Son varios los legisladores uribistas que consideran que las disposiciones están afectando la atención médica a la población.CRECE UN mal ambiente en el Congreso frente a los decretos que expidió el Gobierno en el marco de la emergencia social a la que acudió el pasado 23 de diciembre, para afrontar la crisis financiera del sector salud a nivel nacional, en un momento en que una subcomisión de Senado y Cámara estudia las decisiones tomadas por el Gobierno dentro de este estado de excepción.
En ese sentido el Partido Liberal presentó ayer un proyecto para establecer un estatuto mínimo de los derechos que, en su concepto, deben tener los usuarios de la salud, que le cerrarían el paso a varias de las disposiciones fijadas por la emergencia social. La iniciativa fue radicada por el representante Simón Gaviria y el senador Juan Manuel Galán.
Gaviria señaló el “decreto que obliga a los pacientes a pagar los medicamentos con sus ahorros viola al menos diez artículos de la Constitución Nacional”.
El proyecto liberal prevé, entre otras, la elección libre de un médico, recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, asistencia médica de calidad con profesionales debidamente capacitados.
El 21 de enero el Gobierno nacional promulgó 16 decretos en el marco de la emergencia social decretada para “solucionar” los graves problemas financieros del sistema de salud. Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud (POS), la eliminación de los servicios no-POS, que ahora se denominan Prestaciones Excepcionales de Salud (PES) y la reforma tributaria mediante la cual se aumentó el IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar.
Sin embargo, varias disposiciones han sido recibidas con escepticismo por algunos parlamentarios.
El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, calificó de regresivos los decretos del Gobierno porque agravan una situación que ya de por sí es desastrosa. El congresista explicó que ahora los colombianos tendrán derecho a menos servicios de salud porque el POS queda reducido simplemente a la atención de baja complejidad, la medicina y odontología general. “¿Por qué estabilidad jurídica para los monopolios y trasnacionales y decisiones regresivas para los ciudadanos?”, preguntó Robledo.
A esto se suma la decisión de obligar a los pacientes a pagar por los servicios excluidos del POS, negándoles el derecho a presentar tutelas para acceder a cirugías, medicamentos y demás tratamientos, manifestó Robledo. “Es inaudito que en medio de este desastre de desempleo y pobreza el Gobierno restrinja el derecho a la salud y obligue a los enfermos a pagar con sus cesantías y pensiones los servicios que por su naturaleza e importancia deben prestarse de manera gratuita”, afirmó.
El senador Luis Carlos Avellaneda, también del Polo, señaló que “al mantener como alternativa de financiación de enfermedades de alto costo, las cesantías y las pensiones, el Gobierno ratifica su intención de lesionar los intereses de la clase trabajadora y no de los ricos”.
Pero también desde las toldas uribistas se han escuchado críticas a las decisiones tomadas por el Gobierno dentro de la emergencia social, como lo han señalado los senadores Dilian Toro, Jorge Ballesteros, Luis Elmer Arenas y Armando Benedetti, así como el representante Roy Barreras, todos del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Benedetti, por ejemplo, dijo ayer que no apoya los decretos porque están hechos para favorecer sólo a las EPS y no se puede descuidar el servicio de salud que se les presta a los colombianos. “El derecho a la salud es una garantía tan importante como la vida misma. No he apoyado ni apoyaré ninguna iniciativa que menoscabe las posibilidades de los ciudadanos”, indicó.
Arenas criticó duramente la actitud del Gobierno por no haber adelantado un debate previo a los decretos: “El gobierno nacional abusó de sus atribuciones y ahora que está encontrando rechazo justificado entre muchos sectores como el de los médicos, chanceros, asociaciones de pacientes, fundaciones y empresas”.
Barreras precisó que aunque defiende al Gobierno “me seguiré oponiendo a esta medidas que resulten nocivas y van en detrimento del bienestar de todos los colombianos. Así es que no me queda otra opción que demandarlas ante la Corte Constitucional”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario