Gobierno acepta consultar con Consejo de Estado el acuerdo militar con EU

Varios parlamentarios defendieron la competencia que tiene el Congreso para autorizar acuerdos que signifiquen la presencia de tropas extranjeras en el país

POCAS HORAS después de que ayer el Consejo de Estado reclamara por la competencia que le entrega la Constitución de ser previamente consultado en los casos de tránsito de tropas foráneas por el territorio nacional, el Gobierno optó por iniciar un diálogo preliminar con el alto Tribunal sobre el acuerdo de cooperación en seguridad y defensa que negocia con Estados Unidos y que implica la presencia de militares norteamericanos en tres bases nacionales.

En consecuencia, los ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez: del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, y el de Defensa (e), general Freddy Padilla de León, sostuvieron ayer una reunión de acercamiento con el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau Delafont. Al final del encuentro, el Gobierno se comprometió a que “oirá previamente al Consejo de Estado en el momento constitucionalmente oportuno, en relación con el acuerdo simplificado que viene siendo discutido con los Estados Unidos de América”.

Sin embargo, mientras que de esta manera el Gobierno nacional logró por el lado de la rama judicial aplacar las reacciones contrarias que se presentaron después de que el miércoles diera a conocer, en una audiencia pública, los detalles del proyecto de acuerdo de seguridad y defensa con Estados Unidos, aún quedan pendientes las críticas que han surgido desde el Legislativo.

Varios congresistas reclamaron por qué sin que fuera analizado con el Congreso, el Gobierno prácticamente tiene listo este proyecto de cooperación, el cual prevé, entre otros, la presencia de por lo menos 800 militares y 600 contratistas civiles, como lo establecen los acuerdos ya existentes, así como el ofrecimiento de las bases de Malambo (departamento de Atlántico), Palanquero (departamento del Tolima) y Apiay (departamento del Meta), en donde operarán los efectivos norteamericanos. El acuerdo establece que se invertirán en estas bases 5 mil millones de dólares durante 10 años.

Al respecto, la senadora Cecilia López dijo que es inconcebible que el Gobierno colombiano presente una propuesta en este sentido sin tener en cuenta al Congreso nacional.

En similar sentido se manifestó el senador Juan Manuel Galán, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que “estamos a la expectativa de que el Gobierno nacional le presente un informe al Congreso de las negociaciones que ha adelantado para el establecimiento de esas bases en Colombia, porque realmente lo que nosotros reivindicamos como Congreso de la República es que se requiere la autorización del Congreso para la firma y concreción de ese acuerdo que negocia el Gobierno nacional. Realmente no se puede desconocer el Congreso, ni que éste sea un convidado de piedra en algo tan importante como el paso de tropas extranjeras por nuestro territorio”.

En el proyecto de acuerdo queda establecido que no habrá bases militares norteamericanas en territorio colombiano, aunque “para el cumplimiento del objetivo del acuerdo se permite a los EE.UU. el uso y el acceso limitado a instalaciones dentro de algunas bases militares colombianas”, señala.

No se requiere consulta al Congreso

El ministro (e) de Defensa y comandante de la Fuerzas Militares dijo que de acuerdo a consultas que se han hecho, este convenio de cooperación en seguridad y defensa con Estados Unidos no tiene que ser consultado con el Congreso, porque “los expertos en esta materia consideran que no se trata de nada nuevo de lo que ya estamos haciendo hasta este momento, y lo que estamos haciendo hasta este momento forma parte de unos acuerdos que están dentro de la Constitución y la ley colombianas”, indicó Padilla de León a Caracol Radio.

El oficial dijo que el acuerdo pretende profundizar y mejorar la cooperación en materia de seguridad y defensa con Estados Unidos, “con base en esta experiencia que hemos tenido, particularmente durante los últimos 10 años, que ha sido una experiencia con resultados exitosos que han influido notablemente en los logros en los objetivos de la seguridad democrática”.

A su turno, el presidente Uribe defendió el convenio al señalar que “obtener acuerdos con países como los Estados Unidos para que, con todo el respeto a la Constitución colombiana, a la autonomía de Colombia, nos ayude en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país”.

Hablan precandidatos presidenciales

Varios aspirantes a la primera magistratura del Estado entraron a terciar en la discusión por el acuerdo de cooperación en seguridad que planean suscribir Colombia y Estados Unidos.

El precandidato por el Polo Democrático Carlos Gaviria dijo que “me parece que hay dos aspectos a considerar: el contenido mismo del acuerdo, que es de una gravedad extraordinaria, y el otro, la manera como se está tramitando. A mi juicio esto debería ser materia de un tratado especial, un tratado de asistencia recíproca, de asistencia militar. Pero no se puede decir que este sea el corolario de un tratado marco. No se puede evadir el control político del Congreso ni el jurídico de la Corte”.

En similar sentido se pronunció el precandidato liberal Iván Marulanda, quien dijo que “estoy en total desacuerdo con el procedimiento que se adelanta para la concreción de este acuerdo, me parece inconstitucional y antidemocrático. Debe ser consultado en Senado y con el Consejo de Estado”, manifestó el ex ministro.

Además, Marulanda señaló que independiente de los objetivos, “estoy en desacuerdo con el estacionamiento de tropas extranjeras en Colombia”. En tanto que el precandidato conservador Carlos Holguín Sardi no cree que el Gobierno haya desconocido a las ramas legislativa y judicial, porque el acuerdo apenas está en una etapa de discusión. Recordó que la dirección de la relaciones internacionales y suscribir acuerdos y convenios es una facultad presidencial, “otra cosa es que ya, para una materia específica, por ejemplo el estacionamiento de tropas extranjeras, haya que cumplir otros requisitos que exige la Constitución, o que el acuerdo, tratado o convenio requiera la aprobación del Congreso, pero en esta etapa en que simplemente se está en un proceso de negociación, no tiene que limitarse de ninguna manera la facultad constitucional del Presidente de la República”.