domingo, 14 de junio de 2009

El país político del por si acaso


Pese a que hay más de una decena de precandidatos y candidatos, no hay plaza pública ni grandes debates. Las propuestas de impacto y diferenciadoras no aparecen. La opción de la reelección presidencial, tiene todo el proselitismo congelado y podría abocar al país a una campaña relámpago y superficial.

¿COLOMBIA está en campaña electoral? Esa es una pregunta cuya respuesta parecería más que obvia, dado que la opinión pública en general sabe que hay más de una decena de candidatos y precandidatos recorriendo todo el país en busca de hacer conocer sus ideas o de hacerse conocer, así de simple.

Sin embargo, no cabe duda de que la actual es la campaña más atípica de los últimos años. Por ejemplo, ¿en dónde quedaron esas grandes manifestaciones de plaza pública, con discursos de tono bravío, “vivas” a cada rato a los candidatos y oradores de turno, caravanas ruidosas de carros y motocicletas, que con pitos y sirenas anunciaban la llegada del aspirante de marras…? Esa clase de manifestaciones políticas masivas no se ha visto, pese a que varios de quienes aspiran a buscar en las urnas el favor de los electores para ser los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2010, llevan varios meses en actividades proselitistas.

Por el contrario, las distintas campañas de los precandidatos y candidatos así como los registros de los medios de comunicación, lo que muestran son imágenes de los aspirantes rodeados de séquitos pequeños, la mayoría en espacios cerrados y con audiencias más bien poco voluminosas. Incluso, como coincidieran días atrás dos prestigiosos estrategas políticos, la actual bien podría considerarse como la primera campaña “mano a mano” en la historia política del país. Lejos de ver a los dirigentes políticos que quieren suceder a Uribe Vélez, rodeados de centenares de manos deseosas de saludarlos y lograr una que otra palabra del candidato en cuestión, lo que las fotografías e imágenes dejan ver es a los propios aspirantes yendo a buscar a las personas del común, charlando con ellas de una manera más directa y personal, incluso cayéndoles en sus lugares de trabajo o interceptándolos en las calles de grandes, medianas y pequeñas ciudades.

La cuestión es de tal magnitud, que no en pocas poblaciones la sensación de los ciudadanos del común es que en las movilizaciones de los candidatos y precandidatos, es precisamente el personal de seguridad así como los asesores y uno que otro dirigente regional o local, los que más “hacen bulto” en las manifestaciones políticas, porque de “pueblo, pueblo, más bien poco”.

Esa situación ha llevado, incluso, a los propios aspirantes a tomar decisiones sui generis. Por ejemplo, sorprende la forma en que con cada vez más frecuencia se escucha de los candidatos expresiones tales como aquella de que sus campañas no se basarán en la plaza pública, sino que acudirán a otros medios de contacto con los electores, a través de sus páginas web, blogs, facebook y otras redes virtuales sociales. Otros han preferido acudir a enviar miles de mensajes en correos electrónicos, en tanto que no faltan los que se han inclinado por promocionar sus ideas y actos a través de los teléfonos celulares.

Es más, no deja de llamar la atención el que pese a que varios precandidatos llevan varios meses de campaña, son pocas esas fotos populistas ‘cantadas’ que se han visto. Y es que, como lo dijera años atrás un Presidente de la República, nadie puede llegar a la Casa de Nariño si en su caza de votos no se tomó una foto con una de las palenqueras que venden frutas en las playas de Cartagena; o se dejó capturar por las cámaras metiéndole mano a un rico plato de lechona o fritanga; o se enfundó en una mullida ruana boyacense; o se le midió a comer cuy nariñense, arepa de huevo costeña, pipitoria santandereana, pescado frito en Buenaventura; y claro, no podía faltar, lucir a cual más un sombrero vueltiao y un poncho antioqueño… En la actual puja proselitista de eso hay muy poco. Incluso, lo que se ha visto es a varios de los aspirantes recogiendo personalmente, una a una, firmas para respaldar su inscripción por la vía de los movimientos ciudadanos.

De aquello, nada…

Las ‘novedades’ en la actual campaña han sido muchas. Por ejemplo, más de uno se sorprendió el jueves pasado cuando el Partido Liberal anunció que el jefe único de la colectividad, el ex presidente César Gaviria, se va de gira con todos los precandidatos a la consulta interna, con el fin de encender los ánimos de las bases rojas y poder alcanzar los 1,8 millones de votos en la cita en las urnas del 27 de septiembre. ¿Por quién se pedirá votar?

Y qué decir de las toldas conservadoras. Pese a que hay varios precandidatos, la mayoría de ellos hace gira sin estar acompañados de los senadores, representantes a la Cámara, diputados y concejales de la colectividad. A Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, se le ha visto en algunas regiones acompañado de nuevos aspirantes al Congreso, ya que los parlamentarios de esas regiones no quieren respaldar su candidatura y sólo apuestan a la continuidad en la Casa de Nariño.

Por el lado de los independientes, Sergio Fajardo, quien tiene una buena ubicación en las encuestas, hace política calle por calle, persona a persona, sin mayores concentraciones en plaza pública. Otros aspirantes como Luis Eduardo Garzón o Martha Lucía Ramírez apenas si empiezan giras regionales y no faltan quienes consideran que quieren hacer su proselitismo más a través de los medios de comunicación de Bogotá que yendo a recorrer la provincia.

Por los lados del Polo, si bien este partido es más dado a las reuniones de mayor volumen, poco se ha visto a Carlos Gaviria y Gustavo Petro en la plaza pública, en gran parte por los riesgos de seguridad que ello implica, dado que se trata de dos de los dirigentes políticos más amenazados en Colombia.

Ni un debate

Pero si ha faltado ese sabor y tono de la política de plaza pública, esa en la que se mezclan el promeserismo, el discurso encendido, los “vivas” y el ensordecedor ruido de la pólvora y los pitos (así como de la bebida y comida gratis para los asistentes), en donde más se nota que estamos frente a una campaña sui generis es en la ausencia del debate político.

Un solo dato sirve para evidenciar esto último: pese a que tenemos trece candidatos y precandidatos presidenciales, hasta el momento no se ha dado el primer gran debate radial, televisado ni en la prensa escrita. Días atrás, un canal privado, con encuesta recién salida en mano, trató de organizar ese primer cara a cara entre quienes quieren suceder a Uribe Vélez. Un día antes tenían confirmados a los que encabezaban los sondeos pero en cuestión de pocas horas casi todos se fueron ‘bajando del bus’ y al final sólo tres se mantuvieron en su decisión de comparecer. Y éstos dedicaron el tiempo que les permitieron al aire, a quejarse del miedo que rodeaba a los ausentes y de lo dañino que resultaba para la democracia que no hubiera emulación de programas y proyectos en medio de una campaña presidencial.

A hoy es prácticamente imposible para la opinión pública identificar una propuesta específica de tal o cual aspirante. Todos hablan por igual de mantener la Política de Seguridad Democrática, como si a algún aspirante cuerdo se le ocurriera proponer lo contrario. Pero más allá de esa coincidencia obvia y calculada, no se han escuchado planteamientos impactantes sobre cambios y reformas de fondo. Palabras como “social”, “inversión social”, “seguridad ciudadana”, “respeto por los derechos humanos”, “estabilidad económica”, “empleo de calidad”, “vivienda para todos”, “ampliar oportunidades de educación”… salen casi robóticamente de las bocas de los candidatos, pero sin ninguna idea que diferencia a los unos de los otros.

En cuestión de eslogan, tampoco se ha visto una competencia atractiva. Fríos, obvios, de poco impacto y tan generalizantes como ambiguos, si hoy se hiciera una encuesta sobre el nivel de conocimiento de los lemas que defienden o identifican las distintas campañas, sin lugar a dudas la opción ganadora sería la célebre “No sabe / No responde”.

De allí, entonces, que hoy por hoy el elemento diferenciador más claro para poder dibujar una línea de separación entre los aspirantes a la Casa de Nariño, se basa en si se trata de precandidatos uribistas reeleccionistas, precandidatos uribistas no reeleccionistas, precandidatos antiuribistas y antireeleccionistas y aquellos independientes que dicen que prefieren pensar en el posturibismo.

Apuesta riesgosa

Para nadie es un secreto que la razón de que la campaña electoral sea de tan bajo perfil no es otra que la posibilidad de que el presidente Uribe Vélez pueda aspirar a un tercer mandato consecutivo.
Buena parte de la coalición uribista sigue apostando ciegamente a que el Congreso apruebe el proyecto de ley que pide convocar un referendo reeleccionista.

Consideran que más allá de toda la controversia que rodea la instancia de conciliación del texto de la iniciativa entre las plenarias de la Cámara y el Senado, al final de cuentas el proyecto saldrá avante la próxima semana y luego irá a revisión de la Corte Constitucional. Parten de la base de que tienen a su favor las mayorías parlamentarias, pese a que sobre éstas se cierne la investigación previa que la Corte Suprema de Justicia abrió contra 86 representantes, y que en el alto tribunal la mayoría de los juristas fueron nombrados por esas mismas mayorías congresionales.

Sin embargo, esa apuesta es muy riesgosa. De un lado, está por salir el fallo del Consejo Nacional Electoral que, seguramente, dictaminará que hubo violación de los topes de aportes individuales en la campaña de recolección de firmas para el referendo reeleccionista. Por otra parte, en la Fiscalía terminarán en próximos días los interrogatorios al resto de integrantes del Comité Promotor del referendo y hay quienes aseguran que son tan evidentes las falencias y maniobras sospechosas para ocultar los vacíos en la financiación, que existe una alta posibilidad de que puedan llegar a ser blanco de medidas de aseguramiento por haber incurrido, presuntamente, en el delito de fraude procesal.

A todo ello hay que sumarle que es tal el cúmulo de vicios de forma y fondo en que el Congreso incurrió al tramitar el referendo, que difícilmente se podría armar un fallo creíble declarando ese proceso ajustado al ordenamiento constitucional y legal. El haber iniciado el debate sin la certificación electoral sobre el cumplimiento de los requisitos legales en la campaña de recolección de firmas; la no priorización del debate al proyecto, dado su carácter de iniciativa popular; la votación irregular en sesiones extraordinarias la madrugada del 17 de diciembre; el anómalo cambio de texto en la Comisión I del Senado, contrariando la jurisprudencia al respecto; la violación del principio de consecutividad, al revivir temas que habían sido negados en la Comisión I de la Cámara; los alegatos de la oposición por la forma en que se tramitaron los impedimentos y recusaciones; el riesgo de que 86 parlamentarios puedan perder la investidura por votar el proyecto, pese a estar siendo investigados por la Corte… Y, como colofón, la misma sentencia de la Corte Constitucional al avalar la primera reelección presidencial, en donde advirtió que esa posibilidad de repetir mandato sólo era viable por una sola vez, ya que, de lo contrario, hacerla indefinida constituiría una sustitución de la Carta Magna, algo que sólo puede hacerse vía asamblea constituyente.

Como se ve, más allá de que el Congreso termine aprobando el proyecto de ley del referendo, apostar a que éste será declarado exequible por la Corte Constitucional no deja de ser una apuesta muy riesgosa.

Es más, incluso si, pese a toda la evidencia que daría para pensar lo contrario, la iniciativa lograra superar el examen de exequibilidad, alcanzar el éxito en las urnas no es fácil. Si el censo electoral no logra ser depurado a fondo, para que el referendo sea aprobado se requeriría de por lo menos 7,3 millones de votos, es decir el volumen similar al que alcanzó Uribe Vélez en los comicios de 2006 para su primera reelección. Emular ese potencial será difícil, puesto que, de un lado el antiuribismo promoverá la abstención y, de otro, debe contarse con el desgaste que produce el poder, las fisuras en la coalición uribista, el impacto de la crisis económica, la reacción negativa de miles de personas afectadas por la debacle de las ‘pirámides’ y el lastre que produce para la opción de la continuidad presidencial la racha de escándalos de la parapolítica, la yidispolítica, los ‘falsos positivos’, las ‘chuzadas’ del DAS, el rebrote del paramilitarismo, los picos de inseguridad ciudadana y el hecho de que la guerrilla aún continúe como una amenaza real.

A todo ello hay que sumarle el problema del tiempo, ya que cada día es más estrecho el margen que hay para cumplir todo el trámite del referendo. De un lado, el debate por las recusaciones y los impedimentos demoró la aprobación en el Congreso y ahora, por más que se acelere el trámite de la conciliación, lo más seguro es que solo en la primera semana de julio el proyecto esté siendo remitido a la Corte, en donde el plazo para dar un fallo no es tan perentorio como los sectores uribistas afirman.

Incluso si el alto tribunal se pronunciara a finales de septiembre o mediados de octubre, la Registraduría, que apenas estaría saliendo de todo el proceso de las consultas internas, necesitaría por lo menos tres meses para organizar la cita en las urnas. Ello sería, entonces, a finales de diciembre -época poco probable- o en los inicios de enero, es decir a escasos cuatro meses de la fecha en que debe llevarse a cabo la elección presidencial, en primera vuelta.

Semejante cronograma tan ajustado se complica aún más si resulta cierto, como lo sostienen precandidatos como Aníbal Gaviria, que si el Presidente de la República no anuncia, como lo manda la ley, con seis meses de anticipación que aspirará a la reelección, entonces no podrá postularse. Esa fecha límite sería el 28 de noviembre, cuando, de acuerdo a las anteriores cuentas de tiempos, aún no se sabrá el Jefe de Estado puede optar por un tercer mandato consecutivo.

Por si acaso

Como se ve, por más que en las encuestas la popularidad presidencial sea muy alta y el apoyo a su continuidad en el poder también, aunque con tendencia a la baja, ya que hoy bordea el 50 por ciento, creer que necesariamente se abrirá paso la segunda reelección es muy incierto.

Por lo mismo, no se entiende cómo el país presencia una campaña presidencial de tan bajo perfil, en donde más de la mitad de los precandidatos e incluso candidatos está supeditado a si Uribe puede o no aspirar a seguir en la Casa de Nariño. A eso es lo que se ha dado en llamar los aspirantes del “por si acaso”. Es decir, aquellos que pese a que recorren el país diciendo que buscan llegar a la Casa de Nariño, no dudarán un momento en dar el paso al costado, incluso desconociendo el resultado de las urnas en las consultas internas de septiembre, para apoyar la segunda reelección.

Un país con tantos problemas como Colombia no se merece esa suerte. Quienes aspiran a llegar a la más alta magistratura no pueden tener aspiraciones tipo ‘fusible’, es decir que se quitan o ponen de acuerdo a las circunstancias. Si el referendo llega a fracasar en las urnas -si alcanza dicha instancia-, la opinión pública apenas tendría cuatro meses para conocer las propuestas del resto de los candidatos, todo ello en medio de la siempre accidentada campaña para Congreso.

Hacer campañas y exponer ideas para luego dejarlas en el aire, no es serio de parte de ningún precandidato o candidato, ya sea uribista o de la oposición, pues en éstos hay más de uno que, en realidad, está apuntando al Congreso y para ello quiere aprovechar la vitrina de la puja por la Casa de Nariño.

La opinión pública debería empezar a diferenciar a los aspirantes “por si acaso”, de aquellos que si están dispuestos a jugarse hasta el final, con Uribe o sin él en la competencia. Allí sí cabe evaluar propuestas y programas. Gastarle neuronas a las del resto no parecería más que una pérdida de tiempo.


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