Enfrentamiento entre Lara y Zuluaga por denuncia

Según el legislador, familiares del funcionario se benefician con exención de impuestos a licores importados.

DE HABER favorecido a sus familiares, al expedir el decreto 127 del 21 de enero de 2010, acusó el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, al ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga.

La norma en mención se dictó bajo el amparo de la emergencia económica y establece exenciones a los licores importados o de alto costo.

Según Zuluaga, en ningún momento los decretos de emergencia social que incluyen aumento del IVA para algunos licores benefician a la compañía que es propiedad de su familia.

“He aprendido a no ser ingenuo”, declaró Zuluaga durante una sesión informal de las comisiones séptimas de Senado y Cámara para analizar los decretos de emergencia social; el funcionario aclaró que durante su estadía en el Congreso y ahora en el Ministerio ha tenido el mayor cuidado a la hora de redactar normas o presentar proyectos al Congreso con el fin de no beneficiar los propios intereses: “Provengo de una familia con prestigio en los negocios” y “yo, igual he construido un prestigio muy importante. Y ese prestigio no lo voy a sacrificar por actos ingenuos”.

Lara acusó a Zuluaga de otorgar, a través del mencionado decreto, unos “beneficios tributarios que son un regalo y bajan los impuestos a los importadores de licores como el Vodka, y el Whisky. Pero lo más grave de todo es que el Ministro tiene familiares que pertenecen a Juanbé S.A., empresa dedicada a la importación de este tipo de productos”.

El senador Lara, presidente de la Comisión Séptima de Senado, explicó que el decreto “establece el principio de tarifa única para los licores, es decir, igualó los gravámenes que deben pagar los licores en general, tanto nacionales como extranjeros, beneficiando a los segundos, pero imponiendo un impuesto injusto para quienes consumen licores populares”.

Salud

Durante el debate de ayer, Catalina Vásquez, representante de la Asociación de Pacientes afectados por enfermedades de alto costo, huérfanas, crónicas y degenerativas, señaló que “los decretos son inconstitucionales” y que la declaración de la emergencia social no era necesaria porque “la crisis no fue un hecho sobreviviente”.

“Quiero sentar nuestra voz de protesta porque el actor más importante del sistema, que son los pacientes, nunca fue consultado a la hora de redactar los decretos”, dijo.

Vásquez agregó que así las cosas, “el remedio salió peor que la enfermedad”.

Raimundo Manet, presidente de la Asociación de Médicos Hematooncólogos, dijo que “no es posible que la responsabilidad de la crisis se la atribuyan a los médicos”, sino que es necesario mirar “la responsabilidad de las EPS y los laboratorios farmacéuticos”.

Aseguró que lo único positivo de los decretos expedidos por el Gobierno, es que “por primera vez en la historia lograron reunir y poner de acuerdo a los médicos y a los pacientes”.