LA REACCIÓN tardía para frenar la captación masiva e ilegal de dinero por parte de empresas que ofrecían descomunales utilidades, fue admitida ayer por el presidente Álvaro Uribe, a tiempo que el fiscal Mario Iguarán defendió la labor de su entidad, tras pedir que otras entidades “no se laven las manos”.“Es una lástima que toda la discusión política nos lleve a una intervención tardía. El Gobierno lo reconoce pero haremos todo el esfuerzo para erradicar esas prácticas que tanto daño le hacen a la patria”, dijo el Jefe de Estado.
Uribe recordó las medidas que adoptó en las últimas horas el Ejecutivo para enfrentar la situación, entre ellas la solicitud a la Fiscalía para que acelere los procesos que se surten en contra de los responsables de las empresas captadoras ilegales.
El primer mandatario se quejó de que “la Fiscalía desde hace un año nos viene pidiendo aplazamiento en las intervenciones administrativas con el argumento de que ellos no quieren investigar solo el delito de captación ilegal, sino también los delitos de lavado de activos en estas pirámides”.
Por su parte, el jefe del ente acusador dijo que “la Fiscalía está haciendo toda la labor que le corresponde” y aclaró que la labor de su oficina es la de “investigar y acusar a personas responsables de estas estafas ante los jueces”.
“Ha sido tanta la labor que ha hecho la Fiscalía que creó un grupo especializado dirigido por una fiscal experta en lavado de activos y en enriquecimiento ilícito para perseguir a estos famosos negocios ilegales”, indicó.
El colapso de pirámides, generó disturbios en varias ciudades, en las que los “ahorradores”, destrozaron las instalaciones de las empresas captadoras y las saquearon.
Además se investiga si la muerte del personero del municipio de Guesaco, Byron Santander, está relacionada con el derrumbe de las pirámides.
El Gobierno sospecha que detrás de las pirámides se esconden mecanismos de lavado de dinero del narcotráfico. Por ello, pidió a la Fiscalía investigar a 1.302 entidades que realizaron transacciones sospechosas y pidió colaboración a la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos.
“Va a ser una situación social muy compleja. Son riesgos que no estaban amparados por el Estado y ahora nos toca encontrar los mecanismos para diseñar apoyo a los estafados. Miraremos cómo acompañar los procesos de liquidación”, señaló el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga.
La Policía, a su vez, informó que hasta ahora se ha logrado la incautación de 15 mil millones de pesos y la ocupación de 65 agencias de la firma DRFE que intervino el gobierno en las últimas horas.
El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez Barón, explicó que estos operativos se adelantaron en 12 departamentos del país y las acciones continúan para detectar más empresas de esta firma en las regiones.
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