jueves, 4 de diciembre de 2008

Corte negó cinco pruebas a defensa de Teodolindo


Abogado presentará recurso de reposición. El expediente continúa dándole toda credibilidad a las confesiones de la condenada ex parlamentaria Yidis Medina

LA DEFENSA del ex congresista Teodolindo Avendaño presentó ayer un recurso de reposición para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocara la decisión de negarle seis pruebas con las cuales demostraría que el ex representante no recibió prebendas para ausentarse de la votación del acto legislativo que permitió la reelección presidencial en 2004.

En el marco del segundo día de juicio en contra del ex parlamentario involucrado en el escándalo de la yidispolítica, Pablo Saláh, abogado defensor del procesado, aseguró que al negarle las pruebas presentadas la Corte Suprema está avalando y dándole credibilidad a las declaraciones que dio en su momento la ex parlamentaria Yidis Medina, en las cuales afirma que Avendaño aceptó y recibió ofrecimientos del Gobierno para que se ausentara el día de la votación del proyecto de ley.

Saláh sustentó su apreciación con el argumento que la Alta Corte había rechazado dentro de las pruebas de la defensa las declaraciones de Luis Araujo y Gina Arbeláez, funcionarios del Palacio de Nariño, quienes, al parecer, estuvieron presentes cuando el ministro de Protección Social, Diego Palacio, presuntamente llamó a Avendaño para hacerle ofrecimientos.

A la segunda prueba que se refirió el jurista y que fue negada, es la de los testimonios del ex secretario de presidencia, Alberto Velásquez, y el actual secretario, Bernardo Moreno, quienes sabrían qué personas ofrecieron las prebendas al ex representante Avendaño.

La tercera prueba descartada por la Corte fue la del llamado a declarar en la audiencia al ex ministro del Interior Sabas Pretelt y el viceministro de Justicia Hernando Angarita, quienes son parte fundamental de la defensa, según el abogado, porque tienen conocimiento de la designación de notarios. Sin embargo, Pretelt y Angarita habían evadido explicar el nombramiento del notario 67, que presuntamente el Gobierno le habría ofrecido a Avendaño a cambio de su ausencia en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Esta prueba junto con la declaración del presidente, Álvaro Uribe, fue rechazada porque los funcionarios ya han declarado en los procesos que siguen distintas corporaciones. El ex ministro del Interior ya acudió a la Fiscalía en el proceso de Medina, y Uribe también rindió testimonio en la Comisión de Acusaciones.

La Alta Corte rechazó también la quinta prueba que pidió la defensa del acusado, que era el testimonio del médico Jorge Luis Escalante quien firmó un pagaré en blanco a Medina en abril del 2005, y que presuntamente llegó a manos del ex representante del Valle. Con esta declaración la defensa quiere demostrar inconsistencias en la fecha que se firmó dicho documento.

La otra prueba rechazada es la declaración de los particulares que hicieron depósitos en las cuentas de los ex parlamentarios Medina y Avendaño y así demostrar si hubo aparentemente un enriquecimiento ilícito de su apoderado.

No obstante, Saláh le pidió al Alto Tribunal que así como le había solicitado a la Fiscalía investigar a Medina por el aumento injustificado de sus cuentas bancarias, también hiciera lo mismo con el DAS y la Dijin, para que mostraran informes si los hay de un posible enriquecimiento ilícito o lavado de activos en que habría incurrido la ex representante.

La Corte Suprema estudiará hoy entonces, si acepta este recurso de reposición o mantiene su postura de negar dichas pruebas. El Tribunal le dará dos días hábiles a Avendaño para que sustente la petición de detención domiciliaria.

Por último, el máximo tribunal de la justicia ordinaria desmintió la versión según la cual el procesado se habría reunido con John Esteban Muñoz Acosta y su padre, quien fue con el que tuvo un accidente de tránsito el 30 de mayo del 2004 el hijo del ex representante, Gilberto Avendaño Sabogal.

Según Avendaño se habría entrevistado con ellos el tres y cuatro de junio cuando se llevó a cabo la votación del acto legislativo que permitió
la reelección presidencial.

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