Presidenciables critican la emergencia social en salud

El Gobierno “se equivocó y debe dar un paso atrás para reflexionar”: Noemí Sanín.

TRAS COMENZAR desde ayer la discusión pública de los decretos de reglamentación de la emergencia social en salud, bajo la coordinación del Ministerio de Protección Social, varios candidatos presidenciales expresaron opiniones críticas frente a esas medidas.

La aspirante presidencial Noemí Sanín pidió que se modifiquen los decretos de emergencia social en salud, asegurando que el Gobierno “se equivocó y debe dar un paso atrás para reflexionar”.

“Eso hay que entrarlo a reformar ya mismo, porque atenta contra la salud y contra los médicos que no pueden atender a los pacientes”, manifestó la ex canciller Sanín, que se someterá a la consulta del Partido Conservador del 14 de marzo. “Eso no se puede hacer declarando la emergencia social, porque es una situación estructural y de fondo”, dijo ayer en diálogo con emisoras del Valle del Cauca.

“El Gobierno tiene que reflexionar y tiene que darse cuenta de que se equivocó. El Presidente reforma o reformo yo. El mismo día en que yo resulte elegida, presento mi proyecto de reforma”, añadió.

Para Sanín, los decretos se caerán: “Estoy segura que la Corte Constitucional va a derogarlos”.

Gustavo Petro, candidato presidencial del Polo Democrático, aseguró que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia social, se constituye claramente en una política de muerte.

“Limitar la tutela a los ciudadanos, prohibir el ejercicio ético de los médicos al prohibirle recetar medicamentos, procedimientos e intervenciones, que se encuentran fuera del POS le quita por completo el derecho a la salud de los colombianos”, enfatizó Petro.

El director y candidato del Partido Liberal, Rafael Pardo, anunció la convocatoria a un foro nacional para “estudiar de manera seria” los decretos.

“Se trata de una discusión seria a la cual estamos invitando a todos los actores del sector salud para que se pronuncien sobre los decretos y el Partido llevará las actas de este foro a la Corte Constitucional y al Congreso para su discusión”, explicó.

El evento se realizará el próximo martes, 9 de febrero, en Bogotá con la coordinación del senador Carlos Julio González; con base en las conclusiones del certamen, el liberalismo adoptará una posición, explicó Pardo, que recordó que desde el 2006 había advertido sobre la crisis en el sector de la salud y que el Gobierno debía tomar medidas urgentes para garantizar el adecuado servicio y nunca hizo nada, dijo que “en principio al liberalismo le gusta la emergencia social”.

El candidato presidencial Germán Vargas, de Cambio Radical, les otorgó la razón a la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la red Hospitalaria, entre otras, que calificaron los decretos de una “monstruosidad” y de un atentado contra la salud.

Tras señalar que “la reforma a la salud debió haber tenido un estudio suficiente y a fondo por parte del Congreso que involucra a los médicos ya a la población civil”, pero que en cambio “el Gobierno prefirió aprovechar la emergencia social y realizarla con algunos decretos mal redactados”, Vargas anticipó que el martes de la próxima semana, 9 de febrero, la presentación de su “política integral para el sector de salud de los colombianos, en el cual anunciaremos la prestación integral que permita asegurar la sostenibilidad financiara del sector de la salud en Colombia en los próximos 40 años”.

Echan para atrás sanciones a médicos

Un acuerdo con el Gobierno para reversar el decreto de la emergencia social que establece sanciones económicas hasta de 50 salarios mínimos mensuales a los médicos que formulen por fuera del POS, anunció el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Gustavo Malagón.

El presidente de la academia explicó que los médicos podrán salirse del protocolo impuesto por el gobierno, y que los estándares de obligatorio cumplimiento que están contemplados en los decretos, serán puntos de referencia para su ejercicio profesional y no una camisa de fuerza.

"Esas sanciones las va a determinar el Tribunal de Ética Medica pero no necesariamente serán sanciones económicas, sino sanciones que están previstas como atribución de esos tribunales, puede ser la suspensión del ejercicio profesional por un tiempo, llamadas de atención privadas o públicas", explicó Gustavo Malagón.

Por su parte, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, indicó que esta decisión no se trata de un "reversazo", sino de la determinación del Gobierno de respetar la autonomía médica y que sean ellos que determinen si es justo el tratamiento que recete el profesional de la salud.