Otro revés jurídico para promotores de referendo

EN LO que se constituye en la segunda decisión contraria, en menos de dos semanas, ante acciones que buscaban beneficios jurídicos en el proceso que se le adelanta a ocho integrantes del comité promotor del referendo, por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y fraude procesal, ayer un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá negó el principio de oportunidad al que pretendía acogerse el contador de ese colectivo Luis Fernando Useche.

El representante del ente acusador no encontró méritos para aceptar el principio de oportunidad a Useche, que por medio de esta figura buscaba que la Fiscalía suspendiera el proceso penal en su contra, a cambio de que con su testimonio aportara datos a la investigación que se sigue por los balances maquillados que entregó el comité promotor del referendo al Registrador Nacional.

Con estos balances, los promotores esperaban que el Registrador certificara el número de firmas así como la financiación para la consecución de las mismas, con el fin de anexarlo al trámite legislativo de un referendo que buscaba consultar al pueblo sobre reformar la Constitución con un segundo período presidencial consecutivo.

Sin embargo, el registrador Carlos Ariel Sánchez certificó únicamente los más de 3 millones de firmas, y en cuanto a la financiación se abstuvo de hacerlo al encontrar inconsistencias en los balances.

Según la ley, el tope de recursos para financiar la iniciativa popular del referendo es de 334 millones de pesos. Sin embargo, el ente acusador encontró que por medio de la organización Colombia Primero ingresaron al comité recursos superiores a los dos mil millones para este efecto.

Se cayó acuerdo con Fiscalía

El primer revés a las aspiraciones de integrantes del comité promotor para obtener beneficios se presentó el martes anterior, cuando la Juez 29 penal con funciones de conocimiento no aceptó el preacuerdo con la Fiscalía al que llegó la cabeza visible del comité promotor, Luis Guillermo Giraldo, y con el que buscaba rebajar considerablemente la pena que le sería proferida en su contra.
Giraldo aceptó los cargos de fraude procesal y falsedad en documento.

Después de que Giraldo aceptara los cargos imputados, hizo un preacuerdo con la Fiscalía, donde el ente acusador pidió 54 meses de cárcel, cuatro años y diez meses, para el acusado.