Esfuerzos de órganos de control “son insuficientes porque el problema, a mi modo de ver, está desbordado”.A PESAR de los esfuerzos del Ministerio del Interior, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades con asiento en la Uriel, nuevamente la pureza del voto será afectada en las elecciones legislativas y presidenciales de este año.
Así lo considera la directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar. En diálogo con los medios señaló que estos esfuerzos “son importantes pero son insuficientes porque el problema, a mi modo de ver, está desbordado y el Congreso de la República en el 2009 no tomó las suficientes medidas para evitar que se repitieran cosas como las que estamos viendo, que no solamente es el tema de financiación sino de candidatos en cuerpo ajeno”.
Precisamente ayer el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, se refirió al tema: “Escuchamos las declaraciones muy preocupantes del presidente del Consejo Nacional Electoral (Marco Emilio Hincapié), denunciando torrentes de dinero que están entrando a las campañas con la presunción de una violación de los topes establecidos por la Ley y también de una polución publicitaria en todas las ciudades. Le estamos ofreciendo total apoyo al Consejo Nacional Electoral y al Registrador Nacional, porque el Gobierno quiere unas elecciones totalmente transparentes de acuerdo a la Constitución y la Ley”.
Sin embargo a pesar de que el ofrecimiento ministerial se fundamenta en la labor que pueda desarrollar la Uriel (Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral), que tramitará las denuncias y quejas por delitos contra el sufragio de forma inmediata y coordinada, de tal manera que se evite o se sancione con todo el rigor de la ley este tipo de prácticas, la verdad es que el CNE, organismo facultado por la ley para investigar y sancionar a candidatos y partidos en materia como violación a topes electorales, financiamiento irregular en las campañas e inscripciones que no cumplen con la normatividad, no tiene los suficientes recursos para desarrollar las competencias que, entre otras, le otorgó la reforma política de 2009.
Al respecto, Ungar dijo que “pienso que el Consejo Electoral ha hecho cosas importantes pero está bastante limitado en los alcances de su accionar, entre otras cosas, por los recursos que le entregue el Ministerio de Hacienda para funcionar y la misma Registraduría. Entonces, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral creó 21 tribunales electorales en igual número de capitales de departamento. Entonces, por un lado no tiene los recursos para cubrir todo el país y por el otro, no tiene recursos para trabajar en otros municipios. Hay que recordar que muchos de estos hechos de corrupción, de tráfico de dinero legal e ilegal se dan no sólo en las capitales, también en los municipios. Entonces se están dando algunos pasos importantes pero estamos muy lejos, desafortunadamente, para evitar que hechos recientes y no tan recientes contra la pureza del voto se repitan”.
El propio magistrado Hincapié reconoció que solamente se instalaron 21 comités de garantías electorales en igual número departamentos por falta de más recursos. Añadió que el CNE tiene la posibilidad de imponer multas económicas “para quienes violen las normas de los movimientos y partidos políticos. Tenemos otras sanciones que podemos imponer: la suspensión de la financiación de los partidos, la pérdida de la personería jurídica de partidos y movimientos políticos cuando se compruebe que ellos violan los principios de organización y funcionamiento de esos partidos políticos. La Constitución nos dio unas funciones muy específicas en lo que tiene que ver con la revocatoria de los candidatos inhabilitados, lo que tiene que ver con la regulación, inscripción, control y vigilancia de los partidos, movimientos políticos y sus candidatos, representantes legales y la organización electoral. En eso estamos tratando”.
Pero el tema presupuesto siempre está presente. Hincapié señaló que “hemos pedido unos recursos, hemos solicitado al Gobierno nacional, por ejemplo, que para evitar suplantación el día de las elecciones se requieren unos captahuellas, unos identificadores de ciudadanos que se realiza antes de entrar al sitio de votación, con eso evitaríamos un gran mal que es la suplantación, por el cual se han caído ya dos elecciones al Congreso de la República, pero faltan recursos, faltan medios. No se alcanzó a regular la Reforma Política en donde se determinaba la estructura para el Consejo Nacional Electoral, para que el Gobierno nacional por medio de una ley estableciera la planta de personal del organismo y diera en otra norma la autonomía presupuestal que requiere, pero bueno ahí quedamos varados, quedamos en lo mismo, pidiendo, sacando la manito, sacando la totuma para decir necesitamos hacer esto, necesitamos hacer nuestras funciones y de esa manera hemos venido trabajando”.
A su turno Ungar dijo que en las elecciones de este año hay altas posibilidades de que se presenten de nuevo fenómenos por medio de la financiación “con sus diferentes variantes: no respetar los topes establecidos en la ley, la doble contabilidad, las donaciones en especie, por mencionar algunas modalidades; pero además también está el tema del trasteo de votantes, la suplantación de jurados y el amedrentamiento físico al elector”.
Ungar dijo que se ha dicho que este tipo de irregularidades se presentan básicamente en la Costa Norte, sin embargo señaló que regiones que podrían ser afectadas en esta oportunidad también son los departamentos del llano y la misma capital del país.
EL 14 de marzo próximo con los comicios legislativos será la primera prueba de fuego para la transparencia electoral en Colombia
Nuevas formas de hacer trampa Ayer se conoció que en Antioquia se detectó una nueva modalidad de fraude electoral, que se ha dado a conocer como el voto prepago. Aunque básicamente consiste en el tradicional trasteo de votos, es decir que un ciudadano vota en un lugar diferente al del municipio en donde reside, la novedad consiste en que el delito comienza desde el momento de la inscripción pues un grupo numeroso de ciudadanos que han decidido amarrar su voto a cambio de prebendas económicas es trasladado a un determinado municipio para que inscriban su cédula. Así lo denuncio la MOE, que señaló que este fenómeno ha sido detectado principalmente en el municipio de Bello. Por el delito de trasteo electoral el CNE anuló el 10 de febrero anterior la inscripción de 200 mil cédulas en Barranquilla.
Sobre la capacidad de los organismo de control para garantizar la transparencia en las elecciones habló el zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, quien dijo que “tienen que tenerla, para eso se disponen mecanismos extraordinarios como la Uriel para que haya una reacción oportuna previa”.
Ortiz invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier clase de intento por alterar el voto y en cuanto a las denuncias de que candidatos estarían condicionando la entrega de subsidios de Acción Social a votar por ellos, señaló que los servicios que prestan las entidades del Estado no están condicionados a intereses políticos o intenciones de voto.
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