El Procurador prevaricó: senadora Piedad Córdoba

La primera de las demanda de orden penal fue instaurada ante la Fiscalía, mientras que la segunda, de carácter disciplinario, fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, el juez natural del Procurador General.

Según la denuncia, la supuesta prueba es ilícita porque el operativo se realizó en un país extranjero, en el cual ninguna autoridad colombiana tiene competencia para recoger pruebas sin ceñirse a los procedimientos establecidos en la ley y en los convenios internacionales.

En la denuncia se argumenta que, según la ley colombiana, las pruebas obtenidas, sin ceñirse a dichos procedimientos, son inexistentes y por eso no pueden servir como base para adelantar proceso alguno, y por lo tanto, deben ser excluidas.

“Lo denuncio por prevaricato porque él abre una investigación sobre la base de unas pruebas obtenidas ilegalmente y entre otras razones, porque una de las acusaciones que él me hace, en el caso de México, ya había sido fallada inclusive por la Procuraduría General de la Nación”, dijo la congresista del Partido Liberal a su salida del búnker de la Fiscalía.

En abril anterior, el procurador Ordóñez formuló pliego de cargos contra la senadora “por presuntos vínculos con las Farc y por ejercer posiblemente actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional”, investigación disciplinaria fundamentada en los computadores de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, que fueron incautados por el Ejército en la acción militar en marzo de 2008 desarrollada en Angostura, territorio ecuatoriano, en donde fue abatido éste jefe guerrillero.

Varias las demandas

Con la demanda que presentó ayer Córdoba, ya son 16 las quejas contra el Procurador que hasta el momento han sido presentadas ante la Corte Suprema.

De éstas, el alto Tribunal abrió de forma preliminar tres que están relacionadas con la yidispolítica, una de ellas por prevaricato relacionada con el fallo por medio del cual absolvió al ministro de la Protección, Diego Palacio, y al entonces embajador en Italia, Sabas Pretelt, por su posible participación en la entrega de dádivas oficiales para que fuera aprobada la ley que abrió paso a la primera reelección presidencial de Álvaro Uribe, según denuncias de Yidis Medina.