La conciliación es uno de los tres obstáculos que le falta al referendo reeleccionista por superar, junto con la revisión de exequibilidad por la Corte Constitucional y la superación del umbral en las urnasEL RIESGO de que el proyecto de ley se hunda todavía sigue rondando al referendo reeleccionista luego de que ayer no fuera posible producir un informe de conciliación entre los textos aprobados en Cámara y Senado.
Pero, aparte de no lograr acuerdos, las comisiones conciliadoras, tanto en Senado como en Cámara, comenzaron a desintegrarse, en parte por la oposición a la reelección, en parte por los temores existentes entre congresistas por un proceso penal que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia contra 86 representantes.
Como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, en el Senado renunciaron los conciliadores liberales Cecilia López, Héctor Helí Rojas, Griselda Janeth Restrepo y Luis Fernando Velasco, así como Luis Carlos Avellaneda, uno de los del Polo Democrático.
A esas renuncias, siguieron siete en la Cámara; cuatro conciliadores renunciaron por su desacuerdo con la reelección (Telésforo Pedraza, de La U; Germán Navas, del Polo; y Orsinia Polanco, indígena) y tres por estar investigados por la Corte (Silfredo Morales, de las negritudes; José María Conde, de Colombia Democrática; y Carlos Ávila, de Apertura Liberal).
Los conciliadores de la Cámara no llegaron a un acuerdo y aplazaron cualquier decisión para después del 20 de julio, cuando comienza la nueva legislatura.
“Definitivamente no hay informe de conciliación”, dijo la representante Rosmery Martínez, de Cambio Radical, mientras que el coordinador de la comisión en la Cámara, Oscar Arboleda, de Alas Equipo Colombia, precisó que se hizo cuanto se pudo, pero que una eventual conciliación solo podría producirse en la legislatura que comienza en 20 de julio.
El representante liberal Carlos Arturo Piedrahita señaló que para muchos congresistas es preocupante un informe enviado por la Comisión Colombiana de Juristas, expresando varias inquietudes jurídicas sobre la situación de los congresistas investigados y los que eventualmente podrían votar una conciliación.
En esa reunión también se estudió el informe del registrador Carlos Ariel Sánchez sobre el incumplimiento de requisitos legales como consecuencia de las dudas sobre la financiación de la recolección de firmas del referendo. La mayoría de los representantes consideró que la ausencia de la certificación de la Registraduría podría ser una prueba adicional contra los congresistas investigados en la Corte.
Los textos aprobados en las cámaras deben ser conciliados, porque mientras uno implica que el presidente Álvaro Uribe sólo puede postularse a la reelección en el 2014, el otro fue modificado para que el actual Mandatario pueda reelegirse en el 2010.
Ahora, los impulsores del referendo tendrán que esperar al menos un mes para que lograr un acuerdo y enviar el proyecto a la Corte Constitucional para su estudio de legalidad.
Sin embargo, el ministro del Interior, Fabio Valencia, se mostró optimista frente a la realización del referendo, a pesar del aplazamiento: “Creo que en el peor de los casos la Corte Constitucional podría estar dando su concepto de exequibilidad o inexequibilidad por ahí en noviembre y el referendo podría estar siendo convocado para enero”.
En todo caso, Valencia descartó un llamado a sesiones extras “después del 20 de junio y antes del 20 de julio”.
El caso es que la conciliación es uno de los tres obstáculos que le falta al referendo reeleccionista por superar, junto con la revisión de exequibilidad de la Corte Constitucional y la superación del umbral en las urnas. En cualquiera de los tres podría hundirse.
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