AUNQUE NO hay indicios de que en las campañas presidenciales se estén moviendo dineros de procedencia ilícita, la vigilancia debería prepararse para la segunda vuelta donde históricamente se han presentado este fenómeno.Así lo advirtió ayer la analista Claudia López, coordinadora del Observatorio de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE), durante la presentación del informe sobre los comicios del próximo 30 de mayo.
Recordó cómo el caso más sonado de los últimos tiempos de financiación ilegal, el de la campaña liberal de 1994, ocurrió precisamente en segunda vuelta.
Al respecto, Mónica Pachón, directora del programa Congreso Visible, de la Universidad de los Andes, le manifestó a los medios que el problema de financiación ilegal puede presentarse, “efectivamente, en la segunda vuelta dependiendo, de lo reñido” del resultado en la primera.
Según las encuestas, en esta ocasión se prevé un votofinish entre los candidatos Antanas Mockus, del Partido Verde, y Juan Manuel Santos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Si bien admitió que “el gasto es proporcional a la dificultad de la competencia” y que en ese sentido “la alerta es válida”, Pachón consideró que el problema “es igual de problemático en la primera o en la segunda”; para ella “el problema realmente” es que “no hay cómo monitorear eso bien”.
Al desglosar el informe de la MOE, López aclaró que hasta el momento no hay indicios de dinero ilegal en la primera vuelta, “porque hay candidatos más responsables, campañas mejor organizadas, mayor financiación pública y, por lo tanto, menor dependencia de financiación privada; y también mejores controles y auditorias preventivas por parte de las autoridades electorales”.
López reiteró que “no vemos en estas campañas ni chorros de dinero ilegal, ni violación de los topes, ni cosas extravagantes de publicidad” y confió “en la responsabilidad y calidad de los candidatos presidenciales para ceñirse a las reglas del juego de la financiación electoral”.
Pachón estuvo de acuerdo con que “la ventaja es que mucha de la plata viene del sector público” y “eso le permite al sector público controlar mucho mejor la elección”.
Sin embargo, para la MOE, el principal factor de riesgo en esta contienda democrática “es la indebida participación en política de funcionarios públicos, empezando por el propio Presidente de la República, a quien en por lo menos dos ocasiones el Procurador General de la Nación ha tenido que llamarle la atención por la expresa participación en política a favor del candidato del gobierno, que es el candidato del partido de La U”.
En segundo lugar, en cuanto a factores de riesgo, está la coacción armada; en tercero, se ubicó el fraude electoral. Sobre este punto, Alejandra Barrios, directora de la MOE, le señaló “a la Fiscalía que un mensaje muy importante para las elecciones presidenciales es que se inicie la investigación a aquellos jurados de votación que estuvieron en las mesas donde el Consejo Nacional Electoral ha encontrado mayores inconsistencias” con relación a los comicios legislativos del 14 de marzo.
De acuerdo con Barrios, “ese mensaje a va señalar a los jurados electorales que si un acta es mal diligenciada en las elecciones presidenciales, cuando han estado tan disputadas, pueden ser sujetos de investigación” y seguramente de una “sanción muy seria”, que podría ser, mínimo, por fraude procesal.
En lo de su competencia, el registrador Carlos Ariel Sánchez indicó que la dependencia a su cargo tomó “medidas frente al proceso de capacitación de los jurados” y otras “que tienen que ver con la logística de los puestos electorales”.
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