En la iniciativa, el Ministerio del Interior y Justicia puso los crímenes contra los defensores de derechos humanos al nivel de los delitos de lesa humanidad, por lo que la prescripción para los mismos será hasta después de 30 años.El artículo uno dice así: “El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de defensor de Derechos Humanos y desplazamiento forzado será de treinta años”.
De esta manera, las penas contra aquellos que atentan contra estos defensores, podrán llegar hasta los 57 años de cárcel.
En la justificación del proyecto, el Ministerio acepta que, aunque en su concepto “el Gobierno Nacional viene haciendo un esfuerzo sin precedentes en la protección a la vida e integridad de los defensores de Derechos Humanos, estos afrontan situaciones de riesgo que hacen necesarios incluirlos en esta normatividad, pues con su invaluable trabajo coadyuvan con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los derechos humanos”.
A finales del 2009, la relatora especial de la ONU para la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, jueza de Uganda, había expuesto su preocupación por el seguimiento y estigmatización al que eran expuestos estos defensores en Colombia.
Según la relatora, los defensores de Derechos Humanos en el país eran relacionados con la guerrilla y por eso eran sometidos a toda clase de seguimientos ilegales, asesinato y desplazamiento. Por ello, Sekaggya le pidió al gobierno colombiano tomar cartas en el asunto y garantizarles a estas personas su seguridad.
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