
Por The Economist
De la edición impresa.
CUANDO LOS cancilleres y ministros de Defensa de toda América del Sur se reunieron en Ecuador el 27 de noviembre, los de Colombia estaban ausentes. Su Gobierno optó por enviar sólo a unos jóvenes funcionarios a la reunión de la Unión Sudamericana de Naciones, después de que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, lanzó una andanada verbal contra sus vecinos, llamando a Álvaro Uribe, su homólogo colombiano, un “mafioso” y “un pequeño yankee”; cinco meses después de las noticias de que Colombia le concedió a Estados Unidos el acceso a siete bases militares para las operaciones conjuntas contra el narcotráfico y la guerrilla, acuerdo que sigue envenenando la diplomacia en la región.
Chávez afirmó que el acuerdo, que fue firmado en octubre, pretende ser una plataforma de lanzamiento para la acción militar encaminada a derrocar a su régimen de izquierda. En respuesta, ha ordenado una “congelación” de las importaciones procedentes de Colombia. Estas ascendieron a unos 6 mil millones de dólares el año pasado, pero han caído abruptamente desde agosto, y en un 71 por ciento en octubre, en comparación con el mismo mes del año pasado. El Banco de la República reconoce que esas acciones pueden costarle al país el 1 por ciento del PIB. Tropas venezolanas destruyeron el mes pasado dos puentes peatonales cerca de Cúcuta, utilizados por vendedores ambulantes para cruzar la frontera.
La indignación venezolana ha tenido eco en toda la región, especialmente en Brasil. Los políticos, desde el cubano Fidel Castro hasta algunos opositores colombianos de Uribe, han reavivado los temores ancestrales de una intervención norteamericana, alegando que un documento del Departamento de Defensa estadounidense muestra que los yanquis ahora pueden utilizar a Colombia para misiones de vigilancia en América del Sur y como un punto de parada para enviar tropas a África a través de la Isla Ascensión. Todo esto dejó a Colombia diplomáticamente aislada.
Lejos de ser una conspiración imperialista, algunos funcionarios estadounidenses dicen que el acuerdo de las base fue un error burocrático (bureaucratic cock-up). Varios cientos de soldados estadounidenses han estado operando en las bases de Colombia durante casi una década bajo el Plan Colombia, un régimen de ayudas bastante exitoso en que Estados Unidos ha proporcionado formación y ayuda de inteligencia contra las drogas de Colombia y la guerrilla.
Lo han hecho en virtud de un acuerdo de asistencia militar de 1952, similar a los que Estados Unidos tiene con cerca de 120 países de todo el mundo, incluidos muchos de América Latina. El nuevo acuerdo lo actualiza. Estados Unidos también gastará 46 millones de dólares en la ampliación de la pista y la construcción de un hangar en Palanquero, la principal base de la Fuerza Aérea Colombiana.
Pero el acuerdo, publicado por ambos Gobiernos para tratar de amortiguar las críticas, impide la acción contra otros países. “Nosotros no vamos a hacer nada nuevo en estos acuerdos. No vamos a tratar de ejecutar operaciones regionales de Palanquero”, dijo William Brownfield, el embajador estadounidense en Colombia.
El año pasado, el Gobierno de Ecuador terminó el contrato de arrendamiento en virtud del cual aviones Awac y Orión americanos volaron en misiones de vigilancia para detectar el movimiento de drogas en el Pacífico oriental desde la base de Manta. Funcionarios estadounidenses insisten en que Palanquero no es un reemplazo directo para Manta. Pero los Awac y Orion ya están utilizando las bases de Colombia para los vuelos de vigilancia, así como las instalaciones en Panamá y El Salvador (y en Curazao para los vuelos similares en el Caribe).
Brownfield dijo que el ya famoso documento del Pentágono fue un estudio de 100 páginas elaborado por oficiales subalternos de la Fuerza Aérea sobre las futuras necesidades de transporte en todo el mundo, que incluía un párrafo en la (improbable) posibilidad de utilizar a Colombia como un punto de parada, por ejemplo, para responder a los desastres naturales en América del Sur o en África del Sur. (El documento había sido bajado de internet.)
La presencia militar estadounidense en Colombia ha disminuido recientemente, en parte porque los demócratas en el Congreso han cortado la ayuda militar anual. El número de tropas estadounidenses está ahora alrededor de 250, por debajo de un máximo de 570 en 2007. Brownfield dijo que este número seguirá disminuyendo, en la medida en que Colombia asuma el mantenimiento de los helicópteros americanos y la formación de los pilotos.
Funcionarios estadounidenses están de acuerdo con tristeza que deberían haber pensado en la respuesta regional a un acuerdo que ahora dicen que no era necesario y que fue elaborado a instancias de Colombia. ¿Por qué lo quería Colombia? Los funcionarios dicen que ven el acuerdo como la forma de disuadir a Chávez de lanzar una guerra en contra de Colombia. Era mucho más barato que tratar de igualar la acumulación de armas de Chávez, que incluye pedidos de 24 aviones Sukhoi, 55 helicópteros militares, 92 tanques y misiles. Dijo Uribe: “Nuestra política es hacer frente a nuestro problema de tráfico de drogas y el narcoterrorismo, pero no para entrar en guerras, menos aun con los países hermanos. No vamos a entrar en la carrera de armamentos”. Aunque Uribe, amigo íntimo de George Bush, no lo dice, también se ha preocupado porque la administración de Barack Obama se aleje de Colombia.
Pero el deseo de Colombia de usar el efecto disuasivo del acuerdo ha sido contraproducente. Funcionarios aceptan que se cometió un error al no consultar antes con los vecinos. A pesar de las explicaciones frenéticas, Colombia está ahora distanciada de Brasil y Chile. Y la gente de Obama a veces parece renuente a defenderla. “Creo que la diplomacia habría sido un mejor medio de disuasión”, dijo Rafael Pardo, ex ministro de Defensa, que encabeza el opositor Partido Liberal. “El problema no es Estados Unidos, es Chávez”, añadió. “Tal vez nadie puede controlar a Chávez, pero si tenemos malas relaciones con América del Sur tenemos muy pocas posibilidades de hacerlo”.
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