Los congresistas no saben si creerle al registrador o al CNE

Algunos legisladores ven en esta discrepancia un vacío jurídico para definir si los 86 investigados por la Corte Suprema prevaricaron o no

CON RESPECTO a la certificación del referendo reeleccionista, los congresistas no saben cuál concepto asumir: el registrador Carlos Ariel Sánchez o el del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Cepero.

Mientras Sánchez consideró la semana pasada que el “referendo no puede tramitarse sin mi certificación”, Cepero respondió este fin de semana que “no se necesita ningún certificado adicional para tramitar la iniciativa en el Congreso” y que “quien debe decir en últimas si se cumplieron los trámites es la Corte Constitucional”.

Vacío

Para algunos de los legisladores consultados por EL NUEVO SIGLO esta disparidad de criterios expresa la existencia de un vacío jurídico frente a la actuación de los congresistas frente al referendo, en particular de los 86 representantes investigados por la Corte Suprema de Justicia, que aun evalúa si los legisladores prevaricaron o no.

“La posición que tiene en este momento el registrador Carlos Ariel Sánchez, la indecisión que tiene el Consejo Nacional Electoral lo que nos indica es que no hay una posición jurídica fundamentada frente a la posible comisión del delito de prevaricato”, indicó el representante conservador Heriberto Sanabria; “por lo tanto, no hay certeza, no hay una claridad que nos permita a los congresistas abstenernos de continuar con el trámite del referendo”, añadió el legislador vallecaucano, uno de los investigados por la Corte.

Otro indagado por el alto tribunal, el también conservador Jorge Mantilla, prefirió esperar a que las manifestaciones del CNE se haga de manera oficial, tal como la del registrador que se produjo a través de la respuesta a un derecho de petición.

“Esperamos a que salgan formalmente la declaración de cada uno de ellos y aspiramos a que se den a conocer de parte del Consejo Nacional Electoral”, señaló el congresista santandereano, recordando que en lo dicho por Cepero “no hubo un pronunciamiento oficial” porque los magistrados no pudieron ponerse de acuerdo.

En todo caso, al igual que Sanabria, Mantilla consideró que como “desafortunadamente entre ellos no se ponen de acuerdo, luego difícilmente se puede decir que en el Congreso de la República se pudo haber violado una norma”.

Pero además, Mantilla advirtió que “aquí lo que hace falta, por encima de cualquier situación jurídica, es tener garantías; al Congreso no le están respetando la inviolabilidad de sus decisiones”.

La representante Gloria Stella Díaz, también cuya actuación en este tema también es auscultada por la Corte, anunció que el movimiento Mira dará a conocer en las próximas horas las conclusiones que debió tener ayer la bancada “para definir como va a ser el tema de la votación en el Senado”.

Por lo pronto, ella se anticipó a informar que se declarará impedida, independientemente de los pronunciamientos que hagan el registrador o el CNE.
“Yo no le doy credibilidad a ninguno de los dos; yo tengo mi propio concepto”, consideró el representante Tarquino Pacheco, también indagado por la Corte.

Para el legislador de Cambio Radical, “una cosa son los requisitos para el trámite legislativo y otros son los requisitos que tiene que tener el referendo para su aprobación por parte de la Corte Constitucional; esas son cosas totalmente diferentes”.

El congresista atlanticense sostuvo, en diálogo con este Diario, que “no podemos establecer requisitos distintos a los que la misma Constitución señala” y argumentó que “yo no se ese requisito que menciona el registrador de donde salió”.

Tampoco el senador Samuel Arrieta quiso inclinarse por lo dicho por Cepero o por lo dicho por Sánchez, a parte de aclarar su posición: “Yo creo que la ley claramente define la responsabilidad en manos de quien está. Hay unos conceptos que debe dar el Registrador Nacional del Estado Civil y el informe sobre las cuentas debe ser el Consejo Electoral”.

En cuanto al trámite legislativo, Arrieta consideró que “al Congreso llegó una iniciativa ciudadana, la consideró, la tramitó y, si algún certificado está pendiente, no es función del Congreso que eso tenga que darse de manera previa o posterior; cada autoridad tiene una responsabilidad prevista en la ley y a cada quien le corresponde cumplirla en su momento”.

Por supuesto, el Partido Liberal le dio toda la credibilidad al concepto del registrador. El senador Juan Manuel Galán, vocero de la colectividad en la cámara alta, manifestó que, de acuerdo con “las discusiones que hemos tenido en la bancada, el registrados debe certificar las firmas del referendo y debe certificar el referendo”.

Galán precisó que, aunque “el Consejo Nacional Electoral tiene su apreciación al respecto (…), nosotros hasta ahora nos quedamos con lo que ha afirmado el registrador”.

Referendo

Mientras se presentan estas diferencias de criterios, esta semana los presidentes de Senado y Cámara, Javier Cáceres y Édgar Gómez, respectivamente, deben ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de sortear las renuncias e inhabilidades que pesan sobre la comisión conciliadora.

“La verdad no he tenido oportunidad de reunirme con el doctor Cáceres”, le dijo la semana pasada a EL NUEVO SIGLO el representante Gómez, que, por lo pronto, está a la espera de la decisión que tome este miércoles la Comisión de Ética de la Cámara sobre la recusación presentada por Germán Navas.

Los conciliadores nombrados por sus antecesores, Hernán Andrade y Germán Varón no han podido reunirse, por lo que tampoco han producido el informe respectivo.
Por lo pronto, Gómez ha señalado que “yo no llegue a la presidencia de la Cámara para atravesarme o ser un obstáculo en el desarrollo de la legislatura. Por el contrario, considero que la legislatura debe avanzar”.

En las toldas uribistas todavía está sin resolver completamente el debate que se despendió, precisamente, de la elección de Cáceres y Gómez, el 20 de julio durante la instalación de la presente legislatura.

Sobre lo ocurrido ese lunes, el senador Armando Benedetti culpó al ministro Fabio Valencia de la defunción del referendo reeleccionista, al tiempo que Arrieta, presidente de la comisión primera del Senado, dijo que con lo ocurrido con la elección de las mesas directivas del Congreso muestra como se agravó la situación agónica en que venía el referendo desde la Cámara; la iniciativa sigue en cuidados intensivos, conceptuó el senador Arrieta, muy a pesar de quienes, como él, lo han venido defendiendo.

El 20 de julio, bajo la conducción del ex presidente Cesar Gaviria, el Partido Liberal y el Polo Democrático lograron fracturar la coalición del Gobierno, lo que permitió que con el respaldo de todas las bancadas se eligieran unas mesas directivas distintas a las acordadas hace casi cuatro años.

Y aunque Cáceres y Gómez han reiterado su respaldo al referendo, argumentando que hasta ahora han defendido y votado la iniciativa reeleccionista, la realidad es que la elección del senador bolivarense obedece a un acuerdo entre Gaviria y el director de Cambio Radical, Germán Vargas, a quien el nuevo presidente del Senado ha confirmado completa fidelidad; en el caso del representante santandereano, en un mes deberá acatar la línea liberal antireeleccionista.