domingo, 24 de mayo de 2009

Reelección vs. Democracia: el dilema de fondo


En menos de siete días se generaron tres debates en torno al referendo que busca abrirle paso a un tercer periodo del actual mandatario. Aunque cada uno tiene su complejidad, al final el tercero resultó el más importante porque pone de presente el riesgo de la autocracia presidencial para el sistema democrático, la Constitución y el equilibrio de poderes

LA APROBACIÓN esta semana en último debate del proyecto de referendo que busca abrirle paso a una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe llevó al país a concentrar su atención en tres tipos de debates, cada uno de ellos con sus propias particularidades y complejidades. Sin embargo, sólo uno encierra la cuestión de mayor importancia.

El primero, sin duda, fue el relativo a la forma accidentada en que la iniciativa recibió visto bueno en la plenaria del Senado y la controversia que se prendió de inmediato en torno a lo que será la instancia de conciliación con la Cámara de Representantes, ya que los textos aprobados en una y otra corporación legislativa son distintos.

¿Por qué se generó tanta controversia por lo ocurrido en la plenaria del Senado? Hay tres razones básicas. La primera es que en ese debate confluyeron todos los vicios que las bancadas Liberal, del Polo y otros sectores antiuribistas han denunciado a lo largo de todo el trámite de la iniciativa reeleccionista.

En menos de tres horas de debate se conjugaron situaciones tales como múltiples asesores de entidades estatales hablando con cuanto senador uribista se atravesaba. Como es apenas obvio, las denuncias en torno a que se encontraban allí ofreciendo todo tipo de prebendas burocráticas para asegurarse del voto positivo de los congresistas de la coalición gubernamental, no se hicieron esperar. Por igual, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, fue acusado también de ir de curul en curul para cuadrar la estrategia que permitiera imponer el criterio de las mayorías para aprobar la iniciativa, sin importar las tesis de los sectores antiuribistas como tampoco las denuncias de atropellos y politiquería. También se pudo apreciar cómo uno de los debates más importantes de los últimos años era interrumpido para posesionar a las carreras a un nuevo senador uribista, que llega a ocupar curul debido a que su antecesor renunció al fuero parlamentario tras ser puesto en la mira por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Fue claro que la intempestiva ceremonia lo único que buscaba era asegurar un voto positivo más para el proyecto de referendo, luego de que la semana pasada la iniciativa se trancó porque tres senadores presentaron su dimisión al ser blanco de investigaciones del alto tribunal, en el marco del proceso de la parapolítica…

Cada una de esas situaciones, que encierran conductas que van desde la politiquería, el clientelismo, la imposición de las mayorías parlamentarias, los oídos sordos a las alarmas de las bancadas antiuribistas en torno a los peligros democráticos y constitucionales que encierra la reelección presidencial indefinida así como la cadena de vicios de forma y fondo en el trámite de la iniciativa, en conjunción con la construcción accidentada de supremacías gobiernistas con base en el carrusel de reemplazos de congresistas parapolíticos, han sido denunciadas una y otra vez desde que asomó la intención de perpetuar a Uribe Vélez en el poder.

Este debate ha polarizado al país de forma tan significativa que, incluso, hoy por hoy una franja creciente de dirigentes y ciudadanos que siempre han apoyado la gestión del Jefe de Estado, no duda en expresar su oposición a un tercer periodo y los riesgos que ello implica tanto para el país como para la persona del Presidente de la República.

Sin embargo, pese a que las partes han medido sus tesis en todos los escenarios posibles, lo cierto es que el proyecto de referendo está a punto de superar su trámite parlamentario y sólo resta la revisión de la Corte Constitucional para saber si finalmente el pueblo es citado a las urnas.

De forma y fondo

Pero si ese primer debate estuvo circunscrito a las triquiñuelas que se presentaron a lo largo del accidentado trámite del referendo en el Congreso, el segundo, derivado de la sorpresiva y controvertida recusación que el presidente del partido de La U, Luis Carlos Restrepo, presentó contra el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Varón Cotrino, gira en torno a la forma en que el uribismo reacciona frente a todo lo que se oponga a sus intenciones.

La recusación, como tal, no tiene mayor futuro. Resulta ilógico que Restrepo crea que Varón tiene que apartarse de su obligación de conformar la comisión de conciliación que deberá reunirse con su similar del Senado para establecer si pueden acordar un texto unificado del referendo reeleccionista.

Como se sabe, la Cámara de Representantes aprobó el texto original de la iniciativa que fue respaldada por casi cuatro millones de firmas válidas, mientras que el Senado decidió, pese a todos los riesgos de inconstitucionalidad advertidos, modificar la pregunta base, cambiando la expresión “quien haya ejercido” por “quien haya sido elegido”. La variante se debió a que la formulación inicial del interrogante prácticamente cerraba la posibilidad de que Uribe Vélez pudiera ser candidato en los comicios de 2010.

Como Varón Cotrino, de Cambio Radical y fiel escudero del jefe de ese partido y candidato presidencial Germán Vargas Lleras, ha defendido la decisión tomada por la plenaria de la Cámara, ello implicaría que no habría conciliación frente a lo aprobado por el Senado y, en ese marco circunstancial, la iniciativa reeleccionista se hundiría.

Restrepo, en una decisión polémica que no sólo generó la reacción negativa del grueso de congresistas e incluso un conato de rebelión al interior de La U, alegó que Varón no era imparcial y por lo tanto confeccionaría una comisión de conciliación abiertamente contraria al texto aprobado en Senado y, por lo tanto, el proyecto sería archivado al no concretarse un acuerdo.

La ‘movida’ no pudo ser peor. De un lado, generó un alud de críticas al considerarse que Restrepo, a nombre del uribismo, quería acallar toda opinión política contraria a la segunda reelección y, por otra parte, dio pie para un cruce de posibles recusaciones entre todas las bancadas. Al final de cuentas, si lo que el presidente de La U buscaba era acelerar el trámite de la conciliación y crear un ambiente favorable para la misma, lo que consiguió fue todo lo contrario: que este último paso se dilatara, algo muy grave ya que el tiempo se convierte poco a poco en el mayor enemigo de la iniciativa.

Sin embargo, la forma burda en que el jefe de La U quiso anular la oposición de Varón Cotrino, lo único que hizo fue volver a encender el debate en torno a cómo las toldas gobiernistas quieren imponer un tercer mandato del Jefe de Estado por encima de lo que sea, quitando del camino cualquier obstáculo constitucional, legal, reglamentario, político, económico y hasta ético.

Así, de inmediato, los sectores que se oponen a la perpetuación de Uribe en la Casa de Nariño traen a colación todo el ‘menú’ de falencias y vicios que rodea esta intentona. Recuerdan, de entrada, que ya la Corte Constitucional dijo que la reelección era viable por una sola vez, ya que de lo contrario se sustituiría la Constitución. También traen a colación todas las anomalías en la campaña de recolección de firmas, que van desde las denuncias de aportes de la ‘pirámide’ DMG hasta la violación de topes de aportes económicos individuales, que no sólo dio lugar a una investigación del Consejo Nacional Electoral sino que, de paso, permitió a la Fiscalía abrir un proceso penal por presunto fraude procesal contra el Comité Promotor del referendo. Mientras esos vacíos no estén claros, la Registraduría no podrá certificar ante la Corte Constitucional el cumplimiento de los requisitos legales, aspecto obligatorio para superar el examen de exequibilidad.

Tampoco se dejan de lado todos los vicios de procedimiento que se cometieron por no tramitar el proyecto de referendo con la prioridad que obligaba la Constitución y la ley 134 de 1994. Igual se recuerda la aprobación de la iniciativa en una sorpresiva convocatoria a sesiones extras en la Cámara, la ya comentada modificación del texto original de la iniciativa, pese a que la jurisprudencia proyectada por la Corte Constitucional en torno a la Ley 134 de 1994, o de mecanismos de participación ciudadana, sólo admiten que el Congreso pueda aprobar o improbar los textos de los referendos constitucionales de iniciativa popular, pero no le permiten cambiar el espíritu y esencia de las preguntas, ya que al hacerlo se falsea la voluntad de los ciudadanos que avalaron con su firma el respectivo interrogante.

Al cambiar la expresión “haya ejercido” por “haya sido elegido”, el Senado vició de forma grave la iniciativa reeleccionista y prácticamente la sentenció a hundirse en el examen constitucional. En ese cambio, los congresistas rayaron en el delito de prevaricato y por eso ya cursa una denuncia en su contra en la Corte Suprema de Justicia. La tesis uribista de que el Congreso puede “modular” los textos confunde torpemente la Iniciativa Popular Legislativa con la presentación de Referendos del mismo origen.

Como si todo lo anterior fuera poco, la forma en que Restrepo trata de acallar a Varón Cotrino, fue advertida por sectores del Polo y el liberalismo como una muestra más de las maniobras torticeras con que la coalición gobiernista busca imponer, a las buenas o a las malas, el referendo reeleccionista. Por ejemplo, como lo advirtiera esta semana un editorial de este Diario, la forma en que se modificaron los textos de los referendos -también de iniciativa popular- para la cadena perpetua a violadores y el que busca elevar el estatus del derecho al agua, evidencia una intención consciente de viciarlos constitucionalmente y por esa vía presionar un posible fallo positivo de la Corte Constitucional, que se verá ante el dilema de hundir o salvar las tres iniciativas.

No menos sospechosa resulta la última jugada del Gobierno, que alegando deficiencias presupuestales, plantea la urgencia de que los tres proyectos de referendo -pese a que el reeleccionista está cerca de aprobarse pero los otros dos apenas van en los primeros debates- sean votados el mismo día. Es claro que la maniobra va dirigida a ‘colgar’ el polémico y polarizante referendo reeleccionista del arrastre electoral de los otros dos proyectos, que sí tienen amplio eco popular. No se necesita ser un genio para entender que lo que aquí se esconde es una estrategia uribista para hacer frente a la campaña de abstención que quieren impulsar los enemigos de la continuidad de Uribe en la Casa de Nariño. Tanto el Polo como el liberalismo, así como otros sectores independientes también ven como una especie de ‘triquiñuela’ el repentino afán de la coalición oficialista por encontrar un mecanismo extraordinario para depurar el censo electoral y dar de baja el millón y medio de firmas de personas muertas que aún figuran en ese padrón. Si llegaran a lograrlo, el umbral electoral mínimo de aprobación del referendo reeleccionista ya no sería de 7,3 millones de votos, sino de alrededor de 7 millones.

¿Democracia o reelección?

Sin embargo, esos dos debates, cada uno complejo y polémico, dan pie a uno tercero, sin duda el más importante de todos: el impacto en el sistema democrático. Este, sin duda, es el telón de fondo de la controversia alrededor de las implicaciones de una segunda reelección presidencial, más allá de que sea vía referendo, acto legislativo o cualquier otro mecanismo directo o indirecto.

Si bien es cierto que ese fondo del debate se ha discutido y advertido de forma reiterada en los últimos dos años, la semana que termina fue particularmente prolífica en el cruce de argumentos a favor y en contra.

Tras la aprobación del proyecto de referendo en la plenaria del Senado, el primero en salir a reiterar la gravedad del hecho fue el ex presidente César Gaviria, jefe único del liberalismo. Es “un acto que coloca en peligro la democracia colombiana y el equilibrio de poderes en el país. El proyecto de ley que convoca a un referendo para cambiar nuevamente las reglas de juego, además de inconveniente, es abiertamente inconstitucional”.

Tras enumerar los vicios de fondo y forma de la iniciativa, Gaviria reiteró su preocupación por los efectos negativos que tendrá sobre el futuro del país “esta obsesión del Presidente Uribe por perpetuarse en el poder, que va a provocar daños institucionales irreparables, concentrar excesivamente el poder, generar una incertidumbre política sin antecedentes y transitar los caminos del autoritarismo y el caudillismo que tanto daño han causado en Latinoamérica”.

Un día después, el turno fue para el ex presidente Andrés Pastrana, quien más allá de una polémica puntual con el presidente de la Corte Constitucional, le envió una misiva al alto tribunal señalando que “desde tiempo atrás he venido advirtiendo sobre el peligro que implica la contaminación de nuestras instituciones por un personalismo presidencial que tiende a desfigurar nuestra Carta Magna para convertirla en una Constitución de bolsillo. La honorable Corte Constitucional no es ajena al análisis del contagio colombiano en la pandemia personalista de las repúblicas bolivarianas. Lo que está de por medio en este asunto es nada menos que la Constitución de la República de Colombia y las instituciones que de ella dependen”.

El ex mandatario insistió en que las instituciones, por arte de "un articulito", están hoy atiborradas de personajes que llegan a sus cargos por designio directo o circunvalar del Jefe del Estado. En otras palabras, se ha roto el espinazo de la Constitución -sustentado en los pesos y contrapesos- inclinando las balanzas del control, incluido el control constitucional, a favor del Ejecutivo.

“Me he ocupado siempre de estos asuntos desde un plano exclusivamente general y abstracto. Sin mencionar nombres ni juzgar carácter he puesto de presente las consecuencias institucionales de que Fiscal, Procurador, Contralor, Corte Suprema, Corte Constitucional, Junta del Banco de la República etc., sean eventualmente designados por el Presidente o su Congreso. He insistido en que, como en los países vecinos, tras una seguidilla de reelecciones la separación de poderes desaparece efectivamente de la Constitución y el monopolio de poder desemboca inevitablemente en manos del poder presidencial”, indicó.

Tras advertir que la Corte Constitucional es cada día menos independiente del poder presidencial, Pastrana puntualizó que las suspicacias están a la orden del día “más aún cuando el Presidente de la Corte Constitucional, contra la actual jurisprudencia, propugna públicamente (entrevista a Cecilia Orozco, El Espectador) que en el referendo para la reelección el pueblo es soberano, dando a entender que ahora la ratio decidendi es otra”.

Paradójicamente, el jueves pasado, en medio de unas contradictorias declaraciones, en donde primero advirtió que la segunda reelección era “inconveniente” pero luego pareció dar marcha atrás y decir que el tema tenía su alma en una encrucijada, el propio presidente Uribe entró a terciar en este tema del sistema democrático y los riesgos de la perpetuación en el poder.

Tras afirmar que “aquí no hay una legislación determinada por el capricho del Presidente”, Uribe trató de explicar la independencia de los poderes, organismos de control y las instituciones en Colombia.
“Yo soy partidario de que los organismos de control no sean ni del Gobierno ni de la oposición, sino independientes. Y Colombia los tiene independientes. Y tiene un esquema para elegirlos de manera independiente, donde el Presidente no los puede imponer.”, afirmó.

Sobre el tema de la Corte Constitucional, el Jefe de Estado sostuvo que “ésta tiene nueve integrantes; periodo, ocho años. De ellos, de los nueve, el Presidente de la República envía ternas al Congreso para escoger tres. Pero actúan durante ocho años”. También negó incidencia del Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, “apenas tiene incidencia en una de las salas del Consejo de la Judicatura”. Defendió, igualmente, la que calificó como independencia del sistema de elección del Fiscal General y el los integrantes de la junta directiva del Banco de la República.

“O sea que una cosa es la inconveniencia de la reelección por perpetuar al Presidente, que lo acepto, pero lo que sí tiene que quedar claro y nos tocará explicarle a todo el mundo es que aquí hay plenitud de instituciones democráticas”, puntualizó.

Movimiento Cívico

Sin embargo, pese a la gravedad de las advertencias sobre el peligro que para el sistema democrático implica una segunda reelección, ya sea en la persona de Uribe Vélez o de cualquier otro presidente, muchos apuestan que, al final, el dictamen será el de las urnas.

Es allí, entonces, en donde se empiezan a delinear estrategias para tratar de evitar que la intención de perpetuar al Jefe de Estado en el poder prospere. Hasta ahora la que más eco ha tenido tiene que ver con la posibilidad de llamar a la abstención electoral. Sin embargo, esa medida debe tener un sustento lo suficientemente sólido para convencer a la mayor cantidad de colombianos de no ir a las urnas.

Un editorial de EL NUEVO SIGLO días atrás, propuso crear un Movimiento Anti-reeleccionista Cívico. “El movimiento que deniegue el referendo debe ser ante todo Cívico. Lo peor sería caer en la politización y la polarización partidista que es, precisamente, la pretensión fundamental de quienes quieren convertir las instituciones en un trompo de quitar y poner”, indicó.

“Una modificación como la que se plantea (segunda reelección) va mucho más allá de los estrados políticos. Podrán aquellos trenzarse en discusiones parlamentarias o esperar los dictámenes de las instancias jurídicas, pero lo que es cierto es que la propuesta toca lo más sensible del espíritu nacional, cambia el modo de ser colombiano, tiene connotaciones históricas y por lo tanto debe responderse en el plano de lo civil, despojada de toda ambición diferente a la de salvaguardar la democracia. Podrá, desde luego, haber vasos comunicantes entre las instancias netamente ciudadanas y las políticas, pero lo más interesante sería que el liderazgo en favor de la democracia emerja decididamente desde las canteras civilistas”, precisó el editorial.

La idea tuvo amplio eco entre precandidatos presidenciales, partidos políticos como el Polo y los liberales así como otros sectores políticos anti-reeleccionistas, la academia y varias instancias sociales y económicas, para los cuales fue claro que el problema de fondo termina siendo la disyuntiva entre democracia y reelección, más allá de la persona del Presidente de la República. En otras palabras, no se trataría de una alianza contra Uribe sino contra el riesgo de perpetuación en el poder y la anulación del sistema de pesos y contrapesos institucionales.

Así pues, al cierre de la semana, el debate de fondo en torno al referendo no se sitúa tanto en la puja entre uribistas y antiuribistas -con todas las quisquillosidades y polarización subjetiva que ello arrastra-, sino un pulso entre quienes advierten que un tercer periodo de este o cualquier otro Jefe de Estado pone en peligro el sistema democrático, la Constitución y la separación de poderes, y aquellos que creen que la popularidad de una persona es suficiente para llevarse por delante todo el andamiaje institucional y entrar en un régimen autocrático.


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