Contraloría advierte sobre los brazaletes del Inpec

Según el contralor Julio Cesar Turbay, se hicieron anticipos a la empresa encargada de las manillas electrónicas sin que se haya cumplido con la entrega y vigilancia.

El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, aclaró que en la implementación del sistema de vigilancia electrónica, los pagos se le hacen a la empresa de servicios públicos manizalita Gestión Energética S.A. (Gensa ESP), “por dispositivo electrónico efectivamente instalado”. “Si bien en la actualidad hay 3.862 dispositivos instalados, desde la firma del contrato en noviembre de 2008 hasta la fecha, se han instalado un total de 5.468 manillas, de las cuales por orden judicial han sido retiradas 1.644”, precisó Ceballos.

El valor total del contrato es de 39.756.963.497 millones de pesos, del cual “se han cancelado 12.513 millones de pesos, de los cuales 4.721 millones fueron por concepto de amortización del anticipo, que correspondió a 15 mil millones de pesos”, explicó el funcionario, agregando que “debido a que la implementación de los dispositivos electrónicos es un proyecto piloto a tres años, el Ministerio del Interior y de Justicia conjuntamente con el Inpec y el Departamento Nacional de Planeación vienen evaluando las fortalezas y las posibles debilidades del mismo”.

“Como resultado de esta evaluación”, sostuvo Ceballos, “se decidió de mutuo acuerdo la ampliación del término inicial del convenio hasta el 10 de diciembre de 2010, así como el incremento del porcentaje de amortización del anticipo, pasando del 37,7 por ciento al 50 por ciento a partir del 30 de abril de 2010”.

Turbay había dicho que, desde el punto de vista de la Contraloría, el brazalete electrónico “no está cumpliendo su misión y hay algunos recursos que en este momento están perdidos o por lo menos en el aire”.

El Contralor advirtió que su despacho está siguiendo los contratos y espera resultados de las investigaciones para aplicar las sanciones a los responsables en caso de demostrarse el detrimento patrimonial.

Pero, según Ceballos, “cualquier riesgo eventual” está previsto conforme a la ley y se trabaja en “la continuidad de un servicio que viene demostrando ser beneficioso para controlar la detención y la prisión domiciliaría, siempre y cuando, como lo ha advertido este Ministerio, dicho beneficio se conceda por parte de los jueces a personas que no revistan alta peligrosidad para la comunidad, de acuerdo con lo previsto en la legislación penal”.