Corte Suprema no ha dejado de mover la parapolítica

“Con el pasar del tiempo las vinculaciones y nuevos llamamientos no han cesado, pero que además los procesos traídos de años anteriores continúan su curso normal”: Nuevo Arco Iris

CON UNA captura y tres aperturas de investigación, la Corte Suprema inició una nueva etapa en los procesos por parapolítica, tras los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales de los magistrados, que fueron interpretadas por ellos como una forma de presionarlos.

La semana pasada fue capturado el senador Juan Carlos Martínez y unos días antes le fue abierta investigación a Odín Sánchez, Edgar Ulises Torres y Mario Salomón Nader, por sus posibles nexos con el bloque Elmer Cárdenas.

A dos de ellos, Sánchez y Torres, se les abrió, además, un proceso preliminar adicional por sus presuntos vínculos con el Eln.

De acuerdo con un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris titulado Radiografía de la parapolítica, “en el 2009 el proceso judicial conocido con el nombre de la parapolítica inicia con la apertura de investigación previa al representante a la Cámara por el departamento de Caldas Mauricio Lizcano; la captura del representante Miguel Ángel Rangel; la salida de la ex representante Eleonora Pinera de la Cárcel del Buen Pastor en Bogotá, quien al igual que el ex senador Miguel de la Espriella cumplió las tres quintas partes de su condena; la absolución del ex representante del Cesar Miguel Ángel Durán Silva, junto con la declaración en versión libre del ex paramilitar Rodolfo Uceda Castaño, alias Julio Castaño, en la que aseguró que prestó sus servicios a los ex alcaldes de los municipios de Barbacoas y Roberto Payán, Juan Carlos Rueda y Franco Quiñones, más el llamado a juicio al ex senador Carlos García”.

“Lo anterior demuestra”, señala Nuevo Arco Iris, “que la parapolítica no se ha detenido porque con el pasar del tiempo las vinculaciones y nuevos llamamientos no han cesado, pero que además los procesos traídos de años anteriores continúan su curso normal”.

Una madeja

Se puede decir que el escándalo de la parapolítica pasó en 2008 por un año con muchos tropiezos, y si bien se han destapado casos en 25 de los 32 departamentos del país, los procesos han tenido más obstáculos que sentencias.

Uno de los mayores problemas de los procesos judiciales ha sido, por un lado, la presión del Gobierno, y por el otro, la lentitud de la justicia.

Un estudio realizado por Claudia López y Óscar Sevillano muestra que uno de los más importantes tropezones que ha tenido la parapolítica es que los políticos han hecho todo lo que está a su alcance para enredar los procesos judiciales; mientras que en lo que concierne a los partidos políticos involucrados en el escándalo, en algunos casos su participación política y burocrática ha crecido.

Los congresistas han optado en muchos casos por renunciar a su fuero parlamentario para evitar que sus casos sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
El más reciente caso es el del senador Antonio Valencia, de Alas Equipo Colombia.

De acuerdo con un resumen elaborado por Verdadabierta.com, con base en el estudio de López y Sevillano, hasta finales del año pasado 31 congresistas electos en 2006, a los que la Corte Suprema les abrió investigación por parapolítica, optaron por renunciar al Congreso, evadir a la Corte y pasarse a la Fiscalía. De los 52 procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra congresistas, 5 son por farcpolítica y los otros 47 por parapolítica, de los cuales 40 están en investigación previa, 4 en proceso de instrucción y 3 en juicio; los 5 procesos de farcpolítica están en investigación previa.

Mirando el otro ángulo de la parapolítica, el trabajo de López y Sevillano reconoce que Colombia es un país mejor y más viable sin 35.000 paramilitares armados violando masivamente los derechos humanos y políticos de millones de colombianos, y sin una guerrilla desbordada en lo mismo. Sin embargo, la basta, compleja e inserta estructura de poder del narco paramilitarismo en el territorio, y en las relaciones sociales, políticas y económicas del país, sumado a la vigencia creciente del narcotráfico, hacen que la capacidad de esta estructura criminal de permanecer, mutar y adaptarse sea muy alta.