Se ahondan diferencias entre Gobierno y ponentes por ley de víctimas

Mientras que el Ejecutivo insiste en que debe haber un mecanismo jurídico para reconocer a los afectados por los agentes de Estado, los autores exigen que se aplique el principio de buena fe

LAS DIFERENCIAS entre el Gobierno Nacional y los ponentes del proyecto que crearía un estatuto de víctimas de la violencia se incrementaron ayer luego de las declaraciones que al respecto dio el presidente Álvaro Uribe.

El mandatario, quien por primera vez habló públicamente del tema, insistió en que el Gobierno “no cree que se deba mezclar” en la misma ley a las víctimas de grupos ilegales y de los agentes estatales.

“La reparación a las víctimas con reclamación administrativa, en el caso de aquellas víctimas que alegan ser víctimas por acción de agentes del Estado, se necesita la acción judicial”, pidió Uribe, quien argumentó su posición asegurando que se debe tener en cuenta las circunstancias en que las personas se convierten en víctimas.

“Cuando alguien alega ser víctima del Estado, lo primero que hay que preguntar es si realmente fue víctima de agentes del Estado, o si fueron víctimas de una acción legítima de la Fuerza Pública, porque los propios organismos internacionales de justicia ordenan la reparación cuando se ha demostrado la responsabilidad del Estado. La Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se basa en la comprobación de responsabilidad. ¿Por qué en el derecho de nuestro país no?”, aseguró el Presidente.

A su turno los congresistas liberales, autores de la iniciativa, manifestaron que en el proyecto, para ser aprobado, debe tener en cuenta los principios de universalidad y de buena fe de que todas las víctimas realmente lo son.

“La misma Cidh dice que las víctimas deben ser reconocidas sin importar quién haya sido su victimario y eso no lo ha podido entender el Gobierno”, resaltó el representante Guillermo Rivera, quien es ponente de la iniciativa.

El proyecto se debatirá la próxima semana en la Comisión Primera de la Cámara, luego de dos semanas de discusiones entre el Gobierno y los ponentes que hasta ahora no han tenido resultado.