CON SU firma del balance de las cuentas correspondientes a la campaña de recolección de firmas, Luis Guillermo Giraldo avaló la falsedad de la convocatoria del referendo reeleccionista, señaló ayer la Fiscalía durante una audiencia de imputación de cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y fraude procesal, que además de éste cobijó a siete integrantes más del comité promotor de la iniciativa que buscaba abrir la puerta a una segunda reelección del presidente Uribe.Las otras personas afectadas con la decisión son Cecilia Paz, Miriam Donato, Gustavo Dajer, Juan David Ángel, Álvaro Velásquez, Hediel Saavedra y David Salazar.
El ente acusador señaló que hay pruebas suficientes que permiten determinar que con la violación en los topes del referendo reeleccionista establecidos por la ley para la financiación de esta clase de iniciativas populares y que sabiendas el comité promotor presentó el balance al Registrador buscando que lo certificara, se habría incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.
Al respecto la fiscal 69 de orden económico, Claudia Erazo, explicó durante la audiencia de imputación de cargos, que Giraldo en su calidad de vocero y miembro del comité promotor “avaló con su firma la falsedad consignada en el documento en el que no se relacionaron todos los donantes ni los montos aportados por ellos a la etapa de recolección de firmas en el informe balance de ingresos y gastos del proceso que se le presentó a la Registraduría”. En ese sentido el ente acusador concluyó que Giraldo al firmar el balance de las cuentas “trató de ocultar la realidad”.
La certificación
El 2 de septiembre de 2008, Giraldo, el principal promotor del referendo reeleccionista, firmó el balance de las cuentas de esta iniciativa para cumplir con el trámite de que antes de radicarlo en el Congreso, contara con las certificaciones del registrador Carlos Ariel Sánchez a la financiación así como a las más de cuatro millones de firmas que avalaron preguntar a los colombianos si estaban de acuerdo o no, con reformar la Constitución por medio de una segunda reelección presidencial consecutiva, que en la práctica en ese momento solo beneficiaba al presidente Uribe.
Luego de un análisis, el Registrador certificó el número de firmas pero se abstuvo de hacer lo mismo con las cuentas de la iniciativa por considerar que había confusión en las cuentas que le presentaron. Por ese motivo decidió remitir el año anterior el balance al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que determinara si hubo infracción a la normatividad en cuanto a los topes de la financiación. Sin embargo a la fecha, el CNE no ha resuelto este caso.
Al respecto, la Fiscalía señaló durante la audiencia de ayer que Giraldo le pidió al registrador Sánchez que certificara las firmas, a sabiendas de que no tenía vicios; en caso contrario y después de que logró esta certificación presentó la iniciativa al Congreso, induciendo al error a los parlamentarios, que posteriormente aprobaron el proyecto de ley.
El pasado 5 de abril ya se había anunciado que la fiscal Erazo imputaría cargos al comité promotor del referendo reeleccionista por la violación a los topes de la iniciativa y, no obstante, tratar de que fuera certificada y aprobada.
El fallo de la Corte
La decisión de la Corte Constitucional, que al final de febrero pasado declaró inexequible el referendo reeleccionista por vicios de trámite e incluso por falencias de fondo, fue tenida en cuenta por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos a los integrantes del comité promotor.
Al respectó citó varias de las conclusiones a las que llegó el tribunal Constitucional, como que la fundación Primero Colombia manejó la contabilidad y los fondos de la iniciativa, el caso del recaudo y administración de las donaciones económicas de los aportantes, a pesar de ser ajena al comité promotor.
También la Fiscalía dijo que la campaña para la recolección de firmas gastó más de seis veces de lo permitido por la ley.
En las cuentas figura que de los 2.046.328.135 pesos, 1.903.458.135 pesos se sustentan como créditos y solamente en aportes la campaña recibió 142.870.000 pesos. Según la normatividad, el tope de recursos para financiar una iniciativa popular de referendo es de 334 millones de pesos.
Al respecto la Corte había señalado en su fallo que se quiso “contar con recursos ilimitados y privilegiar o favorecer la propuesta de reelección presidencial”.
La Fiscalía también recordó que la Corte Constitucional tuvo en cuenta la falta de la certificación a las cuentas del referendo para hundir la iniciativa.
La fiscal Erazo en el 2009 había solicitado la misma audiencia de imputación de cargos contra el comité, pero sorpresivamente el fiscal de entonces, Mario Iguarán, le trasladó el proceso al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, José Edgar Collazos, quien sólo interrogó a los integrantes de dicho comité en 10 meses que tuvo a su cargo el expediente.
A mediados de noviembre, la sala de conjueces del CNE había formulado pliego de cargos contra los integrantes del comité. Según la CNE, se encontraron tres anomalías: la primera tiene que ver con el cheque girado de Colombia Primero por dos mil millones de pesos al comité. La segunda tiene que ver con la violación de topes de los aportantes individuales a la recolección de firmas, y la tercera, porque en los balances que se presentaron al CNE se omitió información.
Por estos hechos, las multas que podrían pagar los miembros del comité promotor del referendo, en caso de que el CNE establezca que se violaron los topes, pueden oscilar entre los 20 millones y los 200 millones de pesos.
Para tener en cuenta
El 12 de enero pasado, el Procurador pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el referendo. Aunque asintió que hubo vicios de trámite, justificó que eran subsanables y no podían considerarse como causa de nulidad. Uno de los que consideró fue la violación a los topes financiación, sin embargo el Procurador dijo que “el posible incumplimiento de las normas… sólo tiene incidencia de orden personal y administrativo”.
Ante la Corte Suprema están demandados por prevaricato 86 representantes a la Cámara porque el 16 de diciembre de 2008 aprobaron en plenaria el proyecto de ley de referendo, a sabiendas, según el demandante, representante Germán Navas, que faltaba la certificación a las cuentas de la iniciativa por parte del Registrador.
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