La mala hora de los gobernadores elegidos en 2007

EN 18 meses finalizará el período para el cual fueron elegidos 32 gobernadores en octubre de 2007, etapa que será de ingrata recordación por mucho tiempo por los escándalos que afectaron a una buena parte de estos mandatarios, y que para una muestra presenta como su más reciente caso la destitución del gobernador de Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán, por irregularidades administrativas.

Aunque este fallo de la Procuraduría, que además sanciona al funcionario con inhabilidad para ocupar cargos públicos por 12 años, es de primera instancia, y por lo tanto es apelable, hay otras decisiones judiciales y disciplinarias que han hecho que cinco gobernadores dejaran el cargo de forma efectiva.

Mientras que dos mandatarios más se encuentran suspendidos de sus funciones.

En tanto que en el departamento de Caquetá fue necesario elegir gobernador en elecciones atípicas como consecuencia del asesinato de Luis Francisco Cuéllar a manos de las Farc.

Desde que los mandatarios regionales son elegidos por voto popular, no es exótico que algunos de ellos por irregularidades no logren cumplir los cuatro años para los que fueron elegidos, sin embargo en esta oportunidad llama la atención el número que ha sido afectado por la medidas de las autoridades de control y aún judiciales.

Aunque estos hechos son impactantes en el imaginario popular que espera de sus gobernantes que trabajen por el desarrollo social y económico de su región, no se puede dejar de lado que la mayoría de los mandatarios desarrollan con normalidad sus gestiones, incluso con altas calificaciones.

También la ciudadanía tiene a su mano herramientas que, como en el caso de la reelección, premian la labor de su gobernante, y de otro lado existe la revocatoria de mandato para castigar a los funcionarios que no cumplen con el programa de gobierno que presentaron a consideración del elector.

Destituidos

A Freddy Forero Requiniva, en Arauca, le correspondió el triste honor de ser el primer gobernador en ser destituido del cargo, entre quienes fueron elegidos en 2007. El 24 de octubre de 2008, el Concejo de Estado declaró nula su elección. La determinación fue tomada por la Sección Quinta del alto Tribunal al considerar que Forero Requiniva estaba inhabilitado para acceder al cargo porque contrató con la Nación un año antes de los comicios en que fue elegido. Sin embargó paralelamente, la Procuraduría General de la Nación también en fallo de segunda instancia, lo destituyó e inhabilitó para desempeñar cargos públicos durante 14 años por haberse inscrito y posesionado en un cargo de elección popular estando inhabilitado.

En tanto que Félix Francisco Acosta Soto tuvo que dejar la Gobernación de Amazonas después de que en mayo de 2009, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a seis años de prisión por el delito de celebración indebida de contratos.

En febrero pasado, la Fiscalía y la Procuraduría delegadas ante la Corte Suprema de Justicia le pidieron a la Sala de Casación Penal condenar al Mandatario regional por el delito de fragmentación de contratos.
Según el fallo del Alto Tribunal, Acosta Soto fraccionó en 68 partes un contrato de mil millones de pesos para la construcción de la carretera Leticia - Tarapacá. De esta manera evadió las normas de contratación estatal, dice la Corte.

En diciembre del año anterior renunció a su cargo el gobernador del Guaviare, Óscar de Jesús López, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio por el delito de concierto para delinquir.

La investigación vincula al ex mandatario con el jefe paramilitar Pedro Olivero Guerrero, alias Cuchillo. También ha sido tenido en cuenta el testimonio de Ever Veloza, alias HH, quien asegura que López se reunió en varias ocasiones con el paramilitar Vicente Castaño.

En junio de 2009 un fallo del Consejo de Estado anuló la elección de Blas Arvelio Ortiz, al concluir que gracias a un fraude electoral ganó las elecciones en el departamento de Vichada.
El fallo del alto Tribunal anuló 20 votos de la inspección de Matavén, por lo que perdió la diferencia a su favor que le permitió el triunfo en 2007.

Mientras que el 21 de diciembre de 2009 la Procuraduría sancionó en fallo de segunda instancia al gobernador de Putumayo, Felipe Guzmán, con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años porque según se encontraron irregularidades en la actividad contractual adelantada por la Gobernación de Putumayo en diciembre de 2008, al no realizar una escogencia objetiva del contratista del proyecto denominado desarrollo integral de la infancia a través de la recreación con juguetes lúdicos y participación de las actividades decembrinas, cuyo valor era de 470 mil millones de pesos.

Además el lunes anterior la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a Guzmán Mendoza por cobrar viáticos por valor de 5.584.330 pesos, supuestamente para adelantar gestiones públicas en diferentes entidades; sin embargo el organismo de control comprobó que aprovechó ese tiempo para adelantar un programa de posgrado en Bogotá sin solicitar el permiso correspondiente ante el Presidente de la República o el Ministerio del Interior.

Destitución en fallo de primera instancia
El jueves anterior, el Ministerio Público destituyó y suspendió por 10 años para ejercer cargos públicos al mandatario del departamento del Cauca, Guillermo Alberto González, por la inversión 16 mil millones de pesos correspondientes a recursos públicos en la firma Probolsa, que tiempo después entró en liquidación. Al enterarse del fallo de primera instancia en su contra, el Gobernador caucano dijo que apelará.

Suspendidos

Hasta el 20 de agosto venidero fue extendida la suspensión del gobernador de Bolívar, Joaco Villarreal, por parte de la Procuraduría, que lo investiga después de que la Secretaría de Salud departamental fue intervenida por la Superintendencia del ramo por irregularidades. El Ministerio Público consideró que hubo omisión del Mandatario en la auditoría de las facturas por servicios médicos a la población más pobre.

En septiembre de 2009, el Mandatario fue vinculado formalmente por un fiscal ante la Corte Suprema a una investigación por el delito de fraude procesal. Las pesquisas indicarían que mil millones de pesos incautados en Cartagena en 2007, supuestamente DMG los tenía destinados para financiar la campaña del entonces candidato.

Mientras que la Procuraduría amplió por tres mese más la suspensión al gobernador de Casanare, Óscar Iván Raúl Flórez Chávez, a pesar de que había retornado al cargo después de que un juez tuteló a su favor el derecho al debido proceso. El Ministerio Público lo investiga por posibles irregularidades administrativas relacionadas con la autorización de desplazamientos de viajes y cobro de viáticos sin aportar los debidos soportes.

Según la investigación de la Procuraduría, estos actos irregulares pudieron generar un detrimento patrimonial que estima en 11 millones 213.901 pesos.

Investigados

En marzo pasado, la Procuraduría inició investigaciones contra el gobernador de Valle, Juan Carlos Abadía, y de Santander, Horacio Serpa, por su presunta participación en política. El primero de ellos organizó una reunión con alcaldes en la cual se hizo presente el entonces precandidato Andrés Arias, mientras que el segundo es investigado por una columna en la cual mostraría preferencia por un candidato.