Corte Constitucional pidió concepto sobre emergencia social a 15 entidades estatales y privadas. Comisiones séptimas de Congreso analizarán hoy los decretosLA UNIFICACIÓN de los regímenes de los servicios de salud contributivo y subsidiado del Plan Obligatorio de Salud (POS) que obligó la declaratoria de emergencia social, abrirá un hueco fiscal entre 3 a 4 billones de pesos, reveló el director de Fedesarrollo, Mauricio Santamaría.
De acuerdo con el directivo, el costo de la unificación del POS representa el uno por ciento del producto interno bruto del país y para cubrir este faltante en las cuentas del Gobierno, el Ministerio de Protección Social debe recurrir a nuevos impuestos y uno de ellos sería incrementar el impuesto de valor agregado (IVA).
Por su parte, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, admitió que la unificación del POS tendrá un costo fiscal que puede llegar a los 6 billones de pesos, pero dijo que esos recursos ya estaban presupuestados con el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el funcionario, no habrá ninguna alteración en las cuentas del Gobierno.
Palacio aclaró que los recursos, logrados a través de los decretos de la emergencia social, servirán para cumplir el mandato de la Corte de Constitucional y asegurar cobertura universal equitativa, pero que esos dineros no tienen nada que ver con el plan de unificación que ya estaba previsto.
Recordó que el Gobierno ha hecho muchas propuestas de transformación de subsidios de la oferta de la demanda, como restarle recursos a los hospitales, de utilizar los excedentes que tiene en algunas cuentas del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía) y de los recursos adicionales que se captarán por los nuevos impuestos a los cigarrillos, los licores y los juegos de suerte y azar.
Para Fedesarrollo es claro que los recursos por los nuevos tributos van, en parte, a financiar las prestaciones no POS, por ello “sin la menor duda vamos a tener que empezar a hablar de recaudos adicionales para financiar esa igualación de los planes de beneficios”, declaró Santamaría.
Por otro lado, las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara se reunirán hoy a partir de las nueve de la mañana con algunos ministros del Gobierno para analizar conjuntamente todo lo relacionado con la emergencia social declarada por el Ejecutivo. A la sesión, que se realizará en el recinto de la Comisión Primera de la Cámara, están citados los ministros de Hacienda y de Protección Social, así como el Superintendente de Salud.
Los altos funcionarios expondrán las razones que tuvo el gobierno para declarar la emergencia en el sector salud, así como el alcance y contenido de los 15 decretos dictados al amparo de la mencionada emergencia.
Entre tanto, la Corte Constitucional le solicitó a 15 entidades estatales y privadas rendir su concepto sobre los decretos de la emergencia social, específicamente los relacionados con los que buscan recursos para solucionar la crisis de la salud.
De igual manera, el alto Tribunal pidió la intervención de las facultades de economía de las universidades Nacional, Rosario, Andes, Externado y Javeriana, para que expongan su concepto sobre las medidas tomadas por el Gobierno en el sentido de liberar recursos que permitan garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud a través de la liquidación de contratos del régimen subsidiado.
Dichas facultades también deberán analizar el decreto que busca que clínicas y hospitales públicos devuelvan cerca de 700 mil millones de pesos que el Gobierno les ha girado para pagar cesantías, pensiones y salud de los empleados.
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