viernes, 19 de febrero de 2010

Registraduría ha detectado 11 candidatos a Congreso inhabilitados por sentencia judicial


En total son 70 las inconsistencias descubiertas hasta ahora y que pasaron al Consejo Nacional Electoral para que tome las decisiones correspondientes.

LUEGO DE revisar cada uno de los candidatos inscritos para las elecciones del próximo 14 de marzo, la Registraduría remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) 70 casos de posibles inconsistencias, que van desde candidatos que no cumplen el requisito de la edad mínima para aspirar a la respectiva corporación hasta candidatos que tienen suspensión de derechos y funciones públicas en virtud de sentencia judicial, doble militancia y doble inscripción.

Al anunciar que la revisión de las listas continuará, el registrador Carlos Ariel Sánchez explicó que el CNE tiene un mes para tomar decisiones, las cuales deberán ser acatadas por los partidos.

El artículo 265 de la Constitución, modificado a través de la reforma política aprobada por el Congreso el año pasado, establece que entre las atribuciones especiales del CNE está el “decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la Ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos”.

De otra parte, quedó también claro que las organizaciones políticas tienen plazo hasta dentro de ocho días, el viernes 26 de febrero, a las 6 de la tarde, para modificar las listas de candidatos inscritos.

La Registraduría también encontró inconsistencias en los logos de varios partidos y movimientos políticos. Seis utilizan los colores patrios, cuatro hacen uso de caras con fotografías, cuatro emplean símbolos patrios y uno tiene el logo de otro partido.

Jurados

Según Sánchez, por primera vez la Registraduría realizó una revisión minuciosa a las listas de jurados elegidos y encontró 18.400 inconsistencias, incluyendo 1.922 nombres que no corresponden con la cédula, 8 cédulas canceladas por muerte y 12 jurados que no aparecen en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).
“El riesgo de las inconsistencias es que si no se corrigen, esos jurados pueden ser suplantados”, explicó el funcionario.

Recursos

Sánchez recordó que la víspera, a menos de un mes de las elecciones de Congreso y Parlamento Andino, junto con el magistrado Marco Emilio Hincapié, presidente del CNE, le enviaron al mandatario colombiano Álvaro Uribe una comunicación conjunta en la que reiteraron la solicitud de asignación de recursos para identificación biométrica de los sufragantes en las elecciones del próximo 14 de marzo, como garantía de transparencia electoral para evitar el fraude por suplantación de sufragantes.

“Con fundamento en el mapa de riesgo de fraude electoral elaborado por la Entidad y con la finalidad de evitar suplantación de sufragantes, se han solicitado recursos al Gobierno Nacional por valor de 22.000 millones de pesos para implementar esta tecnología en las elecciones de 2010 y aplicar los controles biométricos en las zonas de mayor vulnerabilidad, básicamente en las capitales de departamento con mayor índice de riesgos”, señaló la comunicación.

De acuerdo con las sentencias del Consejo de Estado sobre las elecciones de Congreso de los años 2002 y 2006, la suplantación de sufragantes es la modalidad de fraude electoral más frecuente en el país.

Sánchez e Hincapié le explicaron a Uribe que “con base en lo ordenado por las leyes 892 de 2004”, implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir voto electrónico, “y 1227 de 2008”, votación bajo techo, “durante el año 2009 la Registraduría” acometió la implementación exitosa de “la tecnología biométrica para identificar plenamente a los sufragantes al momento de ingresar a los puestos de votación”.

“El uso de la identificación biométrica se ha realizado a la fecha en 19 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores, cuyo censo global de ciudadanos plenamente identificados fue de aproximadamente un millón”, afirmaron.

“Como resultado de uso de la identificación biométrica para la individualización plena del elector”, indicaron, la Registraduría “pudo controlar la comisión de malas prácticas electorales”, como es el caso de la suplantación de los votantes, “rodeando el proceso electoral de mayor transparencia, seguridad jurídica”, dado que “en los comicios en donde se practicó no se presentaron demandas de nulidad por suplantación” y en consecuencia alcanzando “legitimidad democrática”.

En el primer semestre del año 2009 se le solicitaron 100.000 millones de pesos al Gobierno para implementar esta tecnología en las elecciones de 2010, pero esos recursos no fueron aprobados, por lo que en diciembre la Registraduría pidió la asignación de al menos 30.000 millones de pesos para aplicar los controles biométricos en las zonas de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con el mapa de riesgo de fraude electoral. Ahora, la Registraduría y el CNE esperan que el Gobierno Nacional asigne los 22.000 millones de pesos solicitados en la comunicación, teniendo en cuenta que cuentan con la plataforma tecnológica y las bases de datos que permiten evitar de manera efectiva y segura el fraude por suplantación, como quedó demostrado en las elecciones atípicas del año 2009.


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