“EL TEMA específico de lucha contra la impunidad en el caso de violencia sexual sigue estando pendiente de desarrollarse de manera más concreta” en los planteamientos de los candidatos presidenciales, le manifestó a los medios la coordinadora de la campaña Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la Guerra, Diana Montenegro.“Es un problema que tiene unas dimensiones tan grandes que requeriría el desarrollo de acciones específicas frente al tema, que no las hemos visto todavía en las discusiones públicas” de los aspirantes, “pero que sí esperaríamos que ocuparan un lugar central en los ejercicios de gobierno”, cualquiera que sea el escogido por la ciudadanía el próximo domingo, explicó Montealegre.
Según la literatura de la campaña, durante años los actores armados colombianos han usado la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra: por medio de la violación, abuso y acoso sexual, prostitución forzada, amenazas con contenido sexual, secuestro y esclavitud sexual de mujeres y niñas, mutilaciones sexuales, e imposición de prácticas de control de la reproducción, entre otras atrocidades.
Aunque, consideró Montenegro, “a diferencia de procesos electorales anteriores se nota que ha habido una mayor visibilidad frente a tener unas propuestas específicas para las mujeres y la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres”, todavía los debates “dejan ver que hay posiciones tradicionales de entender a la mujer en el marco familiar y no en sus derechos autónomos y personales. Digamos que hay propuestas que se encaminan más a la protección de la familia, que es importante, pero dejando a un lado la protección de la mujer como ciudadana con derechos, como actora política independientemente de su rol al interior de la familia”.
De acuerdo con las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, con base en un estudio de 2008, para el 17,7 por ciento de las mujeres en condición de desplazamiento la agresión sexual fue la causa de su movilización fuera de su entorno habitual.
Se estima que dos de cada 10 mujeres desplazadas sufren algún tipo de violencia sexual perpetrada principalmente por los diversos grupos armados del conflicto.
Quienes conocen el tema citan estudios de Profamilia, según los cuales quienes ejercen mayor violencia sexual como práctica sistemática son los paramilitares, seguidos por las fuerzas del Estado y la guerrilla.
De los pocos hechos que se han denunciado, la Corte Constitucional recopiló 183 testimonios de ataques sexuales cometidos desde 1993 para emitir el auto 092 de 2008, que ordena proteger a las mujeres víctimas del conflicto. Ese es mismo auto a través del cual la Corte manifestó que en cuanto a la población en condición de desplazamiento había un estado de cosas inconstitucional e impartió varias órdenes al Gobierno encaminadas asegurar su superación y avanzar hacia la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas de este delito. A juicio de la Corte, a la fecha esas órdenes no se han cumplido.
“La verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas en Colombia sigue siendo una deuda no saldada”, anotó Montealegre.
La campaña Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la Guerra, de la que hacen parte “nueve organizaciones nacionales e internacionales” se enfoca en “hacer visible que estos crímenes ocurren por parte de todos los actores armados y demandar del Estado colombiano que emprenda una lucha seria contra la impunidad frente a la violencia sexual”, explicó.
Entre las acciones en las que trabaja actualmente la campaña, está “una investigación en 15 municipios, 10 departamentos del país, con el fin de indagar la prevalencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y queremos acercarnos a cifras, a dimensiones reales del problema, a través de una investigación muy amplia”, comentó Montalegre, “que nos permitan de ahí proyectar cómo está el fenómeno a nivel nacional”.
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