LA PROPUESTA de realizar una audiencia pública para explicar los argumentos que llevaron al Gobierno a declarar la Emergencia Social en el sistema de salud, hecha por los ministerios de Protección Social y Hacienda, fue rechazada por la Corte Constitucional ayer.El Alto Tribunal consideró que no hay fundamento para que se acuda a la figura de la audiencia pública para profundizar y aclarar la actual situación del sector de la salud, debido a que hay suficiente ilustración sobre el tema.
Según la Corte, en este caso existe suficiente documentación, además que la participación ciudadana asciende a más de 1.500 intervenciones de múltiples ciudadanos.
De todas maneras, varias entidades gubernamentales, entre ellas los ministerios de Protección Social y Hacienda, ya enviaron a la alta Corte toda la respectiva información que sustenta la declaratoria de la Emergencia Social, la cual fue solicitada a principios de año por el magistrado sustanciador Jorge Iván Palacio Palacio.
La ponencia, que fue entregada la semana pasada a la Sala Plena del Tribunal Constitucional, pide la inconstitucionalidad de los decretos que originan el Estado de Excepción, porque no se sustentan en un hecho sobreviniente que causara la crisis.
La Corte Constitucional seguirá con el estudio de la Emergencia el miércoles siete de marzo, después de Semana Santa.
El máximo tribunal de la Justicia colombiana analiza actualmente el decreto que convocó el estado de emergencia, así como el que establece el aumento del IVA a la cerveza y los cigarrillos, con el que se generarían importantes recursos para el sector salud, por ser productos que inciden directamente en la salud de sus consumidores.
Por otro lado, el Congreso tramitará un proyecto de ley presentado por el Gobierno en el que pretende dejar como permanentes las medidas que fueron decretadas en el estado de Emergencia Social.
Simultáneamente, los liberales Juan Manuel Galán y Simón Gaviria radicaron un proyecto para establecer un estatuto mínimo de los derechos que, en su concepto, deben tener los usuarios de la salud, que le cerrarían el paso a varias de las disposiciones fijadas por la Emergencia Social.
Gaviria señaló que el “decreto que obliga a los pacientes, a pagar los medicamentos con sus ahorros, viola al menos diez artículos de la Constitución”.
El proyecto prevé, entre otras, la elección libre de un médico, recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, asistencia médica de calidad con profesionales debidamente capacitados.
El 21 de enero, el Gobierno Nacional promulgó 16 decretos en el marco de la Emergencia Social decretada para “solucionar” los graves problemas financieros del sistema de salud. Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud (POS), la eliminación de los servicios no-POS, que ahora se denominan Prestaciones Excepcionales de Salud (PES) y la reforma tributaria.
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