UNA DEMANDA de pérdida de investidura contra el presidente del Senado, Javier Cáceres, de Cambio Radical, fue aceptada ayer por el Consejo de Estado.Cáceres es acusado de tener vínculos con grupos paramilitares y estar detrás de un desfalco a la Empresa Territorial para la Salud (Etesa).
La demanda, interpuesta por Pablo Bustos, director de la red de veedurías ciudadanas, argumenta que existe suficiente material probatorio en contra del legislador que lo vincularía con los paramilitares y con el caso de corrupción.
En mayo de 2008, el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante fiscales de Justicia y Paz que en 2003 Cáceres estuvo invitado a una reunión convocada por el comandante del grupo irregular en la casa de la ex congresista Eleonora Pineda para obtener la Gobernación de Bolívar; según Mancuso, aunque Cáceres no asistió si lo hicieron representantes suyos.
De igual manera, el desmovilizado paramilitar Alexis Mancilla, alias Zambrano, que fue subcomandante del bloque Montes de María que operaba en Bolívar, aseguró que Cáceres recibió apoyo para su campaña política.
Caso Etesa
El año pasado, la desaparecida revista Cambio reveló las pruebas de un millonario desfalco a Etesa en las que al parecer el senador Cáceres estuvo vinculado.
Según la revista, en el 2009 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) investigó a un grupo de ciudadanos cartageneros que hacían parte de una organización delincuencial que cobraban comisiones para que empleados de Etesa movieran importantes sumas de dinero que les eran cobradas a operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar, a cambio de permitirles funcionar en forma clandestina.
El órgano de inteligencia estableció que el delegado de Etesa para Santander, Norte de Santander, Cesar y Vichada, quien era una de las cabezas visibles de la operación ilegal, fue recomendado por la entonces gerente de Etesa, Mery Luz Londoño, que sería cuota de Cáceres, y de quien, según la publicación, recibía instrucciones por celular.
Ésta hipótesis habría sido ratificada por las respectivas autoridades, al ser recopiladas cerca de 32 conversaciones telefónicas en las que salió a relucir el nombre de Cáceres, como la persona encargada de dar las instrucciones sobre las transferencias de dinero.
De hecho, la Fiscalía remitió a la Sala de Casación Penal, por petición de la Corte Suprema de Justicia, cerca de 300 folios donde se encuentran las transcripciones de dichas conversaciones.
Luego, el alto tribunal le abrió investigación preliminar al congresista, después que Londoño declarara que el senador le había presentado y recomendado candidatos a importantes cargos en la empresa estatal.
Sin embargo, el senador Cáceres, aunque admitió que reconocía a Lodoño, rechazó los señalamientos y las presuntas pruebas en su contra, y le pidió al alto tribunal que lo investigara.
El legislador también se ha defendido de las acusaciones que le han hecho con paramilitares. “La Corte conoce mi intención permanente de ponerme bajo su lupa”, ha dicho Cáceres. “Como yo en esa época estaba en los caminos del Polo Democrático Alternativo, no era bien visto dentro de las AUC”, explicó; “no hay una mención que yo no le haya pedido a la Corte que la investigue”, agregó.
Por ahora, el Consejo de Estado deberá programar la fecha de la audiencia de pérdida de investidura y en la que la Procuraduría deberá rendir su concepto.
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