Una reforma al sistema de salud colombiano decidida por el gobierno se convirtió en una piedra en el zapato para el presidente Alvaro Uribe, al instalarse esta semana en la campaña electoral, mientras que la sostenibilidad financiera del sistema sigue sin resolverse.El generalizado rechazo y las protestas callejeras, obligaron a Uribe a salir a defender la controvertida reforma por los medios de comunicación y hasta dedicarse a responder telefónicamente las quejas de los usuarios.
Uribe, quien se encuentra en el último año de su segundo gobierno y con la incertidumbre sobre un tercer mandato a través de un referendo que debe decidir la Corte Constitucional, asegura que la reforma no recorta los derechos de los usuarios y acusó a sus opositores de hacer un "festín político" con la medida.
En efecto, los opositores partidos Liberal (socialdemocracia) y Polo Democrático Alternativo (izquierda) han rechazado la reforma y pedido la derogatoria de los decretos expedidos por el gobierno al amparo de una Emergencia Social que declaró el pasado 23 de diciembre.
Paradójicamente, el principal crítico de la reforma ha sido un antiguo aliado de Uribe, el hoy candidato presidencial por el partido Cambio Radical, Germán Vargas, quien incluso denunció millonarios contratos realizados por el Ministerio de Protección Social para producir la reforma.
Según el ministro de Protección Social (salud), Diego Palacios, con la reforma se busca el equivalente a 683,5 millones de dólares para inyectarle al sector y evitar que colapse financieramente. Pero sus críticos sostienen que la reforma limitará los tratamientos y cirugías de más altos costos.
El sistema de salud fue privatizado por el gobierno del presidente liberal César Gaviria (1990-94), pasando a manos de empresas que venden al Estado los servicios pero que no garantizan la atención de todas las enfermedades, por lo que los usuarios se ven obligados a obtenerla por vía de amparos judiciales.
El sistema ofrece dos planes obligatorios: uno para los colombianos que pueden pagar su afiliación a esos servicios, y el otro subsidiado por el Estado para las personas más pobres.
Pero las quejas sobre lo precario de la atención se multiplican. "Gracias a Dios una no vive enferma", comentó a la AFP Marina, una empleada doméstica de 50 años que está afiliada al plan subsidiado.
En tanto, el gobierno resalta la amplitud de la cobertura de los planes de salud y Uribe asegura que durante su mandato los afiliados al sistema pasaron de 23 millones a 41 millones de personas.
Aunque hay coincidencia entre los sectores políticos y sociales sobre la necesidad de hacer sostenible financieramente el sistema, el tema ha sido capitalizado por los candidatos a las elecciones legislativas del 14 de marzo y las presidenciales del 30 de mayo.
En medio del ambiente político caldeado por la reforma, la sociedad civil se ha volcado a las calles para protestar, reclamando que la salud "no es un negocio sino un derecho".
Organizaciones de usuarios del sistema, especialmente de los enfermos de alto costo (cáncer o VIH/sida), emprendieron una lucha jurídica contra la reforma y la demandaron ante la Corte Constitucional.
El ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, considera que la reforma no va a pasar el examen del tribunal, porque "no se puede declarar la Emergencia Social por hechos endémicos o problemas que se pueden atender por otras vías con antelación", según dijo a la AFP.
El analista y columnista León Valencia coincide con Hernández, y dijo a la AFP que la "responsabilidad de la crisis de la salud ha sido de Uribe porque no buscó soluciones en casi ocho años que lleva gobernando".
La reforma también tendrá para Uribe un "costo político" de cara a los procesos electorales que se avecinan, vaticinó Valencia.
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