Cámara analizará citación de Corte a 86 congresistas

Igualmente, el martes la plenaria determinará si acepta o no la recusación contra el representante Édgar Gómez.

NUEVAMENTE SE podría empantanar la conciliación del referendo reeleccionista, como consecuencia de la decisión del jueves pasado, de la Corte Suprema de Justicia de llamar a rendir versión libre a los 86 representantes que investiga de forma preliminar por prevaricato por haber votado esta iniciativa en diciembre pasado, a pesar de que presuntamente no se podía tramitar porque le faltaba una de las dos certificaciones que debe expedir el Registrador Nacional.

Antes de que se conociera esta decisión, la mesa directiva de la Cámara de Representantes había convocado a una reunión para el próximo lunes, con los voceros de las diferentes bancadas, con el objeto de analizar la legislatura y el referendo. Además estaba de por medio el precedente que la Comisión de Ética de la Cámara había negado el miércoles anterior la recusación contra el presidente de la Corporación, Édgar Gómez, que le había impedido hasta ese momento llenar las bajas que se presentaron en la comisión conciliadora por renuncias, lo cual tenía paralizado el referendo.

Sin embargo, el llamado a declarar de la Corte a los 86 representantes cambia de plano el panorama, que se manifestará primero en la citada reunión del lunes.
“Nosotros convocamos antes de conocer esta decisión, una reunión extraordinaria para el próximo lunes, que tenía por objeto mirar de manera global la legislatura en este primer semestre, pero necesariamente vamos a tener que tocar este nuevo hecho que aparece antes de ponerse en estudio la conciliación en la plenaria, y tendríamos que mirar y analizar cuál va a ser la determinación de la mesa directiva al respecto”.

Como parte de la investigación contra los 86 representantes, la Corte también decidió llamar a rendir versión libre al registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, quien esta semana ratificó que el referendo reeleccionista necesitaba de dos certificaciones suyas para que pudiera ser tramitado en el Congreso. Requisito que no se ha cumplido pues el funcionario apenas certificó el número de firmas que avalaban esta iniciativa popular, pero la financiación del referendo y si cumple los topes establecidos, no han sido certificados porque el Registrador tiene dudas en cuanto a las cuentas que le presentó el comité promotor del referendo.

También la Corte solicitó una inspección judicial al Consejo Nacional Electoral con el objeto de analizar el material visual y la documentación atinente a la financiación del referendo, sobre lo cual ya hay una ponencia del magistrado Joaquín José Vives, quien conceptuó después de una investigación que duró más de tres meses, que los topes de financiación de la campaña para la recolección de firmas fueron violados.

A la decisión de la Corte Suprema de llamar a rendir versión a los 86 parlamentarios, antecedió la respuesta que este Tribunal le dio a una solicitud de 35 de los representantes investigados, quienes le pidieron archivar la investigación preliminar en su contra. La Corte señaló que requería analizar más pruebas antes de tomar una decisión.

La investigación contra los 86 representantes se deriva de una demanda por prevaricato que presentó el parlamentario del Polo, Germán Navas Talero, en enero pasado, fundamentada en que, según él, sus homólogos votaron en la plenaria de la Cámara el proyecto de referendo, a sabiendas de que le faltaba una certificación del Registrador para su trámite legislativo.

Sin embargo, sólo hasta mayo pasado la Corte empezó a recabar pruebas, cuando por medio de una carta le solicitó a la secretaría de Cámara certificar el nombre de los 86 representantes. La investigación empezó en firme el 23 de junio pasado, cuando una magistrada auxiliar, delegada por el alto Tribunal, estuvo recopilando documentación en la secretaría de la Comisión Primera de Cámara y la secretaría de la Comisión primera de Senado.

Reacciones de congresistas

El presidente de la Cámara, Édgar Gómez, no fue sorprendido por la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “Yo creo que básicamente es lo que se ha tenido desde un comienzo, es una indagación preliminar que la Corte ha iniciado y que va a concluir después de recaudar una serie de pruebas que le permitan tomar una decisión al respecto”.

Sin embargo, Gómez se mostró cauto sobre el futuro del referendo la semana entrante, considerando que a la decisión de la Corte se suma una apelación al fallo en que la Comisión de Ética niega la recusación en su contra. “Lo que me ha dicho el Presidente de la Comisión de Ética es que esa apelación es improcedente pero hasta el martes que no se me oficie a través de la secretaría general, no puedo realmente mirar la situación. Yo creo que el martes ya la Comisión tendrá que entrar a ver si acepta o no acepta la apelación, de ser así pues la van a llevar a la plenaria y se determinará si se acepta o no y una vez resuelto ese tema pues entraremos a buscar los trámites pertinentes”.

En tanto que para el representante Heriberto Sanabria, “el escenario sigue siendo el mismo, la Corte está ejerciendo su competencia constitucional como juez natural que tiene frente a los congresistas, incluso no tiene porqué declararse inhibida, la Corte tiene un mandato constitucional como es investigar a los congresistas y actuar en derecho, actuar conforme a las garantías procesales a las normas y garantías constitucionales, y el Congreso debe cumplir con su deber como es el de legislar conforme a la Constitución y la Ley”.

Tampoco para la representante Lucero Cortés el escenario cambia con la reciente decisión de la Corte. “En mi caso particular esperaré a que se dé la conciliación. Yo pensaría que de todas formas habrá congresistas que con esta nueva respuesta que ha dado la Corte pues se van a inhibir de votar ese referendo”.

A su turno el demandante, Germán Navas Talero, señaló que la nueva decisión de la Corte no tiene por qué frenar el curso del referendo. “Nadie les ha prohibido votar a ellos. Si quieren o no votar es de la autonomía de ellos”. Opinó que tampoco se puede considerar que la investigación presione la decisión de los congresistas a la hora de votar la conciliación del referendo. “Yo no estoy presionando a nadie y creo que tampoco la Corte los esté presionando. Si observan temores, hay un dicho popular que dice que cada quien es dueño de su propio miedo”.

Finalmente, el senador Édgar Espíndola consideró que la determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puede incidir en la decisión de los congresistas a la hora de votar. “Pues a mí me parece que cuando la Corte Suprema llama, automáticamente le genera un vínculo que podría verse en que algunos representantes se sientan impedidos a la hora de votar la conciliación, es lo que podría ocurrir”.