Tomás Uribe estuvo en reunión sobre variante vial de Mosquera: Gobierno

Aunque el Ministro de Transporte y el Gobernador de Cundinamarca dijeron que el hijo del Jefe de Estado no “emitió opinión alguna” durante el encuentro, la Alcaldía de Mosquera dijo que fue de “gran apoyo” para obras de ese municipio.

EL GOBIERNO aceptó ayer que el 9 de enero de 2008 se verificó una reunión entre altos funcionarios del Estado y Tomás Uribe Moreno, hijo del Presidente de la República, en la que se habló todo lo referente a la ampliación de la variante Mosquera-Madrid, en las afueras de Bogotá, donde miembros de la familia presidencial compraron unos terrenos que se han venido valorizando de manera sustancial, negocio que fue denunciado en las columnas de la revista Semana.

En efecto, en un comunicado emitido ayer por los altos funcionarios estatales el Gobierno aceptó que: “El 9 de enero de 2008 se hizo reunión pública en el Ministerio de Transporte, convocada por el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, y el ministro Andrés Uriel Gallego Henao, con alcaldes y funcionarios de los municipios del Occidente del Departamento, a la que fue invitado el señor Tomás Uribe Moreno, sin que emitiera opinión alguna”.

Sin embargo, un boletín de prensa expedido por la Alcaldía de Mosquera días después de la reunión evidencia que la actuación de Uribe Moreno fue activa. “El próximo lunes 5 de febrero a partir de las seis de la mañana, se iniciará la pavimentación de la vía principal del casco urbano (…) El doctor (Álvaro) Rincón (alcalde) acordó la reunión con Tomás Uribe, hijo del presidente de la República, quien fue de gran apoyo en el proyecto planteado al Ministro”, se lee en el boletín de la Alcaldía.

¿Coincidencias?

El objeto de la reunión del 9 de octubre, según el comunicado emitido ayer por el Gobierno nacional, era validar los compromisos gubernamentales adquiridos para generar las obras correspondientes a la segunda calzada de la variante Mosquera-Madrid-El Corzo, vía que evidentemente genera una amplia plusvalía en los terrenos adquiridos por una sociedad en la que participan los hijos, el cuñado y el suegro del Jefe de Estado.

No se puede considerar una casualidad que en una reunión entre servidores públicos donde se toman decisiones de semejante nivel sean precisamente invitados beneficiarios particulares de las obras que se plantean.

Resulta, por lo menos, sorprendente que en un país en donde a diario se realizan centenares de reuniones, el hijo del Presidente hubiese sido invitado específicamente a aquella en donde se tomaban decisiones oficiales, con ingentes inversiones públicas, que lo beneficiaban directamente a él y su sociedad familiar.

Como se sabe, en los mismos predios el Gobierno aceptó la creación de una Zona Franca, mecanismo por medio del cual los empresarios que inviertan en aquellos lotes se verán beneficiados con una significativa rebaja de impuestos. Esto evidentemente hace que los terrenos se valoricen de manera inmediata, tal como lo denunció el periodista Daniel Coronell en Semana y el noticiero televisivo Noticias Uno.

Igualmente, los terrenos en cuestión serían beneficiados por la adecuación y ampliación del Tren de Cercanías, que utilizará la vía férrea que, precisamente, es aledaña a los predios que adquirieron los Uribe. En la actualidad, el Gobierno nacional privilegia este proyecto sobre la posibilidad de arrancar primero la construcción del Metro de Bogotá.

En síntesis, los predios adquiridos en el 2006 por la familia presidencial se valorizaron por la zona franca autorizada por el Gobierno nacional, la construcción de la segunda calzada de la variante -con el visto del Ministerio de Transporte- y la plusvalía que genera la adecuación del Tren de Cercanías.

Así, pese a que el comunicado dice que “el corredor ferroviario, base del Tren de Cercanías, pasa por Mosquera desde 1917”, lo que evidentemente no se aclara es que será adecuado con millonarios recursos públicos para soportar parte importante del transporte de carga y pasajeros hacia la capital, incluyendo la que genere la zona franca.

Denuncias de Petro

La aceptación del Gobierno se produjo a raíz de una rueda de prensa adelantada por el senador Gustavo Petro, en la que mostró fotografías de la reunión del 9 de enero, donde aparecen Tomás Uribe, el Ministro de Transporte, el Gobernador de Cundinamarca y el Alcalde de Mosquera.

“El Ministro de Transporte, subalterno del Presidente de la República y usando dineros públicos, está enriqueciendo a los hijos de su nominador, es decir a los señores Tomás y Jerónimo Uribe, lo que inevitablemente y sin ninguna duda nos pone frente a un hecho lamentable de corrupción que debe ser investigado por las autoridades”, remarcó el parlamentario.

Petro dijo que no sólo por el cambio del uso suelo se valoriza un terreno. La segunda causal que lo valoriza es la construcción de obras de infraestructura por parte del Estado. “Quiero afirmar que el Gobierno Nacional decidió la construcción de unas obras de infraestructura, específicamente la doble calzada entre Madrid y el peaje El Corzo, que valoriza directamente el terreno anteriormente comprado por los hijos del Presidente, porque pasa cerca del lote que ellos compraron”, agregó.

Petro señaló que este escándalo crece al conocerse que Tomás Uribe estuvo presente en el Ministerio de Transporte para acordar la construcción de una doble calzada entre Madrid y el peaje El Corzo, “y de esta manera valorizar las propiedades de los hermanos Uribe Moreno”.

El senador reiteró que en la citada reunión se concretó la construcción de la calzada para asegurar la infraestructura que beneficiará la zona franca. Para tal efecto se decidió incluir un otrosí en un contrato de concesión que ya existía desde el año 1995 para la ampliación de la vía de Fontibón a Facatativá.

Por esa época un movimiento cívico de los ciudadanos de Facatativá frenó este proyecto, pero sólo después -cuando ya había concretado la compra de los terrenos por parte de los hijos del Presidente- se acordó por parte del Ministerio de Transporte que en ese contrato firmado en 1995 se agregaría una cláusula por medio de la cual se realizaría esta doble calzada, en una longitud de 8,5 kilómetros por valor de 60 mil millones de pesos, denunció Petro.