El CTI de la Fiscalía detuvo a los ex congresistas del partido Convergencia Ciudadana Luis Alberto Gil, quien fue su fundador; Alfonso Riaño y José Manuel Herrera por supuestos nexos con los ex jefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar
POR SUS presuntos vínculos con los ex jefes de las Auc, alias ‘Ernesto Báez’ y ‘Julián Bolívar’, miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a los ex parlamentarios santandereanos Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, pertenecientes al partido político Convergencia Ciudadana.
Gil, quien fue presidente y fundador del movimiento político Convergencia Ciudadana, se encontraba en un hotel al norte de Bogotá, cuando fue sorprendido por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación que lo trasladaron al búnker, donde también serán dirigidos Riaño y Herrera por orden del fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Aldana. De esta manera se dio cumplimiento a una medida de aseguramiento expedida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Alfonso Riaño, ex representante a la Cámara por Santander, había sido denunciado penalmente a principios de este año por la hermana de quien fuera su compañera sentimental, por amenaza de muerte. De él hay versiones en la región de Cimitarra, según las cuales cuando era presidente de la Asamblea de Santander sostuvo reuniones con el ex jefe paramilitar alias ‘Jorge 40’.
Por su parte, José Manuel Herrera, ex representante a la Cámara por Santander, está señalado de haber suscrito acuerdos electorales con paramilitares en el municipio de Puerto Berrío, en Antioquia, hace seis años.
Según denuncias del senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, Herrera habría participado en reuniones entre varios políticos con el paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, para recibir apoyo en las elecciones.
Los ex parlamentarios renunciaron a su fuero de congresistas en octubre de 2003, cuando la Corte Suprema los llamó a rendir indagatoria por el delito de concierto para delinquir agravado por promover o financiar grupos al margen de la ley, en este caso presuntos vínculos con dos ex líderes paramilitares.
Esta determinación se toma tres semanas después que la Corte le solicitara a la Fiscalía General cuál era el estado de las investigaciones de los congresistas que renunciaron al fueron y estaban en su jurisdicción, entre ellos Gil y otros 11 congresistas.
En agosto del año pasado, la ex representante a la Cámara, Yidis Medina Padilla había afirmado que fue testigo presencial de un encuentro entre Alberto Gil y líderes de grupos paramilitares que operaban en el Magdalena Medio, con quienes habría hablado de política.
“Vi al senador Luis Alberto Gil Castillo hablando con ellos (paramilitares) y tomando whisky. Eso es lo que puedo decir. Hay que esperar a que la Corte Suprema de Justicia me llame”, afirmó en esa oportunidad Medina, el 19 de agosto de 2007.
Según afirmó la ex parlamentaria, el encuentro se habría producido entre los años 2001 y 2002 en una vereda cercana a Barrancabermeja.
Luego de esa declaración, Yidis Medina fue citada varias veces por la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento llevaba el proceso de Gil, para que presentara las pruebas en las que sustentaba sus afirmaciones.
La Corte había llamado a rendir indagatoria a los políticos santandereanos en octubre de 2007, quienes renunciaron simultáneamente a su curul para que sus investigaciones las asumiera la Fiscalía General de la Nación.
Por otra parte, el director actual del movimiento Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta, le dijo a EL NUEVO SIGLO que confía en la presunción de inocencia de los políticos y que para el próximo año ya está convocada una convención con todos los integrantes del partido a nivel nacional para establecer reglas más exigentes a la hora de estudiar las hojas de vida de los nuevos miembros.
Hace tres semanas, la Corte Suprema de Justicia le había enviado una carta al Fiscal General de la Nación, preguntándole por el estado de los procesos de 11 ex congresistas que están dentro de la Parapolítica, incluido el ex parlamentario Gil.
Después de esa exigencia, el fiscal Ricardo Mezamel, quien estaba a cargo de los procesos de los tres ex parlamentarios de Convergencia Ciudadana, decidió renunciar aparentemente por la lentitud de las investigaciones.
Se espera que el ente acusador agilice los procesos de los ex congresistas Jorge Castro Pacheco, liberal; Luis Carlos Torres, de Cambio Radical; Héctor Julio Alonso, conservador; y José Vicente Lozano, de Convergencia Ciudadana, investigado por presuntos vínculos con el Eln. Estos nombres están incluidos en la lista que le envió a la Fiscalía la alta Corte.
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