Colombia es pasión

El gobierno de Álvaro Uribe cada día demuestra su inequívoca ruta dictatorial. Su pretensión de perpetuarse en el poder bajo la “legitimidad” del “estado de opinión”, una ética en la que el fin justifica los medios, y en la que la vida vale poco sobretodo si se trata de la de los más desvalidos en la sociedad, al igual que la utilización de prácticas difamatorias, de informantes pagados,- incluidos ahora estudiantes pobres -, espionajes y detenciones arbitrarias, revelan una escalofriante realidad. Sus métodos propagandísticos evocan la simbología de la Alemania nazi, como ocurre con el slogan “Colombia es pasión”, que según reveló editorial de este diario es “El mismo de la Alemania de Hitler: “Alemania es pasión”. Lema que puso de moda el ministro de propaganda, Goebbels,…”. Y ahora mediante la Emergencia social se salta los canales institucionales para reformar un tema tan trascendental como es la salud de los colombianos.

Bajo la Alemania nazi aquellos “casos especiales” que escapaban a “la normalidad” según los conceptos del régimen, como los de los gemelos, minusválidos, o personas con retardo mental recibían un “tratamiento excepcional” que no era otro que la muerte. Más de medio siglo después el gobierno de Álvaro Uribe de manera más sutil pero no menos efectiva desprotege y condena a los enfermos que requieren “tratamiento excepcional”; para éstos se ha diseñado “una eutanasia lenta” como con gran acierto denominó el editorial de este diario en días pasados a la Reforma a la salud, bajo la cual se condena a dichos enfermos a pagar los medicamentos que no están cobijados por el Plan obligatorio de salud -POS-, mediante sus ahorros, patrimonio, cesantías, o pensiones, y sanciona a los médicos que se atrevan a formular más allá de lo que el ministro bien llamado de la “Desprotección Social” estipule.

La avalancha de críticas a esta aberrante reforma ha sido abrumadora. Exmagistrados de la Corte Constitucional han declarado que la adopción de la Emergencia social es inexequible pues la crisis de la salud no fue un hecho sobreviniente. Por el contrario ésta lleva años sin que el gobierno le preste atención, a no ser para destruir el ISS, para lesionar el derecho fundamental a la salud de los colombianos mediante inauditas cesiones a las multinacionales estadounidenses bajo el TLC, o para reducir las transferencias a departamentos y municipios para salud y educación, y objetar leyes como la Ley Sandra Ceballos, dirigida a atender enfermos de cáncer, objeción que la Corte Constitucional declaró infundada.

¡Y qué decir del fondo de las medidas adoptadas! Como ha denunciado Juan M. Poveda, Presidente de médicos generales colombianos, “Los decretos de emergencia social son una burla a los colombianos y una intimidación tanto a los profesionales de la salud como a los afiliados para que no lesionen financieramente un sistema que, en solo 16 años, ha permitido a las EPS estar entre las 20 empresas más grandes y poderosas del país” (Cambio 28-01-10).

Estas lucrativas empresas son las nuevas dueñas de la salud a partir de la ley 100 de 1993, de la cual, recordemos, fue ponente Álvaro Uribe. Una reforma que convirtió la salud en un jugoso negocio y cuyas fallas estructurales como sistema de salud de los colombianos han sido suficientemente probadas, como en general las de la política social bajo el modelo neoliberal en un país donde los pobres son cada vez más y superan la mayoría de la población. El gasto en salud bajo la ley 100 creció ostensiblemente pero gran parte de los recursos engrosaron las arcas de dichas empresas y han servido para financiar el déficit fiscal a través del Fosyga. La indiscutible prioridad dada por Álvaro Uribe a los intereses de los más poderosos determinaron diversas acciones para privatizar el ISS, entre otras impedir nuevas afiliaciones durante largo tiempo, para engrosar así los bolsillos de dichos intermediarios de la salud.

El sistema de salud de la ley 100 divide a los colombianos entre contribuyentes y el resto, lo que se reflejó además en la desigual atención de salud a estas dos categorías de ciudadanos. La Corte Constitucional ordenó subsanar esta iniquidad en el régimen, a lo que el gobierno ha respondido nivelando por lo bajo, quitando derechos, intimidando a los médicos y usuarios e irrespetando la autonomía profesional.

Aducir escasez de recursos para semejante estropicio al derecho fundamental a la salud resulta inadmisible para un gobierno que lleva ocho años regalando ingentes recursos públicos a los más ricos y poderosos, entre ellos contribuyentes a la campaña del gobernante ilegítimo y a la del candidato Arias, “el del presidente”, como lo demostró el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Estos cuantiosos regalos fueron sin embargo migajas frente a las reformas tributarias que rebajaron los impuestos al capital incluida la inversión extranjera. Según Horacio Ayala exdirector de la DIAN, la sola deducción especial por adquisición de activos productivos, le minó al fisco más de diez billones de pesos en el quinquenio 2004-2008. Este experto plantea además muy serias dudas sobre los beneficios de tan enorme sacrificio fiscal. (“La generosa Colombia saudí” Portafolio 14-01-10). Si a dicha deducción se suma la eliminación del impuesto a las remesas de utilidades al exterior de la inversión extranjera - ley 111 de 2006-, en el corto período 2007 a septiembre de 2009 este obsequio a la inversión extranjera ha significado mas de dos billones de pesos. El ministro Carrasquilla declaró en la época que Colombia no requeriría nuevas reformas tributarias. El país está hoy abocado a una reforma tributaria cuya regresividad es inocultable, para conseguir una fracción de lo que gobierno ha concedido hasta el escándalo a los mas ricos mediante regalos y gabelas con las cuales ha favorecido inclusive a los hijos del presidentes.

Las “realizaciones” de Uribe Vélez en retroceso social tan solo son superadas por las acumuladas en el campo de las ilegitimidades, entre las cuales se cuenta la Emergencia social, la cual seguramente será declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.