domingo, 28 de junio de 2009

Cumbre Obama-Uribe: más promesas que hechos


El panorama del TLC no se despejará mañana, en gran parte porque la Casa Blanca aún no manda en el Congreso. Tampoco disminuirá la prevención de Washington sobre los escándalos en Colombia, por más explicaciones que dé Colombia. La reelección estará sobre la mesa y la alianza será reafirmada formalmente

LA CUMBRE que mañana sostendrán en la Casa Blanca los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Colombia, Álvaro Uribe, genera mucha expectativa, pero al final puede que no termine generando grandes cambios en la agenda bilateral ni disminuyendo de manera significativa las exigencias y prevenciones mutuas.

En realidad ambos mandatarios llegan a la cita con la certeza de que, más allá de la foto protocolaria -que dadas las reservas a Uribe en sectores del partido Demócrata en EU, termina teniendo una importancia más allá del simbolismo-, poco se avanzará en la agenda bilateral.

El Jefe de Estado colombiano arriba a la Casa Blanca con una carpeta llena de hechos para mostrar: reducción efectiva del área de cultivos ilícitos cultivada, una nueva ley para castigar de manera más drástica los crímenes contra sindicalistas, una reforma financiera que incorpora temas negociados en el TLC, el récord de las extradiciones, la importancia de someterse al examen periódico de derechos humanos en la ONU y la fidelidad sostenida de Bogotá a las posturas de Washington en la geopolítica continental, sobre todo en medio de un panorama regional cada vez más antinorteamericano, liderado por el eje Caracas-Quito-La Paz-Managua-La Habana.

Obama, a su turno, tendrá en su carpeta una serie de asuntos muy complicados. Su objetivo es evidenciarle a Uribe la alta preocupación de EU al respecto y cuál es el impacto sobre el desarrollo de la agenda bilateral. El primer tema será el relativo a los casos de violencia sindical en Colombia, en el cual el mandatario norteamericano redundará con énfasis, ya que esa termina siendo al final la única excusa creíble que la Casa Blanca puede esgrimir para tratar de medio justificar porque, después de más de dos años y medio de que Bogotá y Washington lo suscribieran, no ha sido ratificado por el Congreso de ese país el Tratado de Libre Comercio.

Para no pocos analistas, Obama reiterará a Uribe su compromiso de impulsar el visto bueno legislativo a ese pacto comercial, bajo ciertos condicionamientos en materia de derechos humanos, pero, en realidad, no podría ir más lejos. De un lado porque la nueva Administración de la Casa Blanca no sólo está concentrada en el plan de choque para superar la crisis económica interna y sus prioridades en materia internacional se han dirigido a enfrentar las difíciles coyunturas con Irán, Corea del Norte, Afganistán, Irak y el conflicto israelí-palestino.

Y de otra parte, el Ejecutivo aún está en proceso de acomodamiento, con muchos altos funcionarios sin ratificar por el Congreso, en donde los criterios que siguen primando, por encima de querer presidencial, son los de los líderes de las mayorías del Partido Demócrata en Senado y Cámara. Y éstos han reiterado que el TLC con Colombia no es una prioridad y que por bien que le vaya, sólo empezaría a ser considerado a finales de este año o comienzos del 2010. Es claro que tanto la bancada Demócrata como el propio Obama aún no tienen el suficiente margen de acción como para desprenderse de las promesas electorales hechas a las poderosas centrales obreras, que siguen empeñadas en no permitir más apertura económica, y menos en tiempos de crisis, argumentando que no se puede permitir que las multimillonarias ayudas gubernamentales terminen beneficiando a empresas y manos de obras extranjeras. Mientras no cambie esa percepción, seguirán bloqueados los TLC con Panamá, Colombia y otros.

Escándalos y reelección

El segundo tema en la carpeta de Obama no será otro distinto al creciente eco que en círculos de poder en Washington tienen escándalos como los de la ejecución extrajudicial de civiles a manos de agentes de la Fuerza Pública (‘falsos positivos’) y la crisis en el DAS, que va desde infiltración paramilitar al más alto nivel hasta el espionaje, incluso utilizando equipos donados o financiados por el gobierno norteamericano, perpetrado contra magistrados, dirigentes políticos y periodistas (‘chuzadas’).

Alrededor de esos puntos clave orbitarán asuntos de no menor importancia estructural como el replanteamiento de la lucha antidrogas, los aportes y nuevos énfasis del Plan Colombia, la geopolítica regional (en especial temas como el ALBA, el Unasur y la OEA), los avances y trabas en la lucha internacional contra el terrorismo (específicamente en cuanto a las Farc y sus nexos en países como Venezuela y Ecuador), así como proyectos de cooperación puntuales en materia de energías limpias y biocombustibles, entre otros.

En ambas carpetas figurará un tema que poco a poco se está abriendo campo y obligando a los dos gobiernos a dar respuestas más efectivas. Se trata de los mecanismos para que los cabecillas paramilitares extraditados puedan seguir confesando sus delitos y cómplices en Colombia así como reparando a las víctimas. No hay que olvidar que tanto la Casa Blanca como el Congreso norteamericano han sido blancos de peticiones, exigencias y hasta denuncias por las dificultades para que los ex jefes de las autodefensas continúen declarando en la jurisdicción de Justicia y Paz, así como ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, en el marco del proceso de la parapolítica. Si bien Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cada vez es más evidente su preocupación por la presión local y externa en el caso de los paras colombianos y el alto riesgo de impunidad que se cierne sobre sus graves delitos cometidos en nuestro país. También le incomodan las condiciones de los extraditados para seguir declarando, pues no solo incluyen rebajas de penas y flexibilidades penitenciarias sino hasta llevar a ese país a muchos de sus familiares, hoy amenazados en Colombia.

Y por último, un tema que no faltará en la conversación entre ambos mandatarios será el relacionado con la posibilidad de una segunda reelección en Colombia. Se sabe que el asunto no tiene mayor receptividad en el Departamento de Estado ni el Congreso estadounidense, falta por establecer la posición personal de Obama.

Como se ve, es una agenda muy compleja y, por lo tanto, difícilmente saldrán grandes anuncios o decisiones de la cita de mañana. Promesas sí abundarán en todos los ámbitos, así como abrazos, fotos, discursos formales sobre la fortaleza de la alianza y la necesidad de profundizar los compromisos de lado y lado. Sin embargo, al final, habrá sido mayor la expectativa que los hechos concretos.


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