Incluso hay voces que solicitan se estudie a futuro la posibilidad de que la rama judicial sea el cuarto poder.COLOMBIA ES el único país del mundo en donde el Registrador Nacional anuncia con cuatro meses de anticipación que va a haber fraude electoral y no pasa nada. Esta frase la soltó la politóloga Claudia López hace algunas semanas, haciendo referencia a los peligros que acechan a los comicios legislativos de marzo venidero.
Estas palabras recobraron vigencia ayer, cuando nuevamente el registrador Carlos Ariel Sánchez alertó al respecto, esta vez en una intervención ante la Comisión de Vigilancia a la Organización Electoral de la Cámara de Representantes, al señalar que “el fraude es una cadena que comienza en la inscripción de cédulas, sigue con el nombramiento o la suplantación de jurados y continúa hasta el día de elecciones. Para romper esa cadena contamos con la identificación biométrica, que permite garantizar que no haya doble votación ni suplantación”.
Sin embargo el funcionario se lamentó que a pesar de estar implementada en la cedulación no se podrá utilizar en las próximas elecciones por falta de recursos. “Si el Estado Colombiano invirtió $366.000 millones en la renovación de las cédulas de ciudadanía y la modernización del sistema de identificación, ahora que ya contamos con esta tecnología debemos tener la posibilidad de usarla para evitar el fraude en las elecciones”.
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó inicialmente $100.000 millones para ubicar lectores de huella que permitieran autenticar la identidad de los sufragantes a la entrada de todos los puestos de votación de los municipios zonificados del país, en las elecciones de 2010. Dado que estos recursos no fueron aprobados, se espera que al menos se asignen $30.000 millones para implementar este control en los sitios que de acuerdo con el mapa de riesgo electoral registran mayor incidencia de fraude por suplantación.
Las advertencias del Registrador calaron tanto, que
la Comisión de Vigilancia a la Organización Electoral aprobó una proposición en la que exhorta al Ministro de Hacienda a asignar los recursos necesarios para implementar mecanismos de identificación biométrica en las elecciones de 2010.
Por los comicios de 2006 el Consejo de Estado anuló más de 30 mil votos en diferentes regiones del país, principalmente por suplantación del elector. También cabe señalar que el hundimiento de la reglamentación de la Reforma Política no permitirá contar con instrumentos en aspectos como la responsabilidad de partidos frente a los candidatos que avalen y en cuanto al transporte para el día de votaciones.
Hablan voceros
Preguntamos a los voceros de diferentes colectividades qué se puede hacer para que las alertas del Registrador no se queden en el aire.
El senador Samuel Arrieta, del Partido PIN, dijo que hay que aumentar los controles tanto de los jurados, que son quienes dan fe de los votantes, como lo que tiene que ver con la depuración del censo electoral en lo que corresponde a personas fallecidas que no han sido excluidas y los militares activos, pero “fundamentalmente los controles al momento de ingresar a las urnas, porque lo que ha habido aquí es básicamente suplantaciones”.
Arrieta dijo también que es necesario respaldar a la Registraduría en su solicitud de obtener los recursos suficientes para depurar el censo electoral y valerse de ayudas tecnológicas de identificación del votante. “El Gobierno y el Congreso deben apoyar a la Registraduría en esa petición para hacer de nuestro sistema democrático un modelo a toda prueba”.
Mientras que la senadora María Isabel Mejía dijo que hay que “pararle bolas” a las alertas de la Registraduría. “Si el Registrador lo está diciendo hay que tomar las medidas para que no haya fraude”.
La Senadora del Partido de la U recordó que en Risaralda ha recibido denuncias sobre una presunta compra de votos. Al respecto le han comentado que hay ofertas que a cambio de una suma de dinero se puede asegurar la suficiente votación para salir senador.
En tanto que el senador Juan Manuel Galán, vocero liberal, manifestó que “eso, me parece, hay que denunciarlo ante los organismos de control y judiciales para que tomen las medidas y haya las garantías que permitan tener la tranquilidad sobre los próximos comicios”.
Añadió que la financiación de las elecciones se ha convertido en un mecanismo de chantaje, y en ese sentido señaló que al “Gobierno le cabe toda la responsabilidad, que ha sido histórica, como se vuelve un mecanismo de presión y de chantaje a la Registraduría el hecho de que el Ministerio de Hacienda le gira a último momento los recursos para realizar las elecciones”.
Por eso propuso que la rama electoral sea independiente de las tres ramas del poder público, “debería ser una cuarta rama del poder público con una corte electoral, con toda la independencia presupuestal, con toda la independencia para poder ejercer sus funciones y evitar, precisamente, esa dependencia malsana que tiene frente a la rama ejecutiva”.
Finalmente, la senadora Gloria Inés Ramírez, Polo Democrático, dijo que en Colombia no se persiguen los delitos electorales, por eso señaló que “lo que hemos planteado es que debe haber un bloque de búsqueda frente a los delitos electorales, que todo el que compre o venda el voto sea penalizado”.
Este Diario intentó sin éxito comunicarse con los voceros conservadores en ambas cámaras para conocer sus opiniones sobre el tema
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