misma manera, ayude a dar respuesta a los colombianos, no solamente a través de su accionar legislativo, sino ser un respaldo amplio y pleno a la administración del presidente Uribe”, indicó el congresista.
2. Partido de regiones
La U también debe “consolidarse como un partido que establezca una estructura armónica frente a las regiones, para que de esa misma manera pueda tener una responsabilidad y un compromiso que permita unirse con sus bases y consolidar todo un proceso que lo convierta en una colectividad moderna, con todas las razones que en materia política y democrática se deben defender”, precisó Ferro.
3. Partido integrador
De acuerdo con el legislador, La U debe “poder incorporar a todos esos sectores que, de alguna manera, ya han venido participando en el partido, dándoles una responsabilidad a través de la representatividad sectorial, en el caso de los jóvenes, de las mujeres, de las etnias, de las juntas de acción comunal, que hacen parte del proceso que en materia política ha vendido adelantando el partido”.
Ferro señaló que La U debe avanzar en dejar de ser “un partido de congresistas y ahora un partido de concejales y de diputados”.
4. Partido con ideario
El cuarto reto para La U, de acuerdo con el senador Ferro, es “establecer un ideario, no solamente que compagine con el gobierno nacional, sino un ideario propio que sea capaz de defender ante la opinión nacional, para que tenga un resultado desde el punto de vista político y especialmente para conectarse con la opinión nacional”.
5. Partido diverso
En quinto lugar, Ferro mencionó como un reto para La U, el que la organización partidaria trabaje en los próximos años por “poderse consolidar como una fuerza que verdaderamente sea atrayente para todos los sectores que están representados en la diversidad de la sociedad colombiana. En este sentido, tenemos que poder superar las dificultades propias que hemos tenido durante estos años de existencia y poder abarcar muchos más de los sectores que hoy en día representamos, tratar de identificarnos con las regiones y ser, ante todo, un partido inclusivo, en la misma medida en que tengamos las posibilidades de desarrollar nuestra gestión de una manera clara, seria, de un mayor compromiso y, especialmente, con una responsabilidad que es la que debemos tener como colectividad política”.
Una nueva etapa
Para el congresista, la Asamblea Nacional de La U marca el comienzo de una nueva etapa, que sería de su consolidación como fuerza política.
“El partido primero ganó unas elecciones gracias al empuje y al trabajo de su jefe natural, en el año 2006: Juan Manuel santos; también de Óscar Iván Zuluaga. Después, el partido tuvo un proceso de acomodamiento a una realidad política: primero, de haber ganado las elecciones; y segundo, de comenzar actuar a pesar de los diferentes pareceres que estamos interpretando cada uno de los que venimos de las distintas regiones”, precisó Ferro.
“Esta segunda etapa del partido es de consolidación. Llegamos a una Asamblea Nacional unidos, interpretando el querer y el sentimiento que tienen todos los militantes: que el partido permanezca en la vida democrática con ese anhelo y con esos deseos de poder ser una gran fuerza política, que no solamente esté identificada en el Congreso de la República, sino ante la opinión nacional”, indicó.
Ferro dijo: “Yo creo que los aires que tiene este partido, para que en esta nueva etapa se pueda consolidar, va a ser muy importante. El solo hecho de estar defendiendo unas tesis que han dado unos muy buenos resultados en la ejecución del gobierno del presidente Uribe, de haber actuado coherentemente frente a todos esos temas y, a pesar de las dificultades propias, por el momento político que vivió el país durante estos últimos años, le va a permitir a La U adoptar unos mecanismos que nos van a hacer mucho más fuertes, mucho más comprensivos y que va permitir que el partido perdure en el escenario nacional como una fuerza bien interesante, que hoy en día tiene unos muy buenos seguidores y por lo tanto tiene unos buenos reconocimientos a nivel nacional”.
Nuevo presidente
Todo está preparado para que mañana Ferro le entregue al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo la presidencia de La U.
Además de Restrepo, será elegida una dirección alterna integrada por tres senadores, tres representantes, un concejal, diputado y tres representantes de los sectores sociales. Cerca de dos mil delegados participarán en esta elección.
Pero el futuro de la colectividad bajo la dirección de Restrepo es visto por Ferro como la culminación de un proceso, para que se inicie la nueva etapa que comentó anteriormente.
“El proceso que hemos venido adelantando durante los últimos meses para concluir en la Asamblea Nacional de 28 de marzo”, manifestó Ferro, “fue un proceso de poder construir unos consensos y lograr unas mayorías al interior del partido. Lo más importante es que por primera vez el partido asiste a una Asamblea Nacional en donde va a haber la participación de todas sus bases desde el punto de vista de la representación política y de la elección directa de los sectores sociales a través de una consulta interna que se adelantó con todos sus militantes”.
“El partido se va a poder expresar bajo ese consenso en la elección de un jefe único y de una dirección alterna que va ser representativa de todos los sectores que hoy hacen parte del partido”.
La ex congresista dijo que el procesado inventó el accidente de su hijo para ausentarse del Congreso y no votar el acto legislativo de la reelección presidencial
AL RESPONDER positivamente una pregunta formulada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la ex congresista Yidis Medina Padilla afirmó que el presidente Álvaro Uribe sí sabía de las prebendas que a ella le ofrecieron para que votara positivamente el acto legislativo que permitió la reelección presidencial.
La causante de la yidispolítica también reveló que el ex representante valluno, Teodolindo Avendaño, inventó el accidente de su hijo como pretexto para poder ausentarse el día en que la Comisión Primera de la Cámara votó el acto legislativo.
Sin embargo, Avendaño replicó y aseguró que él sólo se enteró del accidente el tres de junio por la mañana, argumentando que le habían ocultado que el siniestro había ocurrido el 30 de mayo. En consecuencia, según dijo, viajó el mismo día en la noche, también para evitar que se le dañara el matrimonio de su hijo, porque en el accidente había arruinado el auto de su segunda esposa, un día antes que se llevara a cabo la votación en el Congreso del acto.
De igual manera, la ex representante santandereana aseguró que:”Bernardo Moreno es un villano, dijo Teodolindo Avendaño”, haciendo referencia al inconformismo del ex parlamentario con el secretario general de Casa de Nariño al presuntamente no haberle cumplido los pactos que habían llegado.
“No me están cumpliendo mamita”, señaló Medina Padilla lo que le dijo Avendaño, después que un hijo suyo fuera despedido de Findeter cuando estaba de director Bernardo Moreno, cargo le habían otorgado, dentro de otros ofrecimientos, a cambio de ausentarse del recinto de la Cámara cuando se llevó a cabo la votación.
Según la ex congresista, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio y el ex ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, eran los encargados de negociar con el procesado.
Una de esas negociaciones fue la notaría 67, dijo la interrogada, por la cual el procesado había pedido 600 millones de pesos, pero que el ex viceministro de Justicia, Hernando Angarita le había dicho que era demasiado, por lo que se la entregaron en 450 millones.
En la misma audiencia, la empleada de servicios generales de la notaría 67 que fue llamada a declarar por la Corte Suprema, Nelly Núñez, quien sostuvo que conocía de varias consignaciones que le habían hecho a Avendaño desde la notaría, denunció que fue despedida de su cargo por el testimonio que rindió y que además recibió amenazas contra su vida.
Según Núñez, las llamadas amenazantes se debieron a que presuntamente ayudó a Yidis Medina en la declaración que hizo contra Avendaño, ya que fue patrona suya cuando le trabajó como empleada doméstica.
La empleada puso de manifiesto que fue despedida por el notario 67, Luis Camilo Omeara, el mismo que habría ordenado las consignaciones de dinero a Teodolindo Avendaño.
“Si no lo hubiera hecho, estaría cometiendo una falta disciplinaria grave, al omitir poner en conocimiento de las autoridades competentes lo que puede llegar a ser una infracción de la ley”
LA INVESTIGACIÓN del Consejo Nacional Electoral (CNE) se originó en el traslado de información que hizo en su momento el registrador Carlos Ariel Sánchez.
“Encontré unas cuentas deficientemente discriminadas en el balance que entregó a la Registraduría el Comité Promotor del Referendo. Concretamente relacionadas con una partida global por más de 1.900 millones de pesos, correspondientes al rubro Otros créditos. Lo que hice fue enviarle ese balance al Consejo Nacional Electoral, que es el organismo competente para investigar las cuentas de las campañas. Si no lo hubiera hecho, estaría cometiendo una falta disciplinaria grave, al omitir poner en conocimiento de las autoridades competentes lo que puede llegar a ser una infracción de la ley”, explicó Sánchez en aquella oportunidad.
Sánchez indicó que tenía “la inquietud” de que se habían violado los topes prescritos en la ley para la financiación de campañas, que es 334.974.388 pesos. “Puede haber pasado”, manifestó entonces; y añadió: “El Consejo Electoral nos dirá si esa cuantía excede los topes legales”.
La misma norma señala que las contribuciones individuales no pueden ser superiores al 1 por ciento del tope total; es decir, a 3.300.000 pesos. Sobre este tema, el registrador Sánchez dijo que “los discriminados son aportantes menores que, sumados, dan 142 millones de pesos. Hasta esa cifra, ninguno sobrepasó el tope legal individual, pero hay una partida, que es la que llama la atención y que genera la necesidad de que se discrimine por parte del Comité Promotor del Referendo, correspondiente a la cifra de 1.900 millones, bajo el rubro Otros créditos. En los medios de comunicación han explicado sus promotores que con ese dinero se pagó la recolección de firmas. Como se trata entonces de apoyos a la campaña, esos dineros debieron discriminarse para que se pudiera confirmar que no violaron los topes individuales”.
Al comentar la gravedad que puede llegar a tener el tema de la financiación, el registrador señaló que “aquí casi se cae un presidente por el tema de la financiación de su campaña”.
Frente al argumento de que se trató de préstamos, el registrador señaló claramente: “Eso yo lo considero una contribución, si con ella se apoyó la recolección de firmas, y esa contribución no podía exceder los topes ni generales ni individuales”. Añadió: “Eso es lo que tiene que aclarar el Consejo Nacional Electoral, porque aparentemente sí se produce una violación”.
Adicionalmente, el funcionario explicó que “en la medida en que apoyen las campañas, según una definición del Consejo Electoral, por allá del año 95 ó 96, todo lo que sea apoyo a una campaña, en este caso a la de la recolección de firmas, es contribución, tenga el nombre que tenga”.
“Yo solo ví dos cosas: una hoja que dice Balance, donde están ingresos y egresos; y un detalle de personas con sus identificaciones, cuyos aportes suman 142 millones de pesos”, manifestó.
Por esta iniciativa fueron denunciados 88 congresistas por prevaricato, además hay una indagación en manos de la Fiscalía por fraude procesal
FUE ABIERTA una investigación formal contra los integrantes del comité promotor del referendo que promueve una segunda reelección presidencial inmediata. La decisión la tomó ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) al encontrar que se habrían violado los topes en la recolección de más de cuatro millones de firmas.
De esta forma, la mayoría de los magistrados que integran el organismo de control electoral acogieron la ponencia que en esta dirección presentó su colega José Joaquín Vives, quien tras varios meses de investigación, llegó a la conclusión que se había violado el tope de los aportes individuales para la recolección de las firmas que avalaron la iniciativa reeleccionista.
Desde el jueves anterior, EL NUEVO SIGLO adelantó que la ponencia del magistrado Vives podría pedir la investigación formal contra los promotores del referendo.
Adicional a la misma decisión, el CNE ordenó escuchar al resto de los integrantes del comité promotor, pues apenas ha oído a una parte de ellos; también determinó escuchar a algunos de los más importantes aportantes económicos a la campaña para la recolección de firmas.
El magistrado Héctor Osorio Isaza, presidente del CNE, le dijo a EL NUEVO SIGLO que la investigación seguirá en manos del magistrado Vives. Añadió que el organismo trabajará con la mayor rapidez posible en esta investigación para poderle presentar resultados al país.
Desde el pasado 3 de septiembre, el registrador Carlos Ariel Sánchez envió al CNE la documentación para que éste se pronunciara sobre la legalidad de las cuentas del referendo reeleccionista, mientras que certificó la cantidad de firmas obtenidas por el comité promotor de la iniciativa
El techo establecido para la financiación de la recolección de firmas fue de 320 millones de pesos, sin embargo el referendo costó 2.200 millones de pesos, según el comité promotor.
No falté a la verdad: Navas
El representante a la Cámara por Bogotá, Germán Navas Talero, recibió con beneplácito la decisión del CNE de investigar formalmente al comité promotor del referendo.
“Esto demuestra que no falté a la verdad, como tampoco Carlos Arturo Piedrahita, cuando comenzamos en la Comisión Primera (de Cámara) a demostrar el hecho de que había una firma fantasma llamada Colombia Primero, recibiendo unos dineros como donación, que después jugaban con hacer aparecer como préstamo a los promotores del referendo”, indicó Navas.
Añadió que de esta forma se le estaba “colocando una cortina” a la violación de topes para que el Registrador Nacional no cayera en cuenta “inmediatamente de lo que estaban haciendo. Eso se llama fraude procesal”, explicó el Representante a la Cámara.
Examen constitucional
Muchos se preguntan que si, al finalizar la investigación que ayer inició formalmente, el CNE dictamina que se violaron los topes de los aportes individuales, esto sería tenido en cuenta por la Corte Constitucional en el examen de exequibilidad que le haga a la iniciativa, en caso que sea aprobada por el Congreso.
Al respecto el ex magistrado de este Alto Tribunal, José Gregorio Hernández, le dijo a este Diario que “yo creo que sí, creo que es indispensable que en ese aspecto la Corte considere los antecedentes del proceso, porque a la Corte Constitucional le corresponde la revisión automática de la ley que apruebe el referendo por los aspectos formales o de trámite, y desde luego esos aspectos formales incluyen todo lo que se refiere a la recolección de las firmas, a la presentación de las firmas, a los topes, todas esas cosas están dentro del ámbito que le atañe a la revisión de la Corte Constitucional sobre la formación de la ley, porque eso incide necesariamente en la ley que convoca al referendo”.
En tanto, el representante Navas no se aventuró a señalar si la Corte Constitucional tendría en cuenta un presunto fallo contrario a la legalidad de las cuentas del referendo. “No sé qué irá a decir la Corte Constitucional, yo estoy hablando que se comete un delito para conseguir unas firmas. En el caso anterior, se probó que se había cometido un delito para aprobar la reelección (en el año 2004) y la Corte dijo que era un hecho independiente”, evocó.
Comité promotor
Los integrantes del comité promotor del referendo contra quienes la Fiscalía inició una investigación por presunto fraude procesal, y a los que ahora el CNE investigará formalmente por la posible violación de los topes de la campaña para la recolección de firmas son:
. Luis Guillermo Giraldo
. Cecilia Paz de Mosquera
. Doris Ángel Villegas
. Miriam Donato de Montoya
. Gustavo Dájer
. Juan David Ángel Botero
. Álvaro de Jesús Job
. Jediel Saavedra Salcedo
. David Salazar Ochoa.
Los procesos
El pasado 8 de enero, Navas Talero denunció ante la Fiscalía a los nueve miembros del comité del referendo, cuyo vocero es el ex congresista Luis Guillermo Giraldo, por el delito de fraude procesal. Talero considera que estas personas trataron de inducir al error al Registrador Nacional del Estado Civil, al presentar inicialmente unas cuentas que luego fueron cambiadas.
Luego, el 14 de enero, también Navas denunció ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 83 de los 166 representantes a la Cámara por prevaricato. El legislador argumentó que estos representantes conocían que los promotores de la iniciativa no recibieron la certificación por parte de la Registraduría sobre la legalidad de la financiación de las cuentas, y a pesar de eso decidieron votar el proyecto.
La trabajadora aseguró que el notario 67 la presionó para no decir la verdad. Hoy cara a cara de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño
LAS AFIRMACIONES ayer de una empleada de la Notaria 67 a la Corte Suprema de Justicia, al señalar que Teodolindo Avendaño frecuentaba este despacho y que ella le consignó dinero en dos oportunidades, complicó la situación del ex congresista, a quien el Alto Tribunal le adelanta un juicio por su presunta vinculación con la recepción de dádivas para favorecer la aprobación de la reforma constitucional que posibilitó la reelección del presidente Álvaro Uribe.
Con este precedente, hoy Avendaño debe afrontar un cara a cara en la Corte con Yidis Medina, quien fue condenada por el alto Tribunal el año pasado por el delito de cohecho propio, tras incriminarse de recibir prebendas por parte de funcionarios del Gobierno nacional para que votara a favor del señalado proyecto en el año 2004.
Medina involucró a Avendaño en el mismo caso, al asegurar que recibió beneficios por parte del Gobierno para ausentarse el día de la votación del proyecto en la Comisión Primera de Cámara. Según ella, el ex congresista obtuvo por ese ‘favor’, la Notaria 67 en Bogotá y la suma de 250 millones de pesos.
Fui presionada: Núñez
Nelly Núñez, quien es empleada de servicios generales de la Notaría 67, aseguró a la Corte que Teodolindo Avendaño frecuentaba este despacho, visitas que se incrementaron con el tiempo. Al principio iba una vez al mes, luego hasta tres veces, explicó Núñez.
“Sí iba a la Notaría 67, yo le servía tinto al doctor Avendaño, que está aquí presente (en la Corte Suprema)”, se ratificó la mujer.
Además señaló a los magistrados de la Corte, que ella consignó dinero a una cuentas de Avendaño por orden del notario 67, Luis Camilo O'Meara. “Hice dos consignaciones, una de un millón, creo, y otra de dos millones”.
Núñez dijo que está segura que por estas declaraciones perderá el empleo pero prefiere decir la verdad. En ese sentido explicó que en su primera versión ante la Corte negó haber consignado dinero a Avendaño porque su jefe el notario 67 la presionó para que no dijera la verdad.
“Cuando él (el Notario 67) se entera de que voy a venir, me dice que la única que va pagar cárcel soy yo. Además me hace un dibujo donde me dice que arriba está el doctor Sabas, el ministro Palacio y el Presidente, y que abajo estoy yo, que sí me los quiero echar encima”, aseguró Núñez.
Soy inocente: Avendaño
Antes de que la Corte escuchara las revelaciones de la empleada de la Notaría 67, el ex representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca había señalado que no tenía ningún vínculo con este despacho.
“Yo no tengo notaría, no tengo empleados allí, no tengo nada en absoluto”, exclamó Avendaño, para luego señalar que conoció Luis Camilo O'Meara por intermedio del fallecido congresista Roberto Camacho, pero aseguró no tener ningún vínculo con el notario 67 de Bogotá.
Avendaño se ratificó en que no recibió prebendas por su voto a favor del proyecto reeleccionista, y dijo que obró en ese sentido siguiendo la línea de la bancada del Partido Conservador, que apoyó desde un comienzo la iniciativa, y que en su decisión también influyó Camacho, pues, comentó, éste le explicó que el proyecto no tenía vicios de inconstitucionalidad.
QUIEREN CAMBIAR EJERCIDO POR ELEJIDO Por una palabra se debate el referendo reeleccionista Simultáneamente con el trámite en el Congreso, ha trascendido que el Consejo Nacional Electoral encontró irregularidades en la recolección de las firmas y en la manera como ingresaron los dineros para su financiación.
UNA PALABRA será el centro del debate sobre el referendo reeleccionista en el Congreso, con argumentos acerca de si con ella se le introducen o no cambios sustanciales al texto que rubricaron tres millones de colombianos.
El miércoles pasado la comisión primera de la Cámara decidió aplazar para hoy la discusión sobre el proyecto que busca convocar un referendo para la reelección del presidente Álvaro Uribe.
La decisión fue tomada con base en una sugerencia del presidente de la Cámara, Germán Varón, de posponer la discusión hasta que el Registrador, Carlos Ariel Sánchez, y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Héctor Osorio, expliquen de donde salieron los 2 mil millones de pesos que costó la recolección de firmas.
Sin embargo, al cierre de esta edición era incierto que el debate legislativo comenzara hoy, porque si no hay nuevos contratiempos la ponencia del magistrado José Joaquín Vives apenas será discutida hoy y mañana en sala plena del CNE.
La palabra
“Yo pienso que en la redacción no van a mencionar años sino simplemente que va a decir, según se ha comentado, que Uribe ha sido elegido dos veces, pero que nadie ha ejercido la presidencia en dos periodos” completos, comentó el senador Parmenio Cuellar.
El senador Samuel Arrieta le explicó a EL NUEVO SIGLO que “es totalmente posible y necesario” cambiar el texto radicado porque “hay que hacer la precisión gramatical, en el sentido de que la gente firmó con el convencimiento de que este presidente o cualquier otro pudiera ser reelegido por un tercer período de manera inmediata”.
“Entonces”, precisó, “hay que cambiar la expresión un presidente que haya ejercido por uno que haya sido elegido. Con eso se sanea el tema”.
El congresista de Convergencia Ciudadana añadió que, en su concepto, “al Senado no le está vedado cambiar la pregunta de un referendo porque no se cambia su esencia ni su naturaleza”.
Sin embargo, ahí está la esencia del problema, conceptuó a su turno el senador liberal Luis Fernando Velasco.
“Es una reforma sustancial en la medida en que reformaría la fecha del referendo; ¡casi nada!”, le indicó Velasco a EL NUEVO SIGLO.
Cambiarle la palabrita al texto “es una reforma tan sustancial que abriría la posibilidad de una tercera reelección a pesar del fallo de la Corte Constitucional, que habilitó la reelección del presidente y dijo que era por una sola vez”, señaló el congresista caucano.
“De manera que ahora parece que están buscando una tesis para aplicarle a la palabrita. No se qué argumentación tendrán que hacer los honorables legisladores uribistas de la comisión primera de la Cámara para plantear esto”.
En vista de este panorama, el senador Parmenio Cuellar le señaló a EL NUEVO SIGLO que si prospera la idea de que “esa modificación se puede considerar que no es sustancial” y las mayorías urbistas aprueban un texto retocado, “ya quedará a juicio de la Corte Constitucional, cuando vaya a la revisión, decidir si esa modificación cambió el texto presentado por el constituyente primario; toda vez que la Corte ha manifestado que cuando el referendo lo presenta el gobierno, si se puede modificar por el Congreso. En consecuencia, se supone que como es de origen popular no se podría modificar. La Corte dirá si esa modificación es sustancial o no lo es”.
El gobierno ya desistió de querer borrar el ente autónomo de la Constitución, pero todavía hay voces entre los legisladores que abogan por esa solución
El dilema sigue en pie: ¿hay que acabar con la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) o solamente reformarla?
A pesar de que el gobierno ya desistió de querer borrar el ente autónomo de la Constitución, todavía hay voces en el Congreso que abogan por esa solución.
Reforma
Hace unos 15 días, tras reunirse con el presidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño, la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, reveló que el ejecutivo respaldará el proyecto de reforma de la Cntv que hace trámite en el Congreso porque en las dos oportunidades que intentó acabar el ente, fue derrotado.
La ministra Guerra sostuvo en esa oportunidad que la iniciativa plantea la necesidad de trasladar a la Comisión la competencia de regular las redes de televisión, que se redefinan los mecanismos de elección de los comisionados, se aumentan las inhabilidades de los que aspiran al cargo y las cualidades requeridas para llegar a la posición.
Congresistas
El representante Juan Manuel Hernández le dijo a EL NUEVO SIGLO que es partidario de acabar con la Cntv.
“Personalmente yo creería que esta comisión hay necesidad de acabarla y generar en el Ministerio un departamento mucho más pequeño, porque realmente es costoso y no es claro lo que realmente la Comisión hace”, precisó el dirigente bogotano de Cambio Radical.
Dado que la reforma a la Constitución en ese sentido no ha conseguido frutos, Hernández hace una propuesta: “Podría ser una consulta al constituyente primario, para que sea el pueblo quien determine si debe continuar o no, de acuerdo a la labor que venido cumpliendo”.
Sin embargo, el congresista plantea que antes de emprender el camino de eliminar la Cntv, hay que tener claro por cual entidad se va a cambiar.
“En borrador planteo que se acabe la Comisión Nacional de Televisión, siempre y cuando presenten la alternativa de lo que va a funcionar en el Ministerio”; en principio, habría que ver que la nueva de dependencia “sea mucho más económica. Si no vamos a ahorrar y a juntar ahorro y eficiencia y eficacia, pues entonces es preferible dejarla”, explicó Hernández, miembro de la comisión sexta de la Cámara.
Por su parte, el representante conservador Diego Alberto Naranjo piensa que hay reformar la Cntv, pero en particular adecuar su autonomía, para que pueda ser objeto de control por parte de los organismos competentes.
“Yo pienso que lo más importante y donde se ha generado el conflicto ha sido en el tema de la autonomía que tiene la Comisión Nacional de Televisión”, le señaló a EL NUEVO SIGLO el congresista risaraldense.
Naranjo dijo “que por Constitución se le dio una autonomía muy amplia” a la Cntv, “y muchas veces la autonomía que tienen no les permite que pueda hacer un control presupuestal, porque es un ente muy autónomo”.
“Entonces, a mi me parece que en aras de que el servicio sea de garantía para todos los colombianos, habría que hacerle una reforma a la Constitución que les quite autonomía. No poderes”, indicó Naranjo.
En “el inicio del proceso, si queremos hacer algo con la Comisión Nacional de Televisión, es revisar la Constitución para mirar cómo está estructurada y qué ventajas le dio la Constitución nacional y qué elementos no están siendo efectivos para que la Comisión Nacional de Televisión, funcione adecuadamente”.
Autonomía
Una de las promesas de campaña del presidente Uribe fue la eliminación de la Cntv, creada por la Constitución de 1991 con autonomía y régimen propios para encargarse de este servicio público.
Desde su nacimiento la Cntv se ha visto envuelta en escándalos que terminaron por politizarla: la manera de elegir a sus cinco miembros, dos de ellos por el Ejecutivo; la presencia de cuotas políticas ajenas al mundo televisivo; el tráfico de influencias; criterios técnicos y económicos no muy claros para la prórroga de la licencia de funcionamiento a los canales privados; dudas sobre la inversión de recursos que maneja y los que reciben de concesiones; el exceso de viajes al exterior de sus integrantes, y hasta denuncias de la presencia de dineros de David Murcia Guzmán, son sólo algunas de las críticas.
Este mecanismo de participación coloca a los partidos políticos colombianos a la vanguardia en Latinoamérica en el tema democratización
El próximo 27 de septiembre, varios partidos políticos realizarán sus respectivas consultas con el fin de escoger candidato a las elecciones presidenciales de mayo de 2010, en la mayoría de los casos, pero en lo que corresponde al liberalismo, también le servirá para escoger delegados al IV congreso de la colectividad.
Sin embargo, el mecanismo de las consultas aunque está inspirado en la democratización de los partidos y que, por ende, busca que las decisiones más importantes sean tomadas por medio del voto, ha sido calificado por algunos como poco fiable.
Estas voces señalan dos falencias principales que, en su parecer, tienen las consultas en Colombia. Primero, que los partidos y movimientos políticos no han avanzado suficientemente en la carnetización de sus afiliados, y que, en segundo lugar, en las consultas abiertas puede participar todo el mundo, por la misma razón de la falta de acreditación de los miembros de las bases de los partidos, por lo que se dice que estas consultas no reflejan en un cien por ciento la voluntad de los electores de una colectividad.
En ese sentido se plantea que lo ideal sería que los partidos y movimientos alcanzaran porcentajes los suficientemente altos en la identificación de sus afiliados para, ahí sí, hacer consultas cerradas, es decir que participen los que son.
Un proceso tortuoso
A las dificultades que han tenido los partidos políticos en Colombia para carnetizar a sus miembros se refirió el secretario del Partido Liberal, José Noe Ríos. “Este ha sido un proceso que no tiene mucho arraigo, entonces lo que se hace es que en la consulta voten los afiliados y los que en los estatutos de denominan los simpatizantes”, explicó el directivo en diálogo con EL NUEVO SIGLO. Añadió que el Partido asume que las personas que participan de esta forma en sus consultas están expresando que tienen un sentimiento liberal, “es necesario hacerlo así porque el proceso de carnetización ha sido supremamente lento y en ocasiones desactualizado”.
Al problema de la baja carnetización en el liberalismo, 350 mil personas con carné en la mano, una de las cifras más altas dentro de los 16 partidos y movimientos políticos colombianos pero baja teniendo en cuenta que la colectividad espera que más de tres millones de liberales voten en las elecciones del año próximo, se suma lo desactualizado de la información que se tiene de ellos.
“Hay personas carnetizadas que nosotros no sabemos, incluso si están vivas. Entonces, tenemos una base de datos que podríamos denominar no confiables”, dijo Ríos. Sin embargo, aclaró que día a día el Partido sigue entregando carnés a sus afiliados.
Hemos avanzado: conservadores
En lo que corresponde al Partido Conservador, la colectividad señala que se han logrado avances en la identificación de sus miembros.
“Por lo menos en nuestro caso, hemos avanzado bastante en el tema de la carnetización. En este sentido tenemos un proceso muy intenso, considerando que en nuestros estatutos figura el mecanismo de la consulta interna”, explicó a este Diario el secretario del Partido Conservador, Benjamín Higuita.
Añadió que con este fin la colectividad ya adquirió una máquina para la producción de los carnés y están cotizando otras. “En este momento tenemos 900 mil afiliados carnetizados, la idea es llegar a 1 millón 600 mil al finalizar este año”, aunque el Partido espera que en las elecciones de 2010, unos 3 millones de conservadores voten, anotó.
La consulta conservadora en septiembre será abierta, es decir que el votante no tiene que demostrar ser miembro del Partido para participar.
Higuita no considera que el voto en las consultas por parte de personas ajenas al conservatismo distorsione los resultados, eso depende de los candidatos, acotó. Hay gente independiente que vota porque le gusta un candidato y este es un Partido abierto, dijo el directivo.
Distorsión en los resultados
Las consultas abiertas tienen el problema que los resultados no reflejan totalmente la voluntad de los miembros de un partido, porque participan incluso de otras colectividades, opinó Antonio Álvarez, secretario del Partido Cambio Radical.
“Eso tiene sus efectos distorsionantes porque puede participar todo el mundo. Si el Partido tuviera que hacer consulta el próximo 27 de septiembre, la haría con las personas inscritas y con credencial (así la llaman en Cambio Radical)”, dijo el directivo a este Diario.
Anotó también que el sistema de consultas debería avanzar hacia la interna, pero señaló que el problema radica en que aún falta para que las colectividades tengan plenamente carnetizados a sus miembros. “Ningún partido tiene con credencial en la manos más de 70 mil miembros, como sí tiene Cambio Radical”, aseguró.
En cuanto al proceso para entregar credenciales (Álvarez calcula que esta colectividad tiene cerca de 1,5 millones de miembros), dijo que todos los días se trabaja en ese tema pero tiene como escollo la parte financiera. “Seguimos entregando credenciales, lo que pasa es que es un proceso muy costoso, cada credencial vale 2.500 pesos, sin contar el trabajo de digitación. En la medida que se pueda, las credenciales se van entregando”.
Añadió que la misma no se entrega a cualquiera. Explicó que se debe solicitar y ser acompañada por la recomendación escrita de un congresista, diputado, concejal o directivo, en que diga que conoce al solicitante.
Consultas el mismo día
Si las consultas son abiertas deben realizarse todas el mismo día, “debemos evitar que las consultas se conviertan en un juego”, dijo a este Diario, Felipe Mendoza, de la dirección política del Partido de la U.
Aunque por ser un partido de reciente creación, la U apenas hizo su primera consulta interna en octubre de 2008, la cual fue cerrada y logró 340 mil votos. “La intención en esa oportunidad, no era medirse con otros partidos sino construir organización territorial”, explicó Mendoza.
En cuanto a la consulta de septiembre próximo en la que la U escogerá su candidato presidencial, que luego participaría en una consulta interpartidista del uribismo si la reforma política que debate el Congreso aprueba este tipo de consulta interpartidista, aún la colectividad no ha definido si será abierta o cerrada.
La U trabaja en este momento en la carnetización de los delegados y directivos que participarán en la Asamblea del 28 de este mes, pero la meta es tener carnetizados a 340 mil de sus miembros en un tiempo ni mayor a un año.
Este Diario intento conocer, sin éxito, la opinión sobre este tema del secretario del Polo, Carlos Bula.
Los dos dirigentes políticos sostuvieron un encuentro que duró dos horas. La embajadora está considerando la posibilidad de presentarse por tercera vez como candidata presidencial
UNA REUNIÓN con el ex presidente César Gaviria sostuvo ayer en Bogotá la embajadora colombiana en el Reino Unido, Noemí Sanín.
Aunque se mantiene total hermetismo sobre las conclusiones de la reunión que por más de dos horas sostuvieron la diplomática y el jefe único del Partido Liberal, se rumora que el tema central fue una eventual candidatura presidencial de la embajadora.
La ex canciller está considerando la posibilidad aspirar a suceder a Álvaro Uribe, con quien se enfrentó en las urnas en el 2002; la ex candidata tiene hasta diciembre para decidir si vuelve a postularse.
Mientras tanto, por ser empleada pública, no puede hablar de política.
Candidatura
Hace pocos días, el ex presidente Andrés Pastrana, en entrevista con Caracol Radio sugirió a Sanín que renunciara a Embajada de Colombia en Gran Bretaña para que iniciara su campaña presidencial.
Sin embargo, la ex ministra ha dicho que aun no tiene definida su aspiración.
La duda sobre si se presenta a una nueva elección presidencial incluye si su nombre iría a nombre del Partido Conservador, ya que, desde Londres, la embajadora expidió hace un par de semanas un comunicado en el que negó que “hasta la fecha” haya hecho algún acuerdo con este partido.
En el comunicado, Sanín dijo que sólo ha tenido conversaciones “amistosas” con varios dirigentes conservadores. Se supo de un reciente diálogo con el ex presidente Pastrana, en el que se habrían limado viejas diferencias.
Pero Sanín, en el comunicado, dejó entrever que las invitaciones que “a diario recibo” para participar como candidata en las próximas elecciones, vienen de otros sectores. “Algunas veces, por parte de amigos”, señaló.
El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda también fue claro en afirmar que hasta el momento Noemí Sanín no ha dado “señales” sobre su candidatura. “Aún no hay ninguna señal, pero el Partido está esperanzado que tome esa determinación… La estamos esperando”.
En el comunicado, la embajadora reiteró que de momento está consagrada a su deber como embajadora de Colombia, y que “en la eventualidad” de tomar la decisión de participar como candidata presidencial en las próximas elecciones, “renunciaría inmediatamente a la embajada e informaría sobre ello personalmente a los colombianos”.
Aunque Sanín tiene la posibilidad de renunciar a su cargo, sólo hasta el mes de diciembre, esa dimisión podría anticiparse.
Por lo menos eso buscan en el Directorio Nacional Conservador, que aprobó la realización de cuatro “foros regionales” en los cuales el Partido “presentará conjuntamente” a sus precandidatos para que ellos defiendan y presenten sus propuestas; así lo reveló el senador Efraín Cepeda.
Esos cuatro foros se convirtieron en una especie de plazo indirecto que los propios conservadores le acaban de fijar a quienes tengan aspiraciones presidenciales.
Historial
En 1998, Noemí Sanín se lanzó como candidata a la presidencia haciendo fórmula con Antanas Mockus llegando a obtener el tercer lugar con 2.825.706 votos.
Sanín fue nuevamente candidata en las elecciones presidenciales del 2002 por Sí Colombia y obtuvo la cuarta votación. Se presentaba como candidata independiente aunque llegó a tener alianzas para su candidatura con políticos tradicionales como Fabio Valencia. En esta ocasión su fórmula a la vicepresidencia fue Fabio Villegas.
Los actuales aspirantes a la candidatura de la colectividad coincidieron en que las condiciones para inscribirse los separa claramente del uribismo.
LOS PRECANDIDATOS liberales acogieron completamente las condiciones para participar en la consulta interna que escogerá al candidato de ese partido para suceder al Álvaro Uribe en la Casa de Bolívar.
El dirigente risaraldense Iván Marulanda señaló, en diálogo con EL NUEVO SIGLO que “es apenas obvio que no puedan inscribirse como precandidatos personas que estén de acuerdo con el gobierno de Uribe y que estén de acuerdo con la reelección, porque el partido está en la oposición y está en contra de la reelección”.
“Yo estoy de acuerdo con todo”, le manifestó a este diario el ex ministro Rafael Pardo. “Me parecen que estas condiciones y estos prerrequisitos son muy claros y muy convenientes para el partido. Estoy completamente de acuerdo en que el partido tiene que mantener la unidad a través de la decisión de sus integrantes de respetar la línea del partido”, agregó.
Por su porte, el ex fiscal Alfonso Gómez dijo: “Yo en términos generales estoy de acuerdo con los puntos centrales que son la fecha, que es entre el 23 de marzo y el 30 de abril; el hecho de que los precandidatos tengamos que hacer una declaración de acogimiento a lo que es el programa del partido y a la posición del partido sobre la oposición”.
“Me pareció excelente. Yo creo que ya se fijan unas reglas del juego muy claras”, indicó la senadora Cecilia López.
Sin dudas
La ex ministra López señaló también que con la resolucón del partido Liberal se despejan “muchos malentendidos. Para ser precandidato liberal se requiere acogerse a la posiciones del partido que fueron establecidas claramente en el congreso de Medellín, en el cual se fijo que el partido Liberal estaría en la oposición y además de eso se opondría a la reelección”.
Para la congresista “eso me parece que aclara mucho ante los malos entendidos en que algunos que se llaman liberales, pero que están con el uribismo, creían que podrían ser precandidatos del partido”.
En la misma línea, Marulanda precisó que la condición opositora liberal “es una posición adoptada por el congreso del partido y encarna lo que el liberalismo es”.
“El liberalismo no puede ser otra cosa que una alternativa de poder”, dijo Marulanda; “es decir, una cosa distinta a Uribe y al gobierno de Uribe y en contra de la reelección, porque esa fue la posición del liberalismo en la Constituyente. La constitución del 91 prohibió la reelección por una convicción de los liberales y de los demócratas”.
La necesidad de dejar todo esto en claro, en opinión de Marulanda, se debe a que “hay mucha especulación de que se van a venir del uribismo a inscribirse al partido Liberal personas que fueron liberales y hoy están allá. Eso es un imposible ético y un imposible doctrinario”.
Finalmente, el ex fiscal y ex procurador Gómez Méndez recordó que él ha “planteado que se incluya en una resolución”, que podría ser una complementaria que se expida más adelante, “que los precandidatos nos comprometamos a no presentarnos luego como aspirantes al Congreso, para darle un poco más de seriedad a esta inscripción y no dar la sensación de que alguien se pueda inscribir como precandidato para terminar de senador”.
La resolución
Estos son apartes del texto de la resolución número 1568, expedida el 19 de marzo de 2009, pero dada a conocer ayer, “por la cual se reglamenta el proceso de realización de la consulta popular para la selección del candidato único del Partido Liberal a la Presidencia de la República”:
Artículo segundo. Período de inscripción de los candidatos. La inscripción de los candidatos a la consulta liberal se llevará a cabo en el período comprendido entre el martes 24 de marzo y el jueves 30 de abril de 2009 a las cinco de la tarde.
La inscripción de los candidatos deberá realizarse mediante presentación personal en la Secretaría General del partido.
Artículo tercero. Requisitos. Para ser candidato a la consulta del partido se requiere:
1. Cumplir los requisitos constitucionales, esto es: ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.
2. Estar inscrito en el Partido Liberal colombiano.
3. No estar incurso en ninguna inhabilidad para ser elegido al cargo de Presidente de la República, señaladas en las normas constitucionales, legales y en el código disciplinario del partido.
4. Haber ejercido en propiedad alguna de los siguientes cargos: ministro, congresista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, gobernador de departamento elegido por voto popular o Alcalde Mayor de Bogotá elegido popularmente.
5. También podrán inscribirse como candidatos quienes tengan el respaldo, escrito, de por lo menos 10 miembros del Congreso de la República, correspondientes a la bancada liberal.
Artículo cuarto. Declaración juramentada. Al momento de la inscripción como candidato a la consulta liberal, el aspirante deberá suscribir una declaración juramentada en el cual conste que:
1. Respeta y acoge las decisiones políticas aprobadas en el tercer congreso del Partido Liberal, especialmente en lo relacionado con la oposición al gobierno nacional y a la reelección presidencial.
2. Acepta los resultados de la consulta liberal a llevarse a cabo el 27 de septiembre de 2009, de acuerdo con el escrutinio realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
3. Apoya de manera activa la campaña presidencial del candidato ganador, si fuere el caso.
4. Respeta y cumple las decisiones del cuarto congreso nacional del partido que se realizará los días sábado 12 y domingo 13 de diciembre del presente año.
5. Respalda las listas del partido a las elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo el 14 de marzo de 2010.
6. No participará por una organización política diferente al Partido Liberal, en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, corresponde al director nacional del partido la interpretación y desarrollo de las decisiones políticas tomadas en el tercer congreso del partido, en la presente resolución y en lo que se disponga en el cuarto congreso.
Los rumores de la salida de varios legisladores de la organización política se originaron en las reuniones que varios de ellos sostuvieron con el ex senador Rodrigo Rivera.
LA POSIBLE salida del partido Liberal de unos 20 congresistas fue desmentida por los legisladores a través de dos cartas, una por cada cámara, dirigidas al ex presidente César Gaviria.
“Se estaba diciendo que había unos congresistas que se iban a ir del partido y lo que se manifiesta ahí es que ninguno de nosotros manifestó que se iba, que ratificamos nuestra pertenencia y que vamos a continuar trabajando dentro del partido liberal”, dijo el representante Germán Olano, en diálogo con EL NUEVO SIGLO.
Las cartas, en las que también se ratifica la jefatura única de Gaviria en el partido Liberal, buscan acabar con los rumores sobre división en la colectividad, explicó la senadora Cecilia López.
“Todos los que firman aseguran su compromiso con el partido y las decisiones de la colectividad en el Congreso”, afirmó López, al término de una reunión de esa organización política, realizada en Bogotá.
Una de las cartas fue firmada por 32 de los 35 representantes a la Cámara. En ésta, le dan total respaldo a la gestión adelantada por Gavieta y le confirman su deseo de continuar en la oposición al gobierno de Álvaro Uribe y principalmente a la reelección presidencial. Se conoció que los que no firmaron fue al no estar presentes en el encuentro pero con una excusa justificada.
Entre los que no firmaron está el representante Guillermo Rivera que le dijo a EL NUEVO SIGLO que solo está en desacuerdo con un punto, sobre el cual le envió una nota al ex presidente Gaviria. Rivera considera que la manera de escoger el candidato presidencial del liberalismo debe decidirlo el congreso de diciembre y que es precipitado adoptar un mecanismo ahora cuando faltan muchas cosas por definir en el panorama político.
La otra carta fue firmada por 17 de los 18 senadores liberales y, al igual que los representantes, brinda apoyo a lo hecho por Gaviria y le advierten que no se irán para ninguna otra colectividad.
El senador Héctor Elí Rojas no suscribió la carta argumentando que bastaba con su palabra para garantizar que se encontraba en la oposición al actual gobierno.
El representante Carlos Piedrahita, vocero liberal en la Cámara, señaló que no hay amagos de división y que las bancadas se comprometieron a respaldar la realización de la consulta interna para escoger candidato presidencial y a respetar el resultado.
Piedrahita manifestó que el acuerdo plasmado en las cartas incluye la decisión de realizar en Bogotá el congreso liberal durante los días 12 y 13 de diciembre.
El senador Juan Manuel Galán declaró que no duda que el rumor sobre una división liberal salió “con la intención de dividir el partido”. La cercanía del ex senador Rodrigo Rivera con el presidente Uribe es una de las causas de esa aparente disidencia.
La especulación sobre la división liberal se difundió desde la semana anterior y tuvo origen en las reuniones que varios legisladores habrían sostenido con Rivera, que a su regreso al país hace más de dos meses empezó a apoyar la reelección y el mandato de Uribe.
El Partido Liberal se abre al diálogo con precandidatos uribistas
Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias y Marta Lucía Ramírez serán los primeros que se reunirán con la jerarquía del liberalismo para dialogar sobre "puntos de coincidencia".
Apertura
El representante Olano le contó a este diario que en las cartas “también se manifestó que creemos conveniente que se ratificara lo que es la apertura liberal, para que el presidente Gaviria pueda hacer los diálogos con personas dentro o fuera del partido”.
Con base en esa apertura, la dirigencia liberal dialogará sobre “puntos de coincidencia” con los precandidatos uribistas Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias y Marta Lucía Ramírez. También está previsto hablar con Germán Vargas Lleras.
“En el partido tenemos apertura para hablar con cualquier candidato o precandidato, respetando las reglas del partido”, aseguró Olano.
Las cartas, según el represente Olano, insisten en la petición presentada en la cumbre liberal de febrero pasado para que la política de seguridad democrática pase a hacer parte de la agenda partidista: “El ex presidente ratificó la importancia de que el tema de la seguridad democrática sea tratado en el congreso nacional del partido que se llevará cabo en diciembre”.
“Yo, hasta que no se aclare el panorama de verdad, no acepto involucrarme” en una campaña electoral.
