El segundo debate informal de la Comisión Séptima del Senado a la emergencia social estuvo marcado por una denuncia que formuló el senador Rodrigo Lara contra el Ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga por una presunta inhabilidad de éste último para firmar los decretos de impuestos.Una empresa de la familia del ministro Zuluaga, importa licores y se habría beneficiado con una de las decisiones tributarias de la emergencia.
El Ministro replicó a Lara diciendo que durante su vida pública ha aprendido a “no ser ingenuo”, y aclaró que los decretos de emergencia social que incluyen aumento del IVA para algunos licores benefician a la compañía J.B. Grant, que su abuelo fundó hace 50 años.
El senador Rodrigo Lara insistió en que el funcionario tenía que haberse declarado impedido porque las normas dictadas si bien son de carácter general trajeron como consecuencia que los licores costosos importados por esa empresa no vieron aumentados los impuestos a las ventas como sí lo fueron los productos más baratos.
"He aprendido a no ser ingenuo", le respondió el Ministro al Senador Lara, al explicarle que durante su estadía en el Congreso y ahora en el Ministerio de Hacienda ha tenido el cuidado a la hora de redactar normas o presentar proyectos al Congreso con el fin de no beneficiar los propios intereses.
"Provengo de una familia con prestigio en los negocios", manifestó el Ministro, para luego asegurar que el ha “construido un prestigio muy importante y ese prestigio no lo voy a sacrificar por actos ingenuos".
El Ministro manifestó que en el Congreso aprendió que no se deben eludir responsabilidades siempre declarándose impedido cuando se redactar normas que podrían beneficiar los propios intereses.
Los congresistas Cecilia López, Rodrigo Lara, Jesús Bernal y Alexander pidieron la derogatoria de los decretos de la emergencia social pero Dilian Francisca Toro defendió las decisiones el Gobierno, aunque aceptó que por lo menos tres de ellas deben ser anuladas, como la que limita la autonomía del médico y la que obliga a pagar con cesantías los tratamientos más costosos.
El senador del Polo Democrático, Alexander López pidió la renuncia del ministro de Protección Social, Diego Palacios, pero este ignoro el asunto y no le respondió.
El presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo admitió que las agremiaciones desconocen la real deuda que tienen con las instituciones.
Dijo que a junio de 2009, las cifras más actuales indican las obligaciones con las clínicas y los hospitales asciende a cerca de 3,5 billones, y que el 51 por ciento de las deudas están por encima de los 90 días.
Y denunció que las EPS han ofrecido cero aumento a clínicas y hospitales, lo que los llevara a una crisis financiera y social.
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