El proceso está en etapa preliminar en la Corte Suprema pero podría impulsarse luego del fallo del tribunal Constitucional.ARGUMENTANDO LA inviolabilidad del voto de los congresistas que, en la madrugada del 17 de diciembre de 2008, le dieron vía libre al referendo reeleccionista en la plenaria de la Cámara, se defenderán los 86 representantes investigados por la Corte Suprema.
El viernes, la Corte Constitucional, al fallar la inexequibilidad del referendo, señaló que la ausencia de la certificación del Registrador sobre el respeto o no de los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “inhibe la iniciación del trámite legislativo y vicia la constitucionalidad de todo el procedimiento adelantado ante el Congreso”, decisión que con toda seguridad será tomada en cuenta por la Corte Suprema en la investigación que aún se encuentra en etapa preliminar.
La Corte Suprema investiga preliminarmente a esos 86 congresistas por el posible delito de prevaricato en que habrían podido incurrir al votar el proyecto de referendo sin que la iniciativa tuviera completos los requisitos necesarios para iniciar su trámite en el legislativo, tal como lo denunció ante ese tribunal el congresista Germán Navas, del Polo Democrático.
De acuerdo con Navas, él denunció a sus colegas por el delito de prevaricato, al haber votado sin contar con la certificación de la financiación de ese proyecto.
Procesados
Los congresistas han afirmado que su voto es inviolable y que con base en el principio de confianza legítima, los representantes podían votar a favor del referendo pese a que la Registraduría no había certificado si la campaña de recolección de firmas respetó los topes de financiación previstos en la ley.
Uno de los 86, el representante Luis Enrique Dussán, elegido en 2006 por el movimiento uribista Huila Nuevo y Liberalismo, que por aquello del transfuguismo ahora aparece avalado por el Partido Liberal, confió “en el buen juicio de esa corporación, pues además está de por medio la inviolabilidad del voto de los congresistas, principio mundial que garantiza autonomía y equilibrio, consagrado en nuestra Constitución”.
Para el representante Tarquino Pacheco, de Cambio Radical, “una cosa son los requisitos para el trámite legislativo y otros son los requisitos que tiene que tener el referendo para su aprobación por parte de la Corte Constitucional; esas son cosas totalmente diferentes”.
El congresista atlanticense sostuvo que “no podemos establecer requisitos distintos a los que la misma Constitución señala”.
“La inviolabilidad del voto es un concepto universal”, dijo el representante Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U). “Un congresista tiene que votar con libertad. Y, judicializarlo por cómo vota, es judicializar al pueblo que lo eligió”, comentó.
El abogado Jaime Granados, quien ha asesorado a varios de los legisladores comprometidos en este proceso, expresó: “Imagínense que en los cientos de proyectos de ley que cursan en el Congreso, cada congresista tenga que explicar su voto a otro poder, como en este caso a la Corte Suprema”.
Pero el ex presidente de la Corte Suprema ha precisado que la investigación no se relaciona con el sentido del voto de los 86 congresistas, sino con temas diferentes: “Jamás se ha perseguido el voto o la opinión de los congresistas. El límite de ello está en la justicia y en el bien común. En ese tema creo que no hay dificultad”.
El ex magistrado Carlos Gaviria también señaló “que la denuncia de Navas no fue porque hubieran votado en determinado sentido”; y agregó que “aquí lo importante es que Navas argumenta que no podía haber debate, ya que no se habían cumplido ciertas condiciones para ello, como la certificación del Registrador Nacional en cuanto a que no existían irregularidades en la campaña y en la financiación. Eso es lo que llamamos en derecho una condición de procedibilidad para que el debate público pueda tener lugar”.
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