Gobierno cedió en ley de víctimas pero a liberales no les convence

Quienes hayan sufrido daños por parte de la fuerza pública serán llamados afectados “por agentes de Estado”. También se tumbaron los topes para las sentencias judiciales que favorecerán a esta población

UN GIRO inesperado tomó ayer el trámite del proyecto que crea un estatuto de víctimas de la violencia: el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anunció que el Gobierno aceptó no poner topes a las sentencias judiciales a favor de las víctimas de agentes de Estado y cambió la tipificación de los afectados por la fuerza pública.

Como había sido aprobado el proyecto en la Comisión Primera de Cámara la semana pasada, las víctimas de la fuerza pública deberán acudir a un juez para que les admita este estatus, pero la reparación no iba a ser mayor a 18 millones de pesos.

De acuerdo con el ministro Valencia, los cambios serán introducidos en el proyecto en su último debate en la plenaria de la Cámara el próximo martes.

“Lo importante es que estamos sacando una ley seria, responsable fiscalmente para cumplirle a las víctimas, porque le podemos ofrecer de todo a las víctimas en forma irresponsable y si no se les puede cumplir es un engaño”, puntualizó el Ministro, quien hizo este anuncio al término de una reunión que sostuvo con Víctor Abramovich, relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien aplaudió la concesión.
“Nosotros consideramos que sería positivo en términos de la situación actual del proyecto”, indicó el funcionario.

La decisión llegó en momentos en que el Partido Liberal, autor de la iniciativa, se disponía a radicar una proposición de archivo, ya que consideró que el Gobierno “descuartizó” el proyecto, y cuando una avanzada de víctimas de agentes estatales, liderada por Iván Cepeda, realiza una gira en Estados Unidos para evitar la aprobación del TLC.

Sin embargo, la decisión del retiro aún no está esclarecida y los liberales no se encuentran del todo satisfechos con la determinación gubernamental, según declaró a EL NUEVO SIGLO el ponente de la iniciativa, representante Guillermo Rivera.

“Falta, eso no es lo único; hay que comprometerse con el principio de buena fe, la eliminación de los dos años para que las víctimas se suscriban al sistema y lo más importante, permitir la reparación administrativa para las víctimas de los agentes de Estado”, aseguró Rivera.

Aunque existen sectores, como el congresista David Luna, que buscan que la decisión final de la plenaria se atrase hasta el próximo año para que haya más presión internacional, el representante Rivera cree que eso no es necesario.

“La presión internacional apenas empieza, así que el Gobierno tendrá que ceder más”, sentenció el representante.