La reelección de alcaldes

Aparentemente la reelección de los alcaldes es un tema que debería resbalarle a los empresarios, pues lo normal diría alguien, es que éstos solo se interesan por las elecciones y reelecciones de los jefes del Estado.

Para derrumbar esta afirmación puede resultar suficiente darle una mirada superficial a lo que ha venido sucediendo con el trasteo masivo y casi precipitado registrado en la Capital de la República, por virtud del cual se ha producido un reacomodamiento de las instalaciones fabriles en los coloniales poblados de la sabana, sin que medien preocupaciones sobre uso del suelo o disponibilidad de servicios e infraestructura.

Pareciera existir una apuesta para ver quien llega primero a ocupar las fértiles tierras agrícolas y otrora ganaderas, si los depredadores con sus urbanizaciones de vivienda de interés social, o quienes se hacen a la propiedad de enormes galpones construidos de la noche a la mañana y bajo el aviso de zona franca, zona industrial o comercial o conjunto fabril, lo del sobrenombre es lo de menos, y que prometen los emprendedores de nuevo cuño, ser aventuras excitantes, con temporales rebajas de impuestos, licencias de construcción rápidas, facilidades de acceso a las autoridades locales lo cual también garantiza agilidad en trámites y gestiones.

Dediquemos un fin de semana para observar el tamaño y la profundidad de la transformación planeada por empíricos, de lo que algún día fue la muy hermosa sabana y la mejor tierra del mundo para la producción de alimentos. Todos los cambios, los trasteos, la búsqueda de nuevas sedes se viene realizando sin que exista una política de especialización territorial o un plan de asentamientos industriales subordinado a mayores y mejores intereses nacionales. Todos los movimientos obedecen a pálpitos de la gestión gerencial y a las audacias fundamentadas en la conducta temeraria de quienes tienen en sus manos las riendas de lo territorial. Así es como han hecho aparición ciudades-dormitorios y replicas de ciudad Bolívar en los cerros de Chía y Sopó y en las planicies de Mosquera, Faca y Zipa. Un gran desorden tolerado o permitido a la vista de todos, sin que nadie sepa a ciencia cierta ante cual autoridad recurrir para intentar defender los bienes que pertenecen a las generaciones futuras.

En honor a la verdad ni las empresas y mucho menos los empresarios, adoptan decisiones de semejante calibre como es el traslado de la sede social de sus negocios, si no mediaran poderosas razones que habrán de traducirse en ingresos económicos promisorios. De igual manera la sede en Bogotá por acción de la autoridad administrativa se viene dedicando a apretar el torniquete impositivo por la vía del impuesto de valorización, del impuesto predial, permitiendo el boleteo que establecen los conjuntos y agrupaciones de propietarios, la inseguridad, las aglomeraciones, las ventas ambulantes, la contaminación de todo orden, profundizando la distancia como autoridad administrativa, tolerando los “trancones” que producen retardos del personal, el pico y placa, autorizando las inútiles manifestaciones de los maestros, del SENA y de ASONAL las cuales suelen paralizar el tráfico, la arbitrariedad de las agresivas caravanas de escoltas de personajillos que suelen ocultárseles a sus superiores que lo son los ciudadanos de a pié, las calles convertidas en trochas para acémilas.

Los promotores de la expulsión o de la forma de desindustrialización son alcaldes y quienes reciben a los expulsados y desplazados también son alcaldes. Quizás los primeros tienen formación académica y sobre ella estructuran su errónea política de expulsión. Los otros son analfabetas en asuntos referentes al estado, y disponen de una irrefrenable tendencia hacia la arbitrariedad, la ilegalidad y las acciones subrepticias sin que para nada logre intimidarlos el peso de los organismos de control. Unos y otros gobiernan sus feudos electorales sin preocuparse por las disposiciones que regulan el medio ambiente y protegen los recursos naturales, son hábiles en identificar los vericuetos de que van dejando las muchas normas sobre contratación de la administración pública, su deber como servidores del pueblo encuentra acomodo solo en todo aquello que les reporta utilidad o ventajas para seguir manejando los recursos públicos aunque se les haya vencido el período. Gobernar implica hacer concesiones y entregar beneficios como si se tratara de sus propios bienes, pero siempre con una contraprestación de orden electoral.

El señor Procurador General de la Nación en la presente semana le ha comunicado al país que en la actualidad su despacho investiga a 25000 funcionarios públicos, entre los cuales hay 227 alcaldes, 16 gobernadores y 114 concejales. Se dice que durante 18 ocasiones se ha presentado el proyecto de acto legislativo que permitiría la reelección de alcaldes y gobernadores. El Fiscal General nos dice que parecemos una fotocopia de Nigeria en materia de corrupción. El Congreso 18 veces ha enterrado las propuestas de reelección. Tendríamos que decir que los representantes del pueblo, intentando interpretar su voluntad han negado los proyectos. No obstante algunos sectores políticos representados hoy en el Congreso pretenden una vez más, prorrogarles la opción a algunos alcaldes para que terminen de realizar sus operaciones inconclusas, sin que nadie hasta el momento hable de mayores exigencias o de requisitos adicionales para evitar las malas tentaciones y las malas acciones. ¿Cómo es posible que ante las afirmaciones de los señores Procurador General de la Nación y Fiscal General acerca de lo que acontece con la administración municipal y ante las reiteradas negativas del Congreso a darle trámite a una reforma de la Carta sobre estos asuntos, aún alguien pueda continuar insistiendo en semejante despropósito?