CONSENSO SOBRE el restablecimiento del Ministerio de Justicia encontró entre los candidatos presidenciales la comisión de reforma al presentarles el informe preliminar concluido el pasado 12 de abril.Así se lo confirmó a los medios la directora ejecutiva de la corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, que hace parte de la comisión.
“Hemos hablado con todos los equipos de campaña” y “todos coinciden en restablecer el Ministerio de Justicia”, tema en el que “el Gobierno dio el primer paso” presentando el respectivo proyecto de ley. “Yo creo que eso ya en el próximo Gobierno se da”.
La comisión comenzó a reunirse con los candidatos y sus equipos de campaña para socializar y discutir el informe, ejercicio que se realiza en cumplimiento de los fundamentos que sirvieron para la extensión del trabajo de la comisión hasta el día 19 de mayo, de debatir en distintos escenarios y con diferentes actores las propuestas para el mejoramiento de la justicia en Colombia.
En cuanto a las propuestas contenidas en el informe preliminar de reforma a la justicia generado por la comisión, los equipos que han dialogado con la comisión coincidieron con las preocupaciones por reformar la administración de la rama judicial respetando su autogobierno.
Los equipos de campaña manifestaron su apoyo a propuestas elaboradas por la comisión, tales como la necesidad de fortalecer los precedentes jurisprudenciales en el Derecho colombiano, lograr la estandarización y simplificación de los procesos judiciales, evaluar la participación de la rama judicial en la elección de dignatarios del Estado y respaldar el esquema procesal del sistema penal acusatorio.
Los miembros de la comisión resaltaron, en un comunicado, “el apoyo de los equipos de campaña al llamado que ésta hizo en su informe preliminar, en el sentido de articular y realizar un gran pacto nacional por la justicia, con miras a hacer de la administración de justicia, una auténtica política de Estado, articulada e incluyente”.
Borrero le dijo a este Diario que entre las propuestas más destacadas y polémicas, en algunos casos, están las de los aspirantes Antanas Mockus y Juan Manuel Santos.
Sin embargo, consideró que el restablecimiento del Ministerio de Justicia “eso es lo menos importante” y que un tema como el de la administración de la rama judicial “puede ser bien polémico”.
Los siguientes son dos de los temas abordados por los equipos de campaña con la comisión, según cuadros comparativos elaborados por la CEJ.
Gobierno y gerencia de la rama
Sobre este tema, el equipo de Antanas Mockus, candidato del Parido Verde, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura debe ser reformado, suprimiendo su Sala Disciplinaria, mientras que la Sala Administrativa debe reorganizarse.
También propusieron la desaparición de los Consejos Seccionales de la Judicatura, frente a lo cual se podría pensar en transformarlas en Tribunales de tutela de primera instancia; y estimular una mayor participación de las entidades territoriales en justicia, reformando el Sistema General de Participaciones al crear un rubro en el gasto social correspondiente a la administración de justicia.
En el equipo de Juan Manuel Santos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), se propuso que el Consejo Superior de la Judicatura se concentre en la función disciplinaria y en la carrera judicial, desapareciendo sus funciones administrativas.
En cuanto a la gerencia de la rama, creen que debe buscarse la creación de una gerencia general de la justicia en la rama ejecutiva, respetando la autonomía judicial, gerencia que no se dedicaría al manejo administrativo y operativo de la rama, sino al manejo del desempeño del modelo de gestión judicial.
El equipo de Germán Vargas, de Cambio Radical, consideró que es vital introducir reformas a la gerencia de la rama, sin afectar su autogobierno, que la composición del Consejo Superior de la Judicatura debe consistir en mandatarios revocables provenientes de las altas Cortes y que dejar las funciones de gobierno de la rama en cabeza de los presidentes de las altas Cortes ha demostrado, en derecho comparado, no ser una medida conveniente, como se evidencia en casos como el argentino.
Para el equipo de Noemí Sanín, del Partido Conservador, se deben crear indicadores de gestión que permita cruzar información a nivel nacional, lo cual facilitaría algunos trámites burocráticos entre las entidades.
Desde el equipo de Gustavo Petro, del Polo Democrático, se planteó que se debe preservar el Consejo Superior de la Judicatura, fortaleciendo un sistema de estadísticas a su cargo del Consejo Superior de la Judicatura y también robusteciendo los Consejos Seccionales de la Judicatura.
El aspirante Jaime Araújo, de la Alianza Social Afrocolombiana (ASA), señaló que debe ser estudiada con precisión la relación entre demanda y oferta de la justicia, a fin de determinar un monto mínimo de presupuesto necesario para fortalecer la justicia.
Sistema penal acusatorio
En el equipo de Mockus consideraron adecuado mantener a la Fiscalía dentro de la rama judicial, que valdría la pena convertir a la Defensoría Pública en un organismo autónomo y que el Ministerio Público debe ser suprimido del sistema penal acusatorio, pero que su presencia es necesaria bajo la ley 600.
También consideraron coherente con la participación del ejecutivo en la política criminal, que éste incida sobre la conformación de ternas de candidatos a Fiscal General de la Nación, asumiendo que quien elige tiene más poder que quien nomina, por lo cual la Corte Suprema de Justicia tiene mayor protagonismo bajo el esquema actual.
Para el equipo de Santos, la Fiscalía debe pasar al Ejecutivo, a fin de que se consolide la dirección a cargo de esta rama del poder, sobre la persecución del delito, se debe eliminar cualquier función jurisdiccional de la Fiscalía, mientras que los altos funcionarios del gobierno no deben ser investigables ni acusables por parte de la Fiscalía, a fin de mitigar el riesgo de que dicho organismo sea cooptado por el ejecutivo y ello repercuta en impunidad.
Una de las tareas fundamentales del ente acusador, consideraron, debería ser la revisión de la integridad de las penas establecidas en el Código Penal, no solo para que sean coherentes entre sí, sino para que sean consistentes con la política criminal.
El equipo de Vargas consideró que el sistema penal acusatorio debería acercarse a un sistema adversarial puro, con la Fiscalía en cabeza del Ejecutivo, y que debe fortalecerse la coordinación entre las entidades que ejercen funciones de policía judicial.
En el equipo de Petro se consideró que es preciso evitar que las investigaciones y procesos alrededor de violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, sean asumidos por la Justicia Penal Militar, y que debe reformarse el sistema de procesamiento a los aforados, a cargo de la Comisión de Acusaciones del Congreso.
Para Araújo, el sistema colombiano mantiene la Fiscalía en un punto intermedio: con elementos de un ente acusador administrativo y con elementos de una Fiscalía judicializada; debería optarse por un modelo integral de Fiscalía judicializada, señaló
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