El secretario jurídico de la Presidencia “omitió denunciar penal y disciplinariamente a quienes, al parecer, estaban incurriendo en delitos y faltas disciplinarias”, dijo el jefe del ministerio públicoDENTRO DE la investigación por la reunión con alias Job en la Casa de Nariño, la Procuraduría anunció la apertura de un pliego de cargos al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo.
El 23 de abril de 2008, Diego Álvarez, abogado del jefe paramilitar extraditado Diego Fernando Murillo, alias don Berna, llegó a la sede presidencial en compañía del desmovilizado Antonio López, alias Job, y se reunió con Edmundo del Castillo; César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de la Casa de Nariño, el ex gobernador caucano Juan José Cháux, el abogado Óscar Iván Palacio y la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Inés Leal.
Según se dijo en su oportunidad, Álvarez y López querían entregar información sobre una supuesta manipulación de testigos por parte de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe.
Álvarez y del Castillo se habían reunido en otras dos oportunidades: el 28 de febrero y el 31 de marzo de 2008.
De acuerdo con el procurador, el secretario del Castillo asumió funciones policiales y disciplinarias que no eran de su competencia, al aceptar reunirse con López, ligado con bandas de narcotraficantes de Medellín.
Para el procurador Alejandro Ordóñez, el secretario jurídico de la Presidencia incurrió en una falta gravísima: “El doctor del Castillo omitió denunciar penal y disciplinariamente a quienes, al parecer, estaban incurriendo en delitos y faltas disciplinarias”.
“Hubo un manejo ilegal de elementos que se pueden considerar pruebas”, dijo Ordóñez.
Sin embargo, el procurador afirmó que la Corte no estaba montando testigos contra funcionarios del Gobierno: “Ni complot del Gobierno contra la Corte ni complot de la Corte contra el Gobierno. Lo que aconteció fue la inducción que se pudo hacer sin saber con cuáles propósitos de don Berna para que aparentemente se utilizarán unas pruebas que no existieron y no tuvieron la importancia y la trascendencia que se pretendía inicialmente”.
En su momento se dijo que el supuesto complot de la Corte era orquestado por el magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador estrella de la parapolítica, uno de los blancos de los seguimientos e interceptaciones del DAS.
Por los mismos hechos, Ordóñez anunció que la Procuraduría archivó la investigación contra César Mauricio Velásquez quien asistió a una de las reuniones.
“Existen cinco testimonios en la investigación que se está realizando. Consideró el despacho de la Procuraduría que a este funcionario no se le podrían endilgar las conductas que se le endilgan al director jurídico de Palacio”, dijo el procurador.
En este proceso disciplinario también se ordenó investigar a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado.
La visita de López, en lo que se conoció como el escándalo de “la casa de nari”, debido a una de las grabaciones conocidas por los medios de comunicación, solo se hizo pública en agosto pasado, después de que el vocero de los desmovilizados fuera asesinado a finales de julio en Medellín.
Del Castillo es secretario jurídico de la Presidencia desde septiembre 11 de 2007, cuando llegó a reemplazar a Mauricio González, quien había sido elegido poco antes como magistrado de la Corte Constitucional.
Con base en las grabaciones que se difundieron entonces, se especuló si la persona que estaba detrás de Job era Rodrigo Zapata, alias Ricardo, capturado en marzo por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en desarrollo de su accionar como sigiloso jefe paramilitar; o si era Gustavo Tapias, alias Techo, un narcotraficante que el pasado mes de febrero fue condenado a 11 años de prisión por la justicia de Estados Unidos.
En lo que coinciden unos y otros es que Job no actuaba por su propia cuenta y que, un mes después de la extradición de 14 jefes paramilitares, se emprendió la verdadera conspiración que buscaba frenar en seco las investigaciones de la parapolítica.
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