Quieren tender un manto de duda sobre magistrados: Cortes

Mientras tanto, “varias comunicaciones que hemos enviado al presidente” Álvaro Uribe, acerca de las chuzadas del DAS, “no han merecido la atención del Jefe de Estado”, dijo Nilson Pinilla, presidente de la Corte Constitucional.

Los cargos hechos la víspera por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), de que “algunos magistrados” podrían “verse involucrados” con “algunas personas y sus posibles vínculos con otras vinculadas a actividades ilícitas”, fueron rechazados por los presidentes de las altas cortes.

Augusto Ibáñez, Nilson Pinilla y Rafael Ostau, presidentes de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, refutaron a la UIAF.

Para el magistrado Pinilla “el comunicado es demasiado vago, me parece etéreo, impreciso y nada dice, fuera de echar una sombra de duda demasiado genérica sobre magistrados, que no precisa ni de qué corporación ni si actuales o ya retirados”.

“Extraña mucho que una unidad, cuya finalidad es hacer cruces financieros sobre temas que puedan implicar lavado de activos o financiación de terrorismo, esté siendo utilizada sin que haya una autoridad competente que la haya determinado”, señaló.

“La verdad es que es algo impreciso y pobre frente a lo que está esperando la rama judicial del presidente” Álvaro Uribe. “Esas cartas no se han respondido”, reiteró Pinilla al revelar los alcances de las cartas enviadas por la rama judicial al presidente Uribe para que explique las interceptaciones ilegales de las que fueron objeto por parte del DAS.

“Varias comunicaciones que hemos enviado al presidente no han merecido la atención del Jefe de Estado”, agregó Pinilla.

“La administración de justicia está esperando desde hace ya un buen tiempo una respuesta del señor Presidente de la República, que le hemos solicitado por medio de dos cartas de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Las corporaciones también han mandado cartas que no han sido respondidas”, indicó.

El jurista consideró que el comunicado de la UIAF no es serio y lo consideró una “manifestación tan vaga, absolutamente oscura, que genera preocupaciones por la incertidumbre, por el intento de desacreditar a las instituciones judiciales”.

“Me parece fuera de contexto, no es el mecanismo apropiado. La declaración es demasiado amplia, le hace muchísimo daño a las instituciones. Si hay algún magistrado que tenga actuaciones censurables, debe responder pero ante las autoridades competentes”, indicó Pinilla.

Incompetente

Por su parte, el magistrado Ibáñez, sostuvo que la UIAF invadió competencias de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es el órgano constitucional legalmente reconocido para que haga averiguaciones sobre los magistrados.

Dijo que está de acuerdo en que la justicia investigue a los magistrados, si así lo ameritan los hechos, pero no puede un organismo a través de un comunicado poner en entredicho la conducta de manera general de los funcionarios.

“Un concepto de un funcionario que está, entre otras cosas, a punto de dar sus explicaciones a la Fiscalía, no puede reemplazar lo que determina la ley”, indicó a propósito de la citación que deberá cumplir Mario Aranguren, director de la UIAF en la Fiscalía.

“Este tipo de informes busca es afectar la honorabilidad de la Corte para efectos de calmar un poco su propia ansiedad. Lo que tiene que hacer es explicarle a la Fiscalía su comportamiento en vez de sacar un comunicado dándose por aludido por su competencia”, dijo el magistrado Ibañez.

Extralimitado

El magistrado Ostau indicó que la UIAF no puede emitir declaraciones como las del comunicado porque no tiene competencia para ello: “Son actuaciones contrarias al orden jurídico porque en forma clara precisa y concisa la Constitución” dice que eso le “corresponde al Congreso y una entidad del Gobierno no podría hacer eso. Lo que existe, pone en evidencia la falta de competencia para realizar tales actuaciones”.

Ostau manifestó que tras analizar ese asunto en las reuniones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, han concluido que los seguimientos a los movimientos financieros por parte de la UIAF “se han realizado sin competencia para ello, es decir que se ha incurrido en extralimitación de funciones. La Fiscalía y la Procuraduría deben definir si la UIAF actuó de manera irregular”, agregó.

“Si bien es cierto que los magistrados de las Altas Cortes podemos ser investigados, para esos efectos la Constitución Política de 1991 establece un fuero especial para el juzgamiento por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes”, agregó el magistrado.

“Yo observo que, en dicho comunicado, la UIAF dice que tiene la competencia para hacer esas investigaciones, pero no frente a magistrados de las altas cortes, porque esa competencia es de la Comisión de Acusación”, precisó Ostau.

El comunicado

“1. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación legal de analizar las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación de terrorismo.

2. En virtud de tal competencia legal, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha analizado Reportes de Operaciones Sospechosas sobre algunas personas y sus posibles vínculos con otras vinculadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados.

3. Como resultado de los análisis efectuados por la UIAF se elaboraron Informes de Inteligencia Financiera, los cuales fueron remitidos al Fiscal General de la Nación.

4. La información que produce la UIAF es de Inteligencia Financiera, es reservada y debe ser verificada por la autoridad competente.