Palacio de Justicia, ¿ley de punto final para militares?

EN MEDIO de la polémica que ha generado la primera condena por la retoma del Palacio de Justicia y después que el presidente Álvaro Uribe instara a crear un proyecto de ley que de garantías a los militares procesados, ahora se abre una nueva controversia en cuanto a si éstos pueden ser indultados por la desaparición de los civiles que salieron con vida del Palacio.

Consultamos a varios expertos en el tema, quienes concluyeron en que un indulto a los militares procesados por el delito de desaparición forzada no sería posible en la práctica, debido a que Colombia ha suscrito varios convenios internacionales que excluyen los delitos de lesa humanidad de cualquier amnistía.

Sólo para delitos políticos: Valdivieso

El ex fiscal general Alfonso Valdivieso aseguró que la amnistía sólo se debe aplicar para los delitos políticos y no para los delitos de lesa humanidad.

“Yo creo que debe existir la figura o la opción de la amnistía o el indulto para delitos políticos, pero cada día se está aplicando menos, porque se considera que de todas maneras son delitos muy graves para que se hagan acreedores. Todos los ciudadanos deben actuar dentro de la ley, incluidos los funcionarios públicos y las Fuerzas Armadas”, manifestó Valdivieso.

Según el actual senador de Cambio Radical, darles a los militares “el punto final es decir que todo el mundo está habilitado para violar los derechos humanos y después se benefician con dicha medida”.

Valdivieso explicó que el indulto que le dieron a los ex guerrilleros del M-19 que se tomaron el Palacio de Justicia fue producto de una negociación con el Gobierno que permitía la Constitución y que en su momento fue aprobada por el entonces senador Álvaro Uribe.

“Cuando se amnistiaron los que se tomaron el Palacio de Justicia, el M-19, fue producto de una negociación con la sociedad colombiana. Ellos por ser delincuentes políticos tenían derecho a una figura contemplada en la Constitución. Si no recuerdo mal, el presidente Uribe era congresista y él, me parece a mí, debió aprobar esa amnistía o indulto”, expresó.

El ex fiscal manifestó que a los militares que participaron en la retoma no se les está juzgando por la acción militar sino por la desaparición de civiles que salieron con vida del Palacio de Justicia.

“Los militares que actuaron en la retoma del Palacio de Justicia no se le está juzgando por haberse enfrentado a la guerrilla, sino porque supuestamente las personas que salieron con vida” del Palacio, “las desaparecieron; se les está juzgando por el delito de desaparición forzada”, explicó.

Por desaparición forzada no: Quintero

El abogado penalista Hugo Quintero aseguró que una ley del punto final no puede beneficiar a los militares responsables del delito de desaparición forzada.

“La condena en el caso del coronel Plazas es un tema de lesa humanidad por el delito de la desaparición forzada y por eso no puede ser objeto de una ley de punto final ni de indultos. Los jueces de la República no están buscando la retoma; el único punto que están juzgando es de los desaparecidos”, expuso el abogado.

“Ese tema”, agregó Quintero, “tampoco cabe en el fuero militar, porque lo de la desaparición forzada no tiene nada que ver con el servicio, porque terminada la toma se decide desaparecer unas personas”.

Según Quintero, los preceptos de verdad, justicia y reparación hacen parte actual del bloque de constitucionalidad en el escenario de buscar una ley de punto final.

“La ley de punto final, frente de la legislación actual y del bloque de constitucionalidad, parte de los preceptos de verdad, justicia y reparación, y estos valores no eran tenidos en cuenta en el año en que se firmó la amnistía. Yo no se si los militares desde el punto de vista político están dispuestos a reconocer públicamente si hubo desaparecidos, las circunstancias en que fueron desaparecidos y dónde están los cadáveres. Porque lo que siempre se ha dicho es que las instituciones no delinquen y las personas que hayan incurrido en algún delito, lo hicieron a título personal o como una determinación de sus funciones”, apuntó el reconocido abogado.

El abogado resaltó que el fallo condenatorio proferido al coronel retirado Alfonso Plazas fue compulsado a otras instancias judiciales para que sea tenido en cuenta, así hayan habido decisiones al respecto.

“El fallo es muy claro en decir que las copias se compulsan sin perjuicio a que las autoridades que les corresponda decidan, así ya hayan tomado decisiones de fondo contra los acusados sobre esos mismos hechos”, aseguró.

Legislación lo prohíbe: Bernal

El ex procurador general Jaime Bernal expuso que Colombia ha suscrito convenios internacionales basados en el respeto de los derechos humanos y que prohíben leyes de punto final.

“El manejo de la política del punto final no se puede analizar ni proponer solamente con base a la legislación interior del país. Esas leyes de punto final, que en alguna época se utilizaron, hoy tienen que analizarse bajo la luz de la legislación internacional de los derechos humanos; cualquier país que trate de proponer en ese sentido, tiene que consultar todos los convenios internacionales. Y Colombia ha incluido en su legislación, que se llama bloque de constitucionalidad, todos esos convenios de derechos humanos, o sea que esa normatividad impide una ley de punto final”, anotó Bernal.

“A nivel internacional, la legislación de derechos humanos prohíbe la ley de punto final para determinados delitos especialmente los de lesa humanidad, y como es legislación internacional, Colombia tiene que cumplirla”, consideró el jurista.

Según el ex procurador Bernal, “los delitos de la guerrilla tienen otra connotación, porque obedecen a un grupo subversivo y son diferentes frente a los que puedan cometer los militares”.

Respaldo a decisiones judiciales: Cepeda

El representante de las víctimas Iván Cepeda dijo que las propuestas de amnistiar a los militares que tuvieron que ver con desapariciones durante la retoma del Palacio “no conducirían a erradicar la criminalidad en Colombia”.

“Hubo un pronunciamiento de la justicia que rompe la impunidad, ante miles de crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo. Lo que corresponde es rodear al poder judicial y respaldar ese tipo de decisiones, que son un aporte, sin lugar a dudas, a la posibilidad de que en Colombia desaparezcan definitivamente esas conductas”, manifestó.