Dudan de efectividad de la emergencia social en salud

Medidas anunciadas centralizan recursos y hacen más difícil su desembolso, aseguró ex secretario de Salud antioqueño.

CUANDO TODAVÍA se espera la expedición de nuevos decretos al amparo de la emergencia social para solucionar los graves problemas financieros de la salud, entre los cuales debe estar el de convocatoria a sesiones extras del Congreso para que analice las medidas, continúan arreciando las críticas al paquete de fórmulas del Gobierno.

Ayer se pronunció el ex secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, expresando que las medidas adoptadas por el Gobierno “no van a funcionar”.

Tras señalar que esta crisis en la salud “estaba anunciada”, Montoya, que aspira a una curul en el Senado en la lista del Partido Conservador, recordó que como funcionario de la Gobernación de Antioquia le había advertido al presidente Álvaro Uribe y al ministro Diego Palacio sobre el colapso de la seguridad social en el país, debido a que el aumento de la cobertura también incrementaba los servicios de salud y los departamentos no tendrían como costear los tratamientos no POS.

Para Montoya, “los decretos publicados por la declaratoria de la emergencia social no solucionarán el problema, causado por la deuda de más de un billón 800 mil millones de pesos que se tiene con las entidades prestadoras de salud, porque van a centralizar los recursos del régimen subsidiado a través de un fondo común haciendo más engorroso el desembolso por la tramitología y la demora que hay desde el Gobierno central”.

Dinero

El miércoles 23 de diciembre el Gobierno expidió los primeros dos decretos mediante los cuales se formaliza el estado de emergencia y se liberan cerca de 1,4 billones de pesos para la salud. La declaratoria, considerada por los funcionarios gubernamentales como una herramienta preventiva, también contempla el mejoramiento en el manejo de los recursos y en la prestación de los servicios, al igual que el fortalecimiento en la lucha contra la corrupción.

Según Montoya, esos recursos no son suficientes. Como solución a la crisis de la salud en el país, el dirigente conservador propuso destinar 2 billones de pesos de los más de 7 billones que hoy tiene el Fosyga.

Las críticas a la declaratoria de emergencia social ya habían comenzado antes de concluir 2009. El candidato presidencial liberal Rafael Pardo afirmó que los problemas que llevaron al Gobierno a tomar una decisión tardía y desesperada, ya habían sido diagnosticados por el Congreso hace seis años y sin embargo, las autoridades de la salud hicieron caso omiso a esas recomendaciones.

“La situación en salud pública en Colombia es en extremo crítica. Yo presidí la comisión accidental del Senado que en el año 2004 sugirió soluciones urgentes para el sector salud, recomendaciones que desafortunadamente no se adoptaron en su momento. Hoy el país se encuentra abocado a una situación que puede considerarse muy próxima a la calamidad pública, derivada de una iliquidez del sistema de salud y de una inviabilidad por la misma falta de recursos. Muchos de esos problema estarían solucionados si se hubieran tenido en cuenta las apreciaciones y el llamado del Congreso”, afirmó Pardo.

Extras

El artículo 3 del decreto 4975, del 23 de diciembre de 2009, “por el cual se declara el estado de emergencia social”, anunció que “de conformidad con el inciso cuarto del artículo 215 de la Constitución Política, convóquese al Honorable Congreso de la República a partir del 29 de enero de 2010”, lo que significa que los congresistas interrumpirían temporalmente sus campañas políticas para emprender el estudio de los decretos.

Aunque dicha convocatoria no se ha concretado, el secretario general de la Cámara, Jesús Alfonso Rodríguez, explicó que normalmente el Congreso es citado para estudiar los estados de excepción.

Sobre el particular, Montoya consideró que es poco probable que el Congreso apruebe una nueva reforma tributaria para obtener recursos destinados a la salud.

Precisamente en ese punto, el precandidato presidencial conservador José Galat le pidió a la Corte Constitucional y al Congreso revisar cuidadosamente la transitoriedad del decreto de emergencia social, porque no es conveniente que el Gobierno se adjudique el derecho de expedir unilateralmente una reforma tributaria territorial, aun cuando la Constitución lo autorice en circunstancias de riesgo para la estabilidad económica y social del país.

Galat advirtió que sin desconocer el crecimiento desmedido del no POS y la insuficiencia para cubrir el POS del régimen contributivo y subsidiado, “es preocupante que el Gobierno apele a una emergencia social para expedir una reforma tributaria territorial, que previamente estaba siendo discutida en el Congreso”, al “lado del fallido proyecto de modificación del régimen de juegos de suerte y azar”, pero “que inexplicablemente el Gobierno no logró concertar al finalizar el período legislativo”.

Por su parte, la senadora Elsa Gladys Cifuentes, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), expresó que “por difícil que sea el momento, que halla ameritado la declaración de emergencia social, no se puede permitir trasladar el problema presupuestal a las gentes más necesitadas”.

El presidente del Senado, Javier Cáceres, de Cambio Radical, dijo que aunque no conoce de citaciones, los congresistas están dispuestos a acudir, aunque considera complicado reunir el quórum suficiente para esa fecha.

Sobre eso, el vicepresidente de la Corporación, Jorge Guevara, del Polo Democrático, anotó que “debe haber quórum porque el Congreso no puede seguir jugando a no cumplir con su deber”.