En quince días, el próximo 2 de marzo, la relatoría divulgará su informe anual con preocupación por Colombia y otros cuatro paísesSI LA financiación electoral no se conoce antes de votar, no sirve para nada.
De esta manera Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo adscrito a la OEA, se refirió al derecho que tienen los ciudadanos de conocer –con anticipación al día de las elecciones- el monto, origen y destino de la financiación de las campañas políticas y así escoger o desechar opciones con base en esa información.
La ex magistrada auxiliar Botero habló con EL NUEVO SIGLO a propósito de un foro titulado “Más información: mejores partidos y campañas”, organizado por la Embajada del Reino Unido en Colombia, la revista Semana y la propia relatoría, entre otras organizaciones convocadas dentro de la campaña “Más información, más derechos”.
Botero indicó cómo Colombia y los demás países miembros de la OEA están obligados a aplicar el derecho al acceso de la información como un derecho fundamental, al tenor del artículo 13 de la Convención americana sobre derechos humanos.
“Tanto el Estado como los partidos y candidatos deben ofrecer toda la información que se requiera para que el público pueda estar seguro de que, entre otras cosas, los medios que utilizan en la competencia electoral son legítimos”, manifestó.
Porque, advirtió, esa obligación también se le demanda a los partidos políticos debido a que son los vehículos para acceder al poder. La selección de sus candidatos a las corporaciones públicas debe producirse con base en información y los procedimientos electorales son tan importantes como los resultados en las urnas.
“El derecho de acceso a la información es el mecanismo para estar seguros de que los medios y procedimientos están siendo respetados”, precisó.
Lo único reservado deben ser las estrategias electorales y las comunicaciones privadas, aclaró.
Sobre el informe que se publicará el 2 de marzo, Botero anticipó que “en la región hay cinco países miembros de la OEA que consideramos de importante atención: Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela”.
Sobre Colombia, adelantó “que hay datos que son preocupantes. Al menos dos periodistas fueron asesinados en el país el año pasado, según la información que existe, por cumplir su tarea de informar. Otros han sido obligados a abandonar sus lugares de origen o han sido amenazados y agredidos por dar a conocer temas de corrupción o crimen organizado. Además, son extraordinariamente graves los seguimientos, interceptaciones y amenazas a periodistas por funcionarios del DAS, organismo adscrito a la Presidencia”.
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