La Registraduría prevé poner al día las bases de datos en 23 ciudades del país, de ciudadanos fallecidos desde el 16 de junio de 1938 hasta el 31 de mayo de 2009PARA ADELANTAR la actualización parcial del Archivo Nacional de Identificación (ANI), la Registraduría le adjudicó un contrato a la Unión Temporal Censo 2009 por un valor de $10.195 millones, el cual se ejecutará en un término de cuatro meses.
El contrato actualizará parcialmente la base de datos de ciudadanos fallecidos desde el 19 de junio de 1938 hasta el 31 de mayo de 2009.
La actualización del Archivo Nacional de Identificación se realizará a partir de las bases de datos de ciudadanos fallecidos que haya sido notificada su defunción en notarías, registradurías auxiliares, municipales y especiales de 23 capitales de departamentos del país. También serán usados los registros civiles de defunción existentes en el Servicio Nacional de Inscripción de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Las ciudades en las que se adelantará el proceso de revisión y actualización documental son Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Montería, Valledupar, Santa Marta, Sincelejo, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Neiva, Ibagué, Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Popayán, Pasto, Florencia, Medellín y Quibdó.
Desde el año anterior la Registraduría Nacional del Estado Civil le solicitó al Gobierno nacional $50.000 millones para digitalizar los registros civiles de defunción que reposan en las notarías y no han sido remitidos a esta entidad, con el fin de actualizar y dar de baja del censo electoral a las personas fallecidas. Sin embargo este año fueron asignados sólo $11.700 millones para adelantar esta labor.
El censo electoral o registro nacional de votantes asciende hoy a 29.316.397 ciudadanos habilitados para sufragar, cifra que varía diariamente teniendo en cuenta las distintas causas por las cuales se presentan altas y bajas en el censo.
El registrador Carlos Ariel Sánchez Torres ha advertido en reiteradas ocasiones la necesidad de depurar el censo electoral a partir de la actualización del ANI, con el fin de dar de baja de ese archivo a las personas fallecidas que aún están habilitadas para votar, situación que propicia fraudes electorales como la suplantación de sufragantes.
Además de la labor de actualización del Archivo Nacional de Identificación que se realizará en el marco del contrato adjudicado, la entidad comenzó hace un mes la revisión de alrededor de 90.000 sentencias judiciales con el fin de poner al día también el censo electoral tanto en altas como en bajas por pérdida o recuperación de derechos políticos. En este proceso de revisión participan 100 contratistas.
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