domingo, 26 de abril de 2009

Noticias polémicas de la semana


Difícilmente se puede identificar cuál fue el hecho que marcó la semana que termina. Fueron tantas las noticias, polémicas y sorpresas que no se sabe cuál frente es el más complicado: político, judicial o económico.

SI BIEN Colombia es un país acostumbrado a vivir en medio de escándalos, lo ocurrido en los últimos siete días evidencia que la semana que hoy termina fue una clara muestra de la crisis política, social y económica en que se hunde el país.

El lunes toda la opinión pública amaneció sorprendida por las revelaciones del periodista Daniel Coronell en torno a la forma en que un lote adquirido por una sociedad de la que hacen parte Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del jefe de Estado, fue objeto de una valorización millonaria luego que el llamado “Comité del Régimen Franco”, del cual hacen parte varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, decidiera autorizar la creación de una zona franca en un sector del municipio de Mosquera, en Cundinamarca. El negocio incluyó, además, una autorización para la expansión de la zona de uso industrial, que fue dada por el anterior alcalde de esa localidad, cuyos allegados luego terminaron comprando un lote del predio que pertenecía a la familia presidencial.

Tanto el periodista como los hijos del Presidente cruzaron argumentos y señalamientos, sin que al final de cuentas éstos pudieran explicar de manera suficiente y clara la naturaleza del negocio, la forma en que una decisión del gobierno de su padre los terminó beneficiando económicamente de manera significativa y, lo más importante aún, por qué la Casa de Nariño y los ministros no advirtieron a tiempo que al autorizar la creación de la zona franca se valorizaban los predios de los familiares del Jefe de Estado. De inmediato se anunciaron investigaciones disciplinarias y hasta penales para establecer si hubo delitos como tráfico de influencias y prevaricato. Hasta debate en el Congreso se anunció.

Paradójicamente toda esta controversia opacó otras tres noticias de alto impacto. Por ejemplo, la Fiscalía imputó ese día cargos por enriquecimiento ilícito contra el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, por haber presuntamente recibido 200 millones de pesos de la intervenida captadora de dineros DMG. Precisamente ese mismo día se dilató la comparecencia de apresado líder de esa empresa, David Murcia, ante la Comisión I del Senado para que aclarara sus afirmaciones en torno a que financió con más de 5.000 millones de pesos la campaña de recolección de firmas para el referendo reeleccionista.

En el lado económico el panorama tampoco fue el mejor. De un lado, la asociación de camioneros insistió en que se iría a paro en protesta por el alto precio de los combustibles, problemas con la tabla de fletes y chatarrización. A su turno, el Dane confirmaba que la industria está en barrena, a tal punto que a febrero registró una caída del 12,8 por ciento.

Y como si fuera poco, mientras que desde Europa y Estados Unidos llegaban noticias sobre la indignación de varios sectores por la crítica situación de derechos humanos en Colombia, el senador Juan Manuel Galán denunciaba que seguían presentándose casos de falsos positivos.

Rifirrafe por proyectos

El martes amaneció aún con el eco fresco de la polémica sobre los negocios de la familia presidencial, que tuvo un gran impacto en la opinión pública, a tal punto que en todas las encuestas y sondeos que se hicieron alrededor del tema se coincidió en descalificar que los hijos del Jefe de Estado resultaron beneficiados con decisiones gubernamentales.

Sin embargo, rápidamente el escenario empezó a tener nuevos protagonistas. De un lado, el jefe único del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria, calificó como un intento uribista para “robarse las elecciones”, el que en el proyecto de reforma política estuviera incluido un artículo que dejaba en manos del Congreso -de mayorías gobiernistas- la escogencia del nuevo Registrador Nacional.

El pronunciamiento del jefe liberal se produjo, precisamente, cuando en la Casa de Nariño se encontraban reunidos el presidente Uribe con su bancada parlamentaria y se fijaba un plazo, tan perentorio como controvertido dada la complejidad de las iniciativas, de 48 horas para aprobar los dos proyectos de referendo -del agua y la cadena perpetua a violadores- y el de reforma política, todos trabajados en la Comisión I de la Cámara.

Sin embargo, la frase del día estuvo a cargo del fiscal general Mario Iguarán, quien al referirse al resultado de las investigaciones del CTI sobre la interceptación ilegal del DAS a las comunicaciones de magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición, dijo que todo lo encontrado en las pesquisas “causa preocupación, causa pavor en atención al hedor que expide”.

Paradójicamente buena parte de la atención nacional se centró ese día en el reversazo que dio el Gobierno en su política de congelación de los precios de los combustibles. Pese a que una semana atrás había insistido en no modificar su polémica decisión de no bajar el valor de la gasolina y el diesel, el martes, bajo la presión del paro camionero, terminó por dar su brazo a torcer. Sin embargo, la protesta no se levantó, ya que voceros del gremio transportador consideraron la rebaja como insuficiente.

Secretario en la mira

El miércoles el país amaneció, como siempre que hay un paro de cualquier naturaleza, con versiones encontradas. Los camioneros hablaron de más de 100 mil vehículos estacionados pero el Ejecutivo apenas si contabilizaba 20 mil.

Sin embargo, hubo poco tiempo para ahondar en la controversia porque a media mañana la atención se centró en la Procuraduría que anunció tres decisiones de fondo. De un lado, elevó pliego de cargos contra el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, por su actuación durante la escandalosa reunión en la Casa de Nariño en el primer semestre del año pasado entre altos funcionarios y delegados de un cabecilla paramilitar, que decían tener pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema Justicia contra el Jefe de Estado.

A la par de lo anterior, el Ministerio Público abrió también investigación contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y 15 funcionarios y ex funcionarios de ese organismo de seguridad por el caso de las chuzadas.

Una tercera decisión del ente de control disciplinario tuvo que ver con una investigación al secretario distrital de Salud, Abel Rodríguez, por las presuntas anomalías en la compra de un predio para un colegio.

Cuando apenas el país digería la gravedad de estos tres asuntos, sobre todo de lo relacionado con el Secretario Jurídico de la Presidencia, desde Estados Unidos se conoció que el extraditado cabecilla paramilitar Diego Fernando Murillo era condenado a 31 años de cárcel. Lo grave fue que la abogada del señalado capo indicó que éste había dicho a la justicia norteamericana que en 2001 las autodefensas habían financiado parte de la campaña presidencial de Uribe Vélez, señalamiento que fue negado por el Gobierno.

En medio de todo ese berenjenal de noticias, también se conoció que el número de desplazados por la violencia el año pasado se acercó a las400 mil personas. Esa cifra que denota la vigencia de la crisis humanitaria se unió a dos informaciones que se encargaron de poner sobre el tapete que otra crisis, la económica, avanza de manera significativa también. De un lado, el Banco de la República informó que los hogares estaban apretándose fuertemente el cinturón y que la mayoría de sus ingresos se estaba destinando a pagar deudas. Y de otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo que Colombia tendría un crecimiento económico cero a diciembre, es decir que ya estaría rayando en la recesión, aunque hay quienes dicen que el país ya entró en ese escenario crítico.

Fotos comprometedoras

La segunda parte de la semana no resultó menos movida y crítica. El escándalo por la forma en que los negocios de los hijos del presidente Uribe se ven beneficiados por decisiones gubernamentales creció.

El senador Gustavo Petro denunció -con fotografías a bordo- que Tomás estuvo presente en una reunión que el 9 de enero del año pasado se realizó en el Ministerio de Transporte, en la que se habló de la construcción de la segunda calzada de la variante Mosquera-Madrid, vía aledaña a los terrenos de la familia presidencial y que, obviamente, resultaron valorizados no sólo por la declaratoria de la zona franca sino por el cruce de la importante carretera.

El Gobierno, ante las pruebas fotográficas, no tuvo otra opción que admitir que Tomás Uribe estuvo en esa reunión pero dijo que no emitió concepto alguno. Sin embargo, para el grueso de la opinión pública fue evidente que no tuvo nada de coincidencial que el hijo del Presidente de la República estuviera presente en un encuentro de alto nivel en donde se definía una obra pública multimillonaria que beneficiaría sus negocios personales.

A la par de ese nuevo capítulo del escándalo, el proceso de la parapolítica tuvo un pico alto el jueves. De un lado, fue capturado el senador Juan Carlos Martínez, quien tiene una amplia influencia en el Valle del Cauca y sobre el que se cernían graves sospechas desde hace más de un año. Por igual, el senador Antonio Valencia, quien llegó al Parlamento en reemplazo del hoy ex congresista y llamado a juicio Álvaro Araújo Castro, renunció a su curul, con el único fin de que el proceso que por presuntos nexos con paramilitares que le sigue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pase a manos de la Fiscalía.

En medio de ello, el polémico tema del referendo reeleccionista volvió a moverse, haciendo cada vez más evidente que el presidente Uribe aspirará seguramente a un tercer mandato consecutivo. Contrariando conceptos de expertos juristas y jurisprudencia constitucional, así como arriesgándose a ser acusado de estar abogando en causa propia, el propio Jefe de Estado dijo que esta clase de iniciativas de origen popular popular pueden ser “moduladas” por el Congreso. Es más, por instrucción suya las mayorías uribistas modificaron entre la noche del miércoles y el jueves los textos de los referendos del agua y la cadena perpetua, pese a la oposición de sus promotores que advertían que tales cambios condenaban a las iniciativas a ser declaradas inexequibles cuando sean revisadas por la Corte Constitucional. Ese mismo día, el apresado cabecilla de DMG fue al Congreso pero se negó a precisar sus denuncias y dijo que sólo lo haría ante la plenaria.

Como colofón, la senadora Piedad Córdoba denunció que el Gobierno estaba preparando una especie de “operación jaque II” para tratar de rescatar al cabo Pablo Emilio Moncayo, secuestrado hace más de 11 años por las Farc y quien sería entregado en los próximos días a una comisión humanitaria. El Ejecutivo, que no ha acelerado el operativo logístico para recibir al uniformado, negó las acusaciones.

Modular o no

Vino, entonces, el viernes, que se creía iba a bajar en intensidad después los agitados días antecedentes. Pero no fue así. De un lado, el país amaneció en controversia por la tesis presidencial de que los referendos de iniciativa popular podían ser “modulados” por el Congreso. Para muchos analistas, con esa tesis lo único que logró el Gobierno y sus mayorías fue promover el hundimiento no sólo de la posibilidad de una segunda reelección sino también de elevar el estatus del derecho del agua y abocar el máximo castigo en prisión a los responsables de delitos graves contra menores.

A la par de ello, empezó muy temprano el análisis del proyecto de reforma política aprobado la víspera, en sexto debate, por la Comisión I de la Cámara a pupitrazo limpio y sin la presencia de la oposición. Quedó al descubierto que a la iniciativa le faltan dientes para forzar una verdadera depuración de partidos y elecciones.

Tampoco faltaron otras polémicas para cerrar el periodo hábil de la semana. De un lado, se denunció que un decreto del Gobierno que eleva a 85% la cantidad de etanol en los combustibles a partir de 2012, no podría ser aplicado porque es imposible cambiar la tecnología automotriz de una manera tan rápida. Además, sigue el debate sobre un posible favorecimiento oficial a cinco consorcios que manejan el negocio de los biocombustibles. Obviamente la polémica terminó atravesándose en el debate entre Ejecutivo y camioneros en paro.

Y como si todo lo anterior fuera poco, la Fiscalía denunció que hay más de 50 mil denuncias por desapariciones forzadas en los últimos años.

¿Qué país puede resistir semejante avalancha de acontecimientos en menos de cinco días? Parece que Colombia puede hacerlo, pero cada vez es más evidente que el peso de la crisis política, económica, social y humanitaria enrumba a la nación por el peligroso sendero del caos y la inviabilidad.


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