Laberinto suicida del referendo reeleccionista

Más allá de la controversia, lo cierto es que la iniciativa para un tercer mandato consecutivo de Uribe quedó maltrecha esta semana y la Corte Constitucional no podrá esquivar las evidencias de la violación de topes de financiación electoral

LA DECISIÓN de la sala de conjueces que determinó la nulidad de todo el proceso de inscripción de la campaña para el referendo reeleccionista, se constituyó en un golpe para la posibilidad de que el presidente Álvaro Uribe pueda aspirar a un tercer periodo consecutivo en la Casa de Nariño.

Si algo quedó claro en el debate que surgió tras conocerse la determinación de dos de los tres conjueces nombrados por el Consejo Nacional Electoral, es que ésta sí causó un daño a la expectativa de una segunda reelección.

El dilema está en que para los uribistas el nivel de afectación es menor y puede amortiguarse, mientras que para los sectores que se oponen a la continuidad presidencial la decisión constituye una especie de golpe mortal a la intentona para “perpetuar” al Jefe de Estado en el poder.

Para determinar el nivel del daño causado y cuáles podrían ser sus efectos en el corto, mediano y largo plazos, es necesario analizar la disposición desde un punto de vista distinto al que centró toda la controversia la noche del jueves, el viernes y sábado.

Lo más grave de la decisión dividida de la sala de conjueces no es tanto que haya declarado inválida la suscripción de la iniciativa para referendo (que no las firmas, cuya legitimidad no fue puesta en duda), sino el hecho mismo de haber confirmado que hay lugar para elevar pliego de cargos contra el Comité Promotor y la fundación Colombia Primero, debido a las evidencias de violación de los topes de aporte individual para financiar la campaña, la existencia de un crédito inexistente de 2.000 millones de pesos y las falencias que por ese hecho se cometieron en los estados contables que se presentaron ante el CNE.

No hay que olvidar que lo que llevó a la convocatoria de la sala de conjueces fue el hecho de que sólo cinco de ellos consideraban que se debía acoger el proyecto que presentó el magistrado investigador del caso del referendo, Joaquín José Vives, que recomendaba elevar pliego de cargos contra el Comité Promotor por la violación de los topes electorales.

Habría pliego de cargos

Así las cosas, que la sala de conjueces (en una votación dos a favor y uno en contra) haya avalado la postura del proyecto de fallo de Vives, ya constituye un elemento muy grave para la viabilidad del referendo, puesto que tanto la Constitución como la Ley 134 de 1994 (que regula los mecanismos de participación ciudadana) son contundentes en advertir que si la iniciativa en cuestión no cumple con todos los requisitos legales en materia de trámite y financiación, dicha falencia debe llevar a su inviabilidad.

No hay que olvidar que los artículos 97 y 98 de la Ley 134 advierten claramente que “Ninguna contribución podrá superar el monto que cada año fije el Consejo Nacional Electoral” y que “El incumplimiento de ésta disposición será causal de mala conducta”.

De igual manera, ya la Fiscalía tiene abierto un proceso por presunto fraude procesal contra los integrantes del Comité Promotor, sustentada en que el artículo 11 de la misma ley 134 advierte que los formularios deben contener “la advertencia de que cualquier fraude en el proceso de recolección de firmas será castigado penalmente”.

Ese es el asunto más complicado de lo determinado por los conjueces. Puede que los investigados ganen el recurso de reposición que ya anunciaron presentarán para tratar de dejar sin piso la decisión de los conjueces de invalidar la etapa de inscripción de la campaña reeleccionista. Sin embargo, difícilmente podrían hacer lo mismo con respecto a la existencia de mérito para elevar el pliego de cargos por violación de los topes electorales.

Los mismos magistrados del CNE que se mostraron sorprendidos por la determinación de los conjueces, fueron claros en advertir que éstos pudieron haberse extralimitado en cuanto a declarar la invalidez de la etapa de inscripción de la iniciativa reeleccionista, pero ninguno dijo nada respecto a lo de confirmar la investigación de Vives en cuanto elevar pliego de cargos.

Tesis débil

Se equivocan quienes aducen que esto sólo llevaría a que, en caso de emitirse un fallo definitivo, lo máximo que podría pasar es que los integrantes del Comité Promotor sólo tengan que pagar una multa pecuniaria, pero que más allá de esa situación no habría afectación para la estrategia en pos de la segunda reelección.

Esta tesis desconoce el hecho incontrovertible de que, ya sea que el recurso de reposición confirme lo decidido por los conjueces o lo eche para atrás, está claro que habrá pliego de cargos contra el Comité Promotor y que es imposible que la Corte Constitucional pueda obviar o ignorar este hecho en el marco del examen de exequibilidad que está adelantando actualmente.

Total, como esa revisión es de forma y no de fondo, está claro que cualquier vicio grave en la primera se constituye en un elemento de debe llevar a la inconstitucionalidad. Y qué más error de peso que el hecho de que en la financiación de la campaña para la recolección de firmas se haya violado el tope de aportes individuales, el monto máximo establecido para sufragar esta clase de iniciativas y, al tratar de encubrir esas falencias, se presentaron a la autoridad competente libros de cuentas con falsedades e inconsistencias.

¿Quién entendería que el CNE emita un fallo castigando al Comité Promotor por violar topes de financiación electoral e imponga las multas correspondientes, pero que la Corte Constitucional avale el trámite de la campaña del referendo reeleccionista sin ver en esas falencias vicio grave?

Daño colateral

Ahora bien, los que más se deben preocupar con las implicaciones de la decisión de los conjueces deben ser los 86 parlamentarios a los que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia les tiene abierta una investigación preliminar por incurrir, presuntamente, en el delito de prevaricato por acción, al haber votado positivamente el proyecto de ley del referendo reeleccionista el 17 de diciembre del año pasado, en la plenaria de la Cámara.

Ese día el parlamentario Germán Navas Talero les advirtió que no deberían votar la iniciativa, puesto que no existía la certificación del Registrador sobre el cumplimiento de todos los requisitos legales en la campaña de la recolección de firmas. Sólo había una certificación sobre el número de firmas que la respaldaron.

No hay que olvidar que el artículo 28 de la ley 134 es claro en señalar que el Registrador del Estado Civil “certificará el número total de respaldos consignados, el número de respaldos válidos y nulos y, finalmente, si se ha cumplido o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos para el apoyo de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo”.

En ese orden de ideas, la decisión de la sala de conjueces confirmando la violación de los topes de financiación electoral, da sustento al proceso penal en la Corte contra los 86 parlamentarios, pues queda en evidencia que votaron por el proyecto pese a las advertencias de la anomalía en que estaban incurriendo.

Como se ve, la determinación de la sala de conjueces sí produce una afectación sustancial a la viabilidad del referendo reeleccionista. Puede que al analizar el recurso de reposición se eche para atrás la orden de invalidez de la etapa de inscripción de la iniciativa ante el CNE, pero de que la Corte Constitucional tomará atenta nota de los vicios y falencias advertidos en materia de financiación, no puede quedar duda. Al final, la iniciativa se enrumba cada día más por una ruta suicida.

Radiografía de la decisión de la MOE

La oficina jurídica de la Misión de Observación Electoral (MOE) realizó el siguiente análisis pormenorizado de las implicaciones del fallo de los conjueces del CNE y los escenarios que crea:

I. LOS CONJUECES DECIDIERON SOBRE 2 ASUNTOS:

A. Declararon que la recolección de firmas es inválida.
B. Decidieron formular cargos (acusar) por la violación de los topes en la campaña de recolección de firmas a favor del referendo de reelección contra Colombia Primero, Luis Guillermo Giraldo y los contadores, tanto del comité promotor como el de Colombia Primero.

A. Frente al primer punto se pueden observar dos grandes consecuencias:
a. Sobre la Constitucionalidad de la Ley del Referendo que debe resolver la Corte Constitucional, debido a que la decisión de los conjueces invalida la certificación expedida por la Registraduría respecto del número de firmas necesario para iniciar el trámite de la Ley que convoca al referendo. De tal manera que la Corte Constitucional debe entrar entonces a resolver si la anulación de las firmas afecta la constitucionalidad de la Ley.

b. Sobre los procesos penales que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra los Congresistas que votaron afirmativamente el proyecto de Ley (86 denunciados por Navas Talero ante la Corte Suprema de Justicia), debido a que enfatiza aun más el argumento de la denuncia en el que señala que los Congresistas cometieron el delito de prevaricato puesto que no se podía tramitar el proyecto de Ley hasta tanto no se tuvieran las certificaciones de la organización electoral.
B. En torno a la formulación de cargos a los promotores de la iniciativa del referendo se observa que:

a. Esta formulación no está sujeta a recurso alguno.
b. Con ella se inicia formalmente el proceso administrativo, que podría llevar a multas para los promotores del referendo de hasta $87.065.675 (Res 242 de 2008 CNE).
c. También puede tener implicaciones sobre el proceso penal que la Fiscalía inició contra los promotores, por fraude procesal.

II. NUDO DEL DEBATE:

A. Argumentos de promotores referendo:
1. El CNE no tiene la competencia para anular la certificación que sobre firmas expidió la Registraduría.
2. Debido a que la formulación de cargos no es una decisión definitiva sino una acusación, la anulación del proceso debería darse después de que se decida definitivamente si hubo violación de los topes de financiación.
B. Argumentos de los Conjueces
1. Las dos decisiones tomadas por los conjueces están basadas en la información del expediente del cual se desprende:
a. Se reportó un crédito inexistente de $2.000.000.0000.
b. Hubo violación de topes. Colombia Primero invirtió $1.900.000.000 cuando sólo podía invertir $330.000 millones.
c. Se mintió en los reportes financieros entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que constituye un fraude procesal.
2. Las competencias de los Conjueces no se limitaban a la formulación de cargos y por lo tanto, en uso de las competencias que la Constitución ha radicado en cabeza, pueden anular la recolección de firmas.

III. ¿QUÉ SIGUE?
• El trámite del referendo NO queda suspendido.
• Los Conjueces deben llevar esta decisión ante la sala plena del CNE la que se decide si se acoge la decisión de los conjueces.
• Frente a la invalidación de las firmas procede por parte de los promotores un “Recurso de Reposición” que significa que le solicitan al CNE que reconsidere dicha decisión, que podría demorar un mes a partir de la fecha en que este se presente.
• La decisión de los conjueces es una decisión que también podría llegar a ser anulada en un proceso ante el Consejo de Estado, cuya duración puede ser contada en años.

CNE invalida inscripción y solicitud del referendo reeleccionista

Dos de los tres conjueces del alto tribunal confirmaron violación de topes y anomalías contables en la financiación de la campaña de recolección de firmas, y formularon pliegos de cargos contra el comité promotor y el contador de Colombia Primero

POR VIOLAR los topes de financiación, la sala de conjueces del Consejo Nacional Electoral dictaminó que la recolección de firmas del referendo reeleccionista no tiene validez. Además, los conjueces abrieron pliego de cargos contra los integrantes del comité promotor del referendo y el contador de Colombia Primero.

Así lo anunció uno de los tres conjueces, Carlos Mario Isaza, del Partido Liberal. “La primera decisión que se toma tiene que ver con la declaratoria que se hace de todo el proceso surtido ante la organización electoral, que fue violatorio de las condiciones de plena garantía que exige el numeral seis del artículo 165 de la Constitución Política, por violación de los topes de financiación, y por tal razón, la sala de conjueces decidió dejar esta etapa sin validez alguna”, dijo el conjuez.

“La otra decisión -agregó Isaza- tiene que ver con la formulación de cargos que se le hace al comité de promotores y a la persona jurídica de Colombia Primero”.

Las multas que podrían pagar los miembros del comité promotor del referendo pueden oscilar desde 20 hasta 200 millones de pesos.

Según la sala de conjueces, la decisión se debió a tres razones: la primera tiene que ver con un cheque por dos mil millones de pesos girado de Colombia Primero al comité promotor de la iniciativa, en cabeza de Luis Guillermo Giraldo. La segunda está relacionada con la violación de topes de los aportantes individuales a la recolección de firmas, pues la Ley establece que dichas contribuciones no puede sobrepasar los dos millones, y según la investigación se excedieron dichos topes. Y la tercera, que en los balances que se presentaron al Consejo Nacional Electoral se omitió información.

Sin embargo, Carlos Mario Isaza aseguró que contra esta decisión cabe el recurso de reposición.
“Hay un recurso pendiente por resolver, y luego de que se resuelva si se decide realizar alguna impugnación contra la primera decisión, resolveremos al respecto y luego decidiremos si la sala continúa con el proceso o se le devuelve al Consejo Nacional Electoral”, dijo el conjuez.

Esta decisión también fue respaldada por el conjuez Felipe Pérez, de Cambio Radical, pero el conjuez conservador Manuel Pretelt de la Vega se apartó de la determinación.

Reacciones

Al conocerse esta decisión de la sala de conjueces del Consejo Nacional Electoral, reaccionaron algunos de los partícipes en el proceso y varios analistas.

El primero en hacerlo fue Carlos Alberto Jaramillo, uno de los directos implicados en la decisión de la sala de conjueces e integrante del comité promotor del referendo, quien dijo que la actuación de los conjueces fue inconstitucional.

“Los conjueces no pueden sustituir al Consejo Nacional Electoral. Eso tiene vicios clarísimos de inconstitucionalidad. Además, los conjueces no fueron nombrados con el fin de definir o no la validez de las firmas”, afirmó Jaramillo.

El ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño aseguró que el alto Tribunal debe analizar esta decisión dentro de las pruebas del examen que hace sobre el referendo. “Que ese sea uno de los elementos que la Corte Constitucional deba examinar en el proceso que ella adelanta en materia de constitucionalidad”, dijo Córdoba Triviño.

Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry aseguró que este dictamen de la sala de conjueces no debe afectar el examen de constitucionalidad que se le hace al referendo.

“Se trata de una decisión de orden administrativo que pone en marcha un procedimiento de una naturaleza que puede culminar con acciones contra los miembros del comité promotor del referendo, como sería la aplicación de una multa. Sin embargo, no nos debe extrañar que salga la discusión en torno a la legitimidad de los conjueces, que se proponga una nulidad en la forma como fueron sorteados, y que incluso se interponga una tutela contra esta decisión. De otro lado, hay que tener en cuenta que en principio la decisión no debe afectar el juicio de constitucionalidad de la ley del referendo que estudia la Corte Constitucional”, dijo el abogado constitucionalista.

Charry agregó que la Corte debe mirar la ley de convocatoria del referendo solo por vicios de procedimiento en cuanto al trámite en el Legislativo, y no propiamente al trámite legislativo.

Otros analistas jurídicos consultados dijeron que la decisión de la sala de conjueces es casi un golpe mortal contra el referendo reeleccionista.

“Es apenas lógico que si se declara inválida la inscripción de la iniciativa reeleccionista, el referendo está viciado indefectiblemente (…) lo ilícito no da lugar al derecho, y por lo tanto, los mandatos de la Constitución en su artículo 265, así como la ley 134 sobre mecanismos de participación popular, establecen claramente que la violación de las reglas de financiación electoral llevan a la inviabilidad del referendo propuesto”, dijo anoche un ex magistrado que pidió la reserva de su nombre mientras conoce el texto de la decisión.

Decisión afecta a los 86 parlamentarios investigados

La decisión de la sala de conjueces que confirmó los vacíos en la financiación del referendo le va a complicar la situación jurídica a los 86 representantes a la Cámara que están siendo investigados preliminarmente por la Corte Suprema de Justicia.

Como se sabe, estos 86 parlamentarios uribistas fueron denunciados por el representante del Polo Germán Navas Talero porque votaron el proyecto del referendo en la plenaria del 17 de diciembre del año pasado, pese a que no existía la certificación de la Registraduría sobre el cumplimiento de todos los requisitos legales y de financiación de la campaña del referendo reeleccionista.

Es claro que la decisión de la sala de conjueces le da la razón a Navas Talero y podría llevar a que los parlamentarios sean llamados a indagatoria debido a que se estaría evidenciando que sí incurrieron en un delito al votar y aprobar una iniciativa que estaba viciada.

Tutela a favor de los procesados

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le ordenó al Consejo Seccional de Cundinamarca tramitar una tutela interpuesta por uno de los 86 parlamentarios indagados por la Sala de Casación Penal por el presunto delito de prevaricato, contra la decisión de la Corte Suprema de abrirles investigación preliminar.

De esta manera, el Consejo de la Judicatura reversó la decisión de la seccional de rechazar dicha tutela.

Dudan que reforma política dé garantías electorales

“El Gobierno ha puesto una serie de requisitos inmensamente elevados para la reposición”: Rafael Pardo

DUDAS SOBRE las garantías que ofrezca la reglamentación de la reforma política serán las que se expresen hoy cuando la comisiones primeras de Senado y Cámara se reúnan para continuar debatiendo la iniciativa.

Tal como lo se venido contando, desde diversos sectores políticos, incluso desde el propio uribismo, se han señalado notables deficiencias en el articulado mayoritario que se tramita en el Congreso.

Ayer, luego de una reunión con la bancada del Partido Liberal, el candidato presidencial de esa colectividad Rafael Pardo puso el tema sobre la mesa: “Pues hay temas centrales en este asunto. El Gobierno ha puesto una serie de requisitos inmensamente elevados para la reposición. Está buscando el Gobierno meter micos en este tema de la reforma. Ha eludido el tema fundamental que el Partido Liberal ha defendido de la cuota de mujeres en las listas”.

Sobre ese particular, se pronunciaron otros aspirantes. Por ejemplo, el candidato presidencial independiente Jaime Araujo señaló que “no puede haber garantías”, cuando Álvaro Uribe “tiene el presupuesto oficial, cuando tiene la televisión oficial, cuando tiene las notarías oficiales y cuando tiene todo el poder del Estado frente a los demás candidatos”.

Por su parte, la precandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez consideró que en lugar de tantas críticas “hay que ser proposititos, y que el doctor pardo y todos los demás candidatos hagamos propuestas al Gobierno sobre como hacer realmente para que tengamos las mejores garantías en esa contienda electoral”.

“Yo creo que acá lo importante son las propuestas. Yo no se exactamente cuáles serán las observaciones que ellos tienen sobre el proyecto de reforma política; nosotros vamos a mirar, con los demás precandidatos conservadores, qué propuesta debe hacer el Partido Conservador”, sentenció.

Reposición

Las disposiciones contempladas en la ponencia unificada del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la reforma política, acerca de la votación requerida para que los aspirantes a cargos unipersonales accedan a reposición de votos, ya había generado una primera controversia (Ver recuadro).

Esta norma ya estaba contenida en el proyecto de ley estatutaria presentado por el ministro del Interior, Fabio Valencia, pero no en el elaborado por los representantes Roy Barreras, Guillermo Rivera y David Luna.

Para el candidato presidencial Germán Vargas, de Cambio Radical, con “todo esto lo que el doctor Valencia quiere es limitar la presencia de los candidatos en la contienda. Si una norma así se aprobara, tan solo se le reconocería gastos a uno solo de los candidatos. Parece eso absurdo, limitante, antidemocrático; mucho más cuando esta vigente una ley de garantías en donde tampoco es posible acudir al recaudo privado en más de un 20 por ciento del costo total de las campañas”.

Este Diario conversó sobre el tema con el representante Luna: “Lo importante del tema es aclarar la preocupación del doctor Vargas. Yo creo que está bien como preocupación, pero no es pertinente porque este tema solo es para alcaldes y gobernadores”, precisó; “el tema presidencial se regula por ley de garantías”.

Mafias

Una alerta sobre la posibilidad de que el proyecto de ley permita la financiación de las campañas y los partidos con dineros ilícitos, que es lo que precisamente debería evitar, fue expuesta por el representante Barreras. El legislador del Partido Social de Unidad Nacional (La U) explicó que la ponencia mayoritaria “deja abiertos unos boquetes inmensos para que penetre la mafia. Yo estoy denunciando que este proyecto, que está a punto de ser aprobado, permitirá, por ejemplo, que personas que tienen sus bienes en proceso de extinción de dominio por narcotráfico financien campañas, permitiría que quienes tienen procesos abiertos inclusive por narcotráfico y que aun no han sido condenados también financiaran campañas, permite además que el cartel de los contratistas financie las campañas”.

Barreras precisó que esos puntos estaban claros en el proyecto que él redactó, en compañía de los representantes Rivera (Partido Liberal) y Luna (Por el país que soñamos), pero que al unificarse esa iniciativa con la del Gobierno, en la ponencia mayoritaria, fueron eliminadas.

“Es decir”, comentó, la ponencia unificada “no evita que los dineros ilegales entren en la política”.

Elegida Junta Directiva de la Asamblea de Norte de Santander

Como un honor y una responsabilidad recibió el diputado Manuel Salvador Alsina Carrascal su elección en la presidencia de la Asamblea de Norte de Santander para el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, que se cumplió ayer, tal como lo había dispuesto la Corporación coadministrativa regional.

La jornada se desarrolló en un ambiente de entendimiento, comprensión y paz política, pensando siempre los diputados en el futuro del departamento. En las vicepresidencias estarán Neftalí Santos Ramírez y Francisco Bermón Galvis.

Álvaro Enrique Jaimes Escalante, recibió el respaldo unánime de los diputados para un período de dos años, a partir del 1 de enero de 2010.

“Descabezado”

La sorpresa en la elección de los dignatarios fue la ‘descabezada’ política del representante del Polo Democrático, Ramón Elí Támara Rivera, quien en primera instancia, al armarse un bloque de nueve diputados, después de instalarse el ciclo de sesiones ordinarias y definir la elección de la mesa directiva para el nuevo período, en la fecha del 6 de octubre de 2009, estaba acordado como segundo vicepresidente.

Como es de conocimiento general, la sesión prevista para el 6 de octubre de 2009 no se llevó a cabo. Los diputados no se presentaron a la hora fijada para la sesión y el presidente, Óscar Hernando Ross Pérez, haciendo uso de sus facultades y aplicando una norma que nunca antes la habían tenido en cuenta, levantó la sesión. Para esa fecha figuraban como candidatos: por el Partido Conservador Manuel Salvador Alsina Carrascal, como presidente; Neftalí Santos Ramírez, del Partido Liberal, primer vicepresidente y Ramón Elí Támara Rivera, del Polo Democrático, segundo vicepresidente.

Aplicación de una norma

La norma utilizada para no esperar la llegada de los diputados, según Ross Pérez, exige que cuando se convoca a elección de dignatarios, la sesión se debe abrir a la hora fijada en la proposición.

Otros sostienen que se trató de ‘un movimiento táctico’ del presidente, para llevar a un militante del partido de la ‘U’, al cual pertenece, a una de las vicepresidencias, y así sucedió . El 7 de octubre, después de movimientos y estrategias políticas, restablecieron ‘el bloque de los 13’, previo acuerdos políticos y en la sesión del 8 de octubre acordaron que la mentada elección sería el 14 de octubre a las 10:00 de la mañana. La apertura de la sesión la hizo el presidente a las 10:19 de la mañana pero en ese momento solo estaban en el recinto los diputados Oscar Hernando Ross Pérez, Pedro Mora Jaramillo y Margarita Sánchez Ayala; por ello el presidente declaró un receso de cinco minutos, mientras llegaba la totalidad de la diputación, que lo hizo cuatro minutos más tarde.

A las 10:23 de la mañana se cumplió el segundo llamado a lista, al cual respondieron los 13 diputados. Sin mayores preámbulos aprobaron el orden del día, en el que figuraba como primer punto, –después de la lectura del acta de la reunión anterior– la elección de Secretario General de la Asamblea, para un período de dos años y de la mesa directiva para el ciclo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

Sigue Álvaro Jaimes

Al dar cumplimiento a la elección del Secretario General, el diputado Jorge Alberto Villamizar Durán propuso a nombre el partido Convergencia Ciudadana, a Álvaro Enrique Jaimes Escalante, actual titular, postulación a la cual se sumaron los partidos: la ‘U’, Conservador y Liberal y el Polo Democrático por intermedio de los diputados Pedro Mora Jaramillo, Guillermo Reyes Villamizar, Neftalí Santos Ramírez y Ramón Elí Támara Rivera, quienes reconocieron la labor cumplida por el funcionario, en los 13 años que lleva al frente del cargo. La elección de Jaimes Escalante fue por unanimidad.

Directiva 2010 – 2011

En la elección de los dignatarios que ejercerán las funciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, se reflejó el entendimiento entre los diputados y la decisión de mantener la unidad, a fin de continuar el trabajo de la mano con el gobernador William Villamizar Laguado y seguir el avance en la recuperación regional y la mejora de las condiciones de vida de los nortesantandereanos.

Al abrir el presidente el espacio para postular al candidato a la presidencia, intervino el diputado Francisco Cortés Ramírez, en su condición de vocero de la bancada del Partido Conservador. Propuso al diputado por la provincia de Ocaña, Manuel Salvador Alsina Carrascal, y se sumaron los voceros de las bancas de la ‘U’, Francisco Bermón Galvis y de Neftalí Santos, del Partido Liberal. La elección fue unánime, los 13 diputados le dieron el voto a Alsina Carrascal.

Para la primera vicepresidencia, el diputado del Polo Democrático, Ramón Elí Támara Rivera propuso al diputado liberal, Neftalí Santos, quien obtuvo 12 votos a favor. En contra votó la diputada conservadora, Margarita Sánchez Ayala.

Segundo vicepresidente, el diputado de la ‘U’, Francisco Bermón Galvis, postulado por el diputado Pedro Mora Jaramillo y respaldado por los voceros de las bancadas de los cinco partidos políticos que ocupan curul en la Asamblea. La votación fue unánime.

Por el futuro del departamento

El compromiso de los diputados, cuya unidad se mantiene, es la de continuar trabajando con el gobernador William Villamizar Laguado en la búsqueda de alterativas para solucionar las dificultades que se presentan en las diferentes regiones nortesantandereanas, impulsar las acciones necesarias para la conmemoración del centenario de la creación del Departamento, fijar pautas y desarrollar estrategias a fin de cumplir con el compromiso de los Juegos Deportivos Nacional del 2012, lo mismo que los Juegos Paralímpicos, cuya aspiración del departamento, es hacerlos en el 2011, de acuerdo a la petición oficial que presentó ayer en Bogotá, el Gobernador.

Presupuesto a estudio

A las nueve de la mañana, en la Sala de Juntas de la Asamblea de Norte de Santander, en la antigua edificación del Banco de la República, se reunirán los diputados para comenzar el estudio del presupuesto para la vigencia 2010, presentado por la administración del gobernador William Villamizar Laguado.

El presupuesto está alrededor de los $560.000 mil millones, en el cual están incluidos los recursos propios y los que corresponden por transferencias y el Sistema General de Participaciones.

La finalidad es establecer la distribución de las partidas para el desarrollo de programas previstos en el Plan de Desarrollo 2008 – 2011.

Opinaron los elegidos

El ejemplo del Gobernador

Para Manuel Salvador Alsina Carrascal, el presidente de la Asamblea del Departamento, a partir del 1 de enero de 2010, su elección fue una forma de asimilar el ejemplo del gobernador William Villamizar Laguado, de paz y trabajo, porque su presidencia está consolidada en la unidad de todos los sectores políticos, sobre cuyas bases y fundamentos aceptó la dignidad que le entregaron ayer. “Ese ejemplo del Gobernador nosotros tenemos que dárselo a los municipios, a las demás corporaciones, se trata de lograr la paz política en el departamento,se trata que las corporaciones como las Asambleas y los Concejos trabajen de la mano, pero de una manera trasparente, sin componendas con el ejecutivo, bien sea departamental o municipal.

“En ese sentido es un gran mensaje que estamos enviando, coherente con el pensamiento de William Villamizar, de trabajar con todos los sectores políticos y sociales, para que el departamento viva una paz política, que es nuestra responsabilidad, por lo menos los sectores que representamos quienes estamos en la actividad democrática”.

Dispuesto a trabajar

Con la disposición de seguir dentro de la ruta de trabajo, como lo han venido haciendo los 13 diputados a la Asamblea, Neftalí Santos Ramírez recibió su elección como primer vicepresidente de la Corporación.

Santos Ramírez agradeció la confianza que en él depositaron sus compañeros de diputación y dijo, que el espaldarazo lo recibió con la tranquilidad que le da la experiencia y la permanencia de tantos años en la Asamblea y que obviamente está dispuesto a trabajar como lo han venido haciendo.

Considera que no hubo ningún tropiezo para su elección, salvo los vaivenes que se dan en la actividad política. ‘Es un ejercicio normal, un ejercicio democrático’.

La ‘U’, por la unidad

La búsqueda de la uni-dad entre los diputados de la Asamblea de Norte de Santander fue una las metas fijadas por el partido de la ‘U’, y que los 13 diputados estén prestos a trabajar mancomunadamente para sacar adelante los proyectos que presente el ejecutivo departamental, dijo el diputado Francisco Bermón Galvis, elegido segundo vicepresidente, para la próxima vigencia.

Considera como el punto más importante dentro de la agenda de trabajo es el Plan de Desarrollo. Refirió que la unión de los dirigentes políticos de las diferentes vertientes de Norte de Santander, van a coadyuvar para que la administración de William Villamizar logre los objetivos que tienen adelante: 1) Ejecutar las obras aprobadas por la Asamblea con los recursos del crédito; 2) Impulsar el Plan Departamental de Aguas; 3) Dejar finiquitado el proyecto de los Juegos Nacionales y 4) Hacer la acción puntual de aumentar la cobertura en el Régimen Subsidiado de Salud y mejorar la calidad educativa.

El espaldarazo a Jaimes

A Dios y a la Virgen le dio las gracias Álvaro Enrique Jaimes Escalante, el hecho de que los diputados a la Asamblea de Norte de Santander, le ratificaron la confianza para un nuevo periodo como Secretario General de la corporación, a la cual está vinculado desde hace varios años.

Los diputados hicieron un alto elogio de Jaimes y destacaron la consagración como en su trabajo.

“Los diputados exaltaron el trabajo que he hecho durante estos años y han confiado una vez más en mi, al reelegirme para los próximos dos años”, dijo Álvaro Jaimes.

Así están las cuentas para la conciliación del referendo

El Gobierno hace esfuerzos para lograr que hoy mismo se concrete un informe que impulse ante el Congreso la apelación al constituyente primario en los términos en que lo aprobó el Senado

Comisión de Cámara

William Véles (Colombia Democrática) – Sí
Oscar Arboleda (Alas Equipo Colombia) - Sí
Constantino Rodríguez (Alas Equipo Colombia) - Sí
Pedrito Tomás Pereira (Conservador) – Sí
Gustavo Puentes (Conservador) - Sí
Heriberto Sanabria (Conservador) - Sí
Roy Barreras (La U) - Sí
Carlos Augusto Celis (La U) - Sí
Odín Sánchez (La U) – Sí
Germán Viana (La U) - Sí
Dairo José Bustillo (Apertura Liberal) – Sí
Silfredo Morales (Apertura Liberal) – Sí
Luis Enrique Dussán (Hulia y Nuevo Liberalismo) - Sí
Miguel Ángel Gálvis (Movimiento IR) – Sí
Oscar Gómez (expulsado de Cambio Radical) - Sí
Germán Olano (Liberal) – No
Carlos Arturo Piedrahita (Liberal) – No
Zamir Silva (Liberal) – No
María Isabel Urrutia (Liberal) – No
René Garzón (Polo) – No
Franklin Legro (Polo) - No
David Luna (Por el país que soñamos) – No se sabe
Álvaro Alférez (Convergencia Ciudadana) – No ha tomado decisión
Rosmery Martínez (Cambio Radical) – Deciden mañana
Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) – Deciden mañana

Comisión de Senado

Juan Manuel Corzo (Conservador) – Sí
Eduardo Enríquez (Conservador) – Sí
José Darío Salazar (Conservador) – Sí
Alirio Villamizar (Conservador) – Sí
Armando Benedetti (La U) – Sí
Marco Alirio Cortes (La U) – Sí
María Isabel Mejía (La U) – Sí
Juan Carlos Vélez (La U) – Sí
Elsa Gladis Cifuentes (Cambio Radical) – Sí
Claudia Rodríguez (Cambio Radical) – Sí
Jorge Enrique Vélez (Cambio Radical) – Sí
Samuel Arrieta (Convergencia Ciudadana) – Sí
Carlos Barriga (Convergencia Ciudadana) – Sí
Rufino Córdoba (Colombia Democrática) – Sí
Oscar Darío Pérez (Alas Equipo Colombia) – Sí
Víctor Velásquez (Colombia Viva) – Sí
Alexandra Moreno (Mira) – Sí
Jesús Piñacué (ASI) – No
Jorge Enrique Guevara (Polo) – No
Luis Carlos Avellaneda (Polo) – Renunció
Gustavo Petro (Polo) – Renunció
Cecilia López (Liberal) – Renunció
Griselda Yaneth Restrepo (Liberal) – Renunció
Héctor Helí Rojas (Liberal) – Renunció
Luis Fernando Velasco (Liberal) – Renunció

Texto aprobado en Cámara
El inciso 1° del artículo 197 de la Constitución Política quedará así: Quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período.

Texto aprobado en Senado

El inciso 1° del artículo 197 de la Constitución Política quedará así: Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período.

1. Cambio Radical
En su reunión de marzo pasado, las bancadas de Senado y Cámara quedaron en libertad de aprobar cualquiera de los dos textos. La Cámara apoyó el original y el Senado el cambiado. Mañana, al mediodía, tendrán un nuevo encuentro. Todo parece indicar que los representantes de esa colectividad seguirán respaldando la redacción original.

2. ¿Cómo se consigue la mayoría?
Según el texto de la norma que regula la materia, tendrían razón quienes consideran que se logrará la mayoría con 26 conciliadores de cualquiera de las cámaras. Sin embargo, hay argumentos para sostener que no: que se necesitan 13 en Cámara y 13 en Senado. El Gobierno, por lo pronto, ya logró ambas cifras (13 en Cámara y 17 en Senado)

3. Inclusión en el orden del día
Si todo marcha como está previsto, esta tarde se radicaría el informe de conciliación, de tal manera que podría ser incluido en el orden del día de las plenarias de mañana, si alcanza a ser publicado; si no, quedará para próxima semana. En Cámara deberá obtener 84 votos y en Senado 52.

4. 86 investigados por la Corte
Luego que el presidente de la Cámara, Edgar Gómez, se notificara del llamado a versión libre de la Corte Suprema de Justicia, comenzaron a presentarse otros más de los 86 congresistas a los que el alto tribunal debe precisar si prevaricaron o no al votar el referendo. Esta semana lo harán varios legisladores más.

Colombia cierra la negociación de su polémico acuerdo militar con EEUU

El Gobierno de Colombia cerró el viernes con EEUU la negociación de un acuerdo militar rechazado por los presidentes de Ecuador y Venezuela, a los que el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, lanzó un llamamiento conciliador para recomponer las relaciones entre sus países.

El Ministerio de Exteriores colombiano informó en Bogotá del "cierre de las negociaciones del Acuerdo en Materia de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos".

"Dicho acuerdo reafirma el compromiso de las partes en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El texto acordado pasa ahora a la revisión técnica por las instancias gubernamentales de cada país para su posterior firma", agregó el texto. sin ofrecer más detalles.

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Freddy Padilla, dijo la semana pasada que el acuerdo incluía el uso de siete bases militares en Colombia por parte de tropas estadounidenses, para realizar operaciones contra el narcotráfico y terrorismo.

Bogotá y Washington empezaron a negociar el acuerdo después de que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, decidiera cancelar la base militar antidrogas que EEUU tenía en Manta, al suroeste de Ecuador. El anuncio de la negociación del acuerdo generó el firme rechazo de Correa y del mandatario venezolano, Hugo Chávez, mientras otros presidentes, como el brasileño Lula da Silva, pidieron explicaciones sobre el alcance del acuerdo.

El presidente Uribe acudirá a la Cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se celebrará el próximo 28 de agosto en Bariloche (Argentina), para tratar el tema.

Este viernes, Uribe insistió en asegurar que el acuerdo militar con Estados Unidos es para "derrotar al terrorismo" y dijo que ello constituye un "seguro para nuestros vecinos", durante un acto público en la ciudad de Medellín (450 km al noroeste de Bogotá).

En ese acto, Uribe expresó su deseo de "recomponer" las relaciones con sus vecinos.

Ellos son nuestros hermanos, nuestros vecinos, por eso queremos decirles que deseamos recomponer con ellos estas relaciones", dijo el mandatario colombiano en un tono conciliador.

"Es que el acuerdo con los Estados Unidos debería entenderse como un acuerdo con Colombia que debe proyectarse a todo el continente", agregó Uribe, tras recordar que ya le pidió perdón a Ecuador por la incursión militar contra un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano.

"Este tema de nuestra incursión a la selva ecuatoriana en ese bombardeo contra (el comandante guerrillero Raúl) Reyes, yo les pido perdón por eso, se los dijimos (el año pasado) en República Dominicana (durante la Cumbre del Grupo de Rio)", dijo al respecto. "Yo creo que puede haber un diálogo con el Ecuador sobre todos estos temas y resolverlos a futuro. A nosotros lo que nos interesa es el futuro. Y lo mismo con Venezuela", añadió Uribe en un tono conciliador.

Correa rompió relaciones diplomáticas con Colombia tras el bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxista), localizado en territorio ecuatoriano fronterizo con Colombia, ocurrido el 1 de marzo de 2008.

En esa acción militar además de Reyes -segundo comandante de las FARC-, murieron otras 24 personas, una de ellas ecuatoriana y cuatro mexicanas. Por su parte, el presidente Chávez "congeló" las relaciones con Colombia el pasado 28 de julio, luego que Bogotá informó sobre el hallazgo de armamento venezolano en manos de guerrilleros.

Buscan desbloquear la regulación a reforma política

“Parece que el Gobierno está absolutamente preocupado por su reelección y muy poco por darle trámite a los proyectos”: Guillermo Rivera

LOS CONGRESISTAS que radicaron el proyecto de ley que reglamenta la reforma política confían en que la financiación anticipada de las campañas motive suficientemente a los legisladores para lograr su trámite, a pesar de que el Gobierno y su coalición están “concentrados en el proyecto de ley de convocatoria a referendo”.

Así lo manifestaron ayer los representantes David Luna y Guillermo Rivera durante un encuentro programado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

“Hay dos proyectos: uno del Gobierno Nacional y otro del Congreso. La idea es unirlos y sacar un maravilloso proyecto”, indicó Luna.

Sin embargo, apuntó Rivera, “desafortunadamente el Gobierno y su coalición en estos días han estado concentrados en el proyecto de ley de convocatoria a referendo”.

Como consecuencia de ello, “la agenda legislativa está bloqueada”, se quejó el congresista liberal.

“Este proyecto tiene mandato constitucional de urgencia y eventualmente de insistencia, pues ha requerido de mucha atención. Pero ni el Gobierno ni la coalición se la han prestado. No vinieron a esta reunión. No han invitado a reuniones a los autores del proyecto. Parece que el Gobierno está absolutamente preocupado por su reelección y muy poco por darle trámite a los proyectos de ley que, como en este caso, son por mandato constitucional”, señaló Rivera.

Financiación anticipada

En la reforma política quedó establecido, mediante un parágrafo transitorio, que “el Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentarán, antes del 1º de agosto de 2009, un proyecto de ley estatutaria que desarrolle este artículo”, es decir, el 109 de la Constitución, relativo a la financiación de las campañas electorales. Según el parágrafo, “el proyecto tendrá mensaje de urgencia y sesiones conjuntas y podrá ser objeto de mensaje de insistencia si fuere necesario. Se reducen a la mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del proyecto de ley estatutaria, por parte de la Corte Constitucional”.

El proyecto del Congreso, elaborado por los representantes Luna, Rivera y Roy Barreras, fue radicado el primer día de agosto; el del Gobierno llegó al Legislativo al día siguiente. Sin embargo, el propósito es unificarlos. Sólo falta que el presidente de la Cámara convoque a comisiones primeras conjuntas y se proceda al nombramiento de los ponentes.

En la reforma política quedó establecido que un porcentaje de la financiación de las campañas “se entregará a partidos y movimientos con personería jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección”.

Ambos proyectos de reglamentación desarrollaron este concepto. Mientras el del Gobierno establece que “los anticipos ascenderán al 20 por ciento del presupuesto asignado al Fondo de Financiación con destino a la reposición de gastos”, el de los congresistas propone que “los partidos y grupos significativos de ciudadanos podrán solicitar hasta un 70 por ciento de anticipos al CNE, de manera justificada”.

Luna manifestó que espera que esta posibilidad sea lo suficientemente atractiva para que los legisladores faciliten el trámite de la iniciativa.

Para el representante bogotano, el proyecto de ley busca “garantizar los anticipos para las campañas electorales de marzo y de mayo del próximo año, muy seguramente una herramienta que permitirá la rendición de cuentas hacia la ciudadanía y la transparencia de la democracia”.

Conciliación del referendo está en una torre de Babel

Gobiernistas y oposición no se ponen de acuerdo sobre la manera que se logran las mayorías para la conciliación de un proyecto, ¿una nueva piedra en el tortuoso camino que ha tomado esta iniciativa?

CUANDO SEGÚN el Gobierno el referendo reeleccionista será votado el próximo miércoles por las plenarias de Senado y Cámara, pues estarían listas 26 firmas de conciliadores que avalan un texto, ayer surgieron otras voces que señalan que las cuentas están equivocadas y que esta fecha no atiende a la realidad del momento que vive la iniciativa en el Congreso.

El miércoles anterior en un desayuno en su despacho, el ministro Fabio Valencia Cossio le dijo a los presidentes de los partidos de la coalición de gobierno, que estaba cerca de obtener 26 firmas que avalaban un texto de conciliación entre los 50 conciliadores designados por Senado y Cámara (25 por cada corporación), con lo cual, según él, se lograba la mayoría y por ende la conciliación del proyecto. Incluso, el Ministro fue más generoso en sus cálculos al señalar que se podría llegar a 28 apoyos.

Sin embargo, ayer surgió una versión distinta a la del Ministro, que no sólo asegura que estas cuentas están mal hechas porque no responden a la mecánica como se concilia un proyecto en el Congreso, sino que dice que el Gobierno está haciendo una interpretación amañada porque aún no tiene las mayorías necesarias para lograr la conciliación del proyecto que abriría la puerta a una nueva aspiración presidencial de Álvaro Uribe, hoy estancado en el Congreso porque falta consensuar las diferencias presentadas en los textos aprobados por las plenarias de la Cámara y el Senado, que en la práctica significa que para la primera, Uribe podría ser candidato en 2014; mientras que para el segundo, el actual Jefe de Estado podría presentarse a las elecciones de 2014.


Coordinador de conciliación Cámara

El representante Carlos Arturo Piedrahita señaló que está equivocado el Gobierno en cuanto a la forma de obtener la mayoría para lograr la conciliación del referendo.

“La comisión de conciliadores está conformada por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes, ¿qué significa?, que la decisión se tiene que tomar en conjunto con relación a qué texto se aprueba, pero la aprobación tiene que ser independiente por cada una de las cámaras. Significa lo anterior que el Senado tiene que reunir mínimo 13 firmas, la Cámara tiene que reunir 13 firmas, porque en caso contrario imagínense si en un momento dado existen 25 senadores que son uribistas, y existe en la Cámara un solo representante uribista, entonces harían mayoría. No es así, se necesita de los 13 de Senado y los 13 de Cámara, mínimo. Cuanto esto sea así habrá conciliación”, explicó el representante liberal, quien es coordinador de la comisión conciliadora de Cámara.

El Parlamentario dijo que la interpretación que le dio el Gobierno es “inconstitucional y están faltando a la verdad, inclusive estarían cometiendo un delito de falsedad porque están cohonestando en una conciliación cosas que no son ciertas”.

En cuanto a los apoyos que Valencia Cossio señala tendría la conciliación del proyecto, Piedrahita dijo que “el Gobierno está haciendo desayunos, almuerzos y cena en Palacio. Está tratando de comprar la conciencia de los congresistas, tanto de Senado como de Cámara, están haciendo el mismo trabajo de la yidispolítica y de Teodolindo Avendaño para conseguir las firmas correspondientes, pero no las han podido conseguir, entonces están haciendo una interpretación amañada al texto”.

Dijo también que la posición del Partido Liberal es que el texto del referendo no se puede conciliar, ni siquiera para 2014, “porque es ilegal, porque no ha cumplido los requisitos de ley: conciliar el proyecto, así sea 2010 ó 2014 es cometer nuevamente un delito”.

Piedrahita señaló que la comisión conciliadora que coordina no se volverá a reunir hasta que no se nombren por parte del presidente de la Cámara, Édgar Gómez, los reemplazos de los congresistas que han renunciado, “y no los puede nombrar hasta tanto no se resuelva el recurso de apelación interpuesto por Germán Navas”.

Finalmente, Piedrahita dijo que si algunos de los representantes se están reuniendo por fuera de la respectiva comisión de conciliación, “están por fuera de la ley y estarían obedeciendo al llamado que les hace el Señor Presidente de la República”.

Coordinador conciliación Senado

Por su parte, el senador conservador Eduardo Enriquez Maya señaló que el ministro Valencia Cossio tiene razón en la forma como se establecen las mayorías en una conciliación.

“Precisamente es para tener las dos comisiones en la consideración de un texto, de lo contrario se conciliaría por separado, que es un absurdo. La conciliación es entre Senado y Cámara, en consecuencia se debe respetar la mayoría, ¿cuál es la mayoría?, la mitad más uno. Si hay 26 se cumple el requisito de la ley”, explicó.

Al respecto, Enriquez señaló que una cosa es la interpretación que le quiere dar la oposición al mecanismo de conciliación y otra lo que establece la ley.

El Senador dijo también que por parte de la comisión de conciliadores de Senado ya hay (al miércoles) 15 firmas que respaldan un texto de conciliación. “Nosotros hemos fijado una posición en una acta que lleva 15 firmas, la posición del acta es reelección para el 2010”. Explicó que esta postura corresponde a la voluntad del pueblo manifestada en el proyecto de ley.

Finalmente, Enriquez considera que si es posible que las plenarias de Senado y Cámara voten la conciliación del proyecto la próxima semana. “Aspiramos, si en la Cámara ya tienen el número necesario para establecer las mayorías con el Senado, ojalá radicar el proyecto esta tarde (ayer) o mañana (hoy), anunciarlo el martes, una vez publicado, y votarlo el miércoles”.

Proceso a congresistas no es por sentido de su voto: Corte

LA INVESTIGACIÓN preliminar que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los 86 representantes a la Cámara no se relaciona con el sentido de su voto u opinión, sino con temas diferentes a la inviolabilidad del voto. Así lo advirtieron los tres magistrados investigadores del proceso en un comunicado.

“El objeto de investigación preliminar no se relaciona con el sentido del voto u opinión presentada por los congresistas. Es pacífica la postura que acepta la inviolabilidad. Así lo ordena la Constitución Política y lo reconoce la Corte Suprema de Justicia”, dice el comunicado.

“Se consideró sí –prosigue el escrito– estudiar y recaudar elementos de juicio sobre el tema de la denuncia, diferentes al de la inviolabilidad del voto”.

“Se ordenó escuchar en versión libre a 86 congresistas –sin posibilidad de selección por el instructor porque contra ellos se presentó la denuncia– para precisar su comportamiento en punto de la situación planteada, y, de otra parte, garantizar el derecho de defensa; derecho que es de suyo disponible, por lo que los señores congresistas están en la opción de asistir o no”, concluye el comunicado.

Esta afirmación fue respaldada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, desde Barrancabermeja, quien dijo que no ha perseguido el voto de los representantes que votaron el referendo reeleccionista.

De esta manera, el magistrado les respondió a varios congresistas y abogados que criticaron la actuación “política” de la alta Corte al abrir investigación contra los 86 representantes que votaron positivamente el proyecto del referendo.

“Jamás se ha perseguido el voto o la opinión de los congresistas. El límite de ello está en la justicia y en el bien común. En ese tema creo que no hay dificultad”, dijo Ibáñez Guzmán.

Esta posibilidad ya había sido abordada por los abogados de los congresistas investigados, quienes argumentaron el derecho a la inviolabilidad del voto y que la ley no exige que para votar un referendo tenga que tenerse en cuenta la certificación de sus cuentas.

Por otro lado, el presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla Pinilla, aseguró que las decisiones judiciales son de carácter obligatorio, refiriéndose al tema de la versión libre de los 86 parlamentarios que ordenó la Corte Suprema.

“Las decisiones de los jueces son para cumplirlas, y si ese juez es la Corte Suprema de Justicia, con mayor razón y mayor énfasis estas decisiones deben cumplirse”.

Sin embargo, el magistrado Pinilla Pinilla fue más allá y dijo que si los parlamentarios no asisten a la diligencia, se debe aplicar el Código de Procedimiento Penal. “Los mecanismos que hay para atender algún desacato a la administración de justicia serán aplicados apropiadamente”, aseguró.

Según el presidente de la Corte Constitucional, si los representantes investigados se mantienen en esta posición, le estarían dando un mal ejemplo al país.

Simultáneamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Edgar Gómez, se acercó a la Secretaría de la Sala de Casación Penal para notificarse sobre el llamado a versión libre que la Corte Suprema les hizo a los 86 congresistas.

“Para ello es requisito indispensable hacer la notificación en la Secretaría General de la Corte y ponerme a disposición de la misma, para cuando la Corte lo estime conveniente, fije fecha y hora para llevar a cabo la diligencia”, dijo Gómez.

El presidente de la Cámara también dijo que es respetuoso de las decisiones de la Corte y que no desacatará ningún llamado del alto Tribunal, como lo han recomendado algunos juristas.

Uribe aún no ha respondido inquietudes por la terna

El alto Tribunal le había pedido al Presidente que se pronunciara sobre los reparos contra algunos de los aspirantes a ocupar la dirección del ente acusador

EN MEDIO del escándalo que ha rodeado a uno de los nombres que integran la terna del Fiscal General, el presidente Álvaro Uribe todavía no ha respondido la solicitud que le hizo hace ocho días la Corte Suprema de Justicia de pronunciarse sobre los cuestionamientos que han surgido contra los aspirantes que presentó como reemplazo de Mario Iguarán, quien cesó su cargo el 31 de julio pasado.

Sin embargo, la Sala Plena del alto Tribunal sostuvo que si el presidente Uribe no respondía dichos cuestionamientos, ya que él es quien conforma la terna y la Corte Suprema la que elige al Fiscal, de todas maneras iba a seguir el proceso de selección.

Las votaciones por los integrantes de la terna las realizará la alta Corte el próximo jueves 20 de agosto, pues algunos magistrados están en Barrancabermeja en el Quinto encuentro de la Jurisdicción Constitucional.

De todas maneras, la Sala Plena de la Corte ya había hecho rondas de votaciones en las que quienes obtuvieron más votos fueron el ex embajador ante la OEA Camilo Ospina y el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio Hincapié. De hecho la última votación quedó de la siguiente manera: por Ospina votaron nueve magistrados y por Palacio siete.

Los escándalos que rodearon a Palacio Hincapié comenzaron cuando semanas después de que su nombre fuera postulado en la terna, se descubrió que en su contra tenía una denuncia penal por el presunto delito de soborno, la cual fue archivada por la Fiscalía en marzo de este año.

La denuncia la había interpuesto en el 2008 el mismo presidente del Consejo de Estado, en ese entonces Enrique Gil Botero, ya que al parecer el magistrado Palacio le había ofrecido una suma de dinero a un consejero auxiliar para que profiriera un proyecto de fallo específico.

No obstante, ahora piden que se reabra la investigación pues el juez natural del ex consejero de Estado no era la Fiscalía sino la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Los cuestionamientos no han sido solo contra Juan Ángel Palacio, sino también contra los otros dos integrantes de la terna, pues desde el momento en que se conformó quedó en evidencia que ninguno era especializado en derecho penal.

Sin embargo, a pesar de que no es un requisito exigido por la ley, el Fiscal General deberá adelantar por su cuenta investigaciones contra funcionarios de alto rango con fuero, como ministros.

Además, fue ampliamente criticada la intervención de los aspirantes en la audiencia pública que hizo la Corte Suprema, en la que presentaron su hoja de vida y respondieron preguntas de los magistrados presentes, pues se notó el desconocimiento en temas como el sistema penal acusatorio, uno de los pilares de la Fiscalía.

De todas maneras, para que salga electo el próximo Fiscal General deberá obtener como mínimo 16 votos de los 23 magistrados que componen la Corporación.

Conservadores deben votar ya el referendo: Sanín

Durante una visita al Valle del Cauca, la dirigente política reiteró que ella no será “candidata de repuesto”

UN LLAMADO a la bancada del Partido Conservador para que vote lo más pronto posible el proyecto de referendo reeleccionista en el Congreso, hizo ayer la dirigente Noemí Sanín, durante una gira política por el Valle del Cauca.

La ex canciller y ex embajadora en Londres reiteró que es deber del Parlamento destrabar el trámite de la iniciativa, con el fin de aclarar de una vez por todas el panorama nacional y la campaña política con miras a los comicios de 2010.

Sanín recalcó que ella siempre ha sido una defensora férrea de la democracia participativa y, en ese orden de ideas, lo que prima es que mecanismos como los referendos de iniciativa popular lleguen a las urnas, para que sea la ciudadanía la que decida en uno u otro sentido.

“Sería un exabrupto que el referendo se muriera en el Congreso”, advirtió. “Los conservadores son los baluartes de la coalición gubernamental y no pueden sacar la mano en el momento decisivo”, agregó. Dijo que ya se verían después los dictámenes de la Corte Constitucional al respecto.

El llamado a la bancada conservadora se produce en momentos en que buena parte de los 86 representantes uribistas que son investigados preliminarmente por la Corte Suprema de Justicia están temerosos de votar, tanto en la Comisión de Conciliación como en las plenarias, el texto consensuado a que se pueda llegar si se logra un acuerdo en torno a las versiones distintas del referendo aprobadas por el Senado y la Cámara.

Incluso, algunos de los congresistas conservadores han llegado al extremo de estudiar la posibilidad de declararse en una especie de ‘rebeldía’ ante las citaciones del alto Tribunal.

Sanín, que regresó al país hace dos semanas y anunció que aspira a ser Presidente de la República en 2010 para dar continuidad a las políticas del gobierno Uribe, reiteró que es urgente que se defina la suerte del referendo.

Agregó que mientras persista ese ambiente de incertidumbre política en torno a si el actual Jefe de Estado podrá o no postularse a un tercer mandato consecutivo, no tiene lógica alguna que el Partido Conservador insista en realizar una consulta interna el próximo 27 de septiembre para escoger candidato único.

La aspirante presidencial indicó que el conservatismo no puede seguir en ese escenario “bipolar”, en el que, de un lado, se muestra partidario del referendo, y de otro, realiza un afanoso e innecesario proceso electoral interno para escoger un candidato presidencial único.

Sanín reiteró que ella, a diferencia de otros aspirantes presidenciales, no “es candidata de repuesto”.

La próxima semana el Directorio Nacional Conservador se reunirá de nuevo para decidir si aplaza la consulta interna programada para el último domingo de septiembre. Esa posibilidad tiene cada día más partidarios en la cúpula de la colectividad.

Durante su estadía por el Valle del Cauca, que termina hoy, Sanín se reunió con estudiantes universitarios y docentes, así como con empresarios y dirigentes políticos de la región.

Gobierno confía en lograr conciliación de referendo

El Ministro Valencia está convencido de completar la mayoría de apoyos requeridos a favor del texto aprobado por el Senado

ESPERANZADO EN que conseguirá los 26 votos necesarios para que los conciliadores del referendo reeleccionista se inclinen por el texto aprobado por el Senado, que posibilita que el presidente Álvaro Uribe se presente como candidato para un tercer período consecutivo en la Casa de Nariño en 2010, se mostró ayer el ministro del Interior, Fabio Valencia.

Así lo dieron a conocer ayer los congresistas de la coalición uribista que se reunieron con el funcionario para analizar ese aspecto de la agenda legislativa.

El senador Samuel Arrieta, presidente de Convergencia Ciudadana, señaló que Valencia les anunció que ya tiene los votos necesarios para que el referendo sea conciliado en las dos cámaras del Congreso.

“Valencia Cossio dijo durante la reunión que conseguirá no solo las dos firmas que les faltan para completar la mayoría, sino que lograría dos más en el partido de La U”, aseguró Arrieta.

La decisión deberá tomarse por mayoría simple, es decir 26 de los 50 integrantes de la comisión, 25 por cada cámara.

“El ministro nos dijo que tiene las mayorías aseguradas para que se apruebe el informe de conciliación y habrá que ver si las tiene aseguradas en la votación ya definitiva en la Cámara y en el Senado”, precisó Arrieta.

Según lo manifestaron los legisladores que asistieron al encuentro con Valencia, se acordó que a más tardar el próximo miércoles ya deberá estar conciliado y aprobado el texto para convocar al referendo.

Arrieta subrayó que el ministro Valencia se declaró confiado en obtener la mayoría en la comisión de conciliación del texto del referendo.

A la reunión asistieron también los presidentes del Partido de La U, Luis Carlos Restrepo; y del Partido Conservador, Efraín Cepeda; el coordinador de Alas Equipo Colombia, Gabriel Zapata; la representante de Cambio Radical, Violeta Niño; y el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, entre otros.

Al referirse al tema, Cepeda señaló que al Gobierno sólo le hace falta cuatro firmas de las 26 necesarias para cerrar el informe de conciliación.

Por su parte, otro de los asistentes, el vocero de Cambio Radical en la Cámara, Jorge Enrique Rozo, manifestó que “lo que quiere el Gobierno es que se vote a la mayor brevedad el referendo así sea ‘sí’ o ‘no’, pero que se haga por lo menos la próxima semana”.

Lo que dijo Uribe

Tras la reunión de ayer, volvió a ponerse sobre la mesa lo que dijo o no el presidente Uribe a los congresistas de La U, el martes.

El senador Jairo Clopatofsky subrayó ayer que Uribe “contundentemente dijo que había razones políticas de importancia para aprobar el referendo”.

Pero, tal como lo indicó EL NUEVO SIGLO en su edición de ayer, Restrepo aclaró que el gobernante nunca confirmó que se presentará a las elecciones para un tercer periodo: “En ningún momento el Presidente dijo: 'Yo voy por un nuevo mandato'. E incluso nos repitió que lo importante eran las políticas, el fortalecimiento de los partidos y que lo de su nombre era lo de menos”.

Para Restrepo, lo que pasó fue que “hubo un excesivo entusiasmo de los congresistas” y por eso decidió hacer una aclaración sobre las versiones que dieron algunos de ellos sobre la supuesta decisión ya tomada de Uribe de aspirar a una segunda reelección.

Procesos

El representante Rozo se mostró a la espera de que el colectivo de abogados uribistas, contratados por los partidos de la coalición, pueda despejar las dudas jurídicas a los 86 representantes que votaron el referendo en diciembre y que son investigados por la Corte Suprema por el posible delito de prevaricato.

Uno de esos 86 investigados es el presidente de la Cámara, Édgar Gómez, a quien ayer la Comisión de Ética de esa corporación le notificó que está habilitado para designar los representantes que faltan en la comisión de conciliación, tras la renuncia de varios de los nombrados por su antecesor, Germán Varón.

Gustavo Amado, secretario general de dicha Comisión, dio a conocer a la Cámara la resolución que la semana anterior negó por 9 votos a favor y 3 en contra la recusación interpuesta por el representante Germán Navas.

Gómez había dicho que una vez notificado procederá a “mirar la lista de conciliadores, quiénes han renunciado y reemplazarlos, así como a fijar un término para que se presente el tema de la conciliación y ponerlo en el orden del día”.
Sin embargo, Gómez no podrá proceder hasta que la plenaria ventile y resuelva la apelación elevada contra la decisión de la Comisión de Ética por parte de los representantes Gema López y Juan Carlos Valencia.

Cambio Radical con el 2014

Los representantes de la bancada de Cambio Radical le informaron al Gobierno que en la conciliación, que deberá ser aprobada por la plenaria de su corporación, defenderán el texto del referendo reeleccionista aprobado por la Cámara, es decir el que deja esa posibilidad para el 2014 y no para el 2010, como lo admitido en el Senado.
“Cambio Radical tiene una postura de que va a ir sólo con lo que se votó en diciembre, es decir 2014”, recalcó el representante Jorge Enrique Rozo, vocero de la colectividad en la Cámara. Rozo explicó que con esas mismas palabras se lo indicaron al ministro Valencia.

Denuncian a magistrados

El ex congresista conservador Pablo Victoria denunció penalmente a los tres magistrados que investigan a los 86 representantes denunciados por el presunto delito de prevaricato, según la acción legal interpuesta ante la Corte Suprema por el legislador Germán Navas.

Victoria acusó a los magistrados Luis Quintero, Yesid Ramírez y María del Rosario González de constreñir el voto parlamentario.

El ex congresista vallecaucano también pidió investigar a los demás miembros de la Sala Penal de la Corte por presuntamente estar indirectamente implicados en el mismo delito.

Conservadores no se han rebelado

Fuentes del Partido Conservador le explicaron a EL NUEVO SIGLO que la bancada azul en el Congreso no se ha rebelado contra la Corte Suprema de Justicia, proponiéndole a los representantes investigados por el alto tribunal que no asistan a la versión libre que deberán rendir dentro del proceso que se les sigue para determinar si prevaricaron o no al votar en diciembre el referendo reeleccionista sin que dicha iniciativa llenara los requisitos legales, de acuerdo con la denuncia que motivó la indagatoria.

Lo que algunos han decidido hacer es interponer una acción de tutela, argumentando la inviolabilidad del voto, bajo la asesoría del jurista Jaime Granados.
El representante Jorge Enrique Mantilla explicó que “la inviolabilidad del voto” es un “derecho fundamental de los legisladores”.

“Vamos a acudir a la sala civil de la Corte Suprema, porque la Corte Constitucional ya falló en favor del voto de los legisladores”, señaló Mantilla.
Esta sería una más de las tutelas instauradas sobre este tema que, de acuerdo con reportes conocidos ayer, superan las 200 acciones.

En su mayoría, según fuentes judiciales, las tutelas invocan la protección ante violaciones al derecho a la participación política y al debido proceso.

Álvaro Uribe se puso overol para impulsar el referendo

El gobernante se reunió ayer con congresistas de La U, Convergencia Ciudadana, algunos de Cambio Radical y con el Partido Verde

“EL PRESIDENTE fue muy claro en decir: ‘Señores, ustedes tienen una responsabilidad tomen una decisión o no la tomen; digan sí, digan no, pero ustedes tienen que hacerlo de cara al país’”.

Con estas palabras, Luis Carlos Restrepo, presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quiso poner en contexto las primeras impresiones de algunos del medio centenar de congresistas de esa bancada que se reunieron en horas de la mañana con Álvaro Uribe en la Casa de Nariño.

Según ellos, si el referendo reeleccionista fuera aprobado por el Congreso, el presidente Uribe se postularía para su tercer periodo consecutivo. Al menos así lo entendieron los legisladores que desayunaron ayer con él.

Pero Restrepo negó que Uribe haya dicho tal cosa.

Lo que sí quedó muy claro es que Uribe les urgió definir el tema rápidamente.

El senador Juan Carlos Vélez dijo que, según “la disposición” que le notó a Uribe, “si se aprueba el referendo, él va para adelante”.

“El Presidente fue muy claro. Si se toma una decisión política y se le dice ‘sí’ al referendo, pues él se la juega”, expuso el senador Jairo Clopatofsky. “Si se aprueba el referendo, el Presidente saldría a ser candidato a la presidencia de la República; si no se refrenda, obviamente se haría a un lado”, reiteró.

Por su parte, el senador Marco Alirio Cortés señaló que, a su parecer, Uribe estaba “con ganas y con determinación que todo el mundo espera”.
“Sabemos que si se da el referendo, él va a volver a aspirar”, declaró la representante Lucero Cortés.

Referendo

“El Presidente nos dijo que es hora de que se dé un pronunciamiento oficial para que los colombianos sepan a qué atenerse”, expresó el senador Carlos Ferro.

“Se habló de este tema y de que si se va a apoyar o no. El partido de La U ha sido claro diciendo que sí acompañará la iniciativa”, explicó la senadora Dilian Francisca Toro.

“Es definir de una vez y no dejar a los colombianos con esa incertidumbre”, agregó la congresista vallecaucana.

“La coalición se mantiene, pero para que el referendo salga adelante el Presidente pidió que la coalición se defina sí o no en el tema del referendo”, declaró el senador Ricardo Arias.

“Tiene que ser rápido porque ya los tiempos prácticamente no se darían y ese es el afán que tiene el Presidente, si va a haber referendo o no”, sostuvo Vélez, que agregó: “Esto se tiene que definir entre hoy y mañana para que la próxima semana se pueda votar el referendo o la conciliación”.

De overol

Otra instrucción que recibieron los congresistas de La U fue la de mantener unida a la coalición de gobierno para lograr el propósito de aprobar el referendo.
“Ahí hay personas de Cambio Radical, La U, Partido Conservador y de otros sectores que están interesados en apoyar el referendo”, manifestó Arias.

Así las cosas, el uribismo comienza una carrera contra el reloj para tratar de cumplir con el plazo que impuso el ministro del Interior, Fabio Valencia: lograr la aprobación del referendo antes del próximo martes 18 de agosto.

Uribe no solo se reunión ayer con congresistas de La U, sino que también lo hizo con miembros de otras colectividades de la coalición, como Convergencia Ciudadana, algunos de Cambio Radical y con el Partido Verde.

Aunque no se tiene una fecha precisa para que el referendo logre la conciliación en el Congreso, legisladores como el senador Armando Benedetti, de La U, estimaron que se tiene hasta la tercera semana de agosto.

El país no necesita caudillos: Gaviria

El V Encuentro de Jurisdicción Constitucional, ayer en Barrancabermeja, fue escenario de duro cruce de críticas entre el ex mandatario liberal y el presidente Uribe, en donde el telón de fondo fue, sin duda, la polarización política en torno a la segunda reelección. Aquí los principales apartes de la intervención del ex mandatario liberal

“Desde que hace tres años también por iniciativa de la Corte Constitucional di mis impresiones sobre el proceso del 91, desde entonces hay aspectos alentadores sobre un aspecto que generaba una gran preocupación. Se trata del tema de la tutela contra sentencias y otras providencias judiciales.

Hace tres años fue uno de los puntos centrales. Ya no lo es, aunque no es un capitulo cerrado.

Mesuradamente, en materia de tutela contra providencias judiciales, se ha ido construyendo una solución por la vía de posiciones jurisprudenciales y de reformas al reglamento de la Corte Constitucional. Ese camino es mejor que el legislativo.

En buena hora, porque ello muestra armonía en la cúpula de la justicia, al margen de las naturales diferencias que pueda haber sobre la interpretación del derecho. Esa armonía es crucial en estos momentos donde es necesario cerrar filas para defender la independencia judicial.

La independencia judicial es un baluarte de la tradición jurídica colombiana, temido por quienes han violado la ley. Es prerrequisito de un sistema de frenos y contrapesos real y efectivo, sin el cual se empezaría a desmoronar el principio de la separación de poderes que ha llegado a verse amenazado por razones políticas o coyunturales.

…. Los que solo hablan de choque de trenes entre la Justicia y el Ejecutivo eluden defender un principio esencial en la preservación del Estado de Derecho. En la Carta del 91 se fortaleció la justicia por una decisión conciente de los delegatarios y del gobierno de entonces. Se le dio una nueva estructura, nuevos instrumentos y recursos. Pero en una democracia es también necesario que los actores políticos y sociales, así como los gobiernos, preserven un espacio amplio y sereno para que la justicia pueda actuar sin interferencias, sin amenazas, sin intimidaciones, sin temores.

… Enaltece a la Rama Judicial ese sacrificio por la defensa del orden Constitucional y el Estado Social de Derecho. Y es absolutamente abusivo arbitrario e ilegal buscar excusas para cercenarla independencia judicial con intimidaciones, violaciones de la privacidad, o maniobras urdidas de la mano de delincuentes.

Es dentro de esa misma perspectiva que he leído con extrañeza ciertos comentarios sobre el proceso de renovación de la Corte Constitucional que se dio a finales del año pasado y a principios de 2009. Rechazo sin ambages los comentarios desobligantes que algunos han osado aventurar sobre este cambio normal en el devenir institucional, efectuado dentro de las reglas diseñadas para permitir la concurrencia de los tres poderes en el proceso de elección y evitar que se den en nuestro medio las malas experiencias de otros países, conocidas de vieja data.

… Registro si mi preocupación de que el gobierno actual no hubiera acogido nuestra propuesta de reforma Constitucional para evitar que la primera reelección no afectara los contrapesos democráticos esenciales a la vigencia de la carta del 91.

Los colombianos quieren a la Corte Constitucional, quieren la tutela, quieren los derechos, quieren su Constitución. El que proponga restringirla, se estrella contra un muro infranqueable: el afecto que le tiene la gente a esa institución que le ha dado vida a los derechos, que ha reivindicado el peso de la razón contra los caprichos de la arbitrariedad, que ha construido paz social, que le ha dado justicia a millones de colombianos.

… El presidente Nilson Pinilla me ha invitado a hablar de lo que se esperaba de la Constitución que se incoó. Pues ya me he referido a cuatro aspectos que se esperaban y que se han realizado. Primero, fortalecer al poder judicial. Segundo, hacer que la generosa y progresista carta de derechos descendiera de cumbres abstractas para proteger a personas de carne y hueso en su vida concreta y cotidiana. Tercero, crear una Corte Constitucional no solo garante de los limites constitucionales sino capaz de impulsar - con independencia de la dinámica política pero en sintonía con las necesidades del país -el aterrizaje de la Constitución y su fuerza transformadora de nuestra realidad. Cuarto, acercar la Constitución al ciudadano común, crear puentes entre las promesas constitucionales y los problemas sociales y promover el arraigo de la Carta en el corazón de los colombianos.

Se logró gracias a las sentencias históricas de la Corte Suprema de Justicia, con el voto favorable del entonces magistrado de la Sala Laboral Jorge Iván Palacios hoy magistrado de esta Corte Constitucional, se abrió el camino para la convocatoria de una Asamblea Constituyente con una agenda reformista ambiciosa. Fue crucial el liderazgo de los tres copresidentes de la Asamblea, del entonces Ministro de Gobierno Humberto de La Calle y del concurso de los delegatarios. Se logró construir un consenso amplio, sólido, y pluralista en torno a la nueva Constitución.

El primer aspecto mencionado, el fortalecimiento del poder judicial, tenía otras dimensiones, además de la creación de una jurisdicción constitucional. Me referiré solo a uno. La justicia penal… Propusimos un sistema acusatorio, el cual combina a la vez eficacia en la persecución penal y garantismo en la protección de los derechos.

… La figura del fiscal es muy prestigiosa y sus facultades son suficientes para hacerle frente a criminales también poderosos. Por eso es tan importante la elección por la Corte de un Fiscal preparado independiente que sea garantía de imparcialidad y comprometido a sancionar los actos delincuenciales provengan de donde provenga.

… Confiemos en que el ejemplo que esta dando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, inspire a todos los fiscales y jueces penales del país. Nadie esta ni puede sentirse por encima de la ley. Por eso nos opusimos con vehemencia a la improvisada idea reciente de revivir la inmunidad parlamentaria. En 1991 propusimos a la Asamblea tanto la creación de la institución de la perdida de investidura, a cargo del Consejo de Estado, como la abolición de la inmunidad y su reemplazo por un fuero ante la Corte Suprema. Ambas instituciones han funcionado y mostrado resultados eficaces.

La acción de la justicia parte de un principio elemental: quien haya realizado pactos con organizaciones al margen de la ley y transgredido la línea sagrada que separa la política de la violencia, debe responder por sus actos. La Corte Suprema sabrá distinguir entre quienes violaron la ley y quienes fueron victimas de la intimidación. Todos debemos respetar sus decisiones y respaldar el ejercicio de sus elevadas competencias, dentro de la garantía al debido proceso, en lugar de tratar de ponerle palos a las ruedas de la justicia para que no termine su recorrido hasta donde tiene que llegar.

… El proyecto constitucional del 91 tuvo como uno de sus nortes fundamentales que el Estado de Derecho se expandiera a todos los ámbitos de la vida nacional. Que no hubiera lugares del territorio sin ley, que no hubiera poderes inmunes. La seguridad que se ha ganado por las políticas gubernamentales del presidente Uribe tiene que ver mucho con el fortalecimiento de las Fuerzas armadas pero a ella ha contribuido de igual manera y con la misma importancia la eficacia de nuestra justicia penal.

Pero si la presencia del Estado es fruto de la arbitrariedad, sea está aislada de sus agentes o sistemática, como parece serlo con los asesinatos selectivos de personas pobres e indefensas, se pone en grave riesgo el Estado de Derecho. Por eso hay que repetirlo una y otra vez: No puede haber impunidad penal por esos delitos infames. La fuerza pública colombiana se ha ganado el respeto por su adhesión al Estado de Derecho y a las reglas de la civilidad.

A todos sus integrantes también les interesa que se deje claro quienes fueron los responsables de esos actos criminales que enlodan a la institución castrense. Y quiero reiterar aquí que en el reciente proceso de depuración que realizaron el presidente y su ministro de Defensa no se hubiera hecho ningún esfuerzo por distinguir los indicios de complicidad con la simple omisión. Sobre aquellos sobre los cuales hay indicios de complicidad el Gobierno ha debido poner tales hechos en conocimiento de nuestra Fiscalía o de la Corte suprema.

En 1991 se consideró que el Estado debía ser no solo de derecho, sino social de derecho. Es la fórmula que resume un viraje conceptual trascendental. Inspirados en ese cambio, que también propuse en el proyecto gubernamental sometido a consideración de la Asamblea, adoptamos reformas en diversos campos de la política social. Hecho de menos que a lo largo de los años no se haya continuado con ese ímpetu reformista. Los vacíos dejados por los responsables de formular las políticas públicas y de adoptar las regulaciones necesarias para el mejoramiento de la política social, ha llevado a que las personas acudan a la Corte Constitucional ha pedir protección de sus derechos sociales.

… En un Estado Social de Derecho las políticas sociales y el gasto público social ocupan un lugar prioritario y convocan el compromiso imaginativo y decidido del gobierno, de las entidades nacionales y de las entidades territoriales. Los temas de orden público han relegado a un segundo plano los temas sociales. Nadie cuestiona que se necesita orden, pero como lo dice la Constitución y lo anuncia el titulo de este Encuentro, ese orden debe ser justo. Es decir, debe comprender acciones efectivas para superar la pobreza, luchar contra la exclusión social, incluir a los marginados, crear condiciones para que todos puedan vivir dignamente.

Por eso, decir que se debe posponer la reparación de las víctimas porque cuesta mucha plata es injustificado. Debemos avanzar en la reparación integral a las victimas de la violencia incluida la reparación administrativa a las victimas de agentes del Estado.

Por eso, también, no actuar con eficacia contra el despojo masivo de tierras de los campesinos por parte de los actores armados, en especial los paramilitares, es aberrante. Por eso, permanecer impasibles frente a la invasión de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afro descendientes, así como al exterminio de algunos de sus dirigentes, es imperdonable. Por eso, olvidarse de los desplazados y dejarlos abandonados a su suerte es un imposible ético. Claro, no es que todo se pueda solucionar de la noche a la mañana, no es que los recursos sean ilimitados. Pero debemos retomar la senda perdida del reformismo con espíritu social. Ver a los paramilitares incrustados en el Incoder o en el Banco Agrario tomar decisiones en su beneficio constituye una afrenta para el Estado Social de Derecho.

También esperaba una transformación política más profunda. En efecto otro norte del 91 fue la democracia participativa y pluralista. Para lograrlo se hicieron muchas reformas políticas en la Constitución de 1991. El sistema electoral fue profundamente reformado con el designio de abrir el juego político. Se adoptó un estatuto de los partidos políticos. El Congreso fue en lo institucional fortalecido. Los gobernadores pasaron a ser elegidos popularmente. Se introdujeron mecanismos de participación de todo tipo. Ha habido algunas reformas inocuas y otras en la dirección equivocada. La del 2003 fue conveniente para ayudar a organizar nuestros partidos La mas reciente solo sirvió para beneficiar una coalición transitoria en el gobierno y no para mejorar el sistema político. Aseguró que se consolide el poder en el Congreso con curules manchadas de la sangre de la parapolítica en vez de sancionarlas de manera inmediata. Y eso que evitamos algunos males mayores como el permitir que el Registrador se pusiese al servicio de intereses electoreros o el que permitía que los jefes paramilitares volvieran a hacer política.

Y la reforma que reclama hoy el país es ya más profunda que la que se vislumbraba hace dos décadas. Hoy subsiste la necesidad de insistir en depurar la política del clientelismo y de recuperar la credibilidad del quehacer político. Pero además, es indispensable enfrentar la captura soterrada, por suerte solo parcial, de algunas entidades del Estado por parte de mafias y organizaciones criminales.

También es imperioso preservar los partidos políticos ante las tentaciones de movimientos coyunturales o personalistas. Pero al mismo tiempo, hay que impedir que se retroceda en los espacios ganados por fuerzas nuevas, como las lideradas por movimientos independientes y organizaciones sociales. Y asegurar que la revitalización de los partidos no afecte las conquistas alcanzadas en el fortalecimiento y proyección de la sociedad civil.

Hay que apostarle a la democracia. Colombia necesita más democracia, más respeto a la diversidad, más dialogo civilizado, más espacio para disentir y construir a partir de nuestras diferencias, más liderazgos sensibles a los problemas sociales del país, más oportunidades para las nuevas figuras que quieren aportarle a Colombia.

El país no necesita caudillos que le permitan el escapismo que se genera del convencimiento de que un hombre puede ser la fuente de solución de todos los problemas sin mayor responsabilidad de los ciudadanos. Hay que revivir el espíritu descentralista que presidió la Constitución del 91 y que hoy está gravemente quebrantado no solo por las contrarreformas constitucionales sino por una legislación que ha ido centralizando a mi modo de ver inconstitucional, al punto de que no hay un mandatario regional que pueda ejecutar su programa de gobierno sino se comporta de manera sumisa y supedita todas sus acciones al querer de un gobierno centralista como no se conocía desde Núñez. Y no es el caso ni de Serpa ni de Navarro. Y espero que el tal Estado de opinión no sea más que propaganda política o la obligación que tiene el gobernante de escuchar a la gente y no un intento por subvertir el orden constitucional.

Tampoco podemos caer en la sobre simplificación de nuestros problemas. Esa de que la mejoría efectiva en un frente esencial como lo es la seguridad publica puede resolver todos los problemas sociales o económicos. Esta sociedad necesita mucha más critica no del gobierno sino de la sociedad y de las instituciones públicas. No hay espacio para la complacencia. Un nuevo espíritu reformista no puede surgir sino de esa crítica que es necesaria, imperiosa útil y una responsabilidad de cada uno de nuestros dirigentes. La criminalización que se ha promovido desde las más altas esferas de toda forma de crítica lesiona gravemente nuestra democracia, nuestro estado social de derecho y es una defensa de un statu quo injusto y cada vez más arbitrario.

De que la cumplamos, depende el rumbo futuro de la Constitución que nos legó la Asamblea Constituyente en 1991 y que la Corte Constitucional ha sabido defender con acierto durante más de tres lustros y estoy seguro continuará defendiendo con visión democrática, sensibilidad humanista y apego a la juridicidad.
Muchas gracias”.

Constituyente no tuvo legitimidad en su origen: Uribe

En una clara defensa de su posible continuidad en el poder, el Presidente dijo que “no se puede crearles a los colombianos el temor de una ruptura democrática por la posibilidad de un ejercicio democrático”

“SOBRE LA Constitución y la Constituyente, permítanme hacer una aproximación a lo sustantivo y al procedimiento.

Por supuesto, muchos de estos juicios son simplemente para sentar un antecedente, para dejar una opinión. Y aunque cuando el político se sienta a pensar sobre estos temas cree hacerlo desde una perspectiva puramente académica, finalmente el juicio no es puro en su academicismo; también tiene atravesada la orientación política. Lo reconozco y lo anticipo.

Muchos aspectos positivos tiene la Constitución del 91. Quiero mencionar, a guisa de ejemplo, algunos.

El país no tenía marco constitucional distinto a aquel para que cupiera la empresa privada, individual, y la empresa estatal. La Constituyente del 91 no se limitó a calificar el Estado de Derecho como Estado Social, a darle ese gran énfasis a la solidaridad, sino que avanzó en expresiones muy concretas. Una de esas expresiones, abrirle todo el campo a la economía solidaria, en un género que trasciende lo meramente cooperativo.

Quiero destacar muy especialmente el capítulo de seguridad social, sus principios rectores. Una seguridad social universal, eficiente, solidaria. Pero además con visión pragmática, con un prudente gradualismo para el cumplimiento de esos principios, que son los puntos de referencia a los cuales todos los días tenemos que acercarnos.

Me parece que el texto es muy acertado, porque radica en la competencia exclusiva del Estado la regulación y la vigilancia de la seguridad social, y permite que con sujeción al principio de solidaridad puedan intervenir como actores empresas estatales, empresas privadas y empresas mixtas.

Eso permite que Colombia tenga algo hoy reconocido en el mundo: un esquema de seguridad social en el cual la participación de operadores no necesariamente públicos se vincula al respeto al principio de solidaridad.
El gran logro, primero en la Constitución del 91 y después en el conjunto legislativo que la ha desarrollado, ha sido el de combinar la multiplicidad de actores, incluidos los privados, con el principio de solidaridad.

Lo admiran en los diferentes foros especializados sobre el tema, en favor de Colombia.
Dio un gran avance la Constitución del 91 en materia de carrera administrativa. No permitió que la selección por méritos continuara siendo una materia al vaivén de la discrecionalidad del legislador, sino que la impuso como regla general de vinculación a la administración pública.

Indudablemente la figura de la tutela permitió que los colombianos encontraran en esa institución el vínculo material con la Constitución. De lo contrario, la Constitución podría seguir siendo considerada como algo abstracto, totalmente trascendente al pueblo colombiano. La tutela ha hecho que la Constitución se vuelva algo concreto, material, inmanente, al alcance del pueblo colombiano.

Avanzó con la elección popular de gobernadores, con los mecanismos de participación directa, con la descentralización.
Creo que dejó un buen equilibrio entre lo que es la democracia participativa y lo que es la democracia representativa.

Hoy no son excluyentes. La democracia representativa, sin un acompañamiento y sin un fundamento permanente en la democracia participativa, crea fenómenos de ilegitimidad, de desconexión profunda entre el pueblo, el legislador y los gobiernos. Y la democracia participativa, cuando desconoce la democracia representativa, se anarquiza.

Creemos que hay un buen equilibrio en el texto constitucional entre democracia participativa y democracia representativa.

Por supuesto, hay aspectos negativos. Todavía el país no tiene claridad sobre por qué el constituyente del 91 eliminó la extradición. Creo que ahí quedó una duda.

Parece que se dio, se creó un gran abultamiento burocrático, que en alguna forma el país tiene que corregir. Porque no se puede pensar que abultamiento burocrático es Estado eficiente. Muchas veces el abultamiento burocrático es más ineficiente en el cumplimiento de las misiones del Estado, que un Estado con austeridad burocrática.

La Constitución del 91 es muy importante, pero no surge como un hecho súbito en la vida colombiana.
El Presidente Alberto Lleras, en bellas palabras, solía decir que todo lo que hoy se puede hacer tiene antecedente en los esfuerzos que hicieron nuestros compatriotas en periodos anteriores.

El país vivió durante mucho tiempo el debate entre descentralización y centralización. Cuando El Libertador, y es preciso recordarlo, después de su primera derrota en Venezuela, aparecía por Cartagena en el territorio de la Nueva Granada para poder fortalecer los ejércitos que le permitieron desarrollar la Campaña Admirable, ya encontró aquí ese debate. Nariño presidía una incipiente organización política centralista en Bogotá, y Camilo Torres, una organización de las provincias, descentralista, en Tunja.

Pero la descentralización tiene también antecedentes más inmediatos de la Constitución del 91. El situado fiscal de la reforma constitucional del Presidente Carlos Lleras Restrepo, de 1968, fue un gran paso descentralista. Y lo fueron también las Leyes 11 y 12 de la administración Betancur, lideradas por el entonces Ministro Jaime Castro, reglamentadas en la administración del Presidente Barco.

Cuando uno mira los antecedentes constitucionales en Colombia a la calificación social que del texto del Estado de Derecho hace la Constitución del 91, encuentra uno sobresaliente, todavía no superado: la Constitución del 36, de Alfonso López Pumarejo. He ahí, apreciados compatriotas, una gran diferencia. No dijo: la propiedad tiene una función social. Fue más allá. Dijo: la propiedad es una función social.

Si bien hay aspectos muy positivos de la Constitución, y unos menos, que también la historia los apuntará en la parte negativa del balance, tenemos que entender que nuestro país ha tenido una mentalidad más de trabajar al nivel de los textos constitucionales, que en los desarrollos legales y reglamentarios. Que ojalá fuera cediendo, en beneficio de la necesaria estabilidad institucional que requiere la Nación.

Cuando terminaban las guerras civiles en Colombia, todos los combatientes llevaban en su morral un proyecto de texto de constitución. La agitación constitucional ha sido una constante de la vida colombiana.

Mirando el procedimiento, hay que decir esto: en alguna forma la convocatoria de la Constituyente, fue un desconocimiento de las instituciones existentes. Y no hay duda de que la Constituyente excedió el mandato para el cual había sido elegida.

Yo participé en aquel Congreso del 90 y regresé en el 91. Participamos con la elección de constituyente y tuvimos muy claro que los temas eran limitados. La voluntad del elector colombiano fue una voluntad limitada a unos temas. Cuando la Constituyente se instaló, se declaró sin límite temático, sin límite material.

Fue convocada por un decreto de Estado de Sitio y avalada por la Corte Suprema de Justicia, gracias al voto de un conjuez.

Desde el punto de vista jurídico, su convocatoria fue un rompimiento institucional. Y desde el punto de vista político, no tuvo legitimidad en el origen, que sí la ganó después, en alguna forma, por su texto y por las condiciones del país.
¿Por qué lo digo? Porque la votación que la convocó fue mínima. No había exigencias de umbrales.

Se preguntan aquellos que entran en el debate sobre el rompimiento institucional que se dio para convocar la Asamblea Constituyente: ¿qué alternativas habría tenido el país, distintas al decreto de Estado de Sitio?

¿Los mecanismos de reforma de la Constitución que hasta el momento existían habían fallado? No.
El país había sido pródigo en reformas constitucionales: la del 36, la del 45, aquellas que permitieron el nacimiento, la vigencia del Frente Nacional, también su marchitamiento, la del 68.

Y las administraciones López Michelsen y Turbay Ayala obtuvieron del Congreso sendas reformas constitucionales, que también inspiraron muchos de los puntos adoptados finalmente por el constituyente del 91.

El Congreso siempre estuvo dispuesto a aprobar estas reformas. No es del caso juzgar, pero sí hacer la anotación histórica. Esas dos reformas constitucionales, inmediatamente anteriores a la Constituyente, fracasaron no por el Congreso, sino porque la Corte Suprema de Justicia –entonces juez constitucional– las declaró inexequibles.

Recuerdo la de López. La Reforma Constitucional del Presidente López convocaba a una constituyente para dedicarse exclusivamente al tema de la justicia y al tema de la descentralización.

También hay otro tema de rompimiento institucional: la revocatoria del Congreso. Obedeció más a una presión política que a una necesidad del país.
Habrá que preguntarse si se cambió el Congreso en la exacta proporción de la medida de rompimiento institucional de su revocatoria.

Ahora, si una de las causas de la revocatoria fue que el Congreso siempre se había opuesto a estas reformas, la evidencia histórica rectifica esa afirmación, porque en el Congreso siempre se tramitaron reformas.

Yo pienso que el antecedente de la revocatoria del Congreso, a la luz del examen que pudiera hacerse, es un antecedente grave. Con el mismo criterio de presión política con que se revocó al Congreso, se habría podido revocar la justicia, alegando que la Corte Suprema de Justicia en su fallo había impedido las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.

En ese momento se buscó al Congreso como chivo expiatorio. También se hubiera podido buscar a la justicia como chivo expiatorio. Ese es un grave antecedente.

Este Gobierno, por ejemplo, ha tenido que vivir lo que podríamos llamar el mayor desafío frente a la institución del Congreso: la parapolítica y la farcpolítica, todavía en la impunidad.

La parapolítica, que se refiere a hechos criminales anteriores a este Gobierno, pero que han sido investigados y juzgados por la justicia en lo que corresponde al periodo de este Gobierno.

Eso hubiera dado una justificación de revocatoria del Congreso muy superior a la presión política de 1991 que lo revocó. Sin embargo, el Gobierno ha pensado que, en aras del fortalecimiento institucional, las acciones de la justicia contra los congresistas no pueden servir de pretexto para afectar la institución legislativa y de control político.

Hemos venido avanzando en reformas. Por ejemplo, la última reforma política del nivel constitucional, es la primera que incorpora normas para sancionar a los partidos, cuando ellos permitan que en sus listas participen personas que hayan tenido vinculación con grupos violentos.

La dinámica de la reforma, la responsabilidad en la conducción de los temas del Congreso, ha imperado, no obstante las dificultades del Congreso por el enjuiciamiento de muchos de sus integrantes”.

Discurso en la tarde

“El tema de las instituciones: yo creo que el debate de las instituciones tiene que pasar de las afirmaciones de discurso a las realidades.

El tema que nos preocupa no es perpetuar al Presidente de la República, pero sí proyectar unas políticas que han demostrado ser convenientes para el país.

Con ajustes. Yo no creo en el extremo del estancamiento ni en el extremo de los ‘bandazos’. Hay que tener unos objetivos claros y aproximarse a ellos con unas políticas que se vayan ajustando diariamente.

La gran preocupación es la continuación ajustada, dialéctica de esas políticas. Y es una válida preocupación política. El tema de las personas, desde que haya compromiso, pasa a un segundo o tercer nivel de importancia.

Yo creo que el debate de si vamos a continuar o no la Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, no se puede anular por el debate sobre el nombre de Álvaro Uribe, que es accidental en esta coyuntura de la vida colombiana.

No se puede, después de que llevamos tantos años de defensa de las instituciones; de que en nuestro Gobierno no se han presentado rupturas institucionales que sí se presentaron recientemente, como me permití expresarlo esta mañana, no se puede crearles a los colombianos el temor de una ruptura democrática por la posibilidad de un ejercicio democrático.

Veamos las instituciones. Empecemos por la descentralización, una de las más caras. Por fortuna, su solidez en Colombia es inobjetable.

Nosotros hemos procurado construir esa mínima gobernabilidad que requiere la Patria, a través de un profundo respeto a alcaldes, a gobernadores, independientemente del origen político de su elección.

Si hay una fortaleza institucional en Colombia hoy, es el respeto a la descentralización.

Yo no puedo, por desavenencia política, nombrarle un sustituto al alcalde de una ciudad colombiana o al gobernador de un departamento.

Cuando hablemos de instituciones democráticas hay que empezar por allí.

Miremos la Justicia: antes lo que ha ocurrido en este Gobierno es fortalecer su autonomía, su independencia. Ya lo decíamos: no podía actuar en muchas regiones, y no actuaba frente ciertos temas.

Este Gobierno le permite hoy actuar en todas las regiones y frente a todos los temas. Hoy no tiene restricciones territoriales ni restricciones de materia.

Y hemos avanzado, en medio de los constreñimientos fiscales, enormemente en la financiación de la Justicia. Lo saben los presidentes de las Cortes.

La Justicia en Colombia es autónoma, independiente, y se ha fortalecido bastante, gracias a nuestros esfuerzos presupuestales y a la Seguridad Democrática.

Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia tiene un cuerpo propio, no prestado, de investigación. El Gobierno no interviene en la conformación del Consejo de Estado ni en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Interviene, a través de ternas, en una de las salas del Consejo de la Judicatura. Y de los nueve magistrados de la honorable Corte Constitucional, propone tres a consideración del Congreso de la República.

El Banco Central. En este Gobierno ha habido dos elecciones de gerente del Banco Central. El Gobierno ha sido totalmente respetuoso de la autonomía del Banco para elegir sus directores.

El periodo de 8 años de los codirectores del Banco de la República, por supuesto es una garantía de su independencia, no obstante que en un país con tantos desequilibrios, la independencia absoluta es imposible. Yo creo que el ideal es esa buena coordinación en la cual finalmente el Banco Central tiene la competencia decisoria, que a pesar de su competencia decisoria mantenga un nivel equilibrado de coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Por donde quiera que examinemos las instituciones hoy están más fuertes. Nosotros, para las reformas, a lo único que hemos apelado es al Congreso o al pueblo. Pero al pueblo, no desordenada ni anárquicamente. Aquí no hay una dictadura plebiscitaria. Aquí simplemente se ha ejercido el derecho consagrado en la Constitución del 91 de acudir a la expresión democrática del pueblo, dentro del marco de la misma Constitución y de la Ley.

Cuando se convocó la Constituyente, se declaró elegida por esa limitadísima votación que puso en duda su legitimidad política. No había los umbrales que hoy se requieren.

Por eso, vengo con todo respeto a decir en este foro de Barrancabermeja, convocado por la honorable Corte Constitucional, que nosotros tenemos con la Patria un compromiso de afecto y un compromiso de respeto a las instituciones democráticas.

El debate sobre las instituciones estamos dispuestos a darlo en todas partes, porque las instituciones no son una categoría etérea y abstracta. Las instituciones finalmente se expresan todos los días.

Y lo que ha habido en este Gobierno es rescate a la autonomía de unas instituciones que estaban siendo anuladas por el terrorismo.

Muchas gracias, apreciados compatriotas”.

El referendo reeleccionista sigue en el limbo

DE NUEVO el futuro del referendo quedó enredado, pues en la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Representantes con los voceros de las distintas bancadas, la cual generó gran expectativa, no se tocó el tema.

La reunión se había convocado para estudiar la agenda legislativa y la inclusión del referendo en ésta, por los temores que había generado el llamado a versión libre por parte de la Corte Suprema de Justicia a los 86 representantes que votaron en sus primeros debates la iniciativa popular, por el presunto delito de prevaricato.

Sin embargo, y como había sostenido el presidente de la Cámara, Edgar Gómez, la conciliación está en stand by: “A hoy podríamos decir que está (el referendo) en stand by porque faltan unos conciliadores, porque no se ha decidido el tema de manera que quede totalmente ejecutoriado, como se diría en términos jurídicos, el tema de la recusación del presidente de la Cámara”, dijo Gómez momentos previos a entrar a la antedicha reunión.

Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara, Santiago Castro, le dijo a EL NUEVO SIGLO que las decisiones de la Comisión de Ética no pueden ser apelables, por lo que dicha célula legislativa se negaría a revisar la determinación de negar la recusación contra el presidente de la corporación.

De todas maneras, Castro aseguró que la mesa directiva nada puede hacer mientras no exista un texto de referendo conciliado.

Sin embargo, otros congresistas aseguraron que el recurso de apelación contra una decisión de la Comisión de Ética debe ser estudiado por la plenaria de la Cámara.

“No hemos decidido nada, entre otras, porque ni siquiera hemos recibido el informe de conciliación. Nosotros no podemos ni agendar ninguna votación en plenaria del referendo mientras esa conciliación no esté lista”, señaló el vicepresidente de la Cámara.

El texto del referendo reeleccionista completa ya casi dos meses sin ningún avance en el Congreso. De hecho, la semana pasada se empezó a enredar más la suerte de la iniciativa con el llamado a versión libre de los 86 congresistas que lo votaron.

En la misma decisión, la Corte Suprema llamó a rendir versión libre al registrador nacional Carlos Ariel Sánchez, quien la semana pasada había ratificado que el referendo reeleccionista necesitaba dos certificaciones suyas para que pudiera ser tramitado en el Congreso. Tal requisito no se ha cumplido pues el funcionario apenas certificó el número de firmas que avalaban esta iniciativa popular, pero su financiación y el cumplimiento de los topes establecidos no han sido certificados, porque el Registrador tiene dudas en cuanto a las cuentas que le presentó el comité promotor del referendo.

Unasur pide a Uribe que explique acuerdo con E.U.

Hugo Chávez advirtió que la región podría entrar en una guerra. Presidente Lula propuso reunión con Obama para discutir relaciones del país del norte con Suramérica. Vicecanciller colombiana pidió debatir tráfico ilegal de armas

UNA CITA presidencial extraordinaria con el primer mandatario Álvaro Uribe pidió la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para abordar el acuerdo que permitiría a Estados Unidos usar bases militares en Colombia.

La nueva reunión se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en Argentina y a la misma fue invitado el Presidente colombiano, quien se marginó de asistir a la cumbre de Unasur en Quito, celebrada ayer.

“Podríamos hacer una reunión de presidentes para evaluar estos comportamientos (...) Pienso que esto va a resolverse con mucha conversación, debate, diciendo las verdades; la gente va a tener que escuchar cosas que no le gusta”, dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La propuesta de reunirse nuevamente para discutir el acuerdo militar que negocian Washington y Bogotá fue acogida al momento por los mandatarios de Ecuador, Argentina y Paraguay.

“Es imprescindible que invitemos al presidente Álvaro Uribe a un lugar donde no tenga la sensación de que hay hostilidad; lo que hay que quitar son las excusas”, afirmó por su parte la mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, al dar su apoyo a la iniciativa.

Inicialmente se había acordado debatir el tema en una reunión de cancilleres y ministros de Defensa, pero ante los temores expresados por el presidente Hugo Chávez sobre los alcances del convenio colombo-estadounidense, se resolvió elevar el perfil de la discusión.

En el debate sobre el acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia en Quito, el presidente boliviano Evo Morales afirmó que Unasur debía sancionar al Gobierno colombiano. Sin embargo, esta proposición fue descartada por la mayoría de mandatarios asistentes a la cumbre y celebrada por la representación colombiana.

No obstante, fuentes de la Cancillería colombiana aseguraron que si la cumbre de Unasur de cancilleres y ministros de Defensa se lleva a cabo en Quito, no asistirá ni el presidente Uribe ni el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez.

“Vientos de guerra”

En su intervención en la cumbre de la Unasur, el presidente Hugo Chávez Frías advirtió de la posibilidad de que la región entre en una guerra por la amenaza de las bases militares.

“Cumplo con mi obligación moral de alertar: vientos de guerra comienzan a soplar”, afirmó el mandatario del vecino país. “Esto puede generar una guerra, incluso en Sudamérica”, dijo.

Chávez reiteró de esta manera su preocupación por el acuerdo que permitiría a Estados Unidos usar siete bases militares en Colombia para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que el mandatario venezolano ve como una amenaza para su país, y dispuso congelar las relaciones con Bogotá.

El Gobierno colombiano, por su parte, ha defendido el acuerdo como un “asunto interno” y rechazó que su cooperación militar con Estados Unidos represente una amenaza para los otros países de la región.

El Presidente venezolano además acusó al Gobierno de Colombia de estar contra la unión suramericana, y le sugirió que “se baje del tren, si quiere”, al insistir en sus críticas al acuerdo militar.

“Hay algunos que no quieren caminar; el gobierno de Colombia, por ejemplo, no quiere la unidad, está actuando contra la unidad”, sostuvo Chávez en la antesala de la cumbre.

“El gobierno de Colombia no quiere la unidad de Suramérica, porque el gobierno de Colombia está sujeto al mandato del imperio, está subordinado”, enfatizó el mandatario venezolano.

“Tráfico ilegal de armas”

A la cita de la cumbre también asistió la vicecanciller colombiana Clemencia Forero, después de que tanto el presidente Uribe como el canciller Jaime Bermúdez anunciaran que no asistirían a la misma.
Forero dijo que en la próxima cita que se llevará a cabo en Argentina debería tratarse el tema del tráfico ilegal de armas.

“En dicho diálogo deberá contemplarse, además de los acuerdos de cooperación militar de los Estados Miembros de Unasur, otros temas de especial interés, tales como el tráfico ilícito de armas, las actividades de los grupos armados ilegales y el armamentismo”, aseguró Forero.

Semanas atrás, el Gobierno colombiano había denunciado que las Farc tenían en su poder tres lanzacohetes que pertenecían al Ejército venezolano.

Proponen reunión con Obama

Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso una reunión con su homólogo Barack Obama para discutir las relaciones de Estados Unidos y Suramérica, a raíz de las tensiones surgidas por un acuerdo militar colombo-estadounidense.

Lula planteó la cita durante la cumbre de los presidentes suramericanos que se llevó a cabo en Quito.
Habría que “pensar en algún momento que la Unasur podría indicar al Gobierno de Estados Unidos para una discusión profunda sobre la relación con Suramérica”, manifestó el líder brasileño.

E.U. desmiente instalación de bases militares en Colombia

NO ES cierto que Estados Unidos vaya a instalar bases militares en Colombia, dijo ayer el secretario del Departamento de Estado de ese país, Robert Wood.

“Estos son problemas muy desafiantes, pero hemos sido muy claros sobre nuestro apoyo, y hemos sido muy trasparentes en términos de lo que intentamos hacer”, señaló Wood.

El secretario del Departamento de Estado norteamericano también dijo que Estados Unidos quiere ver una región más democrática, más próspera y pacífica.

Este pronunciamiento ya lo había hecho la semana pasada el presidente Barack Obama, quien aseguró que el único acuerdo suscrito entre estas dos naciones era la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Creo que es un buen momento para desbancar el mito de que estamos estableciendo bases militares estadounidenses en Colombia. Esa declaración no se apoya en los hechos, así que seamos absolutamente claros de que tenemos un acuerdo de seguridad con Colombia durante muchos años y lo hemos actualizado”, explicó la semana pasada Obama.

Por otro lado, el Presidente estadounidense respondió las críticas que le ha hecho el mandatario venezolano Hugo Chávez: “Los mismos críticos que dicen que Estados Unidos no ha intervenido lo suficiente en Honduras, son las personas que dicen que nosotros siempre estamos interviniendo y que los yanquis tienen que salir de América Latina. No se pueden tener las dos cosas”, dijo Barack Obama.

“Esos críticos piensan que deberíamos repentinamente actuar de una forma que en cualquier otro contexto les pareció mal”, entonces, “eso indica cierta hipocresía en su enfoque de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina”, dijo el primer mandatario estadounidense.

Este pronunciamiento se dio en el marco de la cumbre de dirigentes de Norteamérica, en la que participan los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México.

'Estados Unidos tiene la culpa de la crisis entre nosotros': Hugo Chávez

En entrevista con EL TIEMPO y La W, el Presidente de Venezuela dijo que 'ni Uribe va a tener control de las acciones' de las tropas de E.U. una vez estén en suelo colombiano y que eso es un peligro.

Caracas se convirtió durante el fin de semana en un lugar de peregrinación de colombianos que fueron en busca del presidente Hugo Chávez: el ex presidente Ernesto Samper, la cúpula del Polo Democrático, Piedad Córdoba y dieciocho integrantes de Colombianos por la Paz dialogaron con el mandatario venezolano sobre el estado crítico de las relaciones bilaterales.

Aunque el resultado fue positivo, pues Chávez ordenó el regreso de su embajador a Bogotá (Gustavo Márquez), quien había sido llamado a consultas, los asuntos que generaron la crisis diplomática no se han superado, en especial, la molestia de Chávez por el anuncio de que Colombia profundizará su cooperación militar con Estados Unidos y la queja del Gobierno colombiano de que a las Farc les encontraron cohetes que habían sido comprados por Venezuela a Suecia.

Chávez considera el primero como "una gravísima amenaza a su país" y el segundo como una muestra de deslealtad, mientras sigue subrayando que a pesar del regreso de su embajador, las relaciones siguen congeladas.

El mandatario venezolano sostuvo un extenso diálogo con EL TIEMPO y con Tatiana Cabello, de La W, sobre la crisis de las relaciones con Colombia y sus perspectivas inmediatas. Y pese a sus duras palabras, entreabre una puerta para superarla.

Usted acaba de ordenar el regreso del embajador Gustavo Márquez a Colombia. ¿Qué lo hizo cambiar de idea?

No fue un cambio de idea. Yo había llamado al embajador a consultas sin tener un tiempo previsto para esas consultas por unos días. La idea no era dejarlo aquí (en Caracas) para siempre. Pero también me motivó la reunión el viernes pasado con el grupo de Colombianos por la Paz, y adelanté la decisión.

¿Qué busca con las reuniones que ha sostenido con el ex presidente Ernesto Samper, con Colombianos por la Paz y con el Polo?

Me pidieron reunión, y a mí me pareció oportuno. Creo que deberíamos hacerlo siempre. Ante la situación, que amenaza con tensionarse más podría ser útil.

¿No cree que al presidente Uribe le puede molestar que usted se reúna con la oposición?

Espero que no. Samper mismo me recomendó estas reuniones. Me dijo: "Hay mucha gente allá que quiere hablar contigo". Y me dijo que se lo había comentado a Uribe.

¿El regreso del embajador venezolano a Bogotá significa que se descongelaron las relaciones?

No, en verdad no significa eso. El problema es más de fondo.

¿Qué falta?

El problema de fondo tiene varios factores. El primero de ellos es que el Gobierno de Uribe vuelve a insistir en un tema que es una gigantesca mentira. Y yo sé que la culpa está fuera de Colombia. Es el empeño del imperio yanqui de satanizar a Venezuela, a su Gobierno y a mí, y en eso acompañan al imperio las 'burguesías consulares', como dice Helio Jaguaribe, la colombiana, la venezolana, las de suramérica... y el Gobierno de Uribe se presta para esta absurda acusación de que estamos proveyendo de armas a la guerrilla colombiana, lo cual es una falta de respeto y es un golpe muy duro para que los gobiernos puedan llevar relaciones normales, buenas. No hay confianza. El otro elemento es la decisión anunciada por el gobierno de Uribe de permitirle a Estados Unidos instalar siete bases. Aunque digan que no son bases, y que los soldados serán invisibles, para nosotros es una grandísima amenaza.

Sobre el tema de las armas suecas, usted dice que las robaron las Farc en un ataque a Cararabo en 1995, pero los registros de las armas son de 1998 y ese ataque no lo hicieron las Farc, sino el Eln.

El registro que yo he mostrado es de 1995, que fue el año en el que asaltaron Cararabo. Y sí, fue el Eln. ¿Qué ha pasado en 14 años? El propio Uribe me pidió en Bogotá que le ayudara con el Eln. Me autorizó para hablar con ellos, y Gabino vino al Palacio, ahí lo conocí. También estaba Iván Márquez. Gabino me dijo que hacía muchos años que no dialogaban con las Farc, y me pidió que los reuniera. Estaban tratando de arreglar la matanza entre ellos. Las Farc le decretaron la guerra al Eln y Gabino me dijo que a veces habían sufrido más bajas de las Farc que del Ejército. Y se les llevan las armas. Ahora, yo estoy especulando sobre los posibles movimientos de esos cohetes, AT4, pero con lo que no especulo es en esta información de la guerra entre ellos.

Y sobre las bases, el presidente Uribe acaba de terminar una gira por siete países, explicó los alcances de la cooperación y recibió un fuerte respaldo. Y Barack Obama acaba de decir que no habrá una base como tal.

¡Qué bueno hubiese sido que Uribe hubiese hecho esa gira antes de anunciar de manera sorpresiva la decisión! Al menos a mí me había prometido, en una de las conversaciones francas que hemos tenido, que Colombia no iba a aceptar un nuevo trato con Estados Unidos de ese tipo. Yo conozco las posiciones de los Gobiernos de América Latina y creo que es unánime el rechazo a que Colombia siga prestando su territorio para que se siga incrementando la presencia militar norteamericana. Uribe ha debido considerar que Venezuela es el país más amenazado de América Latina, si es que quiere tener buenas relaciones. Pero la culpa es de Estados Unidos: Obama está desfigurándose y pulverizando su discurso de Trinidad y Tobago, en el que dijo que las cosas iban a cambiar. Es el mismo imperio.

Usted habla como en los tiempos de Bush, pero ni Obama es igual a Bush ni las relaciones de Uribe con él son tan cercanas como las que tenía con su antecesor. ¿No hay un cambio al menos de matices?

Esto va más allá de la persona de Obama o de Bush. Es un imperio. Lo que pasó en Honduras debería ser una amenaza para los colombianos. El golpe contra Zelaya se planificó en la base militar de Palmerola. Y la luz verde para el golpe la dieron los jefes militares yanquis de esa base. El día de mañana desde esas bases en Colombia se podría planificar cualquier tipo de acción, incluso contra la misma Colombia. Es un arma de doble o de triple filo.

Pero Obama no apoya ni reconoce al gobierno de facto de Honduras...

Pudiéramos decir que Obama no estuvo ni está detrás del golpe militar en Honduras. Pero una cosa es Obama y otra cosa es el imperio. Ojalá me equivoque, pero Obama podría terminar siendo un cero a la izquierda. Pero detrás está la misma maquinaria con su historia triste de atropellos. Obama no apoyó el golpe, pero ha criticado a Zelaya. ¿Para qué? Y la Secretaria de Estado también ha sido ambigua. Ella fue la que le propuso a Zelaya que fuera a Costa Rica a dialogar con los golpistas, y eso legitima el golpe porque le da el mismo tratamiento a Zelaya, el presidente legítimo, y al presidente golpista.

¿Qué tanto lo afectó este golpe en Honduras?

Nos afectó a todos los que queremos una América Latina democrática. Es un golpe contra la posibilidad de que el pueblo opine y de que se abra un periodo democrático más profundo. Es un golpe contra el Alba. Contra todos nosotros.

Este lunes se llevará a cabo la reunión de Unasur. ¿Cómo toma usted la decisión del presidente Uribe de no asistir?

Es lamentable. Esto refleja el estado de debilidad en que se siente el Gobierno de Uribe. Lo menos que ha debido hacer era informar previamente, y no después de armado el alboroto. Ojalá lo hiciera allá y no en una gira muda, que utilicemos el arma de la palabra para resolver este gran problema que se ha generado por culpa de E.U. y también del gobierno de Uribe.

¿Hay algo, sobre la cooperación de Colombia con Estados Unidos, que el presidente Uribe le podría explicar y que permitiría descongelar las relaciones con Colombia? ¿Por ejemplo, como ha dicho el presidente Lula, que la cooperación se limitará al territorio colombiano?

No se trata de lo que Uribe diga o no diga. Estamos hablando del imperio, y el imperio, una vez que se instala, hace lo que le da la gana. Ni siquiera Uribe va a tener control de las acciones que las tropas del imperio desarrollen, incluso con tropas colombianas. Pongo un ejemplo. Aquí el imperio compró a generales para apoyar el golpe de Estado y para traer paramilitares de Colombia. Estoy seguro de que Uribe no se prestó para meter aquí los 200 paramilitares. Pero su ministro de Interior, Fernando Londoño, sí, y el jefe del DAS, Jorge Noguera. El DAS con la CIA organizaron todo. A mí me lo dijeron jefes paramilitares que estuvieron presos aquí, y algunas de esas pruebas están en los expedientes. Yo tengo grabaciones de militares norteamericanos con militares colombianos y venezolanos reuniéndose en Bogotá. Tengo la dirección y la foto del edificio, planificando operaciones contra Venezuela.

¿Por qué cuando empezó la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, con el Plan Colombia, en la época de Bush -que según usted era el diablo-, no hubo razones para congelar las relaciones con Colombia y ahora sí?

Era otra época. Había respeto. Yo con Pastrana jamás tuve un enfrentamiento público, no me sentí irrespetado. Tuve una relación llevadera. Con todas las diferencias, fuimos amigos. En aquellos días no era evidente la amenaza contra Venezuela. Yo tuve una luna de miel (con E.U.) los primeros años; conversaba con Clinton, hasta por teléfono, y fui a la Casa Blanca. No había amenaza inminente. Y, además, Pastrana explicaba.

¿Que acabó la luna de miel: el golpe de abril del 2002?

El golpe, claro. Yo era muy ingenuo y estaba muy infiltrado. Yo pensaba que era posible hacer cambios de verdad, con el apoyo de algunos sectores de la burguesía nacional. El golpe de Estado me enseñó que esta era una revolución antiimperialista y socialista. El golpe ayudó a definir la revolución.

¿Cree que las relaciones con Colombia se pueden arreglar, o estamos abocados al sube y baja de los últimos años?

No saben lo que lamento esta situación. Con Pastrana avanzamos en varias cosas. Yo recibía empresarios, y aumentamos las importaciones desde Colombia. De menos de 1.000 millones de dólares, sobrepasamos los 6.000 millones el año pasado. Y más allá del intercambio comercial, hablamos de complementación y de muchos proyectos sociales. Pero con todos estos golpes que han recibido recientemente las relaciones es muy difícil. Y no es por culpa nuestra. Todas las crisis vienen de Colombia. Nos señalan de todo, y hay colombianos que me consideran una amenaza para su país, lo cual me duele mucho. Yo me siento igual colombiano y venezolano, y amo a esa tierra tanto como la mía. Pero esto de las bases, además, agrava todo. Aparece en el horizonte el demonio de la guerra. Estados Unidos quiere evitar cualquier proceso unitario entre nosotros.

¿Por qué sigue hablando de bases estadounidenses, si el presidente Uribe ha dicho con claridad que no son bases estadounidenses, sino cooperación militar en bases colombianas?

Creo que es una gigantesca ingenuidad pensar eso. Los militares estadounidenses tienen incluso inmunidad. Ningún juez de Colombia puede enjuiciar a ninguno de ellos, y he sabido incluso de un caso de violación. Es ingenuo pensar que los aviones se van a limitar al territorio de las bases. Van a volar libremente. Ni la misma Colombia controlará las rutas, los horarios, las misiones. La información va a ser secreta y van a grabar en territorio venezolano. Van a estudiar nuestras vulnerabilidades. Van a sembrar cizaña, y me van a acusar otra vez de que yo apoyo a la guerrilla. Todo se va a poner más tenso. Se está formando un cuadro severo de amenazas contra Venezuela desde Colombia con la participación del alto gobierno y de los militares.

Pero entonces, ¿no hay salida?

Ojalá Uribe reflexione y eche atrás. Y que explique. Ahora que tenemos el Consejo de Defensa de Suramérica, uno podría decir: bueno, está bien, con estos compromisos, con esta claridad, así como ha habido presencia militar en los últimos años, que haya algo adicional. Uno pudiera convenir, pero hablando y ojalá con todos. Hablando con Lula, con Correa, la Bachelette, la Cristina, Lugo, Tabaré y toda la comunidad.

La guerrilla y el narcotráfico le imponen a Colombia necesidades militares que explican la cooperación con Estados Unidos...

No se justifica. Lula ha planteado que hay que buscar la manera de acordar mecanismos nuestros, soberanos, para luchar contra el narcotráfico. Y sobre las Farc, ningún país de Suramérica dice que son terroristas. Yo no soy el único. Ponen bombas, y cometen actos de guerra, pero son insurgentes. Yo conservo la esperanza de que se abran los caminos de la paz, y quiero insistir en eso. Estoy dispuesto a hacer lo que pueda, a ir donde haya que ir, a hablar con quien haya que hablar, en aras de ayudar a buscar el camino a la paz en Colombia.

Sobre las elecciones colombianas

¿Cómo ve las posibilidades de que Juan Manuel Santos llegue a la Presidencia?

No es asunto mío a quién elijan ustedes como Presidente. Cuando Uribe iba a nombrar Ministro de Defensa, me llamó y me informó. Me dijo, "Yo sé que no es muy amigo suyo, pero yo hable con él y se ha comprometido a que vamos a cuidar las relaciones". Eso te indica mucho, sobre quién es el personaje. En una ocasión dijo que yo soy una amenaza para Colombia más grave que las Farc. Pero los colombianos sabrán a quién eligen.

¿Y si es Piedad Córdoba?

Es mi amiga, pero no tengo opinión. Ese es asunto de ustedes. No me importa cuál es la ideología de un Presidente. Yo he trabajado bien con presidentes de izquierda y de derecha en varios países. Lo que importa no es la ideología sino la voluntad de tener buenas relaciones.

¿Y la posibilidad de otra reelección del presidente Álvaro Uribe?

No quiero opinar. Eso sería meterme en los asuntos internos de Colombia, y así como a mí no me gusta que se metan en cosas venezolanas, no es bueno que yo me meta en cosas colombianas.

¿Se siente un dictador?

Una encuesta dice que el 50 por ciento de los venezolanos lo considera un dictador. ¿Se siente dictador?

Dudo que el 50 por ciento de venezolanos piense eso. Si hay gente que piensa así, el porcentaje debe ser muy bajo. Ahora, por supuesto que no lo soy. He sido electo, reelecto, derrocado y después regresado por el pueblo... estoy muy lejos de ser un dictador. Gobierno democráticamente, y la democracia en Venezuela es más profunda que en otros países latinoamericanos.

¿Cree que sus peleas con medios de comunicación alimentan esa idea?

Más que peleas son posiciones, y el avance de un proceso revolucionario en el marco estricto de la legalidad. Y más a fondo, es un tema económico. A mí me llaman dictador los latifundistas que perdieron sus latifundios, o los que manejaban antes la industria petrolera y la perdieron (...) . Pero lo que pasa es que la burguesía, como en casi todo el mundo, se adueñó de los principales medios de comunicación.

Un día en la campaña del candidato Germán Vargas

El ex senador estuvo en la localidad de Kennedy, una de las más populosas de la capital de la República con cerca de 1,7 millones de habitantes.

Como lo viene haciendo desde septiembre de 2008 cuando inició un recorrido por el país para exponer y nutrir sus tesis del programa de gobierno, Germán Vargas Lleras puso el despertador muy temprano; en su agenda del día figuraba una entrevista a las 7 de la mañana en una radioemisora de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Ese recorrido ha llevado al candidato a la Presidencia de la República a 29 de los 32 departamentos en que está dividido el extenso territorio colombiano. “Todos los municipios, todas las capitales en jornadas que comienzan muy temprano pero no se sabe cuándo acaban”, señaló uno de los colaboradores que lo han acompañado en esta ‘aventura’.

Pues aunque suene fuera de lugar esa palabra en estos tiempos en que la política se volvió mediática e incorpora conceptos de marketing que pueden hacer de un político una verdadera celebridad, varios de los candidatos y precandidatos que aspiran al solio de Bolívar se han embarcado en la ‘aventura’ de recorrer el país.

Así lo ha querido Germán Vargas, tal vez emulando a su abuelo, el presidente Carlos Lleras Restrepo, de quien se dice que como candidato y primer mandatario de la República recorrió el país en 96 ocasiones.

La toma de Kennedy

Cerca de medio centenar de ciudadanos y varios ediles de Kennedy esperaban impacientes la llegada de Vargas Lleras a las instalaciones de la Junta Administradora de esta localidad (JAL). El reloj frisaba las 10 de la mañana pero nada que aparecía el candidato.

La agenda era apretada pues después de la entrevista en la radioemisora tenían una actividad de volanteo (entrega de volantes) en Corabastos y luego un desayuno con los empresarios de esa central de abastos.

Por fin sonó el celular de Hernando Ávila, uno de los dos ediles que tiene Cambio Radical en la JAL de Kennedy, y quien invitó a Vargas Lleras a este recinto. –Que ya viene el candidato –dijo Ávila suspirando aliviado.

Vargas Lleras sorprendió al llegar a varios de los asistentes que tienen la imagen de su época de senador y de las entrevistas que ha brindado a la televisión, es decir, de saco y corbata. El candidato vestía jean y chaqueta.

De entrada el ambiente no era fácil para Vargas Lleras por aquello de las incompatibilidades ideológicas. Cuatro de los ediles –incluyendo al presidente– son del Polo.

Vargas Lleras y Cambio Radical fueron bastiones del presidente Uribe en sus dos primeros períodos de gobierno, pero ahora Vargas y la mayoría de esta colectividad han puesto tierra de por medio con el Jefe de Estado porque no comparten un tercer período presidencial. Sin embargo, Vargas Lleras destaca varios aspectos del actual mandato, como la seguridad democrática, pero señala que es hora de pagar la deuda social con el pueblo colombiano.

Los ediles del Polo preguntaron a Vargas Lleras por algunos de los temas que hoy enfrentan al uribismo y a la oposición. –¿Cuál será la solución que como presiente usted le dará al conflicto interno y la posibilidad de una salida negociada? –le inquirió el edil Édgar Ordóñez. Vargas Lleras le dijo que continuará con la política de seguridad democrática y la complementará en lo que tiene que ver con seguridad urbana y fronteriza. En cuanto a la salida negociada, dijo que “terminó esa posibilidad en el corto y mediano plazo con la entrada en vigor de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Colombia” para los delitos de guerra y de lesa humanidad. Añadió que no se repetirán los indultos que disfrutaron organizaciones como el M-19 y el Quintín Lame.

Tras su visita a la JAL de Kennedy, el aspirante presidencial se enfrentó al reto de ir a las calles de la localidad a buscar al ciudadano de a pie para entregarle un folleto, el cual abre con su foto y la leyenda: “Mejor es posible, mejor Vargas Lleras”. Acompañado de su equipo de campaña, escogieron una de las avenidas más comerciales de la localidad.

El candidato se apeó de la camioneta blindada y vino el momento de mayor estrés para el cuerpo de escoltas. No es nada fácil proteger a una persona que ha sufrido dos atentados contra su vida.

–Venga, llévese el folleto –le dijo el ex senador a una transeúnte que se mostraba indiferente. Por fin la convenció y con una sonrisa se despidió. Otros lo reconocieron y no solo le recibieron el folleto, sino que le dijeron que contara con su voto.

Vargas Lleras recorría la acera, entraba en los locales comerciales, saludaba, invitaba a la gente a conocer su programa de gobierno.

Una escena como esta se repetirá muchas veces más en Bogotá y otras regiones de Colombia a donde Vargas Lleras irá, pues todavía hay mucho por trabajar en los nueve meses de campaña que faltan.

Los coequiperos en las campañas presidenciales

Ex ministros, ex funcionarios y profesionales con amplia hoja de vida hacen parte del equipo de aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.

Poco se conoce de las personas que están detrás de las campañas presidenciales, también llamados coequiperos o asesores, que en sus manos tienen la tarea de crear el contenido de los programas de gobierno de los precandidatos y de hacerlos llegar a la comunidad en general.

Sin embargo, no es trabajo de dos o tres personas, es labor de decenas de individuos que manejan desde la logística de visitas a varios puntos del país, hasta la elaboración de los discursos.

Estos son los primeros staff de las campañas presidenciales que publicará este Diario:

Germán Vargas Lleras

Director de campaña: Germán Vargas Lleras.

Asesores de campaña: Grupo de asesores americanos especializados en marketing político con experiencia en otras campañas.

Asesor programático: Andrés Villamizar.

Coordinador de grupos de estudio: Rafael Merchán (director de la Fundación Carlos Lleras Restrepo).

Rafael Pardo

Director nacional de campaña: Juan Fernando Cristo (senador).

Gerente de campaña: Gloria Ospina (fue asesora del Ministerio de Defensa).

Coordinación de estrategia: María Alejandra Villamizar (periodista).

Dirección de comunicaciones: Marilyn López.

Jefe de giras: Jaime Hernández (secretario de Juventudes Liberales).

Coordinador programático: Carolina Fierro.

El equipo cuenta con cerca de 30 miembros.

Andrés Felipe Arias

Gerencia de campaña: Beatriz Uribe (ex presidente de Camacol).

Asesor estratégico: Camilo Rojas (ha sido asesor de campañas nacionales e internacionales).

Asesor exterior: Roberto Junguito (ex ministro de Hacienda).

Asesor político: Fernando Arbeláez (ex viceministro de Agricultura).

Estrategia de prensa: Ángela Soto.

Asesora de prensa: Isis Durán.

Luis Eduardo Garzón

Gerente y coordinador de finanzas: Enrique Borda (fue secretario general en la administración de Luis Garzón).

Coordinador programático: Edgar Ruiz (ex parlamentario y secretario privado de Garzón cuando fue alcalde de Bogotá). Tiene a su cargo 20 expertos en distintos temas.

Jefe de comunicaciones: Carlos Alberto Junca (periodista).

Coordinador de relaciones públicas: Carolina Gast.

Coordinador de juventud: Eduardo Andrés Garzón (hijo del ex alcalde de la capital).

Coordinadora de giras: Constanza González.

El equipo de la campaña de Luis Eduardo Garzón cuenta con 25 personas.

Martha Lucía Ramírez

Gerente de campaña: Isabel Londoño (consultora).

Directora administrativa y financiera: Natalia Gil.

Coordinadora de prensa: Andrea Lozada Zafra.

El referendo reeleccionista entró en la etapa contrarreloj

Los presidentes de Senado y Cámara afrontan la que podría ser la semana definitiva para la suerte de la iniciativa.

Esta semana será crucial para el futuro del referendo reeleccionista, pues el llamado a rendir versión libre por parte de la Corte Suprema a los 86 representantes investigados por posible prevaricato le pone un ingrediente adicional a la preocupación de los congresistas sobre si deben declararse impedidos para votar la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara.

Ya la semana pasada, las declaraciones del registrador Carlos Ariel Sánchez en el sentido de que la certificación de que se respetaron los topes financieros en la campaña de recolección de firmas era un prerrequisito para tramitar la iniciativa, otorgó argumentos en contra de los legisladores investigados por la Corte.

En todo caso, los presidentes de Senado y Cámara, Javier Cáceres y Édgar Gómez, respectivamente, deben ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de sortear las renuncias e inhabilidades que pesan sobre la comisión conciliadora.

Solo una parte de los conciliadores nombrados por sus antecesores, Hernán Andrade y Germán Varón, han firmado los informes de conciliación que dirimen las diferencias en lo aprobado en cada cámara.

Por lo pronto, Gómez ha señalado que “yo no llegue a la presidencia de la Cámara para atravesarme o ser un obstáculo en el desarrollo de la legislatura. Por el contrario, considero que la legislatura debe avanzar”.

Investigación La decisión de la Corte se tomó el jueves, poco después que se diera a conocer, en respuesta a una solicitud de una treintena de los investigados, que los magistrados no se declararían inhibidos para continuar con la investigación, sino que, por el contrario, la comisión de magistrados investigadores, integrada por Jorge Luis Quintero, María del Rosario González y Yesid Ramírez, continuarían las pesquisas porque aún faltan elementos para determinar si los legisladores tuvieron alguna responsabilidad penal por su decisión y se debían practicar más pruebas. Los congresistas habían afirmado que su voto es inviolable y que con base en el principio de confianza legítima, los representantes podían votar a favor del referendo, pese a que la Registraduría no había certificado si la campaña de recolección de firmas respetó los topes de financiación previstos en la ley.

A propósito, en su decisión, la Corte anunció que también llamará a rendir versión libre al registrador Sánchez.

Entre los 86 representantes investigados existe el temor de resultar afectados penalmente si vuelven a apoyar la iniciativa en la etapa que falta de la conciliación.

Referendo “atorado”: Cáceres

EL NUEVO SIGLO: ¿Seguirá ‘atorado’ el referendo?

JAVIER CÁCERES: Bueno, yo he dicho que está atorado. Y está atorado con los conciliadores. No ha avanzado. No han presentado este informe de conciliación, y me imagino que no tienen todas las firmas.

E.N.S.: ¿Firmas en la conciliación? ¿Cómo va eso?

J.C.: Sí, es decir, las firmas que dan la mayoría en cada informe de conciliación. Creo que en el Senado existen unas 15 firmas y, si mal no estoy, el informe de conciliación de Cámara tiene 12.

E.N.S.: Así las cosas, ¿cómo está el referendo en cuanto a tiempo?

J.C.: Lo sigo viendo atorado. Yo creo que si entre el 15 y el 18 no se ha rendido el informe de conciliación, indudablemente esta iniciativa popular ya no va a tener los tiempos para salir del Congreso, ingresar a la Corte, salir de la Corte Constitucional.
El señor Registrador ha dicho que necesita entre tres y cuatro meses para montar toda esta situación administrativa en torno a la consulta popular que se va a hacer. Y esto estaría diciendo que estaremos llegando a las elecciones de marzo sin la posibilidad de referendo.

E.N.S.: La conciliación del texto que cambió el Senado con respecto al aprobado en Cámara es un tema. El otro es el de la certificación de las cuentas de la recolección de firmas.

J.C.: Creo que quien ha manejado el referendo no ha sabido hacer la pregunta para que no haya duda y tampoco ha sabido presentar las cuentas, pero es un problema de la persona que tuvo a cargo el referendo.

Conciliación en pausa: Gómez

EL NUEVO SIGLO: La semana comienza con el llamado a versión libre por parte de la Corte Suprema.

EDGAR GÓMEZ: Yo creo que básicamente es lo que se ha tenido desde un comienzo. Es una indagación preliminar que la Corte ha iniciado y que va a concluir después de recaudar una serie de pruebas que le permitan tomar una decisión al respecto.

E.N.S.: La Corte anunció el llamado a versión libre el mismo día que rechazó declararse inhibida en el caso de los 86 representantes investigados, entre los cuales se encuentra usted.

E.G.: Yo siempre he creído que toda esa serie de peticiones y solicitudes han sido inconducentes.

E.N.S.: Mañana se apelará ante la plenaria la negativa de la Comisión de Ética a aceptar una recusación en su contra.

E.G.: Lo que me ha dicho el presidente de la Comisión de Ética es que esa apelación es improcedente. Pero hasta el martes que no se me oficie a través de la Secretaría General, no puedo realmente mirar la situación. Yo creo que el martes ya la Comisión tendrá que entrar a ver si acepta o no acepta la apelación; de ser así, pues la van a llevar a la plenaria y se determinará si se acepta o no.

E.N.S.: ¿Es lo que falta por resolver para mover la conciliación del referendo?

E.G.: Sí. Y una vez resuelto ese tema, pues entraremos a buscar los trámites pertinentes. Espero que se tome una decisión en torno a esa recusación, que eso se defina de manera clara y precisa, para saber si se mantiene esa recusación o si, por el contrario, no se encuentra fundada la recusación y puedo empezar a desarrollar el trabajo conforme me lo ordena el reglamento interno. Necesariamente yo debo, en primer lugar, saber cuál va a ser mi parte personal, si voy a poder participar o no.

E.N.S.: Sería una complicación más en el proceso del referendo.

E.G.: Bueno, para nadie es un secreto las dificultades que ha tenido el trámite de este proyecto de ley.

Colombia ha celebrado más de 30 elecciones atípicas

Estos comicios han convocado a cerca de 1.300.000 colombianos en los últimos 18 meses.

LAS ÚLTIMAS elecciones ordinarias en el país se celebraron el domingo 28 de octubre de 2007, cuando se eligieron gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, y de acuerdo con el cronograma electoral, a partir de esa fecha el país entraría en una especie de “receso electoral”, hasta el 14 de marzo de 2010, cuando se celebrarán las elecciones de Congreso de la República.

Sin embargo, de acuerdo con los datos suministrados por la Registraduría, entre el año pasado y lo corrido de 2009 se han celebrado más de 30 elecciones atípicas de alcaldes, gobernadores, ediles y representantes a la Cámara, en comicios que han involucrado un potencial electoral cercano a 1.300.000 ciudadanos habilitados para votar, y se prevé que sigan programándose nuevas elecciones atípicas en los próximos meses.

Motivos

Según la Registraduría, las elecciones atípicas son eventos electorales que se realizan por fuera del calendario electoral ordinario, con el fin de cubrir una vacancia definitiva y elegir una autoridad por el tiempo que resta del período constitucional del cargo, cuando esta vacancia se registra faltando 18 meses o más para la terminación del período.

Una vez se declara la vacancia definitiva del cargo o curul, el gobernador o el presidente, según el caso, expide el acto administrativo correspondiente en el que se convoca a nuevas elecciones y se fija la fecha de realización de comicios. Con base en esta fecha, la Registraduría elabora el calendario electoral y adelanta la preparación logística y técnica para la celebración de la elección atípica.

De las 34 elecciones atípicas celebradas o programadas en el 2008 y lo corrido de este año, 24 corresponden a elección de alcalde y otras cuatro a elección simultánea de alcalde y concejo municipal, en los nuevos municipios de Norosí (Bolívar), San José de Uré y Tuchín (Córdoba), así como en Argelia (Cauca), en donde por presiones de grupos armados al margen de la ley ningún ciudadano se acercó a sufragar en los comicios de 2007. Otros tres comicios se han celebrado para complementar Juntas Administradoras Locales, dos para suplir vacancias definitivas de gobernador, en Arauca y Amazonas, y dos más para elegir representantes a la Cámara por los departamentos de Caquetá y Guainía.

Entre otras causas que originan la vacancia definitiva están, en primer lugar, las 14 sentencias de segunda instancia que han declarado la nulidad de la elección del mandatario, de las cuales seis fueron proferidas por el Consejo de Estado y ocho por los tribunales administrativos de la jurisdicción correspondiente.

Se posesionó Gabriel Silva como ministro de Defensa

Debido a las malas condiciones climáticas que imperaban ayer en Boyacá, Uribe canceló su desplazamiento a Tunja, donde se iba a realizar la formalidad.

COMO NUEVO ministro de Defensa Nacional se posesionó ayer Gabriel Silva ante el presidente Álvaro Uribe, en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

Debido a las malas condiciones climáticas que imperaban esta mañana en esa zona del centro del país, Uribe debió cancelar su desplazamiento a Tunja, Boyacá, donde se iba a realizar la posesión de Silva.

Silva fue nombrado ministro de Defensa a través del Decreto 2948 del 7 de agosto de 2009. En la posesión estuvieron presentes el vicepresidente Francisco Santos y los ministros del Interior, Fabio Valencia; de Comunicaciones, María del Rosario Guerra; y de Educación, Cecilia María Vélez. Así mismo, asistieron el comandante general de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla; el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante David René Moreno; el comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Ballesteros; el comandante de la Armada Nacional, almirante Guillermo Barrera; y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo.

El nuevo ministro de Defensa también estuvo acompañado de su familia.

Cafetero

En su carta de renuncia a la Federación Nacional de Cafeteros, Silva dijo que su nombramiento “me ha llevado a tomar esta decisión que me entristece por el amor que profeso por los caficultores de Colombia, pero me llena de alegría que puedo seguir sirviendo a mi Patria y a ustedes mis amigos”.

Precisamente durante un acto de despedida de los cafeteros, Silva les agradeció a los comandantes de las Fuerzas Militares por su compañía y les hizo un llamado a seguir el ritmo que hasta ahora lleva la seguridad democrática: “Veo en el auditorio a muchos de mis nuevos colegas; prepárense”.

“Vamos a arrancar con el pie izquierdo. Así es como se marcha correctamente, avanzando con el pie izquierdo”, añadió.
En esta reunión estuvo presente el ex presidente César Gaviria.

Retos

Silva asumió el Ministerio en un momento bastante difícil, con las cifras mostrando retrocesos en seguridad por primera vez en el gobierno Uribe, con los índices de inseguridad particularmente disparados en algunas de las principales ciudades y con nuevos grupos armados ilegales en plena expansión; además, tendrá que comenzar a ejercer mientras se ultiman los detalles de las negociaciones de la presencia militar norteamericana en bases militares colombianas.

Hace poco, hablando de sus retos, Silva le dijo a Yamid Amat que “no se puede permitir que el terrorismo o sus aliados interfieran en la expresión soberana de la voluntad popular”.

En esa entrevista, Silva confesó que “siempre había soñado” con ser ministro de Defensa, porque le parecía “que es de las responsabilidades más grandes desde el punto de vista de lo que le puede uno aportar a los colombianos; es que la crisis de Colombia ha sido la crisis de la seguridad”.

Sobre la cartera recibida, Silva manifestó que “la situación es bastante diferente a la que recibí en la Federación. Hay desafíos muy grandes y delicados, pero sé que tengo el privilegio de llegar al Ministerio cuando está en su mejor momento”.

Al enumerar esos desafíos, mencionó “la consolidación de la seguridad democrática, llevarla a todos los rincones, defender la integridad territorial y la soberanía”, precisando que “todos” le preocupan, “pero me inquieta que el proceso electoral y la democracia se conviertan en objetivo militar interno y externo. No se puede permitir que el terrorismo o sus aliados interfieran en la expresión soberana de la voluntad popular”.

Bases de EU en Colombia son un “mito”: Obama

“Esa declaración no se apoya en los hechos (…), tenemos un acuerdo de seguridad (…) durante muchos años y lo hemos actualizado”

NO HAY intención de Estados Unidos de establecer bases militares en Colombia, afirmó ayer el presidente norteamericano Barack Obama.

“Creo que es un buen momento para despejar el mito de que estamos estableciendo bases militares estadounidenses en Colombia. Esa declaración no se apoya en los hechos, así es que seamos absolutamente claros de que tenemos un acuerdo de seguridad con Colombia durante muchos años y lo hemos actualizado”, explicó Obama.

El presidente de Estados Unidos agregó que el acuerdo que negocia con Colombia es para mejorar los lazos de cooperación.

Obama hizo esas declaraciones en una rueda de prensa en la Casa Blanca con un grupo reducido de medios de comunicación en español, entre ellos la agencia española EFE, convocado con motivo de la Cumbre de Norteamérica que se celebrará este fin de semana en Guadalajara, México.

Mediación

De otra parte, la mediación de la ex canciller María Emma Mejía en el diferendo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, a causa del acuerdo militar para que Estados Unidos utilice bases colombianas, fue propuesto por el presidente venezolano Hugo Chávez.

La propuesta fue ventilada ayer por el propio Chávez durante una reunión de su Partido Socialista Unido, transmitido por el canal estatal VTV, al referirse a su encuentro de la víspera con el ex presidente colombiano Ernesto Samper: “Le dije a Samper, mándala para que sea negociadora en este conflicto. Vamos a desuribizar el diálogo con Colombia”.
“Están montando un teatro de operaciones contra la revolución venezolana, la ecuatoriana y la nicaragüense”, aseveró Chávez.

En sus declaraciones, Chávez insistió en pedirle a Uribe que acuda a la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se celebrará el lunes en Quito: “Que vaya a Quito, que dé la cara. El tema de las bases es para discutirlo en Suramérica como dijeron los presidentes Lula, Bachelet y Cristina”.

Desconfianza

El ex presidente Samper consideró ayer que el enfrentamiento actual entre Bogotá y Caracas es consecuencia de una “crisis de confianza” mutua y de un “problema de comunicación”.

“No hemos logrado crear un entorno de confianza que permita que este tipo de temas se tramiten tranquilamente, sin necesidad de tener que irse a declaraciones de asuntos mediáticos”, declaró Samper luego de entrevistarse el jueves con Chávez.

Samper dijo que confía en que la posibilidad de que gobernadores, empresarios y “sectores de opinión” de Colombia acudan a Caracas para exponerle a Chávez sus opiniones sobre las consecuencias de una crisis como la actual pueda ayudar a mejorar la situación.

Chávez dijo el jueves que está dispuesto a recibir a autoridades colombianas fronterizas, a periodistas y a representantes de esa región, a ambos lados de la frontera.

Uribe terminó, ese mismo día, una gira por varios países de la región para explicar el acuerdo con Estados Unidos, pero aún está por verse si consiguió o no conjurar las tensiones entre los vecinos.

Tras críticas a la negociación con Washington expresadas por los presidentes, como el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, y de Chile, Michelle Bachelet, que han sido tradicionalmente cercanos a Colombia, Uribe emprendió el martes un periplo que lo llevó en menos de 72 horas a Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil para entrevistarse con sus pares de esos países.

Cámara analizará citación de Corte a 86 congresistas

Igualmente, el martes la plenaria determinará si acepta o no la recusación contra el representante Édgar Gómez.

NUEVAMENTE SE podría empantanar la conciliación del referendo reeleccionista, como consecuencia de la decisión del jueves pasado, de la Corte Suprema de Justicia de llamar a rendir versión libre a los 86 representantes que investiga de forma preliminar por prevaricato por haber votado esta iniciativa en diciembre pasado, a pesar de que presuntamente no se podía tramitar porque le faltaba una de las dos certificaciones que debe expedir el Registrador Nacional.

Antes de que se conociera esta decisión, la mesa directiva de la Cámara de Representantes había convocado a una reunión para el próximo lunes, con los voceros de las diferentes bancadas, con el objeto de analizar la legislatura y el referendo. Además estaba de por medio el precedente que la Comisión de Ética de la Cámara había negado el miércoles anterior la recusación contra el presidente de la Corporación, Édgar Gómez, que le había impedido hasta ese momento llenar las bajas que se presentaron en la comisión conciliadora por renuncias, lo cual tenía paralizado el referendo.

Sin embargo, el llamado a declarar de la Corte a los 86 representantes cambia de plano el panorama, que se manifestará primero en la citada reunión del lunes.
“Nosotros convocamos antes de conocer esta decisión, una reunión extraordinaria para el próximo lunes, que tenía por objeto mirar de manera global la legislatura en este primer semestre, pero necesariamente vamos a tener que tocar este nuevo hecho que aparece antes de ponerse en estudio la conciliación en la plenaria, y tendríamos que mirar y analizar cuál va a ser la determinación de la mesa directiva al respecto”.

Como parte de la investigación contra los 86 representantes, la Corte también decidió llamar a rendir versión libre al registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, quien esta semana ratificó que el referendo reeleccionista necesitaba de dos certificaciones suyas para que pudiera ser tramitado en el Congreso. Requisito que no se ha cumplido pues el funcionario apenas certificó el número de firmas que avalaban esta iniciativa popular, pero la financiación del referendo y si cumple los topes establecidos, no han sido certificados porque el Registrador tiene dudas en cuanto a las cuentas que le presentó el comité promotor del referendo.

También la Corte solicitó una inspección judicial al Consejo Nacional Electoral con el objeto de analizar el material visual y la documentación atinente a la financiación del referendo, sobre lo cual ya hay una ponencia del magistrado Joaquín José Vives, quien conceptuó después de una investigación que duró más de tres meses, que los topes de financiación de la campaña para la recolección de firmas fueron violados.

A la decisión de la Corte Suprema de llamar a rendir versión a los 86 parlamentarios, antecedió la respuesta que este Tribunal le dio a una solicitud de 35 de los representantes investigados, quienes le pidieron archivar la investigación preliminar en su contra. La Corte señaló que requería analizar más pruebas antes de tomar una decisión.

La investigación contra los 86 representantes se deriva de una demanda por prevaricato que presentó el parlamentario del Polo, Germán Navas Talero, en enero pasado, fundamentada en que, según él, sus homólogos votaron en la plenaria de la Cámara el proyecto de referendo, a sabiendas de que le faltaba una certificación del Registrador para su trámite legislativo.

Sin embargo, sólo hasta mayo pasado la Corte empezó a recabar pruebas, cuando por medio de una carta le solicitó a la secretaría de Cámara certificar el nombre de los 86 representantes. La investigación empezó en firme el 23 de junio pasado, cuando una magistrada auxiliar, delegada por el alto Tribunal, estuvo recopilando documentación en la secretaría de la Comisión Primera de Cámara y la secretaría de la Comisión primera de Senado.

Reacciones de congresistas

El presidente de la Cámara, Édgar Gómez, no fue sorprendido por la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “Yo creo que básicamente es lo que se ha tenido desde un comienzo, es una indagación preliminar que la Corte ha iniciado y que va a concluir después de recaudar una serie de pruebas que le permitan tomar una decisión al respecto”.

Sin embargo, Gómez se mostró cauto sobre el futuro del referendo la semana entrante, considerando que a la decisión de la Corte se suma una apelación al fallo en que la Comisión de Ética niega la recusación en su contra. “Lo que me ha dicho el Presidente de la Comisión de Ética es que esa apelación es improcedente pero hasta el martes que no se me oficie a través de la secretaría general, no puedo realmente mirar la situación. Yo creo que el martes ya la Comisión tendrá que entrar a ver si acepta o no acepta la apelación, de ser así pues la van a llevar a la plenaria y se determinará si se acepta o no y una vez resuelto ese tema pues entraremos a buscar los trámites pertinentes”.

En tanto que para el representante Heriberto Sanabria, “el escenario sigue siendo el mismo, la Corte está ejerciendo su competencia constitucional como juez natural que tiene frente a los congresistas, incluso no tiene porqué declararse inhibida, la Corte tiene un mandato constitucional como es investigar a los congresistas y actuar en derecho, actuar conforme a las garantías procesales a las normas y garantías constitucionales, y el Congreso debe cumplir con su deber como es el de legislar conforme a la Constitución y la Ley”.

Tampoco para la representante Lucero Cortés el escenario cambia con la reciente decisión de la Corte. “En mi caso particular esperaré a que se dé la conciliación. Yo pensaría que de todas formas habrá congresistas que con esta nueva respuesta que ha dado la Corte pues se van a inhibir de votar ese referendo”.

A su turno el demandante, Germán Navas Talero, señaló que la nueva decisión de la Corte no tiene por qué frenar el curso del referendo. “Nadie les ha prohibido votar a ellos. Si quieren o no votar es de la autonomía de ellos”. Opinó que tampoco se puede considerar que la investigación presione la decisión de los congresistas a la hora de votar la conciliación del referendo. “Yo no estoy presionando a nadie y creo que tampoco la Corte los esté presionando. Si observan temores, hay un dicho popular que dice que cada quien es dueño de su propio miedo”.

Finalmente, el senador Édgar Espíndola consideró que la determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puede incidir en la decisión de los congresistas a la hora de votar. “Pues a mí me parece que cuando la Corte Suprema llama, automáticamente le genera un vínculo que podría verse en que algunos representantes se sientan impedidos a la hora de votar la conciliación, es lo que podría ocurrir”.

Brasil pide garantizar operaciones de bases sólo en Colombia

Esa garantía también sería solicitada al Gobierno de Estados Unidos, señaló el canciller brasileño

EN LA última parada del periplo del presidente Uribe por siete países suramericanos para explicar los alcances del acuerdo en seguridad y defensa que Colombia negocia con Estados Unidos, el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva se mostró respetuoso de las decisiones soberanas de cada nación, sin embargo, solicitó garantías de que las operaciones de siete bases en donde estaría acantonado personal norteamericano se limiten al territorio colombiano.

El canciller brasileño Celso Amorim informó a la prensa que el pedido brasileño “fue mencionado” en la reunión con Uribe en Brasilia, capital de Brasil, y que el tema requerirá de otras consultas “no solo con Colombia, también con Estados Unidos”.

Tras la reunión Uribe se dirigió a los periodistas apenas para expresar “el agradecimiento por el diálogo amplio” con las autoridades brasileñas.

Brasil ha sido uno de los países que más abiertamente ha objetado el acuerdo que, según Estados Unidos y Colombia, se restringe al combate al terrorismo y al narcotráfico.

“A mí no me agrada una base estadounidense más en Colombia”, afirmó la semana pasada el presidente Lula. Con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el brasileño pidió que se convoque el Consejo de Defensa Sudamericano y el tema será abordado la semana próxima en Quito durante una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a la que ni Uribe ni el canciller Jaime Bermúdez asistirán.

Uruguay criticó el acuerdo

Antes de Brasil, el Presidente colombiano estuvo ayer en Uruguay para reunirse con su par Tabaré Vázquez. Allí, Uribe le explicó detalles del acuerdo militar que negocia con los norteamericanos, ante lo que el mandatario uruguayo respondió que su país observa el principio de “no intervención”, aunque es “contrario” a la presencia militar extranjera.

Un comunicado emitido por la cancillería uruguaya tras el encuentro señaló que “Vázquez manifestó (a Uribe) la plena observancia del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados como eje fundamental en las relaciones internacionales” de Uruguay.

No obstante, indicó que “Vázquez reiteró la posición histórica del Uruguay contraria a la existencia o establecimiento de bases militares extranjeras no sólo en el país, sino también en cualquier territorio de América Latina”.

De esta forma Uribe finalizó la gira por siete países para explicar por separado a los presidentes de la región, con excepción de Venezuela y Ecuador con los que Colombia atraviesa crisis diplomáticas, el acuerdo militar que está por suscribir con Estados Unidos, y no en el escenario de la Unasur, como lo propusieron los mandatarios de Chile y Brasil.

Antes de Brasil y Uruguay, el balance de la gira para el Gobierno colombiano presentó unas de cal y otras de arena. Alan García, presidente de Perú, respaldó la gestión de Uribe sin hacer mención directa al acuerdo con Estados Unidos; Michelle Bachelet, mandataria de Chile, se mostró respetuosa por las decisiones colombianas pero reiteró que temas de esta envergadura deberían ser analizados en el seno de Unasur.

Por su parte, Evo Morales, presidente boliviano, rechazó de plano el acuerdo y anuncio que su país presentará una propuesta en Unasur para prohibir bases norteamericanas en la región. Cristina Kirchner, mandataria de Argentina, dijo que es necesario bajar el nivel del conflicto en la región, y que decisiones como la de las bases no aportan en este sentido; por su parte, el presidente Fernando Lugo, de Paraguay, dijo que su país es respetuoso de las decisiones internas de Colombia.

Piden sensatez y coherencia para no dividir conservatismo

“No es lógico que quienes buscan una candidatura en el Partido propongan construir otro diferente”: Carlos Holguín.

EN MEDIO de las fuertes reacciones por la posibilidad de que algunos conservadores formen un nuevo partido político, surgió un llamado a la sensatez y la coherencia para asegurar la unidad dentro de la colectividad.

“Es una falta de sensatez y coherencia si deciden destruir el Partido o dividirlo, pues están atentando contra sus propias aspiraciones, que son legítimas y tienen algún espacio dentro del Partido; pero destruyendo el Partido no van a sacar absolutamente nada”, manifestó el precandidato presidencial conservador Carlos Holguín.

Poco antes de conversar con este Diario, Holguín expidió un comunicado en el que señala que “no es lógico que quienes buscan una candidatura en el Partido propongan construir otro diferente”.

Tras elogiar la respuesta del Directorio Nacional Conservador, les pidió a sus integrantes tener firmeza en la conducción del Partido y no dar bandazos: “Como he advertido desde hace muchos meses, el Partido debe resolver, ante todo, el tema del referendo, apoyarlo sin esguinces y liderar incluso su expedición por el Congreso de la República. Y solo en el evento de que esa expedición no se dé, continuar con la consulta en la fecha prevista”.

“A nadie le sirve dividir al conservatismo en función de satisfacer aspiraciones personales, pues con este dividido ninguna aspiración personal llegará a concretarse”, dijo Holguín en su declaración.

En su diálogo con este Diario, Holguín se refirió no solo a lo del “nuevo partido”, sino a “ese cuento de aplazar la consulta para que entre Noemí”.

Holguín se preguntó: “Los que están en el juego ese del aplazamiento de la consulta para que entre Noemí, ¿por qué no le ofrecen el respaldo político suficiente que ellos tienen?”, en referencia a “los senadores que la apoyan”.

Para Holguín, “con la popularidad de ella”, la ex embajadora Noemí Sanín “tiene muchos alcances en la consulta”.

En el comunicado, el aspirante vallecaucano invitó a los amigos de Sanín “a que la convenzan a entrar en la consulta, donde con el apoyo de la importante maquinaria política de esos senadores, más su popularidad, tendría mucho chance”.

“No me voy”

El precandidato Andrés Felipe Arias manifestó que todo el escándalo de la formación de otro partido parte de una tergiversación: “Nada. A mí me preguntaron y dije ‘ahí hay un ambiente de gente que quiere armar un partido; pero yo no me voy del Partido, yo tengo que ir a ganar esa consulta’”.

Arias insistió en que no se va del Partido Conservador: “Obvio. Yo dije ‘yo no me salgo, yo me quedo en mi partido. Yo quiero seguir adelante con el Partido’”.
Sin embargo, aclaró: “Lo que no podemos es dejar que se nos vaya la gente, porque yo sí veo gente descontenta”.

Para frenar dicha insatisfacción, Arias consideró que hay que “lograr que el Directorio no siga cambiando reglas del juego”.

Y concluyó: “Yo voy a dar la batalla como sea con las decisiones que tome el Partido. Yo de ahí no me voy. Muchos quisieran, pero yo no me voy”.

La controversia sobre este tema se desató cuando Arias, en diálogo con periodistas, se refirió a lo que “sería un partido que reúna las fuerzas del uribismo que, o de pronto no pueden estar en el Partido Conservador, o no pueden estar en el partido de La U; ahí hay sectores de Cambio Radical, hay sectores del mismo Partido Liberal y hay otro tipo de partidos, y esto apenas está empezando a formarse”.

Según versiones de prensa, el precandidato conservador habría hablado antes sobre el tema con altos funcionarios del Gobierno y hasta habría sostenido una conversación telefónica con el propio presidente Uribe. Sin embargo, esas informaciones no fueron confirmadas oficialmente.

“A dedo”

Por su parte, el precandidato José Galat, en conversación con este Diario, adjudicó el peligro divisionista a la nostalgia de algunos dentro del conservatismo, de los “viejos tiempos” cuando “las roscas de caciques y gamonales” eran las “que elegían a dedo al candidato a la Presidencia de la República y no la base popular”.

Según Galat, “ahora se intenta escamotear el derecho del pueblo a elegir su primer mandatario de la Nación. La torpe maniobra consiste en cambiar la consulta por una amañada encuesta”.

El aspirante consideró que este plan está dirigido “por el alto dedo de jefes agazapados a la sombra” y que “si el Directorio Nacional del Partido se presta a ejecutar esta trampa, lanzaría al Partido a una división de deplorables consecuencias. Una de ellas, el proyecto del señor Arias de organizarse en tolda aparte del Partido”.

Rectificación

La víspera, el Partido Conservador había rechazado la pretensión de crear un partido político distinto.

En un comunicado de cuatro puntos, el Directorio Nacional Conservador dijo que la colectividad en su historia de 160 años ha sido gestora de la vida nacional y ha sido bastión para las dos elecciones del presidente Álvaro Uribe, pero que esa situación no le hace perder su identidad: “Los partidos no se crean o se descrean al vaivén de las coyunturas, mucho menos un partido con la fortaleza e historia del Partido Conservador, cuyas bases acompañan entusiastas sus propuestas y acompañarán su proceso de selección de un candidato presidencial propio”.

Corte llamó a versión libre a 86 indagados por referendo

El alto Tribunal investiga si los legisladores que votaron la reelección en diciembre prevaricaron o no

LOS 86 representantes investigados preliminarmente por haber votado el referendo en diciembre pasado serán llamados a rendir versión libre dentro del proceso que les sigue la Corte Suprema para determinar si prevaricaron o no, al tramitar la iniciativa sin llenar todos los requisitos para ello.

La decisión la tomó ayer el alto Tribunal, poco después de que se diera a conocer, en respuesta a una solicitud de una treintena de los investigados, que los magistrados no se declararían inhibidos para continuar con la investigación, sino que por el contrario la comisión de magistrados investigadores, integrada por Jorge Luis Quintero, María del Rosario González y Yesid Ramírez, continuarían las pesquisas porque aún faltan elementos para determinar si los legisladores tuvieron alguna responsabilidad penal por su decisión, y se debían practicar más pruebas.

Los congresistas habían afirmado que su voto es inviolable y que con base en el principio de confianza legítima, los representantes podían votar a favor del referendo pese a que la Registraduría no había certificado si la campaña de recolección de firmas respetó los topes de financiación previstos en la ley.

A propósito, en su decisión de ayer, la Corte anunció que también llamará a rendir versión libre al registrador Carlos Ariel Sánchez.

Entre los 86 representantes investigados existe el temor de resultar afectados penalmente si vuelven a apoyar la iniciativa en la etapa que falta de la conciliación.

Abogados

En la mañana, luego de una reunión del ministro del Interior, Fabio Valencia, con congresistas de la bancada del Gobierno para discutir las condiciones en las que avanza la aprobación del referendo, se habló de la creación de un grupo de abogados que asuma la defensa de los 86 legisladores investigados.

“El ministro solicitó que los partidos que tienen abogados prestándoles asesoría a los congresistas, lo hagan en un solo equipo. Ahí estarían los juristas de La U, del conservatismo y algunos que pondría el Gobierno”, aseguró el senador Alirio Villamizar.

Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada por el senador Ómar Yepes, que consideró como “un exabrupto financiar con dineros del Estado la defensa de los congresistas”.

Los investigados

Los 86 congresistas que serán llamados a rendir versión libre por la Corte Suprema son: Alonso Acosta, Miguel Amín, Óscar Arboleda, Carlos Ávila, Roy Barreras, Luis Felipe Barrios, Hernando Betancourt, Alberto Borrero, Óscar Bravo, Dairo José Bustillo, José Cadena, José Tyron Carvajal, Santiago Castro, Carlos Celis, Jaime Cervantes, José María Conde, Juan Córdoba, Lucero Cortés, Eduardo Crissien, Alfredo Cuello, Bladimiro Cuello, Fernando de la Peña, Javier Devia, Gloria Stella Díaz, Luis Dissán, Bernardo Elías Vida, Yesid Espinosa, Jairo Fernández, Julio Gallardo, Jorge García, Héctor Giraldo, Jorge Gómez, Édgar Alfonso Gómez, Jorge González, Carmen Gutiérrez, Germán Hoyos, Luis Ibarra, Ignacio Javela, Pedro Jiménez, Marco Leguizamón, Buenaventura León, Mauricio Lizcano, César Londoño, Juan Lozano, Jorge Mantilla, Orlando Montoya, Silfredo Morales, Karime Mota, Diego Naranjo, José de los Santos Negrete, Fabiola Olaya, Tarquino Pacheco, Pedro Pardo, Marino Paz, Pedrito Pereira, Jorge Pérez, José Piamba, Augusto Posada, Gustavo Hernán Puentes, Elías Raad, Pedro Ramírez, Miguel Rangel, Fuad Rapag, Jaime Restrepo, Luis Carlos Restrepo, Amanda Ricardo, Constantino Rodríguez, Ciro Rodríguez, Roosevelt Rodríguez, Hernán Rodrigo Romero, Rodrigo de Jesús Roncallo, Luis Salas, Heriberto Sanabria, Odín Horacio Sánchez, Luis Serrano, Carlos Soto, Fernando Tafur, Fernando Tamayo, Édgar Ulises Torres, Pedro Trujillo, Nicolás Uribe, Víctor Vargas, William Vélez, Zaida Yanet Lind, Jaime Yepes y Jaime Zuluaga.

Sanín pidió aplazar consulta mientras se define referendo

“En los próximos días se puede aclarar el tema y entonces tocaría aplazar las decisiones de escoger un candidato”

“LA ALTERNATIVA es aplazar la consulta mientras se define lo del referendo”, dijo la ex embajadora Noemí Sanín en una entrevista divulgada anoche.

En la entrevista, Sanín señaló que “mucha gente de la base conservadora, muchos senadores conservadores, están viendo con total claridad la inconveniencia de tener ese doble lenguaje”, consistente en apoyar al presidente Álvaro Uribe y simultáneamente buscar candidato presidencial propio.

“Es lo que yo he venido llamando la bipolaridad: es que se apoye el referendo y al mismo tiempo se dice que se inscriban unos candidatos. ¿Qué puede pasar? Que un día haya dos candidatos, que el referendo salga y ellos están apoyando al presidente Uribe y al mismo tiempo que salga un candidato de una consulta. Dos candidatos al tiempo. Es que eso no es claro. Eso no es conveniente. Eso es tener candidatos de repuesto o partido de repuesto. Los partidos son muy importantes y hay que tener una sola posición”, le manifestó la ex canciller Sanín a Clara Elvira Ospina, directora de Noticias RCN.

“La gente ya lo está entendiendo. Entonces, con mucha reflexión y con mucha serenidad, yo creo que se puede tomar una buena decisión”, añadió.

Consideró que “en los próximos días se puede aclarar el tema y entonces tocaría aplazar las decisiones de escoger un candidato. Es que falta mucho tiempo para mayo. Hay tiempo suficiente. Es que hacemos las campañas en Colombia demasiado largas y por eso nos enredamos tanto en mecánica electoral, cuando lo que deberíamos es estar pensando cómo vamos a desarrollar el país, cómo vamos a avanzar, cómo hacer unos consensos bien importantes para que en Colombia todo el mundo pueda progresar y avanzar en la cohesión social”.

La dirigente antioqueña señaló que ha “estado conversando con los conservadores sobre temas programáticos, sobre los principios que yo defendí en Opción Vida y Sí Colombia respecto a la economía, a la cohesión social, a la seguridad, a la visión de la vida y de la calidad de la vida. Y eso es muy importante”.

Comparó la situación conservadora con relación a la consulta interna programada para el 27 de septiembre con la del Partido Liberal. “Es que para el liberalismo es distinto, porque el liberalismo está en otra línea: hace oposición. Pero los que están con el presidente Uribe tienen que esperar, si lo están apoyando, a que se sepa si el Presidente puede ir o no. Pero tener un candidato propio y al mismo tiempo tener al presidente Uribe… Puede llegar un día en que haya dos candidatos. Eso no es serio para el país”.

“Yo quiero ser presidente en el 2010 y me vengo preparando para eso. Soy capaz de mantener este camino que se comenzó. No podemos quedar a media marcha, porque es como un virus que necesita un remedio, un antibiótico muy fuerte, y si nos quedamos a la mitad del camino, podemos echar para atrás y sería muy costoso para el país. Yo le voy a pedir a los colombianos que me den esa oportunidad”, declaró.

“El legado de la seguridad democrática hay que defenderlo. Uribe ya es historia importante del país. Uribe abrió un camino y yo voy a defenderlo y voy a seguir más adelante”, indicó.

Recordó que “lo que ha dicho el presidente Uribe es que lo importante es que la seguridad democrática tenga guardián en la heredad, que no se pierda; porque es que todavía hay punto de regreso, todavía tiene enemigos la seguridad democrática y el país no se puede dar el lujo de echar para atrás”.

Nada que se desenreda el referendo reeleccionista

Ayer la Comisión de Ética negó la recusación interpuesta contra el presidente de la Cámara, Édgar Gómez.

AUNQUE LA Comisión de Ética de la Cámara decidió no aceptar la recusación presentada contra el presidente de la corporación, Édgar Gómez, eso no significa que el camino para la conciliación del referendo haya quedado despejado.

Gómez le había dicho ayer , luego de comparecer ante la Comisión de Ética, que una vez se definiera la recusación asumiría su papel como presidente de la Cámara para efectos de “recomponer” la estructura de la comisión de conciliación y de “fijarle términos” para presentar el informe correspondiente.

Sin embargo, el Partido Liberal y el Polo Democrático anunciaron que apelarán la decisión de la Comisión de Ética ante la plenaria de la Cámara.

Recusación

Luego de los sucesos de ayer, Gómez se declaró poco optimista sobre el futuro del referendo reeleccionista, debido a que no ha podido nombrar el reemplazo de los conciliadores que se retiraron de la comisión que busca un acuerdo del proyecto.

También el presidente del Senado, Javier Cáceres, se declaró preocupado, ya que ninguno de los informes de conciliación ha podido ser presentado, pues en la Cámara alta solo lo han suscrito 15 senadores, mientras que en la baja nada más 12 representantes han hecho lo propio.

Para Cáceres, si esta situación no se desempantana entre el 15 y el 18 de agosto, ya la iniciativa tendría muy poco tiempo para completar no solo el examen de la Corte Constitucional, sino la organización de la Registraduría para que la ciudadanía se pronuncie sobre si quiere que Álvaro Uribe esté cuatro años más en la Casa de Nariño.

Negación

Mientras se produce la apelación anunciada, está vigente la decisión de la Comisión de Ética.
En su reunión de ayer, al mediodía, triunfó la ponencia que pedía no aceptar la recusación, debido a que en opinión de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Ética, encabezados por el representante Jaime Restrepo, no se configuraban las causales para recusar a Gómez ni se demostraba conflicto de intereses.

La ponencia derrotada, defendida por Gema López y Juan Carlos Valencia, pedía aprobar la recusación alegando que sí existe conflicto de intereses por cuanto Gómez es investigado por votar precisamente el proyecto sobre el cual debe decidir la comisión de conciliación que él mismo debe nombrar.

Valencia añadió que el impedimento de Gómez era de carácter moral. Pero no solo por parte de él, pues se preguntó si congresistas inhabilitados podían quitarle el impedimento al recusado. Se refería a que varios miembros de la Comisión de Ética hacen parte de los 86 investigados por la Corte: Luis Jairo Ibarra, Pedro Jiménez, José de los Santos Negrete, Jaime Restrepo, Constantino Rodríguez, Fernando Tafur, Jaime Armado Yepes y Jaime Zuluaga, ocho representantes de un total de 14 que integran la Comisión. Sólo Negrete se declaró impedido.

Reelección

Simultáneamente, ayer el senador Manuel Henríquez radicó en la Comisión Primera de la Cámara alta un nuevo proyecto sobre referendo de la reelección, pero ya no acogiendo una iniciativa basada en recolección de firmas sino de origen legislativo.

Henríquez explicó que el proyecto requiere del aval del Gobierno nacional para que envíe mensaje de urgencia y pueda ser aprobado mínimo en un mes.

“No podemos decir que está descartado, pero no hay una solicitud”: Cepeda

El senador señaló que a pesar de las múltiples voces en ese sentido, no existe una petición formal para que se posponga la consulta interna de la colectividad.

EL 27 de septiembre, la colectividad azul corre el riesgo se sufrir una derrota en cuanto al número de votos que obtendría su consulta frente a la liberal, teniendo en cuenta que esta última, además de candidato presidencial, escoge miembros de directorios nacional, departamentales y municipales, lo que mueve una alta votación.

El presidente del Directorio Nacional Conservador (DNC), Efraín Cepeda, señala que el Partido intentará obtener en esa oportunidad una votación “decorosa”.

E.N.S.: ¿Sigue la polémica en el Partido por la fecha de la consulta?
EFRAÍN CEPEDA SARABIA: Sí, hay voces que piensan que en este momento gravita muy fuertemente en contra de la consulta el tema del referendo. Se pensaba en enero que para esta época ya estaría definido, pero hoy no está definido, y hace que la gente, congresistas y algunos miembros del Directorio continúen reflexionando, haciéndose la pregunta si será bueno hacer la consulta antes de que se defina el tema del referendo.

E.N.S.: ¿Al día de hoy qué posibilidades hay de aplazar la consulta?
E.C.S.: Ya hay una decisión tomada del Directorio para que se haga el 27 de septiembre, pero por supuesto que las cosas se deshacen como se hacen, pero hoy digamos que no hay una solicitud formal para que eso se dé.

E.N.S.: ¿Hay uniformidad de los precandidatos en cuanto a que la consulta se haga el día programado?
E.C.S.: Ellos piensan que sí, que se debe hacer en esa fecha; otras personas piensan que hay que considerar más los intereses del Partido, y ese es el debate que continúa abierto. Sin embargo ese debate abierto tuvo una definición la semana pasada en el Directorio. Recordemos que la votación quedó seis a cinco, seis porque se conservara la fecha, mientras que cinco pensamos que se debía aplazar.

E.N.S.: ¿En los diálogos que ha sostenido con Noemí Sanín y Marta Lucía Ramírez para invitarlas a participar en la consulta, ellas han pedido su aplazamiento?
E.C.S.: Pues la doctora Marta Lucía no ha planteado ese tema; por parte de la doctora Noemí sí se da, pero no ha puesto como condición. Ella también ha pensado que debe recorrer primero el país antes de tomar esa decisión y tiene plazo hasta el 25 de agosto, que se cierran las inscripciones. Básicamente la doctora Noemí está más en el argumento del tema que el referendo está todavía por resolver.

E.N.S.: ¿Definitivamente queda descartado el aplazamiento de la consulta conservadora?
E.C.S.: No podemos decir que está descartado, pero no hay una solicitud a pesar de que hay muchas voces pidiéndolo.

E.N.S.: ¿Es decir, queda la puerta abierta para que se solicite formalmente este aplazamiento?
E.C.S.: Pues en política nunca puede decirse que los temas son inmodificables, pero ya hay una decisión del Directorio, muy dividida, y eso preocupa mucho.

E.N.S.: ¿Qué estrategia tiene el Directorio Conservador para su consulta teniendo en cuenta que en la liberal, además de candidato presidencial, escogen directorios, y esto mueva una alta votación?
E.C.S.: Hemos invitado a más candidatos y a todos los miembros de los directorios a que participen, que podamos tener una votación decorosa, por supuesto que es muy difícil que volvamos a los guarismos de 1,5 a 1,6 millones (de la pasada consulta), pero sí que podamos tener una votación cercana a 1,2 millones.

Respeto por acuerdo militar de Colombia con EU, el balance general

Sin embargo, Chile reiteró que Unasur es un espacio propicio para analizar temas de este calibre.

CON LOS encuentros con sus homólogos de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hoy finaliza la gira que inició el martes el presidente Uribe por siete países suramericanos para explicar detalles del acuerdo en seguridad y defensa que negocia con Estados Unidos, y que implica la presencia de uniformados norteamericanos en Colombia.

El Jefe de Estado colombiano decidió dialogar directamente con los presidentes que integran la Unasur, exceptuando a Hugo Chávez y Rafael Correa, de Venezuela y Ecuador, respectivamente, después de que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y Luiz Inácio Lula propusieron que el tema del acuerdo de Colombia con Estados Unidos fuera analizado en el marco de la reunión de la Unasur que inicia en Quito el próximo lunes.

De antemano Colombia anunció que el presidente Uribe y el canciller Jaime Bermúdez se abstendrán de asistir a este encuentro que se realiza en medio de un clima de alta tensión en la relaciones de Colombia con Ecuador y Venezuela, países que han criticado el acuerdo por la presencia de militares norteamericanos en la región, y que en el caso de Venezuela tiene su más reciente pico de discusión por los lanzacohetes pertenecientes a sus Fuerzas Armadas que fueron encontrados en poder de las Farc.

Hasta el momento el balance de la gira es positivo para el presidente Uribe pues desde el comienzo logró el apoyo de su homólogo de Perú, Alan García.

Ayer el mandatario colombiano se reunió a primera hora con su homóloga chilena, Michelle Bachelet, cuyo Gobierno recomendó que el tema de las bases militares se estudie en el Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que se reunirá en Quito en los próximos días.

Chile respeta las decisiones soberanas del Gobierno de Colombia, dijo ayer la presidenta Michelle Bachelet a su par colombiano.

La reunión entre los mandatarios tuvo carácter privado y se extendió por más de una hora. Al finalizar Uribe no se refirió a los temas tratados y sólo realizó una pequeña declaración protocolaria, tal como lo hizo antes en Perú y Bolivia.

El Gobierno chileno, a través de su canciller Mariano Fernández, defendió la soberanía de Colombia para decidir sobre el uso de las bases.

“Nos parece que hay que respetar las decisiones soberanas que cada país tiene y, hablando de este tema, diversos países tienen diversos acuerdos con distintos países sobre temas estratégicos y militares y nos parece que no se puede individualizar un caso sin examinar el conjunto”, precisó el canciller chileno.

“Nosotros somos partidarios de respetar todos estos acuerdos, y en todo caso tenemos distintos foros y tribunas donde conversar de manera civilizada y democrática. Uno es Unasur”, dijo Fernández.

Tras la breve estadía en Santiago, Uribe voló a Buenos Aires donde mantuvo una reunión con la presidenta Cristina Kirchner en la Casa de Gobierno.

“Tratamos temas bien importantes” con Kirchner, dijo Uribe en un contacto con la prensa luego del encuentro de más de una hora, cuyo contenido no fue revelado por el Gobierno argentino.

La última etapa de su recorrido del miércoles fue Paraguay, a donde llegó en la noche, y de allí seguirá su gira el jueves por Brasil.

En Asunción, Uribe se reunió con su homólogo Fernando Lugo, quien antes de la llegada del mandatario colombiano había manifestado a la prensa local que cada país es soberano para decidir sobre la presencia de militares de otras naciones en su territorio.

“Depende, cada país es soberano”, señaló el presidente sin extenderse más, ante una pregunta de periodistas acreditados en el palacio de gobierno.

No obstante, la voz discordante fue la del presidente boliviano, Evo Morales, quien le manifestó a Uribe el rechazo de su Gobierno al acuerdo que Colombia prevé suscribir con los norteamericanos.

Alerta mundial por medidas anti-prensa de Chávez

Presidente venezolano asegura que lo que busca es “democratizar” los medios

EL INCIERTO futuro de los medios privados en Venezuela, donde el gobierno del presidente Hugo Chávez cerró 32 emisoras de radio y estudia una ley sobre delitos mediáticos, sigue provocando protestas y tensión en el país y reacciones de preocupación fuera de sus fronteras.

Ayer un grupo de periodistas se concentró ante las puertas de la Fiscalía general en Caracas para protestar por la presentación de un anteproyecto de ley sobre delitos mediáticos que prevé penas de cárcel para quien la infrinja.

“Somos periodistas, no delincuentes”, clamaron los manifestantes.

La salida del aire de 32 emisoras de radio y dos televisoras locales sumada a la incubación de esta nueva normativa que afectaría al oficio diario del periodismo ha encendido además la luz de alerta internacional.

“Han arreciado los ataques contra el gobierno revolucionario (...). Hoy chillan porque estamos democratizando los medios de comunicación y asegurando con ello una verdadera libertad de expresión”, declaró ayer Chávez.

Numerosas organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Amnistía Internacional (AI). La Sociedad Ïnteramericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras han expresado su descontento y preocupación ante el panorama del periodismo en el país.

Para el gobierno, hay una campaña internacional contra Venezuela que busca “satanizar” a Chávez y al proceso político en curso.

Las emisoras clausuradas forman parte de una lista de casi 300 radios y televisiones locales que, según Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones, usaban ilegalmente su concesión, atribuida por el Estado.

Dentro de Venezuela, dirigentes políticos de oposición criticaron estas medidas y consideraron que “la cacería de medios” ha comenzado.

“Ha empezado la cacería de brujas para que el gobierno pueda mantener una hegemonía comunicacional y controlar las líneas editoriales de los medios”, explicó el gobernador del estado de Zulia (oeste), Pablo Pérez.

Dentro del gobierno, el apoyo a la salida del aire de estas radios es unánime. Sin embargo, la futura ley de delitos mediáticos parece provocar una mayor prudencia.
“Tal y como está presentada yo no la votaría”, afirmó el periodista y diputado oficialista Earle Herrera, miembro de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional.

La SIP afirmó que el gobierno venezolano de Hugo Chávez avanza sobre los medios independientes con cierres de radios, ataques a televisoras y una serie de medidas que buscan hacer “desaparecer” a la prensa crítica.

La SIP pidió que los gobiernos democráticos de la región se expidan sobre la situación de la prensa en Venezuela, abandonen “un exceso de prudencia diplomática” y reprueben los hechos ocurridos en los últimos días contra medios considerados opositores al gobierno.

La comisión de parlamentarios se reunió ayer para comenzar a estudiar, completar y modificar el documento presentado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Por ahora no está previsto que la plenaria de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, debata este texto, que hasta el momento es un borrador y no un proyecto de ley, recalcó el secretario del Parlamento, Iván Zerpa.

Además, este portavoz recalcó que la fiscal general no tiene potestades legislativas y tan sólo el derecho a expresar su opinión sobre lo que ella considera “un exceso”.

Según informaron diputados a la AFP, es probable que antes de presentar este documento a la plenaria, este texto se explique y presente a los ciudadanos para medir la aprobación que despierta entre los venezolanos, como ya se hizo con otras leyes.
Los acontecimientos de los últimos días han enrarecido el ambiente y avivado la palpable polarización de la sociedad venezolana.

El lunes en la tarde, un grupo de más de 30 personas armadas lanzaron bombas lacrimógenas en la sede de la televisión Globovisión, muy crítica con el gobierno y amenazada de cierre. Una agente de la policía y un guardia de seguridad resultaron heridos en ese episodio, inmediatamente condenado por el gobierno.

Este martes, la fiscalía emitió una orden de detención contra Lina Ron, una activista defensora de un chavismo radical, por su presunta participación en la agresión./AFP

Juan M. Santos regresaría al país la próxima semana

Ser candidato presidencial, director de la colectividad o las dos, son las posibilidades que se le presentan

HASTA ESTE fin de semana o la próxima se prolongaría el regreso a Colombia de Juan Manuel Santos, quien llegaría para tomar las riendas del Partido de La U. Además, estará a la expectativa de la suerte del referendo reeleccionista, pues si se hunde o si el presidente Uribe decide que no está interesado en un nuevo periodo, determinaría la candidatura del ex ministro de Defensa a la Presidencia de la República.

Circularon versiones de que Santos retornaría al país hoy, pero esto fue desmentido por fuentes de esta colectividad, que señalaron que el ex ministro se tomará unos días de descanso en Miami, Estados Unidos, tras las actividades académicas que realizó primero en España y luego en el Reino Unido.

Existe gran expectativa por la llegada del político bogotano, pues con él se completa el abanico de los aspirantes a la Presidencia de la República, luego de que Noemí Sanín regresara al país hace dos semanas.

Santos llega a Bogotá en un clima propicio para que asuma las riendas de La U, teniendo en cuenta las dificultades que ha afrontado el presidente Luis Carlos Restrepo con el referendo reeleccionista, pues se le ha criticado fuertemente que haya recusado al entonces presidente de la Cámara, Germán Varón, que en opinión de varios de la misma colectividad sólo sirvió para dilatar más la aprobación de la iniciativa, que a la fecha sigue pendiente de conciliación por las dos cámaras.

También con la ruptura reciente de los pactos en la elección de las nuevas mesas directivas del Congreso, en la que La U perdió la presidencia de la Cámara, lo que derivó en recriminaciones entre el senador Armando Benedetti y Restrepo. Además, este último pidió al Gobierno quitarle la cuota ministerial a Cambio Radical por considerar que había jugado a favor del rompimiento de los pactos.

¿Candidato o director?

Hay variopintas posturas dentro de la bancada de La U frente al futuro que le espera al ex ministro.

Santos debe decidir al llegar a Colombia si va a ser candidato presidencial y simultáneamente director único de La U, o solo una de estas dos, le dijo a este Diario el senador Jairo Clopatofsky. “Esa decisión la tomaremos en bancada una vez él se encuentre acá”.

Mientras que la senadora Piedad Zuccardi, integrante de la dirección alterna de La U, señaló que están a la “expectativa de cuál va a ser la propuesta que él va a presentar, pero él cuando se fue garantizó que si venía, lo haría para defender el referendo”. La parlamentaria recordó que la primera opción de La U es el referendo.

En cuanto a la situación de Luis Carlos Restrepo frente a la dirección del Partido de La U, él ha señalado que estaría dispuesto a poner su cargo a disposición en caso de que Santos esté dispuesto a dirigir la colectividad.

Sin embargo, el ex comisionado de Paz también ha dicho que dejará la dirección de la colectividad si fracasa la aprobación del referendo en el Congreso.
El ambiente para Restrepo no es el mejor en el Partido, y hay senadores como Clopatofsky y Benedetti que piden un cambio en la dirección.

“Yo por lo pronto me pondré en contacto en los últimos días con él (Juan Manuel Santos) para explorar diferentes alternativas de la persona que podría suceder al doctor Restrepo en la dirección de La U”, explicó Clopatofsky.

Sin embargo la senadora Zuccardi tiene otra óptica sobre la situación de Restrepo. “Es el director del Partido, tiene el respaldo de la dirección alterna y de muchos sectores de la bancada de Senado y Cámara”.

Tomás Uribe se quejó por interrogatorio en la Corte

De acuerdo con lo planteado por el hijo mayor del presidente Álvaro Uribe, fue indagado por temas diferentes al de la citación

“ABSOLUTA PREOCUPACIÓN” por el interrogatorio que le fue hecho la semana pasada en la Corte Suprema, expresó Tomás Uribe a través de una carta dirigida a los magistrados de la sala plena del alto tribunal.

De acuerdo con lo planteado por el hijo mayor del presidente Álvaro Uribe, fue indagado por temas diferentes al de la citación, es decir, el de su presunta participación en la asignación de una notaría en Tunja, Boyacá, dentro del estacándolo desatado por la denuncia de el ex superintendente Manuel Guillermo Cuello sobre una feria de notarías para lograr la primera reelección presidencial inmediata.

“Debo manifestarles mi absoluta preocupación por cuanto la diligencia versó en sus generalidades sobre aspectos ajenos al motivo por el cual se decretó mi testimonio”, señaló Uribe en su misiva.
Agregó que incluso se llegó a sentir como “un procesado” debido a la gran cantidad de preguntas que le formularon los magistrados.

“El país y ustedes pueden tener absoluta certeza de mi intachable corrección, honestidad, claridad y solidez de mis principios éticos y los de toda mi familia”, concluyó.

Queja recibida

Fuentes de la Corte manifestaron que la carta será analizada, pero que, por el momento, los magistrados se abstendrán de dar cualquier declaración al respecto.

Uribe acudió a la Corte Suprema el jueves de la semana pasada y su diligencia fue atendida, según se pudo establecer, por magistrados auxiliares de Yesid Ramírez.

Denunciado por Cuello

Según las denuncias de Cuello, Uribe sería el padrino político de la notaria Luz Marina Ocampo, que primero fue nombrada en Facatativá y luego en Tunja, en el 2006, y por eso la Sala Penal de la Corte decidió citarlo a declarar como testigo.

Según Cuello, hablando de Uribe, “no admite duda ni prueba en contrario, fue él quien designó a la notaria segunda de Tunja, Luz Marina Campo Hernández, a quien se le había designado antes en Facatativá. Esto amén del material probatorio sobreviniente que sea del caso señalar: la declaración jurada de Milton Contreras Amel en la Procuraduría General, la grabación en la que la ex notaria manifiesta cómo llegó a esa notaría, además del testimonio del saliente notario de Tunja, Uriel Francisco Bonilla”.

Además, en la ampliación de la denuncia, Cuello afirmó que “tal como lo expresé a la Corte Suprema en mi denuncia, la hoja de vida de la señora Campo Hernández fue remitida al suscrito por el viceministro del Interior, Hernando Angarita, y reiterada la solicitud de designación por Bernardo Moreno Villegas y Juan David Ortega. Apremiado como lo fui y expliqué aduciendo a ellos que había premura por cuanto los hijos del presidente, en concreto Tomás Uribe, según el dicho de ellos, tenían interés en el tema”.

Adicionalmente, existe un audio realizado por el entonces notario segundo de Tunja, quien grabó la voz de Luz Marina Ocampo cuando lo visitó para notificarle que era la nueva notaria, grabación en la que Ocampo respondió que era “cuota de Tomás Uribe” cuando le preguntó quién le había ayudado para que le fuera adjudicada dicha notaría en el año 2006.

Feria de notarías

Según las denuncias de Cuello, varios congresistas se beneficiaron con la entrega de más de 50 notarías a cambio del voto a favor de la primera reelección presidencial.

Cuello le entregó al alto tribunal varios nombres de senadores y representantes que en el 2004 recibieron notarías a cambio de su apoyo a la reelección en el Congreso.

“Queda en el aire la consulta interna”: Andrade

Consejo Nacional Electoral aplazará hasta el 27 de agosto la fecha para que se puedan inscribir los precandidatos a la presidencia que no lo han hecho

A PESAR que el Partido Conservador quiere reforzar la lista de precandidatos a la presidencia para la consulta interna del 27 de septiembre con los nombres de la ex canciller Noemí Sanín y la ex ministra Marta Lucía Ramírez, aún está pendiente el respaldo de la colectividad con el referendo reeleccionista.

Así lo dejó ver el senador Hernán Andrade, quien aseguró que el conservatismo apoyará la segunda reelección del presidente Uribe.

“Queda en el aire la consulta. Las bases conservadoras son de absoluta mayoría uribista y votarían el referendo”, dijo el senador conservador.

Según Andrade la consulta siempre estará interferida mientras no sepa el país que pasará con él. “El partido debe tomar decisiones, ratificar el apoyo al referendo”, dijo.

“Avanzamos muchísimo – agregó el congresista - en la invitación para ellas como prestantes mujeres, pero siempre aparecerá atravesado el tema del referendo”.

Por su parte el jefe del directorio nacional del Partido Conservador, Efraín Cepeda dijo que aunque la decisión aún no ha sido tomada, la colectividad ha mostrado el interés porque Sanín y Ramírez participen en la consulta interna.

“Tocará hacer con los funcionarios del Partido y el secretario general el análisis y el examen de los temas, de nuestros programas y la hemos invitado (Martha Lucía Ramírez) para que tome rápidamente la decisión para que comience a recorrer el país con nosotros”, dijo el jefe del directorio.

“El Partido Conservador quiere esas dos valiosas mujeres en nuestra consulta interna”, añadió Cepeda. Sin embargo, Efraín Cepeda convidó a la ex ministra a tomar una pronta decisión, ya que el Consejo Nacional Electoral había ampliado el plazo para la inscripción de candidaturas.

En cuanto a la precandidata Martha Lucía Ramírez, dijo que evaluará la propuesta del Partido, así como del referendo reeleccionista.

“Esta ha sido una reunión de carácter formal, en donde el directorio nacional conservador en pleno me ha querido reiterar la invitación a que haga parte del Partido y de la consulta conservadora. Me han expresado las razones por las cuales quisieran que yo hiciera parte de este debate”, dijo la ex ministra de Defensa.

La ex senadora estará hoy en el Directorio Nacional Conservador reunida con Benjamín Higuita, secretario general de la colectividad azul, para informarse acerca de cómo va la organización de la consulta, cómo es el funcionamiento de los directorios y, en general, cuales son las reglas de juego, en caso de que ella decida aceptar la invitación de ser precandidata del partido.

“Yo hice el lanzamiento de una campaña el ocho de junio con un programa completo. Para mí lo fundamental es poder hacer un trabajo a la política siempre apegado a ese programa. El programa es lograr convertir a Colombia en un país desarrollado, que sea emprendedor, incluyente”, agregó Ramírez, convencida de que no se apresurará en tomar una decisión.

“Vamos a mirar – agregó la precandidata - esta invitación con el mayor respeto, con la mayor atención para poder tomar una decisión”.

Según la ex funcionaria, en el Partido Conservador tendría una ventaja, y es la afinidad ideológica, pero también hay otros temas como el de una consulta que está ya bastante avanzada y el referendo reeleccionista. “Todo eso hay que evaluarlo para tomar una decisión que sea la más conveniente pero coherente con lo que soy y con lo que quiero hacer en la política”, dijo.

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral decidió ampliar el plazo para la inscripción de precandidatos para las consultas internas de los partidos hasta el próximo 27 de agosto.

Esta fue una solicitud hecha por el Partido Conservador para que Nohemí Sanín y Martha Lucía Ramírez tuvieran tiempo para inscribirse por la colectividad.

EU podría operar en siete bases militares: general Padilla

Sin embargo, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur, dijo que “es importante aclarar que aún no tenemos ningún tipo de acuerdo”.

AL TIEMPO que el presidente Álvaro Uribe inició ayer una gira para explicar a los mandatarios de siete países el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, el ministro de Defensa encargado y comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, informó que ese país utilizaría siete bases y no tres como se había informado inicialmente.

“Serían tres bases aéreas a las que tendrían acceso, dos bases militares de Ejército y dos bases navales”, dijo el general Padilla.

Hasta ahora, el gobierno del presidente Álvaro Uribe había indicado que el acuerdo contemplaba el uso por parte de tropas estadounidenses de tres bases aéreas, en tanto que otras dos estaban en estudio.

Se trata de las bases aéreas de Malambo, en el departamento de Atlántico; Palanquero, en Cundinamarca y Apiay en Meta. De las bases del Ejército de Tolemaida, en Cundinamarca, y la de Larandia, en Caquetá; y de las navales de Cartagena, Bolívar, y Bahía Málaga, en Valle del Cauca.

Por su parte el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, manifestó que “es importante aclarar que aún no tenemos ningún tipo de acuerdo”.

Además, recordó que “ya existen militares estadounidenses que están trabajando en colaboración (con Colombia). Eso (se hace de forma) muy abierta y es coordinado con el Congreso de Estados Unidos y eso va a continuar”, añadió.

Las reacciones de inquietud y hasta rechazo desatadas en la mayoría de gobiernos latinoamericanos obligaron al presidente Uribe a iniciar ayer una gira por Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, con el fin de explicarles directamente a sus mandatarios los alcances del acuerdo con Estados Unidos.

La gira se produce también a una semana de la Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el 10 de agosto en Ecuador, a la que no acudirá el presidente colombiano y que fue propuesta por los mandatarios de Brasil y Chile, Luiz Inacio Lula da Silva y Michelle Bachelet, como escenario para tratar el controvertido acuerdo.

“Se trata en este acuerdo para profundizar y refinar unas relaciones con los Estados Unidos que han venido siendo exitosas en los últimos diez años. Estamos hablando de acceso a bases militares colombianas. De lo que se trata es de brindar u tener acceso a nuestras instalaciones” dijo Padilla de León.

Explicó que este acuerdo militar que se proyecta, “es un asunto que beneficia a Colombia y a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico”.

El general Padilla de León, fue enfático al señalar que por este acuerdo no deben temer las regiones vecinas, sino los terroristas y narcotraficantes por que el acuerdo esta dirigido es a combatir estas amenazas para todo el continente y hacia ese propósito avanzan las dos naciones.

Entre tanto, se insistió en que la gira de Uribe, quien viajó acompañado por el canciller Jaime Bermúdez y ayer se reunió con su par peruano Alan García, será prudente en declaraciones a la opinión pública.

Hoy el Mandatario sostendrá reuniones con los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Paraguay, Fernando Lugo; mañana visitará a sus homólogos de Uruguay, Tabaré Vázquez; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Unasur analizará pacto
El Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirá posiblemente en agosto para analizar el acuerdo que Colombia negocia con Estados Unidos para permitirle el uso de sus bases militares.

Así lo informó el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, quien señaló que los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y Chile, Michelle Bachelet, “han pedido que se procese el tema de las bases militares en el marco de la Unasur, específicamente en el marco del Consejo de Seguridad”.

El diplomático agregó que los cancilleres de la Unasur, que se reunirán en la víspera de la cumbre del organismo del 10 de agosto en Quito, acordarán que el Consejo de Seguridad sesione posiblemente hacia finales de agosto.

“Se está programando para finales de agosto la posibilidad de que se convoque al Consejo de Seguridad”, apuntó.

Previamente Falconí dijo que existe la resolución de que “se trate este tema” en el Consejo de Seguridad “ante una preocupación que han expresado los mandatarios latinoamericanos” frente a la presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia.

“Desde nuestro punto de vista, no existe ningún tipo de justificación” para ese acuerdo entre Bogotá y Washington, declaró el canciller y añadió que “en América Latina debemos desechar esta presencia de bases extranjeras”.

Falconí, además, consideró que “no existe ningún tipo de justificación” para que Colombia permita el uso de sus bases militares a Estados Unidos, pero que aún así el presidente Álvaro Uribe está en su derecho de defender ese acuerdo.

“Evidentemente el presidente Uribe está en su legítimo derecho de expresar los alcances de este tipo de acuerdos, para los que, desde nuestro punto de vista, no existe ningún tipo de justificación”, declaró el diplomático.

Asesor de Obama promete dar “buena explicación”
El consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Barack Obama, el general retirado Jim Jones, dijo en Brasilia que dará una “buena explicación” sobre la utilización de bases militares colombianas por parte de Estados Unidos.

Tras una reunión con el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, Jones prometió explicar los objetivos del acuerdo militar con Colombia, que causó revuelo en la región, al término de una visita de dos días a Brasil, durante la cual se reunió con altos funcionarios del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.
“De ninguna manera esto va a interferir con el progreso de nuestra amistad y nuestra cooperación” con Brasil, añadió.

Entre tanto, el ex presidente César Gaviria dijo que le parece “conveniente” la gira de Uribe por Suramérica.

“Es una gestión que Colombia estaba pasada de hacer... Tenemos que tratar de convencer a los vecinos de que Colombia no tiene una intención belicista, ni agresiva... Me parece conveniente”, sostuvo.

Gaviria y el ex vicepresidente Humberto de la Calle coincidieron en que la “diplomacia” es la mejor estrategia para superar tanto el recelo regional ante el acuerdo con EU como los problemas con Ecuador y Venezuela.

Para el ex canciller Guillermo Fernández de Soto, la gira de Uribe “es de una gran utilidad”, sobre todo por el “contacto personal” que el mandatario tendrá con otros jefes de Estado, a quienes les podrá explicar “en detalle” los alcances del convenio con EU. “Va a dar enorme tranquilidad en el vecindario”, agregó.

“Ya tengo la respuesta: voy a estar en política”: Sanín

“Es una de nuestras grandes alternativas”: Carlina Rodríguez. “Ganaría la consulta”: Ubeimar Delgado. “Noemí representa mucho más que el conservatismo”: Jorge Hernando Pedraza

“ES QUE voy a empezar apenas las conversaciones”, dijo anoche Noemí Sanín al explicar que todavía no le ha dado una respuesta afirmativa a la invitación que le hiciera el Partido Conservador para participar en la consulta interna del 27 de septiembre.

Sin embargo, se anticipó a anunciar la respuesta que considera más importante: “Yo ya tengo la respuesta: yo voy a estar en política”.

“Yo he hecho dos campañas políticas, una con Opción Vida y otra con Sí Colombia, con los mismos principios y las mismas convicciones. Yo no soy persona de temas electoreros ni de mecánica política. Yo soy persona de principios y de programas y de soluciones”, manifestó al ingresar a una reunión con congresistas conservadores que se realizó anoche en el norte de Bogotá.

Sobre los objetivos de sus conversaciones tanto con el Partido Conservador como con otras organizaciones cívicas y políticas, la ex embajadora Sanín aclaró que “se trata de construir un proyecto donde quepamos todos”.

En “estos días iniciamos conversaciones”, reiteró; “hay un plazo hasta el 26 de agosto para tomar una decisión” acerca de cuál sería el mejor mecanismo para tomar parte de la política colombiana.

“Yo la consulta pensé que era mejor que se hiciera después por una razón fundamental: el marco jurídico para la reelección del presidente Uribe no está claro”, señaló.

Bienvenida

A la reunión con Noemí Sanín acudieron, entre otros, los senadores Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional Conservador; Carlina Rodríguez, Omar Yepes, Hernán Andrade, Jorge Hernando Pedraza y Ubeimar Delgado.

Para la senadora Rodríguez, Sanín “es una de nuestras grandes alternativas”, y aseguró que a propósito del poco tiempo que queda para hacer campaña, “estoy muy segura que a un mes naturalmente que no nos da miedo”.

Por su parte, Delgado consideró que “la idea es que Noemí se someta a la consulta conservadora; tenemos claro que Noemí sería muy exitosa, ganaría la consulta y ya sería una candidatura muy fuerte”.

Por su parte, Cepeda aseguró que “este es un Partido que le ha abierto las puertas a la mujer”.

El legislador Pedraza opinó que Sanín tiene “una gran posibilidad para que regente los destinos del país, en el evento de que el presidente Uribe no pueda ser reelegido”.

“Noemí representa mucho más que el conservatismo”, añadió.

Andrade, ex presidente del Congreso, aseveró que Sanín “nunca ha renegado de su origen conservador”, por lo que es natural que su aspiración presidencial encuentre cabida dentro de las toldas azules.

“Yo creo que finalmente lo que hoy nos conviene a todos, a ella y a nosotros que queremos apoyarla, es que juegue al interior del Partido”, precisó Andrade, “y creo que ella también necesita un partido que soporte su candidatura”.

Regreso

Apenas el fin de semana pasado, Sanín regresó al país luego de haber renunciado, hace más de diez días, a su cargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

“Al presentar renuncia de mi cargo a partir del próximo 31 de julio, señor Presidente, le garantizo que seré guardián de su legado”, afirmó la diplomática en su misiva de renuncia dirigida al presidente Álvaro Uribe.

“Propondré a mis compatriotas que me den la oportunidad de avanzar en la consolidación de su proyecto de construcción de confianza basado en la seguridad democrática, que el país debe convertir en una permanente política de Estado”, apuntó Sanín.

Los congresistas no saben si creerle al registrador o al CNE

Algunos legisladores ven en esta discrepancia un vacío jurídico para definir si los 86 investigados por la Corte Suprema prevaricaron o no

CON RESPECTO a la certificación del referendo reeleccionista, los congresistas no saben cuál concepto asumir: el registrador Carlos Ariel Sánchez o el del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Cepero.

Mientras Sánchez consideró la semana pasada que el “referendo no puede tramitarse sin mi certificación”, Cepero respondió este fin de semana que “no se necesita ningún certificado adicional para tramitar la iniciativa en el Congreso” y que “quien debe decir en últimas si se cumplieron los trámites es la Corte Constitucional”.

Vacío

Para algunos de los legisladores consultados por EL NUEVO SIGLO esta disparidad de criterios expresa la existencia de un vacío jurídico frente a la actuación de los congresistas frente al referendo, en particular de los 86 representantes investigados por la Corte Suprema de Justicia, que aun evalúa si los legisladores prevaricaron o no.

“La posición que tiene en este momento el registrador Carlos Ariel Sánchez, la indecisión que tiene el Consejo Nacional Electoral lo que nos indica es que no hay una posición jurídica fundamentada frente a la posible comisión del delito de prevaricato”, indicó el representante conservador Heriberto Sanabria; “por lo tanto, no hay certeza, no hay una claridad que nos permita a los congresistas abstenernos de continuar con el trámite del referendo”, añadió el legislador vallecaucano, uno de los investigados por la Corte.

Otro indagado por el alto tribunal, el también conservador Jorge Mantilla, prefirió esperar a que las manifestaciones del CNE se haga de manera oficial, tal como la del registrador que se produjo a través de la respuesta a un derecho de petición.

“Esperamos a que salgan formalmente la declaración de cada uno de ellos y aspiramos a que se den a conocer de parte del Consejo Nacional Electoral”, señaló el congresista santandereano, recordando que en lo dicho por Cepero “no hubo un pronunciamiento oficial” porque los magistrados no pudieron ponerse de acuerdo.

En todo caso, al igual que Sanabria, Mantilla consideró que como “desafortunadamente entre ellos no se ponen de acuerdo, luego difícilmente se puede decir que en el Congreso de la República se pudo haber violado una norma”.

Pero además, Mantilla advirtió que “aquí lo que hace falta, por encima de cualquier situación jurídica, es tener garantías; al Congreso no le están respetando la inviolabilidad de sus decisiones”.

La representante Gloria Stella Díaz, también cuya actuación en este tema también es auscultada por la Corte, anunció que el movimiento Mira dará a conocer en las próximas horas las conclusiones que debió tener ayer la bancada “para definir como va a ser el tema de la votación en el Senado”.

Por lo pronto, ella se anticipó a informar que se declarará impedida, independientemente de los pronunciamientos que hagan el registrador o el CNE.
“Yo no le doy credibilidad a ninguno de los dos; yo tengo mi propio concepto”, consideró el representante Tarquino Pacheco, también indagado por la Corte.

Para el legislador de Cambio Radical, “una cosa son los requisitos para el trámite legislativo y otros son los requisitos que tiene que tener el referendo para su aprobación por parte de la Corte Constitucional; esas son cosas totalmente diferentes”.

El congresista atlanticense sostuvo, en diálogo con este Diario, que “no podemos establecer requisitos distintos a los que la misma Constitución señala” y argumentó que “yo no se ese requisito que menciona el registrador de donde salió”.

Tampoco el senador Samuel Arrieta quiso inclinarse por lo dicho por Cepero o por lo dicho por Sánchez, a parte de aclarar su posición: “Yo creo que la ley claramente define la responsabilidad en manos de quien está. Hay unos conceptos que debe dar el Registrador Nacional del Estado Civil y el informe sobre las cuentas debe ser el Consejo Electoral”.

En cuanto al trámite legislativo, Arrieta consideró que “al Congreso llegó una iniciativa ciudadana, la consideró, la tramitó y, si algún certificado está pendiente, no es función del Congreso que eso tenga que darse de manera previa o posterior; cada autoridad tiene una responsabilidad prevista en la ley y a cada quien le corresponde cumplirla en su momento”.

Por supuesto, el Partido Liberal le dio toda la credibilidad al concepto del registrador. El senador Juan Manuel Galán, vocero de la colectividad en la cámara alta, manifestó que, de acuerdo con “las discusiones que hemos tenido en la bancada, el registrados debe certificar las firmas del referendo y debe certificar el referendo”.

Galán precisó que, aunque “el Consejo Nacional Electoral tiene su apreciación al respecto (…), nosotros hasta ahora nos quedamos con lo que ha afirmado el registrador”.

Referendo

Mientras se presentan estas diferencias de criterios, esta semana los presidentes de Senado y Cámara, Javier Cáceres y Édgar Gómez, respectivamente, deben ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de sortear las renuncias e inhabilidades que pesan sobre la comisión conciliadora.

“La verdad no he tenido oportunidad de reunirme con el doctor Cáceres”, le dijo la semana pasada a EL NUEVO SIGLO el representante Gómez, que, por lo pronto, está a la espera de la decisión que tome este miércoles la Comisión de Ética de la Cámara sobre la recusación presentada por Germán Navas.

Los conciliadores nombrados por sus antecesores, Hernán Andrade y Germán Varón no han podido reunirse, por lo que tampoco han producido el informe respectivo.
Por lo pronto, Gómez ha señalado que “yo no llegue a la presidencia de la Cámara para atravesarme o ser un obstáculo en el desarrollo de la legislatura. Por el contrario, considero que la legislatura debe avanzar”.

En las toldas uribistas todavía está sin resolver completamente el debate que se despendió, precisamente, de la elección de Cáceres y Gómez, el 20 de julio durante la instalación de la presente legislatura.

Sobre lo ocurrido ese lunes, el senador Armando Benedetti culpó al ministro Fabio Valencia de la defunción del referendo reeleccionista, al tiempo que Arrieta, presidente de la comisión primera del Senado, dijo que con lo ocurrido con la elección de las mesas directivas del Congreso muestra como se agravó la situación agónica en que venía el referendo desde la Cámara; la iniciativa sigue en cuidados intensivos, conceptuó el senador Arrieta, muy a pesar de quienes, como él, lo han venido defendiendo.

El 20 de julio, bajo la conducción del ex presidente Cesar Gaviria, el Partido Liberal y el Polo Democrático lograron fracturar la coalición del Gobierno, lo que permitió que con el respaldo de todas las bancadas se eligieran unas mesas directivas distintas a las acordadas hace casi cuatro años.

Y aunque Cáceres y Gómez han reiterado su respaldo al referendo, argumentando que hasta ahora han defendido y votado la iniciativa reeleccionista, la realidad es que la elección del senador bolivarense obedece a un acuerdo entre Gaviria y el director de Cambio Radical, Germán Vargas, a quien el nuevo presidente del Senado ha confirmado completa fidelidad; en el caso del representante santandereano, en un mes deberá acatar la línea liberal antireeleccionista.

Gira de Uribe para hablar con siete presidentes

AL TIEMPO que se anunció que el presidente Álvaro Uribe adelantará una gira por siete países para explicar que el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos no es una amenaza para la región, el canciller Jaime Bermúdez no descartó la posibilidad de adelantar acciones diplomáticas contra los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Ecuador, Rafael Correa, ante tribunales internacionales por su presunto apoyo a las Farc.

Uribe visitará Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay, anunció la Casa de Nariño en un comunicado, en el que dijo que la gira es para “abordar los temas del terrorismo en Colombia, sus riesgos y los asuntos relativos a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)”.

El canciller Bermúdez acompañará a Uribe en el periplo que, según el comunicado, será “prudente en declaraciones a la opinión pública”.

La gira se anuncia luego de que los mandatarios de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Chile, Michelle Bachelet, pidieran al Gobierno nacional mayor claridad respecto al acuerdo que negocia con Estados Unidos para que ese país use al menos tres bases militares para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Lula y Bachelet habían propuesto públicamente la semana pasada que Uribe ofreciera esas explicaciones en Unasur, el próximo 10 de agosto en Quito, pero Bogotá rechazó esa sugerencia.

El anuncio de la negociación del acuerdo con Estados Unidos desató el abierto rechazo de los presidentes de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, en tanto que el presidente de Bolivia se ha pronunciado tácitamente.
El presidente Chávez, y su homólogo Correa, han sido los más críticos con frecuentes y duros pronunciamientos.

Chávez además ha dicho que Estados Unidos “tiene planes para invadir” desde las bases colombianas.
Por su parte, el presidente Correa ha expresado su rechazo al acuerdo aduciendo que sería “tremendamente peligroso y riesgoso” porque sería un “factor de desestabilización para la región”.

Entre tanto, el canciller Bermúdez dijo que “frente a estos temas en general, Colombia no descarta ninguna opción. Todas las opciones están sobre la mesa y en el momento en el que se tomen decisiones, serán comunicadas oportunamente”.

Bermúdez respondió así a una pregunta sobre la veracidad de una información publicada ayer en el diario El País de España.

Según el periódico, Colombia “analiza la posibilidad de demandar a Chávez y a Correa en los tribunales internacionales por su apoyo a una narcoguerrilla considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos”.

La afirmación del canciller se produce en momentos en que crecen las tensiones con Ecuador y Venezuela por las sospechas de Bogotá de que los gobiernos de esos países cooperan con las Farc.

Partidos tienen las puertas abiertas por otros 40 días

Este periodo de gracia otorgado por la reforma política, “que pensó el Gobierno que iba a jugar a su favor, terminó siendo un arma de doble filo que ha jugado en contra suya”: Juan Manuel Galán

HAN PASADO veinte días desde que se promulgó la reforma política y todavía poco se sabe acerca de los congresistas que aprovecharán el período de gracia para cambiar de partido.

En otras palabras, los tránsfugas aún no se han revelado. Tránsfuga es, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, la “persona que pasa de una ideología o colectividad a otra”, que “con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”, o que, siendo militar, “cambia de bando en tiempo de conflicto”.

Y es eso exactamente lo que permite la reforma política durante 60 días, tal como fue aprobado por el Congreso en la legislatura que concluyó el 20 de junio, y luego promulgado el 14 de julio.

Allí, en el artículo primero que enmienda el artículo 107 de la Constitución, se propone un parágrafo transitorio que establece: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los mieambros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”.

Puertas abiertas

EL NUEVO SIGLO buscó a los voceros de los partidos para verificar qué movidas se están haciendo en ese sentido.

El representante Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), manifestó que, con el fin de “acelerar el proceso de crecimiento del partido”, la bancada de esa colectividad había aprobado adelantar acciones para “estimular la llegada de nuevos miembros”.

En consecuencia, los legisladores de La U, desde el miércoles pasado, se están ocupando “de qué garantías vamos a ofrecerles a los otros congresistas, concejales y diputados para que puedan llegar al partido y tengan todas las condiciones para su ejercicio democrático, garantías que son fundamentalmente el tema de avales, el tema de representación en los puestos de dirección municipal”, señaló Barreras.

Por su parte, el senador Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional Conservador, expresó que “estamos cursando las invitaciones. Yo creo que vamos a tener un número plural de congresistas actuales, de manera que es solo que ellos nos hagan la solicitud y se las aceptamos. Hay conversaciones adelantadas. No estoy autorizado todavía para los nombres, pero vamos a tener varios congresistas”, los cuales entrarían a la colectividad “en igualdad de condiciones con todas las garantías”.

“Todo el que quiera llegar al partido será bienvenido”, precisó a este Diario el senador Jorge Enrique Vélez, vocero de Cambio Radical, que se apresuró a aclarar que “no estamos comercializando el partido como si fuera un almacén de cadena o cualquier otra cosa”.

El congresista antioqueño reconoció que al igual que las demás organizaciones políticas, están realizando “algunas conversaciones desde el punto de vista ideológico”, que entre los bienvenidos “hay mucha gente entre concejales y diputados” y que “hay también mucha gente llamando que quiere entrar a Cambio Radical, pero son acercamientos de carácter ideológico”, reiteró.

De otro lado, el senador Juan Manuel Galán manifestó que “el Partido Liberal expresó en el debate de la reforma política su oposición a este artículo de trashumancia política, porque considerábamos que esto le abría la puerta a no tener una Yidis y un Teodolindo, sino miles de Yidis y miles de Teodolindos cambiándose de partido por prebendas e incentivos que les iban a ofrecer”.

Sin embargo, admitió que “realmente el Partido Liberal tiene sus puertas abiertas para que regresen muchas personas al partido; pero en el partido solo van a encontrar garantías para hacer la política, mas ningún tipo de prebendas, de puestos ni de contratos, como al parecer en otras instancias gubernamentales sí están ofreciendo”.

En cuanto a quienes podrían llegar al liberalismo, Galán dijo: “Bueno, pues nada menos ni nada más que el presidente de la Cámara de Representantes, Édgar Gómez, que es de Convergencia Ciudadana, ya ha anunciado que regresa al Partido Liberal y que va a aspirar al Senado en Santander. Eso ya de por sí es una persona muy significativa y muy importante que anuncia su regreso al Partido Liberal. Y otras personas a nivel nacional, diputados, ediles, están pensando lo mismo”.

El senador Galán sentenció que este periodo de gracia otorgado por la reforma política, “que pensó el Gobierno que iba a jugar a su favor, terminó siendo un arma de doble filo que ha jugado en contra suya”.

Estamos en presencia de una versión a escala de la Guerra Fría: Montaner

Rusia ya no sería el adversario de Estados Unidos en esta versión moderna de la lucha por el poder en el mundo, que tendría en Latinoamérica a uno de sus escenarios

EN LATINOAMÉRICA hay una izquierda ‘vegetariana’ al estilo Brasil y Uruguay, y otra ‘carnívora’ de la línea chavista o castro-chavista, en la que se puede incluir a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Ecuador.
Así lo considera el reconocido periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner, también fundador y presidente –desde el exilio– de la Unión Liberal Cubana, defensora de la instauración de la democracia en Cuba.

En ese juego de fuerzas se mueve una tendencia política opuesta, como es la de Colombia, incondicional aliada de Estados Unidos, con el que negocia la ampliación de un acuerdo de seguridad que implica el incremento de personal militar norteamericano en tres bases que compartirá con uniformados nacionales, decisión que despertó la ira de sus vecinos.

EL NUEVO SIGLO: Junto con Perú, Colombia es la excepción en cuanto a gobiernos de izquierda en Suramérica. ¿Considera que esta es una razón de los problemas que tiene con sus vecinos Ecuador y Venezuela, o es por la estrategia expansiva de la que usted llama línea Chávez?
CARLOS ALBERTO MONTANER: No esencialmente por el deseo expansivo de esa línea de Chávez; hay que darse cuenta de que el gran aliado del chavismo son las Farc, o sea que ahí hay una complicidad política muy clara, una coincidencia dentro del Foro de Sao Paulo, una asistencia por parte de Venezuela a estos grupos de guerrilleros narcoterroristas de filiación comunista, y ese es el riesgo que corren los colombianos, que por supuesto es un riesgo bastante grande.

E.N.S.: Independiente de las intenciones expansionistas de esa izquierda que usted denomina ‘carnívora’, esos gobiernos han sido elegidos en las urnas. ¿A qué atribuye el deslizamiento de Latinoamérica a la izquierda?
C.A.M.: Han sido elegidos democráticamente, eso le da una legitimidad de origen, pero no han sido elegidos para expandirse por el mundo o para conquistar el planeta ni mucho menos. Eso es como el nazismo que también fue elegido democráticamente, el fascismo que también fue elegido democráticamente, como el franquismo que celebraba elecciones periódicas. Franco se reelegía periódicamente o reelegía su régimen y su movimiento político.
Pero yo sí creo que hay en América Latina un grado muy alto de confusión sobre cómo se crea la riqueza, cómo se distribuye, y que de esa discusión y del fracaso de mucha política pública que no se ha llevado a cabo de la manera que debiera haberse llevado a cabo, esto genera un comportamiento errático de muchas sociedades que no ven satisfechas sus necesidades con el sistema de economía de mercado y la democracia, y finalmente acaban por elegir a un aventurero que les promete la gloria.

E.N.S.: ¿Según usted, cuál sería el modelo a seguir por nuestros países?, ¿el Brasil de Lula, por ejemplo?
C.A.M.: Yo creo que en la medida que esos modelos son todos muy defectuosos, pero si uno va a observar cuál es el país más exitoso de América Latina en los últimos 25 años, yo digo que Chile, habría que hacer las cosas que hace Chile. Cuando Perú empezó a hacer las cosas que hacía Chile, empezó a crecer al 7, al 8,5 por ciento durante un período prolongado. O sea que yo creo que está clarísimo que si hay que elegir entre lo que hace Chile o lo que hace Venezuela, no hay duda que lo que hace Chile es mucho más sensato.

E.N.S.: ¿Cómo observa usted el incremento de personal militar de Estados Unidos en Colombia?
C.A.M.: Hay una decisión soberana de Colombia; son unas bases colombianas de utilización conjunta, como hay en España, como hay en Alemania, en Italia y en otras zonas del mundo. Si conviene a los intereses colombianos, no veo por qué no lo van a hacer.

E.N.S.: ¿Correría peligro Colombia de quedar aislada en la región por este tema y su marcada posición pronorteamericana? Ya hay varios países que incluso quieren que Colombia ofrezca explicaciones al respecto en el marco de la reunión de Unasur…
C.A.M.: Yo creo que ese siempre es un peligro, pero es mejor que se quede con Estados Unidos que no se quede con nadie, de que se quede a merced de unos enemigos que quieren destruir la democracia y el sistema político que se quieren dar los colombianos. Es un caso parecido al de Israel, bueno, esa alianza de Israel con Estados Unidos, inclusive es el único amigo que aparece en el horizonte, ¿va a rechazar a ese único amigo? ¿Apoyaría Francia la democracia y el sistema de economía de mercado de los colombianos?, ¿lo apoyaría Inglaterra? ¿Qué otro aliado tienen en el mundo? Yo creo que es una cuestión de sentido común: existe una gran potencia en el mundo con la cual se comparten ciertos objetivos y ciertos principios, y esa potencia apoya a Colombia no por su bondad intrínseca sino porque le interesa para sus propios objetivos. Si a los objetivos colombianos les interesa la presencia de Estados Unidos, me parecería un absurdo que no lo utilizara.

E.N.S.: ¿Considera usted que Obama se la jugaría por Colombia y pondría en peligro un acercamiento con Latinoamérica, bastante olvidada por Bush?
C.A.M.: Yo creo que desde la perspectiva norteamericana, América Latina es una región con la cual siempre conviene tener buenas relaciones políticas y económicas, pero Estados Unidos ni ninguna potencia seria va a subordinar sus intereses y sus ideales al criterio de unos líderes políticos que son fundamentalmente antiamericanos. El más antiamericano de los líderes de América Latina en este momento es Hugo Chávez, y suministra el 10 por ciento del petróleo que consume Estados Unidos, es una realidad económica.
Los Estados Unidos seguirán comprando las cosas que quieran comprar en América Latina, y los latinoamericanos se las seguirán vendiendo y establecerá las alianzas que pueda, quiera o le convenga establecer. Y no creo que vaya a modificar su comportamiento porque Unasur lo censure. Unasur debió censurar, por ejemplo, esa es una buena observación del Gobierno colombiano, la invitación a la flota rusa a que hiciera su recorrido por América y desplegara su poderío naval.

E.N.S.: ¿Se podría hablar de una segunda versión de la Guerra Fría teniendo en cuenta que chocan los intereses norteamericanos en Latinoamérica con la creciente amistad de Chávez con Moscú?
C.A.M.: Sí estamos en presencia de otra versión de la Guerra Fría, yo no creo que sea tan peligrosa la presencia de Rusia, finalmente no es el adversario peligroso para Estados Unidos; los grandes enemigos son los terroristas, tráfico de drogas y el fundamentalismo islámico, y todo eso está muy cerca del sistema de alianzas que está creando Venezuela. Esa relación con Irán, esa relación con Corea del Norte, con grupos como Hamas y Hezbollah, todo eso sí refleja una nueva versión a escala de la Guerra Fría.

Blanco y negro de la conciliación del referendo

Los presidentes de Senado y Cámara deben ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de sortear las renuncias e inhabilidades

ESTA SEMANA será crucial para el futuro del referendo reeleccionista, pues las declaraciones del registrador Carlos Ariel Sánchez en el sentido de que la certificación que se emite para dar fe de que se respetaron los topes financieros en la campaña de recolección de firmas era un prerrequisito para tramitar la iniciativa, otorga argumentos en contra de los legisladores investigados por la Corte Suprema.

En todo caso, los presidentes de Senado y Cámara, Javier Cáceres y Édgar Gómez, respectivamente, deben ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de sortear las renuncias e inhabilidades que pesan sobre la comisión conciliadora.

“La verdad no he tenido oportunidad de reunirme con el doctor Cáceres”, le dijo la semana pasada a EL NUEVO SIGLO el representante Gómez, que, por lo pronto, está a la espera de la decisión que tome este miércoles la Comisión de Ética de la Cámara sobre la recusación presentada por Germán Navas.

Los conciliadores nombrados por sus antecesores (ver recuadros), Hernán Andrade y Germán Varón, no han podido reunirse, por lo que tampoco han producido el informe respectivo.

Por lo pronto, Gómez ha señalado que “yo no llegue a la presidencia de la Cámara para atravesarme o ser un obstáculo en el desarrollo de la legislatura. Por el contrario, considero que la legislatura debe avanzar”.

Conciliadores del Senado

Los conciliadores nombrados por Hernán Andrade son:
-Héctor Helí Rojas (renunció)
-Luis Fernando Velasco (renunció)
-Griselda Yaneth Restrepo (renunció)
-Cecilia López (renunció)
-Gustavo Petro (renunció)
-Luis Carlos Avellaneda (renunció)
-Jorge Enrique Guevara (renunció)
-Jesús Piñacué
-Eduardo Enríquez
-José Darío Salazar
-Alirio Villamizar
-Juan Manuel Corzo
-Juan Carlos Vélez
-María Isabel Mejía
-Armando Benedetti
-Marco Alirio Cortés
-Elsa Gladis Cifuentes
-Jorge Enrique Vélez
-Alfonso Valdivieso
-Carlos Barriga
-Samuel Arrieta
-Óscar Darío Pérez
-Alexandra Moreno
-Rufino Córdoba
-Víctor Velásquez

Conciliadores de Cámara

Los conciliadores nombrados por Germán Varón son:
-José María Conde (reemplazado por William Vélez -investigado)
-Carlos Enrique Ávila (reemplazado por Constantino Rodríguez - investigado)
-Gustavo Puentes
-Miguel Ángel Galvis
-Telésforo Pedraza (reemplazado por Carlos Augusto Celis - investigado)
-Rosmery Martínez
-Odín Horacio Sánchez (investigado)
-Carlos Fernando Motoa
-Franklin Legro
-Carlos Arturo Piedrahita
-Pedrito Tomás Pereira (investigado)
-Óscar Arboleda (investigado)
-Heriberto Sanabria (investigado)
-Édgar Gómez (renunció - investigado)
-Luis Enrique Dussán (investigado)
-Roy Barrerras (investigado)
-Jorge Gerlein (reemplazado por Óscar Gómez)
-Germán Néstor Viana
-David Luna
-Orsinia Polanco (reemplazada por María Isabel Urrutia)
-Dairo José Bustillo (investigado)
-Germán Olano
-Zamir Silva
-Silfredo Morales (investigado)
-Germán Reyes (renunció)

¿Tentaciones belicistas en América Latina?

El desafío andino-caribeño es diplomático y descansa en la capacidad colombiana para convocar a diferentes países del hemisferio y del mundo a su alrededor. Hoy más que nunca, Colombia debe sentirse mundial y no solamente estadounidense

LA AGITACIÓN que sacude a los países andinos en los últimos días, especialmente por el demagógico e irresponsable tono belicista que los gobiernos de Venezuela y Ecuador han adoptado, no debe sorprendernos. Si bien la divulgación del acuerdo colombo-estadounidense cumplió con las reacciones y efectos políticos previstos, regionalmente hablando, la presión nacional e internacional, a raíz de las denuncias sobre el armamento sueco comprado por Venezuela -ahora en poder de las Farc-, y el enrarecido clima político ecuatoriano como resultado de una eventual investigación sobre la financiación de la campaña electoral del presidente Correa -con contribuciones también de las Farc-, aceleró lo inevitable: una escalada de declaraciones amenazantes por parte del presidente venezolano y una renovada actitud ambigua del presidente ecuatoriano, quien cada día experimenta cómo su gobierno se sumerge en un laberinto político. En medio de tales circunstancias adversas, la sensatez parece huir hacia la tentación de convocatorias nacionalistas y, una vez más, a inaceptables y denunciables invitaciones a la insurrección en terceros países inspirados en los delirios “libertarios” del presidente venezolano.

¿En realidad, algún ciudadano colombiano desearía verse arrastrado a una confrontación bélica, en dos o tres frentes simultáneos, confiado en una participación estadounidense, o a “levantarse” contra su gobierno porque éste ha sido acusado de amenazar el proyecto de “Pax Bolivariana”? Como la intimidación y la extorsión económica no pueden convertirse en la norma que se imponga a las relaciones entre Colombia y los países miembros del ALBA, la respuesta tampoco está en la escalada verbalista y la demostración de poderíos militares. El desafío andino-caribeño es diplomático y descansa en la capacidad colombiana para convocar a diferentes países del hemisferio y del mundo a su alrededor. Hoy más que nunca, Colombia debe sentirse mundial y no solamente estadounidense. ¡No a la guerra, sin duda. Pero no al apaciguamiento que alimenta el aventurerismo bolivariano: a esto hay que “meterle” sociedad internacional!

Mientras ello sucede, es conveniente que los ciudadanos valoremos la situación militar actual de nuestro hemisferio, en términos de problemáticas, convenios, alianzas y acuerdos, más que de cifras y características del material que se ha estado adquiriendo y contratando con diferentes gobiernos del mundo. A pesar de ser una de las regiones con menor gasto militar en los últimos años, proporcionalmente hablando sí ha emprendido una adecuación y modernización casi siempre explicada como “fuerzas disuasivas necesarias y capacidades suficientes” para la defensa nacional. Por ello, desde algunas tribunas y posiciones políticas, se denuncia una “carrera militar” entre países latinoamericanos, aunque ello no adquiere, aún, un nivel alarmante para la convivencia pacífica entre los gobiernos de turno. Es necesario recordar que en la acumulación de recursos y dispositivos bélicos no radica la fuente de una eventual amenaza: ésta sería, en la práctica, y en nuestro concepto, una decisión política gubernamental civil fundamentada en su respectivo “código geopolítico”. ¿Cómo estamos, entonces, en esta materia?

Debates y exploraciones

Durante los años transcurridos de la primera década del siglo XXI, uno de los temas recurrentes en las relaciones internacionales, especialmente a partir del 11 de septiembre de 2001, ha sido la funcionalidad y representatividad de las organizaciones diseñadas para compartir doctrinas, esquemas y responsabilidades militares. El reconocimiento de nuevas amenazas, la revalorización de las amenazas tradicionales, la reflexión y nueva conceptualización sobre la condición asimétrica de conflictos y actores en contradicción, la difusión de los debates sobre las guerras de IV y V generación y las lecciones recogidas y analizadas a partir de las experiencias contrainsurgentes en Irak y Afganistán por parte del Pentágono y sus aliados, crearon un ambiente político que ha estado presionando la revisión de las organizaciones existentes y buscando la nueva arquitectura de defensa para enfrentar los desafíos globales y subregionales a la seguridad global. Nuestro hemisferio, por supuesto, no ha sido la excepción, y no solamente porque Estados Unidos, como es obvio, determina el contenido y los alcances del debate, sino porque, además, existe un notorio interés por parte de otros actores políticos hemisféricos y extra-hemisféricos en establecer formas alternativas de cooperación militar, complementarias o rivales de las inspiradas por el gobierno estadounidense.

EU, “indiferencia” y tensiones

El año 2009 se ha caracterizado por un panorama de tensiones, controversias, distanciamientos y crisis políticas entre gobiernos latinoamericanos, que ha aumentado de forma sensible durante los meses de junio y julio. Ya sea por la contradicción entre modelos de desarrollo, ya por las críticas a las negociaciones económicas en pos de Acuerdos de Asociación o Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur o la Federación de Rusia, o también por los señalamientos de complicidad o ausencia de cooperación efectiva en la lucha contra el crimen organizado transnacional –especialmente vinculado al narcotráfico-, por la penetración de las Farc en países vecinos o la denuncia de su apoyo a organizaciones sociales y políticas australes, y, finalmente, por la resolución pendiente de diferendos limítrofes históricos y fronteras, los países latinoamericanos han construido un clima de tensión regional y binacional que requiere un manejo delicado en manos de estadistas responsables y maduros. No es propiamente lo que se destaca en el hemisferio, con sus honrosas excepciones. La difusión de la gripa porcina o AH1N1, también agregó su cuota con algunas decisiones transitorias y declaraciones que agitaron más el ambiente.

Algunas de esas tensiones han dominado la agenda interamericana, por su potencial desestabilizador subregional, tal y como sucede con la crispación recurrente de Venezuela hacia Colombia, de Nicaragua con sus vecinos, Ecuador con Colombia, y Bolivia con Perú; otras siguen formando parte de tensiones y negociaciones más tradicionales como México con Estados Unidos, Chile con Perú y Bolivia, Guyana con Venezuela, Argentina con Uruguay, Paraguay con Brasil, República Dominicana con Haití, y Guatemala con Belice, o más recientes como Canadá con Estados Unidos y sus contrapartes europeas y Rusia alrededor del Artico. En suma, de polo a polo, tenemos una agenda compleja y sensible con diferentes insumos para debilitar procesos de integración o, en su peor expresión, destruir la confianza mutua y abandonar mecanismos y foros que tradicionalmente habían cumplido una función mediadora o de buenos oficios.

Desde la Operación Fénix contra el campamento del miembro del Secretariado de las Farc Raúl Reyes, en Ecuador, y la reunión del Grupo de Río que le siguió, con los consecuentes debates en la OEA, pasando por las denuncias de procesos electorales cuestionados (Nicaragua), acciones contra funcionarios y autoridades locales y regionales democráticamente elegidos por sus ciudadanos (Venezuela) y el control, denuncia o persecución de medios de comunicación y periodistas (México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú, por ejemplo), algunos gobiernos de América Latina han denunciado la incapacidad del sistema interamericano para investigar, sancionar y defender los valores consignados en la Carta Democrática y los fundamentos mismos de la OEA. El clímax de esta tendencia ha sido la crisis política hondureña a partir del 28 de junio pasado.

Por su parte, el desarrollo del gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, al menos en su dimensión hemisférica, ha sido retórico, con poca claridad en la aplicación de alguna agenda o plan específico que se haya diseñado. En sus últimas declaraciones en materia de política exterior del gobierno demócrata, la Secretaria de Estado, hace pocas semanas, en un prestigioso centro de pensamiento estadounidense, dedicó referencias puntuales y anecdóticas de los contados casos nacionales que en América Latina le eran importantes, resultando indiferente y prácticamente invisible en el gran marco de intereses frente al resto del mundo. Basta señalar que, hasta el momento de escribir estas líneas, Arturo Valenzuela, funcionario designado por Obama para atender los asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, en reemplazo de Thomas Shannon, no ha sido confirmado por el Congreso, y no hay señales de urgencia para ello, tampoco, desde La Casa Blanca. Así que, como ha sido habitual, América Latina sigue ahí, a la sombra de los gestos y movimientos de un gobierno que conserva esa “indiferencia activa”, confiado en las ataduras legadas por la historia.

Escenario abierto

A diferencia de otras décadas, los actores extra-hemisféricos con influencia y proyección en las relaciones internacionales han incursionado como socios, aliados y proveedores en asuntos militares para varios países latinoamericanos. La Federación de Rusia, la República Popular de China, Francia y el Reino Unido, han avanzado con sus contratos, asesorías y acuerdos de cooperación con varios países de la región. China y Francia, por ejemplo, han encontrado espacio político en Argentina y Brasil; Rusia ha hecho lo propio con los países que hoy integran ALBA; el Reino Unido, además de Colombia, ha logrado firmar acuerdos de cooperación en la lucha contra las drogas con Cuba. España, por su parte, tiene desde hace 1 año un acuerdo de cooperación en defensa con Ecuador, y en varias oportunidades ha manifestado su disposición a cooperar, en el marco de la OEA, con la lucha contra el narcotráfico en la región.

Adicionalmente, debemos reconocer el papel creciente de Brasil en materia de seguridad y defensa en el ámbito suramericano, y la apertura a esta provisión de equipos y servicios por parte de Israel y Sudáfrica. Como corolario, la denuncia colombiana sobre el armamento sueco en poder de las Farc nos colocó frente a la paradoja de países como Suecia, cuyas autoridades patrocinan el premio Nobel de Paz, pero venden armas a países que pueden, eventualmente, destruirla, dejando heridas de muy difícil cicatrización en las siguientes generaciones. En el ámbito mesoamericano y del Caribe Occidental, la Iniciativa Mérida impulsada desde Estados Unidos y México, en aras de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, se proyecta como un gran esquema de seguridad subregional. Al tiempo que consolida y amplía su presencia en Colombia en el marco de la ampliación de acuerdos de cooperación militar, Estados Unidos cuenta con misiones similares de cooperación con Perú.

En otras palabras, América Latina es hoy un laberinto de modelos y proyectos de seguridad subregional y de cooperación militar, en medio del cual, se destacan dos propuestas nacionales con liderazgos rivales y con pretensiones hegemónicas subregionales, a saber: el Consejo de Defensa Suramericano, impulsado por Brasil, y el ALBA militar, un proyecto en ciernes que ha tomado mayor impulso y urgencia, desde la perspectiva venezolana, como un mecanismo de cooperación que proteja a las “revoluciones” de las conspiraciones “oligárquicas nacionales” y de su “aliado imperialista”. Para Colombia, y más en este momento, las dos opciones ofrecen perspectivas inciertas; si nos acogemos al primero, ya se anuncia la controversia subregional; y si nos miramos en el segundo, la perspectiva es lamentablemente conflictiva.

* Asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, Universidad Militar Nueva Granada. Licenciado en Filosofía y Letras con Especialización en Historia. Especialista Honoris Causa en Geopolítica. Estudios de Doctorado en Historia.

Jugando con fuego

Está claro que el presidente venezolano quiere, pero no puede, apretar más al gobierno colombiano que, con el tiempo, le logró imponer a Chávez el lastre de cargar la sospecha de nexos con las Farc, que ya en el caso Correa demostró su peligrosidad

SI ALGO quedó claro en los últimos seis días es que los gobiernos Uribe y Chávez son como el agua y el aceite. El problema radica en que así como las distancias entre uno y otro terminan siendo muy visibles, están condenados a seguir unidos por sus propias fronteras.

Más allá de la beligerancia verbal que distingue a ambos mandatarios -otra cosa es que Uribe siempre se controla cuando se trata de Venezuela-, es claro que tanto Bogotá como Caracas saben que deben aprender a convivir con las sospechas y prevenciones mutuas, y que éstas no van a desaparecer ni el corto, mediano o largo plazos.

Para algunos analistas, en medio de todo el cuadro de tensión andina, la ventaja final, quien lo diría, terminaría siendo para Chávez y el presidente ecuatoriano Rafael Correa, toda vez que éstos están recién elegidos mientras que al colombiano le resta un año en el poder, puesto que difícilmente el proyecto de referendo reeleccionista que hace curso en el Congreso podría resucitar del estado agónico en que se encuentra. El riesgo para ellos, paradójicamente, sea forzar a que por cualquier vía Uribe pueda seguir en la Casa de Nariño, puesto que ha demostrado ser un contradictor bastante duro.

Escenarios

Por lo demás, no hay novedad en el frente. Aunque en Colombia causó impacto que Chávez hablara de expropiar empresas colombianas, lo cierto es que los mismos gremios y empresarios venezolanos sostienen que ello no se terminará concretando.

Es más, un dirigente chavista se quejaba el viernes pasado de que aún tomando posesión de las instalaciones físicas de esas empresas, muy poco se podría hacer en materia de continuidad en la producción, puesto que muchas de ellas actúan más como simples maquiladoras de mano de obra y distribuidoras, y no como generadoras de productos terminados, la mayoría de los cuales, al fin de cuentas, son hechos en Colombia y exportados al vecino país.

En lo que hace a las restricciones comerciales, está claro que Chávez las ha venido implementando poco a poco, en la medida en que asegura un mercado sustituto. Si por el mandatario de Caracas fuera, cerraría la frontera con Colombia ya, pero sabe que, al menos en el corto plazo, depende de los alimentos y otros productos y servicios de nuestro país.

El problema no sólo radica en que traer productos de otros países es más caro, y ello con un precio del petróleo que no supera la barrera de los 70 dólares no es financiable a mediano plazo, sino en que en el caso del mercado de alimentos sin procesar y procesados no hay país suramericano que en este momento tenga los excedentes suficientes como para abastecer a Venezuela.

Los estudios sobre el impacto de la crisis económica en América Latina evidencian que afectó especialmente las perspectivas productivas, es decir que así como las empresas redujeron costos y personal, el sector agro fue más conservador en materia de extensión de cultivos sembrada.

En ese orden de ideas, por más que los presidentes Uribe y Chávez pueden bajarle el tono al actual pico de tensión binacional, Venezuela seguirá buscando mercados para sustituir su dependencia de las exportaciones colombianas, y los empresarios de nuestro país tendrán que reforzar su estrategia para conseguir nuevos clientes, tanto a nivel local como internacional.

Por ejemplo, aunque aquí hace carrera la frase de que “cerrar fronteras con Ecuador y Venezuela es como pegarse un tiro en un pie”, lo cierto es que, plata sobre plata, las ventas de productos colombianos a ambos países, pero sobre todo al que dirige Chávez, están infladas en cuanto a volumen real de las divisas.

Caracas lo sabe y Bogotá también. Desde hace varios meses no pocos empresarios y analistas de ambos países han advertido que la creciente favorabilidad de la balanza comercial binacional para Colombia, si bien responde a un aumento de las exportaciones, también tiene su origen en evidentes fenómenos de sobrefacturación, ya que ese terminó siendo el único mecanismo que tienen los productores de nuestro país para compensar las pérdidas en que incurren por la demora del gobierno venezolano para autorizar los pagos y el giro de las divisas.

Tampoco se debe ocultar, como se denunciara esta semana en Caracas, que existe un porcentaje de exportaciones ficticias, mediante el cual algunos empresarios venezolanos buscan mecanismos para poder sacar sus fortunas de Venezuela o blindarse ante la ola de expropiaciones del gobierno chavista.

¿Entonces?

El gran interrogante de esta semana es qué va a pasar con esta crisis. A juzgar por el cruce de comunicados del jueves pasado, y la negativa del gobierno Uribe de ir a la cumbre de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) a explicar al resto de mandatarios de la región el acuerdo de cooperación militar que Bogotá negocia con Estados Unidos, se podría decir que Colombia apuesta a que con el pasar de los días la espuma de la actual controversia baje por sí sola. En otras palabras, espera a que a Chávez se la pase esta última rabieta.

Es claro que negociación no puede haber. El gobierno venezolano nunca va a aceptar la presencia de los militares estadounidenses en las bases colombianas y Uribe no va a renunciar a la misma. Washington no se va a echar para atrás en el acuerdo con Bogotá, pues eso significaría darle una victoria al mayor de sus contradictores geopolíticos en el continente. Brasil, que aparecía a mitad de semana como un prometedor mediador, terminó prácticamente que tomando partido cuando evidenció que no estaba de acuerdo con que personal castrense y civil norteamericano operará desde bases de nuestro país. El ALBA, que lidera Chávez y tiene como principales socios a Ecuador, Bolivia y Nicaragua, se encuentra maniatada, ya que no sólo sería una verdadera locura activar el mecanismo de defensa mutua y poner en la mira militar a Colombia, sino porque cualquier movimiento del bloque chavista terminará atravesándose en las complejas negociaciones que el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, viene adelantando para viabilizar la reinstalación en el poder del depuesto mandatario hondureño, Manuel Zelaya.

Para no pocos analistas, es claro que la administración Obama está presionando para que el presidente centroamericano, que fue sacado del poder hace un mes -y que pertenece al ALBA-, no pueda volver al poder, pero que aun si lo hace sea apenas por un corto tiempo y sin posibilidad alguna de reelección.

En ese orden de ideas, es obvio que la idea es ganarle este pulso a Chávez, que quedó en una posición incómoda: por un lado presionando para que Washington -que impulsa la mediación de Arias- logre un acuerdo para sacar del poder al gobierno de facto de Micheletti, y por otra parte enfrentado a Colombia por que personal norteamericano pueda operar desde bases de nuestro país.

A Chávez no le conviene un enfrentamiento diplomático y político directo con Washington. Si bien el presidente Obama le está dando largas al asunto de actuar contra el gobierno de Caracas y sus andanadas ‘antiimperialistas’, ese margen de acción se le está acabando a la Casa Blanca, no sólo por una mayor presión de los congresistas republicanos sino de otros sectores de la prensa y políticos que consideran necesario subirle el tono al país suramericano.

El editorial el viernes pasado de The Washington Post sugiriendo a Obama que analice si el apoyo del gobierno venezolano a las Farc no daría para incluir a ese país en la lista negra de naciones que patrocinan el terrorismo, así como los últimos informes de autoridades norteamericanas que hablan sobre el auge del narcotráfico en el país suramericano, no se pueden considerar como hechos aislados y sin ningún eco.

Más allá de la forma en que la Casa Blanca ha tomado distancia de la controversia de la última semana entre Uribe y Chávez, es claro que éste último y todo su bloque de países satélites saben que cualquier sanción diplomática, política o comercial a gran escala contra Bogotá, será respondida de inmediato por Washington. Por más que Obama quiera crear un nuevo escenario de relación con América Latina, en situaciones extremas no tendrá opción distinta a hacer valer su alianza con la Casa de Nariño.

Lo que viene

A nivel local ya se percibe un tono menos sumiso de los empresarios colombianos, no tanto por la gravedad del tema de los tres lanzacohetes comprados por Venezuela a los suecos hace 20 años y que terminaron en manos de las Farc, sino por el modo caprichoso con que Chávez quiere manejar asuntos políticos presionando por la vía comercial.

Como bien lo dijera esta semana un prestigioso dirigente empresarial antioqueño, “con lo de esta semana Venezuela está empezando a significar un riesgo muy alto para exportarle… Al final de cuentas, siempre pesará más en el balance de una empresa una ganancia más reducida pero segura, sobre todo en épocas de crisis, que el albur de una buena rentabilidad sujeta a la quisquillosidad de un gobierno y sus trabas cada vez más evidentes para demorar el pago de lo exportado e incluso expropias bienes en su país”.

Esa cambio, lento pero sostenido, de la percepción de la empresa privada colombiana sobre lo que se puede aguantar con tal de no perder el mercado venezolano, sin duda alguna es la principal arma que a mediano plazo tiene Uribe para pensar en replicar, al menos en parte, la amenaza reiterada comercial de Chávez.

Sin embargo, para eso falta aún un trecho por recorrer. Por ahora, la estrategia es esperar prudentemente, pero sin ceder un centímetro en el tema de las bases norteamericanas. Total, ese acuerdo no se va a echar para atrás, por más que Venezuela, el ALBA, Brasil, Unasur y todo el resto de ejes de presión sobre Bogotá exijan.

Más temprano que tarde, Chávez, al igual que ahora lo está haciendo Correa para salirse de la sospecha internacional, se verá forzado a ir tomando cada vez más distancia pública, tangible y real de las Farc. Está visto que las denuncias y pruebas de esos nexos, ya se les convirtieron a Caracas y Quito en un lastre muy difícil de sobrellevar, y del cual EU se aprovecha para justificar su presencia en bases militares colombianas. Si las sospechas de empatía con los subversivos no existieran, otro gallo cantaría…

“Jamás hemos intervenido en notarías”: Tomás Uribe

Se espera que el alto Tribunal decida la fecha para recibir una nueva ampliación de la denuncia del ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute

CUALQUIER INTERVENCIÓN en la adjudicación de notarías fue negada por el hijo del presidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe Moreno, ayer en la Sala de Casación Penal, dentro del proceso que abrió la Corte Suprema de Justicia por la denuncia que interpuso el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, según la cual fueron adjudicadas notarías a los congresistas que votaron a favor la primera reelección presidencial.

“He acudido a la Corte Suprema a cumplir la ley como testigo, y en consecuencia con nuestra actitud de siempre, dar la cara. Y reiteramos que jamás hemos intervenido en notarías, nombramientos o contratos estatales”, dijo el hijo mayor del presidente Uribe a la salida del Tribunal, después de responder una largo cuestionario que le hicieron los magistrados de la Sala Penal.

Tomás Uribe le dijo a la Corte Suprema que no tuvo participación en el nombramiento de Luz Marina Ocampo Hernández como notaria segunda de Tunja en el año 2006.

Esta declaración fue solicitada por la Corte Suprema después que escuchara el lunes pasado la ampliación de la denuncia de Cuello Baute, en la que ratificó que Tomás Uribe sí había influido en la designación de una de las notarías.

En la diligencia del lunes, el ex superintendente de Notariado y Registro dijo:
“No admite duda ni prueba en contrario, fue él (Tomás Uribe) quien designó a la notaria segunda de Tunja, Luz Marina Ocampo Hernández, a quien se le había designado antes en Facatativá”, dijo el ex superintendente.

Además, Cuello Baute afirmó: “Tal como lo expresé a la Corte Suprema en mi denuncia, la hoja de vida de la señora Ocampo Hernández fue remitida al suscrito por el viceministro del Interior Hernando Angarita, y reiterada la solicitud de designación por Bernardo Moreno Villegas y Juan David Ortega…había premura por cuanto los hijos del Presidente, en concreto Tomás Uribe, según el dicho de ellos, tenían interés en el tema”.

Adicionalmente, existe un audio realizado por el entonces notario segundo de Tunja, quien grabó la voz de Luz Marina Ocampo cuando lo visitó para notificarle que era la nueva notaria.

En la grabación la señora Ocampo respondió: “Yo soy cuota de Tomás Uribe”, cuando le preguntó quién le había ayudado para que le fuera adjudicada dicha notaría en el año 2006.

Por otro lado, los grandes ausentes ayer fueron los ex presidentes Andrés Pastrana Arango y Ernesto Samper Pizano, quienes fueron citados por la Corte Suprema de Justicia para que explicaran cómo se entregaban las notarias anteriormente.

Después de escuchar a los expresidentes, la alta Corte citará de nuevo a Manuel Guillermo Cuello Baute para que ratifique su denuncia.

País político rodea a Uribe Vélez en crisis con Venezuela

Desde la coalición gobiernista y la oposición surgieron voces de respaldo al Ejecutivo y se hacen votos por una pronta solución

PLENO RESPALDO recibió ayer el Gobierno nacional de parte de diferentes partidos políticos por la crisis desatada con Venezuela, tras el aviso del presidente Hugo Chávez, quien el martes pasado dispuso congelar las relaciones con Colombia por los señalamientos de que armas suecas vendidas a las Fuerzas Armadas del vecino país aparecieron en poder de las Farc.

El Partido Conservador señaló en un comunicado que “respalda la política internacional del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la cual se ha caracterizado por la prudencia, la no intervención en asuntos de otros estados, y la defensa de los valores e intereses del pueblo colombiano”.

Añade que apoya las gestiones del Gobierno para exigir a su homólogo venezolano las explicaciones pertinentes que permitan esclarecer ante el país y la comunidad internacional las razones por las cuales armamento sueco de alto poder, vendido para uso privativo de las Fuerzas Armadas de Venezuela, apareció en poder de las Farc.

Igualmente, el Partido Conservador señaló que comparte la decisión del Ejecutivo nacional de negociar un convenio de cooperación militar con el Gobierno de Estados Unidos para el uso regulado de algunas bases militares en territorio colombiano, como instrumento en la lucha conjunta contra el terrorismo y el narcotráfico.

El presidente venezolano ha rechazado este acuerdo y ha pedido que sea discutido en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Finalmente, el Partido Conservador invita al Gobierno nacional y a los de Ecuador y de Venezuela a “realizar todos los esfuerzos para la pronta normalización de las relaciones diplomáticas y económicas sobre la base del respeto a la soberanía, la no intervención en los asuntos internos de otros estados y la libre determinación de los pueblos”.

A su turno el Partido de la U, que también hace parte de la coalición de gobierno, señaló que “comparte las decisiones tomadas por el Gobierno colombiano en el campo de las relaciones internacionales, que han sido firmes para enfrentar el terrorismo, prudentes para acudir a los canales diplomáticos, sinceras para reaccionar cuando no funcionan los canales diplomáticos, a la altura de la dignidad de Colombia sin desconocer la necesidad de buscar caminos constructivos con los pueblos hermanos”.

Esta colectividad dijo que el Gobierno colombiano procedió correctamente al haber transmitido al Ejecutivo venezolano, por los canales diplomáticos, su preocupación sobre las armas que llegaron a manos de las Farc.

El liberalismo también dijo presente

A pesar de las diferencias políticas que mantiene con la administración del presidente Uribe, el jefe del liberalismo, César Gaviria, expresó el respaldo de la colectividad al Gobierno nacional en la crisis que se vive con Venezuela.

El ex mandatario señaló que por esa razón pidió a su bancada liberal presente en el Senado aplazar el debate de control político por el acuerdo de cooperación en seguridad y defensa que el Gobierno colombiano negocia con Estados Unidos.

“Creemos que no es el momento para hacer ese debate y de lo que se trata es de rodear al gobierno del presidente Uribe para superar esa coyuntura. Lo hicimos en la crisis con Ecuador y lo hicimos en el pasado con la crisis con Venezuela y lo vamos a hacer de nuevo”, expresó César Gaviria.

El ex mandatario liberal se abstuvo de hacer recomendaciones al Gobierno nacional para solucionar la crisis con Venezuela, pues dijo que el Jefe de Estado como responsable de las relaciones con los demás países le corresponde sortear esta coyuntura.

Trámite del referendo exige certificación integral: Sánchez

Con este precedente, ¿se atreverán los congresistas a votar la conciliación de esta iniciativa popular, que abre la puerta a una nueva reelección de Uribe?

EL TRÁMITE legislativo del referendo reeleccionista depende de que éste haya sido previamente certificado por el Registrador Nacional, “lo que no excluye de ninguna manera lo relativo a los artículos 97 y 98” (de la Ley 134 de 1998), que faculta a este funcionario para ejercer control sobre los aportes económicos por parte de particulares a este tipo de iniciativas ciudadanas, expresó ayer Carlos Ariel Sánchez, en respuesta a una consulta del representante conservador Pedrito Pereira.

De esta forma, el funcionario aclara que el referendo requería no solo la certificación del número de firmas ciudadanas que exige la ley, con la cual el Congreso lo tramitó y aprobó, sino también la certificación de la financiación y montos máximos por parte de particulares.

Sin embargo, el Registrador no ha expedido esta segunda certificación al comité promotor del referendo porque no encontró claridad en las cuentas que éste le presentó sobre los aportes para la campaña de recolección de firmas, por lo que en octubre pasado optó por solicitar al Consejo Nacional Electoral que investigara si hubo o no violación en los topes establecidos.

Pero a la fecha, este organismo no ha tomado decisión al respecto, a pesar que desde hace más de quince días el magistrado Joaquín José Vives presentó su ponencia tras cerca de tres meses de investigación a las cuentas del referendo. En la misma, el magistrado llega a la conclusión de que sí fueron violados los topes para la financiación de este tipo de iniciativas ciudadanas.

Pereira es uno de los 86 representantes investigados preliminarmente por la Corte Suprema por presuntamente haber incurrido en prevaricato al votar el referendo en la plenaria de la Cámara en diciembre pasado, sin que éste estuviera plenamente certificado por el registrador Sánchez, pues la iniciativa fue presentada al Congreso por el comité promotor con una certificación del Registrador, en la que avalaba que contaba con un número de firmas válidas superior al 5% del censo electoral.

En su carta de respuesta a Pereira (del pasado lunes pero hecha pública ayer), el registrador Sánchez Torres señala que “de la lectura e interpretación tanto literal como sistemática de las normas y de la doctrina citada, me permito pues concluir que la premisa necesaria para el trámite de las iniciativas legislativas y normativas conforme al artículo 30 de la Ley 134 de 1994, es que se haya certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa legislativa y normativa, exigidos por esta Ley”.

La consulta de Pereira se desprende de una respuesta del Registrador a un derecho de petición del representante liberal Carlos Arturo Piedrahita, del pasado 18 de junio, en la que Sánchez Torres señala “…En atención a su segunda petición, me permito certificar que a la fecha no se ha expedido ninguna certificación en donde conste que el referendo de reelección presidencia (sic), ha cumplido con las normas legales referentes a la financiación y montos máximos de de (sic) contribuciones privadas que pueden ser invertidas en los mecanismos máximos de participación ciudadana”.

Por lo que Pereira oficia la Registrador Nacional diciéndole que “Con base en esta manifestación (contenida en la respuesta a Piedrahita), quisiera que me respondiera si la ausencia de este certificado es requisito fundamental, para la terminación del trámite legislativo del proyecto de ley No. 138 de 2008 Cámara, 242 de 2008 Senado, que en este momento se encuentra en su etapa de conciliación”.

Al respecto, el Registrador responde que “bastaría una lectura literal del artículo 30 de la Ley 134 de 1994, para satisfacer su solicitud de concepto, la cual a la letra reza: “Presentación y publicación de las iniciativas populares legislativas y normativas ante las corporaciones públicas. Una vez certificado por la Registraduría del Estado Civil correspondiente, el cumplimiento de los requisitos de una iniciativa legislativa y normativa, exigidos por esta ley, su vocero, presentará dicho certificado con el proyecto de articulado y la exposición de motivos, así como la dirección de su domicilio y la de los promotores, ante la Secretaría de una de las Cámaras del Congreso de la República o de la Corporación pública respectiva, según el caso”.

En su respuesta al oficio presentado, el Registrador hace hincapié en la frase una vez certificado contenida en el artículo 30 de la Ley 134.

“Obsérvese que la primera proposición del artículo 30 ídem establece “una vez certificado”, expresión que no hace referencia a un número determinado de certificaciones sino a la evidencia de que se haya certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil “…el cumplimiento de los requisitos de una iniciativa legislativa y normativa, exigidos por esta Ley”.

A continuación el Registrador transcribe las normas contenidas en la Ley 134, donde se hace mención al tema de “Certificación”: Artículo 24º.- Certificación de la Registraduría. En el término de un mes, contado a partir de la fecha de la entrega de los formularios por los promotores y hechas las verificaciones de ley, el respectivo Registrador del Estado Civil certificará el número total de respaldos consignados, el número de respaldos válidos y nulos y, finalmente, si se ha cumplido o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos para el apoyo de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo.

Artículo 27º.- Certificación. La organización electoral certificará, para todos los efectos legales, el cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos participación ciudadana.

¿Será tenido en cuenta?

El pronunciamiento del registrador Sánchez podría tener efectos impredecibles para el referendo reeleccionista que por el momento no avanza en el Congreso, dependiendo de qué suceda con la recusación contra el presidente de la Cámara, Édgar Gómez, que hasta ahora no le ha permitido nombrar los reemplazos ante las dos renuncias, incluyendo la suya, en la comisión que por Cámara debe conciliar con su par del Senado los diferentes textos aprobados por las respectivas plenarias, que en el primer caso le permitiría al presidente Uribe aspirar en 2014 a un nuevo período, mientras que en el segundo, lo podría hacer en 2010.

En consecuencia, le corresponde al fuero interno de cada congresista si tiene en cuenta este pronunciamiento del Registrador al momento que la conciliación del referendo sea presentada a la plenaria de cada cámara y por ende declararse impedido para votarla, o votar y quedar expuesto a las demandas por pérdida de investidura, que seguramente serán interpuestas en cantidad.

Hoy Tomás Uribe declarará en caso de feria de notarías

El alto Tribunal además realizó una inspección en las comisiones primeras de Cámara y Senado para indagar sobre las sesiones llevadas a cabo en el 2004 y que permitieron la primera reelección presidencial

DENTRO DE la investigación que abrió la Corte Suprema de Justicia por la denuncia que interpuso el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Guillermo Cuello Baute sobre las presuntas notarías que fueron adjudicadas a congresistas que votaron positivamente la primera reelección presidencial en el Congreso, hoy irá a declarar ante el alto Tribunal Tomás Uribe, el hijo del Presidente de la República.

Tomás Uribe deberá explicar su presunta participación en el nombramiento de Luz Marina Ocampo Hernández como notaria segunda de Tunja en el año 2006.

Esta declaración fue solicitada por la Corte Suprema después que escuchara el lunes pasado la ampliación de la denuncia de Cuello Baute, en la que ratificó que Tomás Uribe sí influyó en la designación de una de las notarías.

“No admite duda ni prueba en contrario, fue él (Tomás Uribe) quien designó a la notaria segunda de Tunja, Luz Marina Campo Hernández, a quien se le había designado antes en Facatativá. Esto amén del material probatorio sobreviniente que sea del caso señalar: la declaración jurada de Milton Contreras Amel en la Procuraduría General, la grabación en la que la ex notaria manifiesta cómo llegó a esa notaría, además del testimonio del saliente notario de Tunja Uriel Francisco Bonilla”, dijo el ex superintendente.

Además, en la ampliación de la denuncia Cuello Baute afirmó: “Tal como lo expresé a la Corte Suprema en mi denuncia, la hoja de vida de la señora Campo Hernández fue remitida al suscrito por el viceministro del Interior Hernando Angarita, y reiterada la solicitud de designación por Bernardo Moreno Villegas y Juan David Ortega.

Apremiado como lo fui y expliqué aduciendo a ellos que había premura por cuanto los hijos del Presidente, en concreto Tomás Uribe, según el dicho de ellos, tenían interés en el tema”.

Adicionalmente, existe un audio realizado por el entonces notario segundo de Tunja, quien grabó la voz de Luz Marina Ocampo cuando lo visitó para notificarle que era la nueva notaria.

En la grabación la señora Ocampo respondió: “Yo soy cuota de Tomás Uribe”, cuando le preguntó quién le había ayudado para que le fuera adjudicada dicha notaría en el año 2006.

Además, la Sala Penal de la alta Corte determinó llamar a declarar a los ex presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana, con el fin de que expliquen cómo se entregaban las notarías anteriormente.

Inspección judicial al Congreso

En el mismo proceso de las notarías, la Corte Suprema de Justicia inspeccionó ayer la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y del Senado para indagar si hubo alguna irregularidad en las sesiones llevadas a cabo en dicha célula legislativa en el 2004, cuando se aprobó el acto legislativo que permitió la primera reelección de Álvaro Uribe.

A las comisiones primeras y respectivas secretarías llegó la magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal Lubeth Ceballes, en compañía de cuatro funcionarios del CTI de la Fiscalía, donde revisó los nombres de todos los congresistas que votaron la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial.

Para ello, solicitó copia de actas, gacetas, ponencias, audios y videos de las sesiones.

A esta inspección se suma la ordenada el pasado 22 de julio a todas las notarías que presuntamente habría asignado el Gobierno a varios congresistas en el 2004, y otra que ya se efectuó sobre la Superintendencia de Notariado y Registro.

Cámara maniatada para la conciliación del referendo

Sigue corriendo el tiempo en contra de la iniciativa que, según las cuentas del Gobierno, sería conciliada en la primera semana de agosto

A PESAR de su intención de que la comisión conciliadora de Cámara empezara a trabajar en la armonización de los textos del referendo reeleccionista aprobados en la pasada legislatura, ayer la idea no le salió bien al coordinador de la misma, Óscar Arboleda.

La reunión debió ser suspendida porque faltó más de la mitad de los integrantes, al tiempo que se concluyó que no se puede hacer nada hasta que se defina la recusación en contra del presidente de la Cámara, Édgar Gómez.

Causó sorpresa la ausencia de los cuatro parlamentarios que representan al Partido de La U en la comisión de conciliadores, más teniendo en cuenta que sólo 24 horas antes el presidente de la colectividad, Luis Carlos Restrepo, dijo que ésta se la jugaría por sacar adelante el referendo.

Al respecto, Roy Barreras le dijo a EL NUEVO SIGLO que “hablé con Óscar Arboleda, y como muchos no supimos, me contó que ayer (martes) en la plenaria en la noche, él había anunciado la reunión pero mucha gente no estaba y por lo tanto no se enteraron, de manera que fue un problema de comunicación”.

Sin embargo, a la cita sí acudieron los comisionados que representan a los independientes, a Cambio Radical, al Polo y al Partido Liberal, estas dos últimas colectividades opositoras al referendo porque abre la puerta a una reelección inmediata del presidente Uribe.

Senado y Cámara deben conciliar las diferencias presentadas en los textos aprobados del referendo reeleccionista, que señalan, el primero, que Uribe puede aspirar en 2010, mientras que en el segundo solo lo puede hacer hasta 2014.

Hay que esperar al miércoles

Ayer la Comisión de Ética de la Cámara se reunió para ocuparse de la recusación en contra de Gómez, presentada por Germán Navas (del Polo), argumentando que está impedido para reconformar o suplir las renuncias que se han presentado en la comisión de conciliación porque es uno de los 86 representantes que por prevaricato investiga de manera preliminar la Corte Suprema, por haber votado el referendo en la plenaria de la Cámara a sabiendas de que esta iniciativa popular no había sido plenamente certificada por el Registrador Nacional.

En consecuencia, la Comisión de Ética nombró a los congresistas que deben rendir un informe de ponencia el próximo miércoles, en el sentido de aceptar o no la recusación al presidente de la Cámara.

Por lo tanto, hasta ese día y dependiendo de la decisión que se tome sobre la recusación a Gómez, la conciliación del referendo queda ‘en el congelador’.

Así lo confirmó a este Diario el presidente de la Cámara: “Estoy esperando a que la Comisión de Ética resuelva el tema (la recusación en su contra) para afrontar de manera directa lo que se refiere a la conciliación”.

Y es que hasta que no se defina la recusación contra Gómez no puede nombrar los dos reemplazos de la comisión de 25 conciliadores: él es uno de quienes han renunciado, junto con Germán Reyes, del Polo.

Cambio Radical prefiere a Vargas

Ayer la bancada de senadores de esta colectividad ratificó que apoyará a Germán Vargas Lleras en su aspiración a la Presidencia, sin importar la suerte que corra el referendo.

Además, se determinó que la entrega de avales para integrar las listas al Congreso por la colectividad estará supeditada al apoyo irrestricto a Vargas Lleras.

Solamente se ausentaron de la reunión de bancada 3 de los 15 senadores que tiene la colectividad: Claudia Rodríguez, Plinio Olano y Jairo Enrique Tapias.

En cerrada votación de 6 a 5, DNC no aplazó consulta interna

“La preocupación es que el Partido llegue siquiera al 50 por ciento de los votos que obtuvo en la consulta de octubre. Y creo no los va a obtener”: Ubeimar Delgado

EN UNA apretada votación, el Directorio Nacional Conservador (DNC) decidió no aplazar la realización de la consulta interna, a través de la cual sus militantes escogerán a su candidato único a la Presidencia de la República.

Según declaró al término de la reunión el presidente del DNC, Efraín Cepeda, ese organismo partidista “por mayoría determinó que la fecha del 27 de septiembre continúa”.

La decisión fue tomada luego de un largo cruce de cartas a favor y en contra del aplazamiento, la más reciente de las cuales fue leída el 20 de julio durante la instalación de las sesiones ordinarias del Senado por el legislador vallecaucano Ubeimar Delgado.

Dicha misiva, suscrita por ocho senadores, le manifestaba a Cepeda la necesidad de aplazar la consulta: “Podríamos incluso ir más allá”, leyó el senador Delgado, “y proponer, si fuere posible, para marzo de 2010 la inclusión de la tercera papeleta y así definir los candidatos de los partidos a la Presidencia de la República en las elecciones de Cámara y Senado”.

En la misiva, los congresistas le dijeron al senador Cepeda: “En sus manos está la unión del Partido”, señalando que, “por supuesto”, el aplazamiento debe ser consultado “a las directivas de los otros partidos y al Consejo Nacional Electoral”.

Ayer, Delgado asumió la derrota de esa propuesta. “El Directorio ya tomó una decisión”, señaló para significar que no insistirán en el tema. “Lo importante es que el Directorio ya tomó una decisión de conservar la fecha. La preocupación es que el Partido llegue siquiera al 50 por ciento de los votos que obtuvo en la consulta de octubre. Y creo no los va a obtener”, añadió.

El senador Delgado expuso la forma en que la iniciativa de aplazar la consulta fue derrotada. Según él, “toda la mañana en el Directorio se escucharon voces de unidad, de si el consenso era aplazar para que el Partido se fortaleciera y darle oportunidad a otras personas”, como la embajadora Noemí Sanín, “a que se inscribieran. Pero, obviamente”, debido a “las presiones que llegaron a los celulares, finalmente” llevó a que la votación quedara seis a cinco.

Dichas presiones, explicó Delgado, provinieron principalmente de parte del candidato Andrés Felipe Arias, quien “estaba demasiado obstinado en que no se moviera la fecha”.

Para el congresista, “el consenso mayoritario se notó en que sí se debería aplazar, pero en el momento de votar ya quedó cinco-seis; seis a favor de mantenerse en la posición para el 27 de septiembre y de no hacer la solicitud de aplazamiento”.

Sin embargo, otro de los asistentes a la reunión del DNC, el senador caldense Omar Yepes, señaló que “ese resultado es el producto de la rebelión de los jóvenes que integran el Directorio Nacional Conservador”.

En cuanto al argumento de Arias, sobre que aplazar la consulta sería darle una ventaja a la embajadora Sanín, Delgado sostuvo que “Arias estuvo todo el tiempo haciendo campaña desde el ministerio”.

Marta Lucía Ramírez

Adicionalmente, el DNC aprobó invitar a la ex ministra Marta Lucía Ramírez para que participe en la consulta interna del Partido Conservador en calidad de precandidata presidencial.

Actualmente, la ex senadora Ramírez, que renunció al Partido Social de Unidad Nacional (La U) en marzo pasado, viene adelantando una campaña presidencial en calidad de independiente y tiene un camino adelantado de diálogo dentro de los denominados quíntuples para edificar un nuevo partido, tal como lo informó el martes EL NUEVO SIGLO.

El senador Cepeda dijo que el DNC sigue “haciendo invitaciones” y que ayer fue convidada “la doctora Marta Lucía Ramírez. El Directorio Conservador unánimemente aprobó que se le cursara esta invitación. Personalmente me he comunicado con ella”.
Según Cepeda, Ramírez “ideológicamente ha estado muy cercana al Partido Conservador. Son muchos los amigos comunes”.

Al cierre de esta edición la candidata no había atendido las llamadas de este Diario para pronunciarse sobre la invitación conservadora.

Pero el lunes pasado, luego de una reunión con Luis Eduardo Garzón, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, ella había declarado: “El compromiso nuestro y la invitación nuestra a todo el país es a que trabajemos juntos por un buen ejercicio de la política, pensando en el bien común de los colombianos, de los 44 millones de colombianos, y pensando sobre todo en un futuro de largo plazo, en donde Colombia sea un país desarrollado, próspero, seguro, moderno, incluyente y justo”.

Noemí Sanín

Había también sobre la mesa, la convocatoria a los 12 senadores que firmaron la primera carta que propuso el aplazamiento de la consulta; el planteamiento fue expresado por el senador Juan Manuel Corzo.

Por su parte, el senador Jorge Hernando Pedraza, uno de los firmantes de las misivas que piden aplazar la consulta, le dijo a este Diario que el aplazamiento era “una posición que encarna la mayoría de los senadores del Partido Conservador”.

Precisó Pedraza que la propuesta quería “buscar un candidato de origen, pensamiento y programa conservador” y que en ese camino pueda intervenir “la ex canciller Noemí Sanín”, considerando que “esa candidatura representa un aire nuevo en la política del país, porque es una mujer que tiene experiencia, es una mujer que está madura, es sensata” y tiene la capacidad “suficiente para manejar con carácter, autonomía e independencia las riendas de los destinos de los colombianos”.

Sobre el particular, el senador Cepeda expresó ayer que su “papel es seguir invitando; así como a Marta Lucía a la doctora Noemí Sanín: Volverle a decir que las puertas del partido están abiertas”.

Acerca de otras posibles precandidaturas, Cepeda indicó que aún el DNC no tiene noticias de otras intenciones. En particular, manifestó: “No se ha recibido ninguna solicitud de Álvaro Leyva”.

Consulta

Como lo informó este Diario el martes, “la solicitud hecha al Consejo Nacional Electoral de realizar consulta interna para la escogencia de candidatos presidenciales” fue cancelada por La U, a través de un comunicado leído por su presidente Luis Carlos Restrepo.

Así, además del Partido Conservador las organizaciones políticas que realizarán consultas internas el 27 de septiembre serán el Partido Liberal, el Polo Democrático, el movimiento Mira y el Partido Verde Opción Centro.

Por otra parte, el pasado 22 de julio la sala plena del Consejo Nacional Electoral amplió el plazo hasta el próximo 27 de agosto para que los partidos puedan inscribir otros nombres como precandidatos presidenciales.

Hoy le definen la recusación a Édgar Gómez

ESTE MIÉRCOLES el referendo reeleccionista se enfrenta al reto de eliminar una piedra más en el agreste camino que transita en el Congreso, cuando la Comisión de Ética de la Cámara se ocupe de definir la recusación contra el presidente de esta Corporación, Édgar Gómez Román.

Desde el lunes pasado, cuando fue radicada esta petición en la Comisión de Ética de Cámara, empezaron a correr los tres días que tiene esta célula para decidir si acepta o no la recusación que presentó contra Gómez el representante del Polo Germán Navas Talero, y contra el primer vicepresidente, Santiago Castro, al considerar que por estar incursos en una investigación por prevaricato que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra 86 parlamentarios que votaron el referendo, están inhabilitados para reconformar la comisión que por Cámara debe conciliar con su homóloga de Senado los diferentes textos del referendo aprobados en ambas cámaras, el cual abriría la puerta a una nueva reelección del presidente Uribe.

En caso de que la Comisión de Ética acepte la recusación contra el presidente de la Cámara, le correspondería reconformar la comisión conciliadora de Cámara al vicepresidente, es decir a Santiago Castro, quien tampoco puede adelantar este procedimiento por el momento, porque debe esperar a que la Comisión de Ética defina la recusación en su contra.

Sin embargo, como un hecho curioso, a esta Comisión solamente ha llegado la recusación contra el presidente Gómez.

Esto indica que si la recusación en contra de Gómez se hace efectiva, la situación de Castro solo sería definida hasta la semana entrante. Mientras tanto sigue corriendo el tiempo en contra del referendo reeleccionista, que después de que salga del Congreso debe pasar a examen de la Corte Constitucional.

Liberales no cobran victoria por romper coalición: Gaviria

“Simplemente sentimos que votamos por buenos candidatos que nos dan garantías para el control político”

NO ES cierto que el Partido Liberal haya concretado “acuerdos para bloquear agenda legislativa del Gobierno”, dijo ayer el ex presidente César Gaviria, jefe único de esa organización política.

Con estas palabras, Gaviria respondió a las acusaciones de la coalición uribista, principalmente del presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Luis Carlos Restrepo, quien ha repetido que el ex gobernante coordinó con Cambio Radical la fractura de la coalición y el rompimiento de los pactos en el Congreso.

“El juicio de responsabilidades que ha venido después en la coalición de Gobierno no nos concierne. No hemos cobrado ninguna victoria”, afirmó Gaviria.
“Simplemente sentimos que votamos por buenos candidatos que nos dan garantías para el control político”, comentó.

Tras la instalación del período de sesiones ordinarias del Congreso, cuando tanto en Cámara como en Senado no fueron elegidos los candidatos originalmente pactados dentro de la coalición uribista, Miguel Amín (de La U) y Gabriel Zapata (de Alas Equipo Colombia), respectivamente, los legisladores que siguen las directrices del Gobierno han estado debatiendo sobre las responsabilidades de los sucesos de esa jornada.

Ese día, con una votación ampliamente mayoritaria, incluyendo a los integrantes de las bancadas uribistas, fueron escogidos Javier Cáceres, de Cambio Radical, como presidente del Senado, y Edgar Gómez, de Convergencia Ciudadana.

De acuerdo con Restrepo y otros dirigentes uribistas, esos acontecimientos obedecieron a una alianza entre el Partido Liberal y Cambio Radical orquestado por Gaviria y Germán Vargas.

La semana pasada, Restrepo dijo que “hay un partido, Cambio Radical, cuyo jefe está propiciando un juego doble”, razón por la cual pidió que “se sepa qué Ministro representa a qué partido y en qué condiciones”.

Y añadió que Gaviria había dicho “claramente que él no reconocía el acuerdo para entregarle la segunda vicepresidencia de la Cámara” al liberalismo “porque su principal objetivo era romper la coalición de Gobierno”.

Referendo

Sobre el referendo reeleccionista, uno de los proyectos cuyo trámite, según Restrepo, el liberalismo busca sabotear, Gaviria explicó que los problemas de esa iniciativa no se deben a “las mesas directivas”, sino a otros “de naturaleza legal y constitucional”.

En relación a un comentario del ministro del Interior, Fabio Valencia, que calificó la actitud de Gaviria el 20 julio, a propósito de la elección de las mesas directivas del Congreso, como la de un “mico en un pesebre”, el jefe liberal señaló que ese fue un “mico” que el funcionario “no vio”.

En cuanto a la actitud de los senadores y representantes liberales, Gaviria defendió su actitud en el Congreso: “Les hacemos quórum en sus comisiones cuando la gente de la coalición somete al Gobierno a chantajes burocráticos, hemos sido muy responsables en el Congreso y lo vamos a seguir siendo”.

De acuerdo con lo dicho ayer por Gaviria, los liberales en el Congreso han demostrado que acompañan los proyectos cuando son buenos y que, incluso, con su presencia muchas veces salvan esos proyectos en comisiones y plenarias.

Uribe “centralista”

En su dialogo de ayer con los periodistas, Gaviria habló del “temperamento centralista que tiene el presidente Uribe”, argumentando que, desde su perspectiva, prácticamente todas las decisiones que se toman en las regiones tienen que contar con el visto bueno del Gobierno Nacional, algo que para él es inconveniente.

“Prácticamente no hay un gobernador o un alcalde que pueda iniciar una obra, que pueda adelantar una iniciativa sin que necesite permiso de Planeación, de un ministerio, de la Presidencia de la República”, manifestó.

“El presidente ha interferido en las funciones de las Asambleas, de los Concejos, de los alcaldes, le dice a todo el mundo qué tiene que hacer, supedita todas las obras a su voluntad”, añadió Gaviria.

Gaviria puso como ejemplo a la Costa Atlántica, “que siempre ha tenido una presencia muy grande en el concierto nacional y que en este Gobierno se perdió”.
En particular, Gaviria hizo referencia a declaraciones del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, para quien Gaviria no hizo nada desde la Casa de Nariño por la Costa.

Gaviria sostuvo que quien ha obstaculizado los programas de infraestructura en los departamentos y ciudades de la Costa Atlántica ha sido el propio presidente Uribe bajo cuyo mandato “el país esta totalmente centralizado”.

“Lamento que se hayan perdido estos ochos años en materia de infraestructura y hasta ahora comienzan hablar de licitaciones para la Costa para construir unas obras y dejaron pasar el tiempo cuando había capitales internacionales y por eso el país tiene hoy muchas dificultades”, dijo.

En general, según Gaviria, la pérdida en infraestructura sufrida en este Gobierno, ha influido en pérdida de oportunidades en inversiones extranjeras.

Punto crítico

Este punto de la centralización de las decisiones regionales, ya se lo había comentado a EL NUEVO SIGLO el senador conservador Hernán Andrade.

Hace algunos días, en diálogo con este Diario, Andrade señaló que Uribe, “con los consejos comunales, a propósito interactúa con la base, con los gobernadores y con los alcaldes”.

“El tema con el presidente Uribe es que se roba las banderas y se queda con los votos”, precisó Andrade.

Quíntuples buscan fórmula para elegir candidato único

“Decidimos mantenernos unidos”: Fajardo. “Lo cierto es que hay una voluntad expresa de trabajar los cinco”: Garzón.

UNA FÓRMULA para lograr definir quién será su candidato presidencial único están buscando los líderes independientes Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Luis Eduardo Garzón y Sergio Fajardo, también denominados los quíntuples.

Para lograr conseguir la fórmula se han dado el plazo de un mes, al término del cual no solo podrían tener la forma de escoger un único aspirante presidencial, sino que podrían constituirse en un nuevo partido político.

Así, el grupo que el 20 de mayo se presentó en sociedad en el Capitolio Nacional, frente a la estatua de Rafael Núñez, a propósito de la reforma política, podría resultar mucho más que la pose para una foto.

Un candidato, un partido

Ayer, los cinco dirigentes se reunieron por más de cuatro horas para afinar varios meses de encuentros entre sus equipos de asesores.

“Ahora se necesita terminar de definir los mecanismos necesarios para que tengamos un candidato presidencial único para este grupo, y la idea sería conformar un partido que influya en la orientación del país de manera muy constructiva en el largo plazo”, dijo Peñalosa.
Pero, precisamente, lo que falta es encontrar la fórmula que permita definir ambas cosas.

“Es la primera vez que nos sentamos nosotros cinco a trabajar juntos”, explicó Fajardo. “En medio de todo esto surgieron una serie de alternativas que no habíamos considerado en forma previa”, agregó. “Decidimos que, analizando estas nuevas alternativas que se presentaron, tenemos hasta un mes para resolver todos los interrogantes que nos quedaron por plantear. Cada quien tendrá que mirar con su equipo de trabajo” las opciones, sostuvo.

Sobre cuáles son esas opciones, ninguno quiso adelantar nada. “Decir los detalles es suplantar las consultas que vamos a hacer con los equipos y no me parece justo, porque no queremos atropellar ninguna de las iniciativas que en este momento están andando”, expresó Garzón.

Un mes

Por lo pronto, está claro que los quíntuples quieren seguir caminando juntos. “Decidimos mantenernos unidos”, aseguró Fajardo. “Lo cierto es que hay una voluntad expresa de trabajar los cinco y la gente que pueda agregarse a una dinámica de estas”, comentó Garzón.

“Aquí se trata de ligar entre sí varios procesos. Tal vez el más importante en estos momentos sea la generación de un nuevo partido en Colombia, lo que requeriría una presencia en el Congreso muy fuerte”, señaló Mockus. “Pero no podemos imaginarnos una lista de Congreso única con cuatro o cinco candidatos presidenciales”, dijo; y añadió: “Nos damos un mes para resolverlo”.

“El compromiso nuestro y la invitación nuestra a todo el país es a que trabajemos juntos por un buen ejercicio de la política, pensando en el bien común de los colombianos, de los 44 millones de colombianos, y pensando sobre todo en un futuro de largo plazo, en donde Colombia sea un país desarrollado, próspero, seguro, moderno, incluyente y justo”, indicó Ramírez.

“Tengo todo el interés de participar en la construcción de un partido de largo plazo, que tenga listas al Congreso, que tenga un candidato presidencial, que tenga candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías y que sea un partido importante de largo plazo, que haga una política distinta y que tenga un compromiso especialmente fuerte con la igualdad”, precisó Peñalosa.

Con la idea que se cumplirán los pactos, hoy se eligen mesas directivas

Los partidos minoritarios tendrían representación en tres vicepresidencias de las seis células congresionales que están pendientes por elegir

CON LA convicción de que se cumplirán los pactos establecidos por la coalición mayoritaria de gobierno, hoy serán elegidas las nuevas mesas directivas para la última legislatura en cinco comisiones de la Cámara, después de que la semana anterior no se logró por falta de consenso, como sí lo hicieron las otras ocho células permanentes que componen el legislativo.

Sin embargo, quedará pendiente la elección de la mesa directiva de la Comisión Séptima de Senado porque uno de los candidatos está fuera del país.

A diferencia de lo sucedido el pasado 20 de julio en la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara, cuando se rompieron los pactos y la presidencia quedó en manos de Cambio Radical y Convergencia Ciudadana, respectivamente, creando una crisis en la coalición uribista, que llevó incluso a la U a pedir que Cambio Radical fuera excluido de la coalición, los acuerdos en la elección de hoy estarían garantizados.

Comisión Primera de Cámara

Nuevamente la coalición de gobierno se quedaría con la presidencia de esta célula legislativa, si los pactos se cumplen. “Yo pienso que los partidos de la coalición de gobierno se van a quedar con los dos cargos y se van a respetar los acuerdos”, le dijo a este diario la saliente presidenta de esta Comisión, Karime Mota.

Para la presidencia se postularían por la coalición mayoritaria Carlos Motoa (Cambio Radical) y Fernando De La Peña (Alas-Equipo Colombia); mientras que la oposición postulará al liberal Germán Olano.

Comisión Segunda de Cámara

La nueva mesa directiva de esta célula mantendría la tendencia que se presentó en la legislatura pasada, de dar participación a las minorías, cuando la vicepresidencia fue para el movimiento Apertura Liberal.
El nuevo presidente estaría entre Luis Felipe Barrios (Cambio Radical) y Manuel Vives (Partido de la U).

En tanto que si lo pactos se cumplen, la vicepresidencia sería para el Partido Liberal, que tiene como candidato a Wilmer Gonzáles. Precisamente, estos pactos permitieron a las minorías acceder a la vicepresidencia en la pasada legislatura con Silfredo Morales. “Yo creo que un liberal puede llegar a la vicepresidencia porque ya se había concertado eso con la mayoría de gobierno”, señaló Morales a EL NUEVO SIGLO.

Comisión Tercera de Cámara

Los pactos establecidos le asegurarían a los partidos minoritarios la vicepresidencia de esta célula, que en la legislatura pasada ostentó con el liberal Guillermo Santos.

La presidencia de esta Comisión está acordado que será para el conservador Carlos Ramiro Chavarro. “El doctor Chavarro es el candidato y ese es el acuerdo. La elección de Chavarro está asegurada”, le dijo a este Diario el representante conservador Fernando Tamayo.

En lo que corresponde al candidato a la vicepresidencia, éste saldría de una reunión de bancada del Partido Liberal, convocada para las primeras horas de la mañana de hoy.

Comisión Cuarta de Cámara

Nuevamente los partidos de la coalición se quedarán con la mesa directiva de esta comisión, como lo establecen los pactos. De acuerdo a los mismos, la presidencia será para el Partido Conservador, que presentará como candidato al representante Jorge Garcíaherreros; mientras que la vicepresidencia será para Colombia Democrática, que postulará a José María Conde. “Vamos a cumplir los pactos”, le dijo a este Diario el saliente presidente de esta Comisión, Miguel Amín (Partido de la U)

Comisión Quinta de Cámara

Los pactos establecidos por la coalición de gobierno dicen que la presidencia de esta nueva mesa directiva corresponde al Partido de la U, mientras que la vicepresidencia es para Alas-Equipo Colombia, le dijo a este Diario el representante conservador Bladimiro Cuello.

Para presidente hay tres candidatos: Jorge Carmelo Pérez y Fuad Rapag (Partido de la U) y Luis Enrique Dussán (del Movimiento Por Huila Nuevo Liberalismo).
Sin embargo, este cargo se podría embolatar para la U si no logra definirse por uno de los dos aspirantes que tiene. En este caso, la coalición mayoritaria votaría por otro de sus candidatos.

Mientras que para la vicepresidencia Alas-Equipo Colombia presentará como candidato al representante Constantino Rodríguez

En lo que corresponde a la oposición, el Partido Liberal definirá en reunión de su bancada en la mañana de hoy el candidato que presentará a la vicepresidencia, incluso podría presentar aspirante a la presidencia, le dijo a este Diario el representante por esta colectividad, Juan Carlos Valencia.

Comisión Séptima de Senado

Por una semana más seguirá esta célula legislativa sin mesa directiva pues la elección que se tenía programada para hoy fue aplazada, por solicitud de la senadora liberal Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, quienes se encuentran en Estados Unidos, comisionados por el Congreso para hacer una veeduría a que los ex jefes paramilitares extraditados cumplan con el proceso de colaboración con la justicia colombiana. En consecuencia, esta elección se hará hasta el martes próximo, le dijo a este Diario el senador Jorge Ballesteros.

En cuanto a los aspirantes a la nueva mesa directiva, los pactos establecidos por la coalición de gobierno señalan que la presidencia le corresponde en esta oportunidad a Cambio Radical, colectividad que tiene a Rodrigo Lara y a Jairo Tapias como sus candidatos.

En tanto que la vicepresidencia sería para los partidos minoritarios, cargo para el cual suena el senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático.

Sin embargo según algunos sondeos, el fiel de la balanza apuntaría a que Lara sería el nuevo presidente de la Comisión Séptima pues contaría con el respaldo del Partido Liberal y el Polo.

¿Quiénes son los aspirantes presidenciales en Colombia?

Esta es la radiografía de las 21 personas que se disputan la posibilidad de gobernar el país, teniendo en cuenta el género, las regiones de las que provienen, las profesiones que han ejercido, los cargos que han ostentado y su experiencia electoral

Género

Con tres candidatas, esta es la jornada electoral en que más mujeres han presentado su nombre para aspirar al solio de Bolívar; sin embargo, son solo el 14 por ciento entre todos los aspirantes.

Mujeres

Cecilia López
Marta Lucía Ramírez
Noemí Sanín

Hombres

Alfonso López
Alfonso Gómez
Andrés Felipe Arias
Aníbal Gaviria
Carlos Gaviria
Carlos Holguín
Fernando Araújo
Germán Vargas
Gustavo Petro
Héctor Helí Rojas
Iván Marulanda
Jaime Araújo
José Galat
Juan Manuel Santos
Lucio Torres
Luis Eduardo Garzón
Rafael Pardo
Sergio Fajardo

Regiones

Hay entre los presidenciables cinco antioqueños, siete cundinamarqueses (de los que cinco son bogotanos), cuatro costeños, dos boyacenses, un risaraldense, un tolimense y un vallecaucano.

Antioquia

Andrés Felipe Arias
Aníbal Gaviria
Carlos Gaviria
Noemí Sanín
Sergio Fajardo

Bogotá y Cundinamarca

Alfonso López
Germán Vargas
Gustavo Petro
Juan Manuel Santos
Luis Eduardo Garzón
Marta Lucía Ramírez
Rafael Pardo

Boyacá

Héctor Helí Rojas
José Galat

Costa Atlántica

Cecilia López
Fernando Araújo
Jaime Araújo
Lucio Torres

Risaralda

Iván Marulanda

Tolima

Alfonso Gómez

Valle del Cauca

Carlos Holguín

Profesiones

La gran mayoría de los aspirantes presidenciales estudió derecho (11 en total), seguidos por los economistas (6); hay un administrador, un ingeniero, un periodista y un matemático.

Abogados

Alfonso López
Alfonso Gómez
Carlos Gaviria
Carlos Holguín
Germán Vargas
Héctor Helí Rojas
Jaime Araújo
José Galat
Marta Lucía Ramírez
Noemí Sanín

Estudios de Derecho

Luis Eduardo Garzón

Economistas

Andrés Felipe Arias
Cecilia López
Gustavo Petro
Iván Marulanda
Juan Manuel Santos
Rafael Pardo

Administrador

Aníbal Gaviria

Ingeniero

Fernando Araújo

Periodista

Lucio Torres

Matemático

Sergio Fajardo

Cargos

La actual baraja de candidatos presidenciales está integrada por personas con intensas carreras en los campos público y privado. Se destaca que 13 de los aspirantes han sido congresistas, 10 han sido ministros (algunos en varias oportunidades), 6 han representado a Colombia como embajadores o algún otro cargo diplomático, y cinco se han desempeñado como concejales, periodistas o catedráticos. Hay cuatro que han sido alcaldes.

Congresistas

Alfonso Gómez
Alfonso López
Carlos Gaviria
Carlos Holguín
Cecilia López
Germán Vargas
Gustavo Petro
Héctor Helí Rojas
Iván Marulanda
Marta Lucía Ramírez
Rafael Pardo

Ministros

Alfonso López
Andrés Felipe Arias
Carlos Holguín
Cecilia López
Fernando Araújo
Iván Marulanda
Juan Manuel Santos
Marta Lucía Ramírez
Noemí Sanín
Rafael Pardo

Embajadores o diplomáticos

Alfonso López
Cecilia López
Jaime Araújo
José Galat
Gustavo Petro
Noemí Sanín

Catedráticos

Carlos Gaviria
José Galat
Lucio Torres
Rafael Pardo
Sergio Fajardo

Concejales

Alfonso López
Carlos Holguín
Germán Vargas
Gustavo Petro
Iván Marulanda

Periodistas

Aníbal Gaviria
Carlos Holguín
Lucio Torres
Rafael Pardo
Sergio Fajardo

Alcaldes

Carlos Holguín
Iván Marulanda
Luis Eduardo Garzón
Sergio Fajardo

Consejeros o asesores presidenciales

José Galat
Rafael Pardo

Jueces

Alfonso Gómez
Carlos Gaviria

Magistrados

Carlos Gaviria
Jaime Araújo

Constituyente

Iván Marulanda

Designado

Juan Manuel Santos

Directora de Planeación

Cecilia López

Directora del Seguro Social

Cecilia López

Directora del Incomex

Marta Lucía Ramírez

Diputado

Alfonso López

Fiscal General

Alfonso Gómez

Gobernador

Aníbal Gaviria

Presidente de la USO y la CUT

Luis Eduardo Garzón

Procurador General

Alfonso Gómez

Experiencia electoral

En cuanto a sus caudales electorales, los candidatos presidenciales de esta campaña son, en su gran mayoría, expertos de muchas batallas en las urnas.

Doce se han dejado contar con votos en los últimos siete años y solo dos, aunque han participado en jornadas democráticas a cuerpos colegiados, sus cifras corresponden a comicios anteriores al 2002. Finalmente, hay 6 para los que esta será su primera medición en las urnas.

No se han medido en las urnas

Andrés Felipe Arias
Fernando Araújo
Jaime Araújo
José Galat
Juan Manuel Santos
Lucio Torres

Elecciones recientes

Aníbal Gaviria
Carlos Gaviria
Carlos Holguín
Cecilia López
Germán Vargas
Gustavo Petro
Héctor Helí Rojas
Iván Marulanda
Marta Lucía Ramírez
Noemí Sanín
Rafael Pardo
Sergio Fajardo

Elecciones anteriores a 2002

Alfonso López
Alfonso Gómez

Ahora sí: presidenciables, en sus marcas…

La debacle de la coalición en el Congreso y el seguro hundimiento de la iniciativa reeleccionista, bajó a la política colombiana de la bicicleta estática en que llevaba más de un año. Una veintena de candidatos y precandidatos ya no tienen freno alguno y deberán jugársela toda. Análisis

TRAS MÁS de un año la bicicleta estática en que estaba montada la política colombiana se frenó. Y no para dejar el escenario inmóvil, sino para que todos aquellos que estaban montados en la misma, se bajarán y empiecen a avanzar por su propia cuenta.

Esa, sin duda, es la principal conclusión de lo que pasó esta semana. La accidentada elección de las mesas directivas de Senado y Cámara no sólo dejó fracturada la coalición parlamentaria uribista, sino que terminó de complicar el panorama para el proyecto de referendo reeleccionista, que del estado agónico con que terminó la anterior la legislatura pasó a la antesala del rigor mortis, en apenas el primer día de la nueva.

Y es que en los últimos cinco días, salvo el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, la gran mayoría de la dirigencia uribista coincidió en que la fractura de la coalición y el nuevo mapa de alianzas políticas que se generó para llevar a Javier Cáceres a la presidencia del Senado y a Edgar Gómez a la de la Cámara, prácticamente le dieron un golpe de gracia a la ya difícil viabilidad del referendo.

Si bien es cierto que tanto Cáceres como Gómez dijeron que no serían obstáculo para la confección de las nuevas listas de conciliadores que deben reunirse para tratar de consensuar un texto único del referendo y, en caso de lograr un acuerdo, llevarlo a consideración de ambas plenarias, lo cierto es que la realidad política evidencia que ello no sería así.

Si bien Cáceres es de Cambio Radical, ese partido prácticamente está ya por fuera de la coalición uribista, no sólo por la candidatura presidencial de su líder, Germán Vargas Lleras, sino porque su alianza con el partido Liberal está cada día más avanzada, tal como quedó demostrado en el acuerdo que hicieron para quitarle la presidencia del Senado a Gabriel Zapata, a quien señalaban los acuerdos firmados hace tres años sobre la rotación de las mesas directivas del Congreso. Aunque Cáceres dice que el referendo debe llegar a las urnas, se declaró “vargasllerista” en materia de candidaturas presidenciales.

Gómez, a su turno, si bien proviene de otro partido uribista, en realidad está haciendo tránsito al liberalismo oficialista, decisión que se confirmará en menos de 50 días, ya que ese el plazo que resta para que los congresistas que se quieren trastear de colectividad puedan hacerlo sin sanción alguna, según lo estableció la reforma política constitucional que entró a regir la semana pasada.

Simple lógica

Es obvio que si liberales y Polo Democrático hicieron alianzas con Cambio para romper la coalición, ese pacto va más allá de la elección de Cáceres y Gómez, y tiene como telón de fondo maniobrar para que la conciliación del referendo se hunda definitivamente.

A ello debe sumarse que día tras día crece el número de Representantes a la Cámara -de los 86 investigados por la Corte Suprema de Justicia por votar en segundo debate el proyecto de referendo- que no sólo renunciaron a hacer parte del grupo de conciliadores, sino que anuncian que se declararán impedidos para votar la iniciativa en la plenaria. Es más, el propio Presidente de la corporación fue recusado ya por el parlamentario del Polo, Germán Navas, mientras que el vicepresidente, el valluno Santiago Castro, dijo que se declararía impedido.

En ese orden de ideas, las posibilidades de que la conciliación del referendo sea votada positivamente prácticamente son nulas y así lo admitieron esta semana no sólo las toldas de los partidos La U, Conservador, Cambio, Convergencia y Alas-Equipo Colombia, sino la propia Casa de Nariño, que en medio de la rebelión de la primera de las colectividades contra el ministro Valencia Cossio y los dirigidos por Germán Vargas Lleras, dio instrucciones para que los candidatos y precandidatos oficialistas le metan el acelerador a sus respectivas campañas.

Último estertor

Incluso, trascendió que al presidente Uribe, consciente de que la posibilidad de un tercer periodo consecutivo suyo está muy embolatada, lo que más le empezó a preocupar es que la coalición se rompa definitivamente, y en ese marco hasta la eventualidad de dejarle abierta la puerta para postularse en el 2014 se trunque. En otras palabras, la Casa de Nariño en esos momentos tiene su mira puesta en el 2014 y, por lo mismo, requiere recomponer sus fuerzas parlamentarias para viabilizar esa opción.

La cuestión llegó a tal punto, que un alto dirigente uribista admitió que el Gobierno se le va a jugar toda en la conciliación, sobre todo en lo que tiene que ver con el Senado, con el objetivo de convencer a las mayorías de sus bancadas que acepten el texto que fue aprobado por la Cámara de Representantes, que le dio luz verde en la madrugada del 17 de diciembre pasado a la pregunta original de la iniciativa, que sólo permitiría una segunda reelección de Uribe en el 2014.

“Lo primero es evitar que se hunda la iniciativa. Ese escenario sería catastrófico, ya que allí se cerrarían las puertas para que Uribe vuelva al poder. La idea ahora es que siendo casi imposible una maniobra política para imponer el texto del Senado que permitiría preguntar a los colombianos sobre una segunda reelección inmediata, entonces debe optarse porque en la conciliación se apruebe el de la Cámara, que si bien aplaza la posibilidad para el 2014, deja ya abierta esa puerta… Es claro que el próximo gobierno, por más uribista que pudiera ser, llegara un momento en que pensará más en su reelección que en la segunda de Uribe”, precisó el dirigente uribista.

Por otra parte, para quienes desde el alto Gobierno empezaron a defender esta especie de ‘Plan B’, siempre le queda al Presidente la posibilidad de que la Corte Constitucional, la mayoría de cuyos nueve magistrados fueron nombrados bajo la era Uribe, entre a “modular” la sentencia sobre el referendo (claro, si pasa en el Congreso), y pueda interpretar que los cerca de cuatro millones de personas que firmaron respaldando la iniciativa lo hicieron pensando claramente en una segunda reelección en 2010 y no 2014.

Sin embargo, muchos constitucionalistas creen que un escenario así es bastante improbable. Además, se prevé que en las próximas dos semanas el pleno del Consejo Nacional Electoral emita su respectivo fallo sobre la ponencia que proyecto el magistrado investigador Joaquín José Vives, según la cual las anomalías en la financiación de la campaña de recolección de firmas para el referendo reeleccionista son de bulto, no sólo por las ilegales maniobras contables que protagonizó el ex ministro Luis Guillermo Giraldo sino porque claramente se violaron los topes de donación individual.

Una decisión en ese sentido haría imposible, entonces, que el Registrador Nacional pueda expedir la respectiva certificación de cumplimiento de requisitos legales en la campaña. Ese documento es clave para que la Corte Constitucional pueda avalar la iniciativa, en caso de que llegue a su consideración.

Si el CNE se pronuncia antes de que se pueda entrar a operar la instancia de conciliación, entonces el referendo recibirá el puntillazo mortal, ya que allí sí todos los parlamentarios que no quieren la reelección de Uribe pero no lo admiten públicamente y menos ante la Casa de Nariño, ya que podrían perder las cuotas de poder burocráticas, tendrían una excusa perfecta para apartarse de la votación.

Acelerador a fondo

Visto entonces que la posibilidad de un nuevo periodo consecutivo del Jefe de Estado es muy baja, entonces la campaña para la sucesión se destraba de una vez por todas, y la veintena de candidatos y precandidatos que hay en el partidor, faltando apenas por concretarse la aspiración de Juan Manuel Santos, puesto que Noemí Sanín ya anunció su ingreso a la puja proselitista, no tienen ya ninguna limitante para meter el acelerador en pos de captar el apoyo popular.

Como es apenas obvio, la agonía del referendo prendió de nuevo las alarmas sobre cómo hará Uribe para garantizar que uno de sus alfiles lo suceda en la Casa de Nariño. Un a vez más sale a flote la teoría sobre el cómo y el cuándo del ‘guiño’ presidencial.

Por ahora es claro que el Mandatario ha dicho que la única fórmula para evitar que el liberalismo o el Polo lleguen al poder, es presentar un candidato presidencial uribista único.

Ello obligará, entonces, a que las facciones que han acompañado al Gobierno no sólo escojan a su respectivo aspirante en procesos electorales internos sino que éste se mida luego con el resto de los representantes de cada partido de la coalición, y quien gané vaya a la primera vuelta a enfrentarse con la oposición y los independientes.

Sin embargo, como en el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho… Lo que se ha evidenciado hasta el momento es que la cada facción de la coalición cree tener la suficiente fuerza como para jugarse sola en primera vuelta y forzar el apoyo obligado del resto de los candidatos gobiernistas.

En ese marco, Uribe, es claro, no se arriesgará a dar un guiño tempranero a determinado candidato y menospreciar a los otros, pues ello generaría una división que bien podría abrirle un boquete a la coalición y en ese escenario fácilmente candidatos como el independiente Sergio Fajardo o los aspirantes del Polo y los liberales podrían dejar al uribismo fuera del juego tras la primera vuelta.

Faltando diez meses para la primera vuelta de los comicios presidenciales, las encuestas no son un indicativo real de la temperatura política, no sólo porque se hicieron en coyunturas muy diferentes y con la opción del referendo aún viva, sino porque el apoyo a los distintos aspirantes variará una vez la ciudadanía entienda que la posibilidad de una segunda reelección está descartada. Eso podría llevar algunas semanas.

Y como si fuera poco, es claro que, por ejemplo, los nombres de Santos o Noemí aún no se han sopesado completamente en las encuestas, pues hasta ahora sólo eran vistos como posibles aspirantes pero en cuestión de días ya sus opciones serán reales.

El partidor

Una veintena de candidatos se encuentra en el partidor. Sin embargo, se espera que en cuestión de dos o tres meses ese número de haya reducido de manera significativa.

El primer ‘corte’ será sin duda la consulta interna que los distintos partidos tienen programada para el 27 de septiembre. Aunque hasta el viernes pasado esa fecha seguía firme, no se descarta que pueda ser aplazada, sobre todo por la llegada de Sanín a la campaña conservadora.

Pero aún si ello no ocurre, es claro que se pueden adelantar algunos eventuales escenarios una vez pase la cita en las urnas. Por ejemplo, en el Polo Democrático todo hace indicar que la consulta la ganará Carlos Gaviria, quien puntea todas las encuestas previas y ya logró en mayo de 2006 más de 2,6 millones de votos. La opción del senador Gustavo Petro es más bien reducida y todo lleva a que se lanzará de nuevo al Congreso, aunque hay quienes le aconsejan que dé un paso al costado y mejor empiece a prepararse para una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

También parece despejado el panorama en las toldas del partido Liberal, ya que todas las encuestas dan por ganador a Rafael Pardo, a tal punto que la duda gira más en torno a si logrará pasar o no del millón de votos.

En lo que tiene que ver con los conservadores, la cuestión sí está más complicada. Hasta el momento las encuestas se inclinan hacia el ex ministro Andrés Felipe Arias, quien gana con holgura a Carlos Holguín, Fernando Araújo y José Galat. Pero la llegada de Sanín a la carrera por el tiquete presidencial cambia el escenario.

Aunque la ex embajadora quiere que se aplace la cita del 27 de septiembre y así poder competir en igualdad de condiciones con aspirantes que llevan cinco meses de proselitismo, Arias y un buen número de Representantes a la Cámara se oponen. Sin embargo, el grueso de los senadores así como sectores pastranistas y de opinión en la colectividad están de acuerdo con posponer la consulta, bajo la tesis de que la ex canciller es una carta segura para ganar el banderín uribista y no tiene lógica alguna que se puedan cerrar las puertas por un asunto de simple mecánica.
En lo que hace a La U, Santos, quien lidera varias encuestas, estará arribando al país en cuestión de semanas y será el candidato de esa facción sin oposición alguna.

Igual pasa con Vargas Lleras, quien, además, no descarta la posibilidad de que después de la consulta interna del 27 pueda llegar a un acuerdo para realizar una medición con Pardo y el mismo aspirante independiente Luis Eduardo Garzón, con el fin de concretar una candidatura fuerte que enfrente a la opción uribista.

Ajeno a todo ese ajedrez está Sergio Fajardo, quien junto a Santos puntea varias encuestas. Ha dicho que va hasta el final y si bien Garzón y otra candidata independiente como Martha Lucía Ramírez, desde el grupo de los “quíntuples”, quieren hacer una consulta entre ellos para escoger un solo aspirante, el ex alcalde de Medellín no le jala a la idea.

Como se ve, el partidor de precandidatos y candidatos está lleno. Y lo ocurrido esta semana en el primer día del Congreso y los coletazos políticos generados por la derrota de la coalición, fue el pistoletazo que se esperaba desde hace más de un año para arrancar en firme la campaña presidencial. El proyecto de referendo era una especie de ‘seguro’ que impedía accionar esa arma, pero fue ‘levantado’ por los mismos errores y divisiones uribistas. A competir señores y señoras.

Ahora la rebelión en la U es contra Luis C. Restrepo

Quienes defiende la tarea del presidente de la colectividad estiman que no tiene futuro la rebelión en su contra.

EL HASTA ahora minoritario movimiento de congresistas que rechaza la dirección que le ha dado Luis Carlos Restrepo al Partido Social de Unidad Nacional (La U), se están sumando otros legisladores inconformes.

Desde un comienzo el senador Jairo Clopatofsky ha sido el abanderado de la resistencia a Restrepo. “No es que yo quiera tumbar cabezas; simplemente que él reflexione que no es la persona más idónea para representar ese cargo y que se requiere una persona que sepa algo más de política”, dijo ayer el congresista.

Paradójicamente, quien promovió la llegada de Restrepo a La U, el senador Armando Benedetti, resultó ahora en las filas de quienes prefieren que deje la presidencia de la organización política. “Claro que yo no puedo hablar mal de Restrepo ahora, porque yo fui quien me lo inventé. Lo que pasa es que el señor me traicionó”, le explicó Benedetti a este Diario.

Sin embargo, los defensores de la línea que Restrepo le está dando a La U consideran que el movimiento inconforme dentro de la colectividad no tiene ningún futuro. “El partido tomó hace un par de días tres decisiones muy importantes”, entre las cuales está “respaldar totalmente al doctor Restrepo”, le dijo a este Diario el representante Roy Barreras.

Para él, la petición de renuncia a Restrepo “es la iniciativa del doctor Benedetti que cada ocho días le pide la renuncia a alguien”. Además, “el doctor Restrepo tiene todo el apoyo del partido”, añadió Barreras.

“Que vuelva Santos”

En la actualidad, el centro del debate sobre la continuidad o no de Restrepo se encuentra en sus resultados políticos, siendo el más evidente la composición de las mesas directivas del Congreso y las comisiones constitucionales, tanto en Senado como en Cámara.

Benedetti es señalado de impulsar a Javier Cáceres como presidente del Congreso. Hay quien lo ha tildado de trasfuga. “¿Dónde está el h… trasfuguismo? Si todo el partido votó conmigo por Cáceres, si el Presidente de la República se reunió con Cáceres, si Bernardo Moreno y el ministro se reunieron con Cáceres”, expresó el legislador. “El que está diciendo trasfuguismo es un payaso, es un ignorante”.

Como los miembros de la bancada votaron “sin excepción, por Cáceres”, a su juicio eso impide que se le amoneste bajo la ley de bancadas. Esa norma aseguró, “solo rige para mis actuaciones en el Congreso”.

En medio de todo esto, Benedetti anunció que invitará al ex ministro Juan Manuel Santos para que anticipe su regreso al país con el fin de tomar las riendas de La U. “No hay derecho a que el partido del presidente Uribe, el más uribista, esté en esta forma tan atomizado”, indicó. “Hay que volverlo a aglutinar y la forma es Juan Manuel Santos. Por eso yo estoy redactando una carta ahora, en la que le voy a decir a Santos que, por favor, venga”.

“Que regrese pronto Juan Manuel Santos para que ayude a coordinar esto porque la ingenuidad política nos está matando”, reiteró Benedetti.

Sobre este particular, Clopatofsky solo señaló que “Juan Manuel es un líder innato, fue uno de los fundadores del partido de La U. Esa es una persona idónea, que llenaría con toda cabalidad y con toda entereza y, sobre todo, con mucha prudencia la dirección de los destinos del partido de La U”.

Pero, mientras tanto, no se sabe que tanta fuerza pueda llegar a tener este movimiento inconforme dentro de La U.

“Yo creo que los hechos hablan por sí solos”, dijo Clopatofsky, para quien la gestión de Restrepo no es más que “una sumatoria de errores, tras errores”.

Para él, lo más peligroso es que “se nos vienen ahora unas elecciones para el próximo mes de marzo en un partido que todavía no tiene norte, un partido que está totalmente desorganizado”.

El tema, seguramente será motivo de debate en las próximas reuniones de la bancada. “Me imagino que me quieren llevar a la próxima reunión de bancada para crucificarme, pero allá iré y verán que les resucito”, concluyó Benedetti.

La víspera, Restrepo había dejado entrever que hay molestia con el congresista: “Miembros del partido han pedido abiertamente una decisión sancionatoria o de amonestación”.

El secretario general de La U, Mario Solano, también admitió que no cayó bien en la bancada que el senador Benedetti transmitiera a través de Twitter información relacionada con las decisiones tomadas en su reunión del miércoles pasado.

Sin embargo, a través de ese mismo medio, Benedetti publicó, en las últimas horas, numerosas actualizaciones relacionadas con la sanción que le buscan imponer. “Es mejor usar los medios de comunicación y no el erario publico como el senador Name”, escribió en una de ellas. “Soy mediático por naturaleza. Mi profesión es comunicador social y mi primer trabajo fue como periodista”, dijo en otra.

Hablando de este tema, Benedetti aseguró que, el día del encuentro de la bancada, “no reveló detalles de la reunión privada sino trascribió las palabras de Luis Carlos Restrepo, quien en ese momento daba una rueda de prensa a los diferentes medios de comunicación”.

Cambio Radical

Como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, La U pidió que Cambio Radical saliera del Gobierno, por cuanto considera que ya no hacía parte de la coalición.
El representante Germán Varón, vocero de esa colectividad, aseguró ayer que, “independiente de la cuota burocrática”, en su partido ven en Álvaro Uribe un “gobernante idóneo”.

Sobre la misma cuestión, el senador Cáceres habló con este Diario y dijo que no sabe “qué cargos tenga Cambio Radical en el actual Gobierno”; y reiteró: “Yo no veo que Cambio Radical tenga ninguna representación ahora en la administración”.
Para Cáceres, sobre este tema, en La U “están hablando pura burundanga, no más”.

Varón y Cáceres respondieron así a una “recomposición de la bancada uribista” que traiga “una reestructuración de la representación política al más alto nivel” que había reclamado Restrepo, tras reunirse con el ministro del Interior, Fabio Valencia.

“Replantear la coalición quiere decir que Cambio Radical ya no está en la coalición”, explicó Barreras; y, por lo tanto, “debería estar fuera del Gobierno”, añadió, no sin antes señalar que los miembros de esa organización política “le hacen daño al presidente desde adentro, son caballos de Troya”.

“Ese partido tiene un jefe que está propiciando un juego doble, pues se ve que dice que es del uribismo pero hace alianzas con el liberalismo para romper la bancada”, recalcó Restrepo.

“Al interior del Gobierno todavía están representados los que abandonaron el Gobierno, los que rompieron la coalición, los conspiradores, los que traicionaron al presidente”, manifestó Barreras, que ahora hace parte de La U, pero hasta hace unos meses perteneció a Cambio Radical, que lo expulsó.

Aspirantes a Fiscal deberán responder test de la Corte

Algunos magistrados pidieron que la terna se devolviera y otros se mostraron partidarios de votar y elegir uno de los postulados

AL NO haberse tomado una decisión de fondo el jueves pasado sobre la terna para elegir el próximo Fiscal General debido a las múltiples posturas y críticas que recayeron sobre los tres aspirantes, la Corte Suprema de Justicia decidió crear un test para que sea respondido por ellos el próximo seis de agosto.

“Hubo muchas ideas, posturas, muchas reflexiones y todo quedó en el test de elegibilidad que comenzará a aplicarse el próximo seis de agosto”, le dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez Guzmán, a Caracol Radio.

El magistrado además indicó que “la Corte se va a tomar el tiempo prudente y necesario” para decidir el nombre del nuevo Fiscal General, por lo que su elección podría tardarse un buen tiempo.

“No es que sea tan dificultoso ni complicado, lo que pasa es que del nombramiento del Fiscal dependen muchas circunstancias para el país y hay que tener toda ponderación, toda calma y toda reflexión”, le dijo Ibáñez Guzmán a W Radio.

Sin embargo, Ibáñez aseguró que no importa que las votaciones se hagan después de la fecha en que se deba posesionar el reemplazo de Mario Iguarán, prevista para el primero de agosto, pues frente al cargo estaría el actual vicefiscal Guillermo Mendoza Diago.

“Fue una reunión muy interesante, fue una lluvia de ideas, y se consideró la creación de un test para ponerlo en comprobación a cada uno de los candidatos; es la primera vez que se hace, da tiempo para la reflexión y la tranquilidad”, finalizó el presidente del alto Tribunal.

La Sala Plena de la Corte Suprema que sesionó el pasado jueves y daba inicio a las rondas de votaciones para elegir al Fiscal General, analizó las denuncias que fueron interpuestas contra Juan Ángel Palacio Hincapié, pero tampoco tomó alguna decisión al respecto.

Sin embargo, el jueves se evidenció que la mayoría de los 23 magistrados se inclinan por el ex embajador ante la OEA Camilo Ospina y por el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio Hincapié. No obstante, fuentes al interior del alto Tribunal aseguraron que aunque todavía no se han debatido las posibles consecuencias de las denuncias y escándalos que han rodeado al ex magistrado Palacio Hincapié, los magistrados que respaldan su nombre, la mayoría de la Sala de Casación Penal, todavía no se deciden a votar o no por él.

También quedó aplazada la respuesta de la Corte Suprema a la petición que hizo Palacio Hincapié de ser escuchado por la Sala Plena para explicar y defenderse de las denuncias que le fueron interpuestas.

Palacio Hincapié fue denunciado en el 2008 por un magistrado auxiliar de haberlo sobornado con dinero para que realizara un proyecto de fallo específico y beneficiara a una de las partes en el proceso. Sin embargo, esta denuncia fue archivada en marzo de este año.

Según pudo establecer este Diario, hay dos magistrados que el jueves pidieron que se devolviera la terna, pero otros magistrados se opusieron a esta posibilidad.

Miércoles definen prórroga de consulta conservadora

“He hecho las consultas y todos los días recibo cartas de un grupo de senadores que piden que se aplace y otros que no”, dijo el presidente del partido

LA DECISIÓN sobre si el Partido Conservador aplaza o no la consulta interna para escoger su candidato único a la presidencia podría tomarse el próximo miércoles, anunció el senador Efraín Cepeda.

El presidente del Directorio Nacional Conservador negó que sea un obstáculo para la realización de la consulta, programada por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 27 de septiembre.

“He hecho las consultas y todos los días recibo cartas de un grupo de senadores que piden que se aplace y otros que no; de manera que quien traza la política del partido es el Directorio. Entonces, habrá una reunión definitiva el miércoles y se tomará la decisión final allí. Pero yo considero que debe participar el mayor número de candidatos posibles, hasta donde ello sea posible”, declaró Cepeda.

El senador manifestó que aunque la embajadora en el Reino Unido no lo ha dicho públicamente, cree que Noemí Sanín está interesada en incluir su nombre en la consulta de la colectividad.

Cartas

En la noche del lunes, durante la instalación de las sesiones del Congreso y luego de la elección de las mesas directivas del Senado, el legislador vallecaucano Ubeimar Delgado leyó una carta que ocho senadores le dirigieron a Cepeda reiterando la necesidad de aplazar la consulta interna para elegir el candidato presidencial único del Partido Conservador.

“Podríamos incluso ir más allá”, leyó el senador Delgado, “y proponer, si fuere posible, para marzo de 2010 la inclusión de la tercera papeleta y así definir los candidatos de los partidos a la Presidencia de la República en las elecciones de Cámara y Senado”.

En la misiva, los congresistas le dicen al senador Cepeda: “En sus manos está la unión del partido”, aclarando que, “por supuesto”, el aplazamiento debe ser consultado “a las directivas de los otros partidos y al Consejo Nacional Electoral”.

En la misma plenaria, el senador Milton Rodríguez leyó otra carta en la que los firmantes manifestaron su desacuerdo con el aplazamiento.

Noemí Sanín

Está también sobre la mesa la convocatoria a los 12 senadores que firmaron la primera carta que propuso el aplazamiento de la consulta; el planteamiento fue expresado por el senador Corzo.

Por su parte, el senador Pedraza, uno de los firmantes de las misivas que piden aplazar la consulta, le dijo a este Diario que esa “es una posición que encarna la mayoría de los senadores del Partido Conservador”.

Precisó Pedraza que la pretensión es “buscar un candidato de origen, pensamiento y programa conservador”, y que en ese camino “la ex canciller Noemí Sanín pudiera participar”, considerando que “esa candidatura representa un aire nuevo en la política del país, porque es una mujer que tiene experiencia, es una mujer que está madura, es sensata” y tiene la capacidad “suficiente para manejar con carácter, autonomía e independencia las riendas de los destinos de los colombianos”.

¿Qué hacer con la terna para escoger Fiscal General?

Consultados los aspirantes a gobernar el país sobre lo que está sucediendo con los integrantes de la terna con base en la cual la Corte Suprema debe elegir al sucesor de Mario Iguarán y les preguntó:

1-¿Qué debería hacer la Corte con la terna que está estudiando actualmente?
2-Si la Corte devuelve la terna o prolonga el proceso de escogencia del nuevo Fiscal, ¿el nombramiento del funcionario encargado debería recaer en el Vicefiscal o se debería buscar otro jurista?
3-Si usted fuera Presidente, ¿procuraría cambiar el mecanismo para escoger al Fiscal General?
Estas fueron sus respuestas…

Cecilia López

1-Devolver la terna. Lo de Camilo Ospina con lo del esmeraldero, me parece muy grave; y lo que ha salido con el otro señor es muy grave, porque ha