SE INCREMENTÓ la polémica entre la Corte Constitucional y el Gobierno, por cuenta del auto del alto Tribunal que ordenó congelar la restitución de tierras a campesinos de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó.El presidente de la Corte, magistrado Mauricio González, le exigió al Gobierno respeto por las decisiones judiciales que toma esa corporación y en particular le respondió a la viceministra del Interior, Viviana Manrique, quien había dicho que el alto Tribunal profirió el auto sin tener documentación real de la situación de los desplazados de esa región.
“La Corte Constitucional ha sido siempre reiterativa en la necesidad de que haya, tanto colaboración autónoma entre los poderes públicos, como respeto por la autonomía e independencia de los jueces”, dijo el Presidente de la Alta corporación judicial.
González señaló que la decisión de la Corte, de congelar la restitución de tierras en el Chocó, tuvo en cuenta suficiente información y fundamentación jurídica.
“La Sala de Revisión correspondiente tomó esa determinación basada en los hechos allegados al proceso, en desarrollo de la acción de tutela, de manera que los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho están consignados en los autos correspondientes”, anotó González. “En modo alguno se trata de una decisión basada en la ignorancia de estos hechos o en la falta de fundamentación jurídica”, afirmó el magistrado.
El pasado 28 de mayo, la viceministra del Interior sostuvo que “al revisar el auto, se parten de unos presupuestos que ni siquiera están acordes a la realidad de las comunidades negras, y nosotros somos garantes del goce efectivo de los derechos de las comunidades negras”.
Manrique había asegurado que no es cierto que actores ilegales siguieran manteniendo el control sobre las tierras, como lo afirma el auto de la Corte Constitucional.
La funcionaria del Ministerio además manifestó que el censo y la revisión de la titulación de los predios sugeridos por la Corte, mediante la expedición del auto, ya habían sido cumplidos y que aún cuando no lo hubieran conseguido, no era razón suficiente para suspender la entrega de las cerca de 10 mil hectáreas que el Ministerio se disponía entregar a la comunidades negras.
En el auto proferido, el Alto tribunal expuso que grupos armados ilegales habrían presionado para que las tierras no les fueran adjudicadas a las comunidades afrodescendientes. Además, según la Corte, existen varias denuncias en el sentido de que los consejos que representan a estos pueblos en la restitución de las tierras ante el Ministerio del Interior y Justicia no fueron conformados de forma transparente, y de esta forma buscaban beneficiar a los palmicultores de la región.
No obstante, el Gobierno está obligado a cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional. Entre las órdenes está que el Ministerio del Interior y Justicia deberá realizar el censo de esas comunidades afrodescendientes para que se integren de nuevo los Consejos que se encargarían de recibir las tierras.
Para tal fin, la Corte solicitó la presencia, como garantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y varias ONG que tienen asiento en la región del bajo Atrato, y además le exigió al Ministerio del Interior y Justicia implementar políticas claras para atender a la población que ha resultado desplazada por este fenómeno.
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