miércoles, 8 de julio de 2009

Por reconteo de votos el Senado variaría integración


El Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró más de 33 mil sufragios como irregulares y encontró fraude electoral en la Costa Atlántica, Santander, Valle y Chocó

SE ESPERA que algunas curules del Senado cambien de dueño después de que se realicen los nuevos escrutinios de las elecciones del 2006, ordenadas por el Consejo de Estado como consecuencia de que la Sección Quinta del alto Tribunal declarara nulas estas elecciones.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tomó esta decisión al anular 33.683 votos irregulares correspondientes a 1.540 mesas, bajo las modalidades de suplantación de electores, diferencias entre los formularios E-14 (votantes) y E-24 (resultados de la mesa), votos de personas cuyas cédulas se encontraban en custodia, entre otros; y al descubrir que hubo fraude electoral en la Costa Atlántica, Santander, Valle y Chocó.

Sin embargo, según la sentencia de la alta Corte, el reconteo afectará la cantidad de votos de cada partido y por ende se afectaría la cifra repartidora, que es la base a partir de la cual se adjudican las curules. En consecuencia, los últimos senadores de la lista de cada partido quedarían en veremos.

La demanda la había interpuesto el procurador delegado ante el Consejo de Estado Juan Carlos Galindo, quien habló con EL NUEVO SIGLO y le contó los argumentos de la misma:

“La demanda la puse como procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado luego de las elecciones del 2006, porque se evidenciaron en esas elecciones que se habían presentado una serie de irregularidades”, dijo Galindo.

Según el procurador delegado, hubo en muchos puestos y mesas de votación errores de los jurados al momento de contabilizar los votos, “como era la aplicación por segunda vez de la reforma política que permitía que los votantes pudieran hacer el derecho al sufragio por lista o por candidato, se evidenció en su momento que muchos de ellos se equivocaron y contabilizaron doblemente los votos”, dijo.

“Cuando se supo de esa dificultad –agregó el funcionario– la Procuraduría le pidió a todas las comisiones escrutadoras que hicieran los recuentos de votos para solucionar esa problemática desde la instancia que era efectivamente como una de las funciones escrutadoras”.

El representante del Ministerio Público ante el Consejo de Estado relató que varias de esas comisiones escrutadoras aceptaron y realizaron los conteos, pero muchas otras no.

“Entonces la única manera de solucionar esa dificultad era con la demanda de nulidad”, dijo Juan Carlos Galindo.

Galindo además manifestó que el segundo motivo que lo llevó a presentar la demanda fue que en algunos casos se evidenciaron suplantaciones de electores.
“Es la situación que se había presentado en las pasadas elecciones del 2002 y que había dado lugar a la declaratoria de nulidad. Y otros casos específicos de irregularidades electorales en municipios como Remolino, Magdalena, en Magangué, González, Cesar y Mompox, Bolívar”.

Anularon la elección de Marta Lucía Ramírez

La Sección Quinta del Consejo de Estado, instancia que conoce de las demandas electorales, declaró nula la elección de Marta Lucía Ramírez como senadora argumentando que se encontraba inhabilitada porque seis meses antes a su elección celebró contratos con su sociedad Ramírez & Orozco Internacional Strategy Consultants.

Ramírez había renunciado a su curul hace un mes para atender sus aspiraciones presidenciales.

La anulación de 2005

La anulación de más de 5 mil mesas de votación de las elecciones de 2002, por parte del Consejo de Estado, implicó la pérdida de tres curules en el Senado.

En julio de 2005, casi tres años después de la posesión de Piedad Córdoba, José Renán Trujillo y Gabriel Acosta, un proceso similar llevó a que el alto Tribunal los despojara de sus escaños otorgándoselos a Tito Rueda, Miguel Pinedo y Miguel Ángel Pérez.

Pinedo, congresista guajiro, fue llamado a juicio dentro del proceso de la parapolítica y Pérez, ex gobernador de Casanare, fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares.
La decisión se produjo después de una demanda de fraude contra los resultados de 20 mil mesas.

Finalmente, el Consejo revocó los resultados de 5.067 mesas, anulándoles 5.990 votos a Trujillo, 4.957 a Acosta y 4.381 a Córdoba. En esa ocasión se detectó suplantación de electores y jurados, alteración de actas y desaparición de votos. Según el magistrado Reinaldo Chavarro, el 80 por ciento de las mesas ilegales lo fueron por suplantación de jurados y electores.

La curul que le habría correspondido a Pérez, por encontrarse preso en ese entonces, debió ocuparla Julio César Rodríguez.

Según lo pudo establecer la investigación adelantada, el mecanismo más común mediante el cual se hizo el fraude implicó la complicidad de los jurados. Una hipótesis sostiene que muchos de los jurados seleccionados por la Registraduría no asistieron el día de la elección y fueron reemplazados por suplentes escogidos a última hora, que pertenecían a la organización criminal o respaldaban al candidato que estaba orquestando el delito.


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