El Jefe del ente investigador manifestó que cambió de opinión luego del otorgamiento de la libertad provisional al coronel Edilberto Sánchez Rubiano y de otros cuatro ex militares involucrados en las desapariciones del Palacio de JusticiaPARA SORTEAR las consecuencias que dejó el paro de la rama judicial, que duró 43 días, el fiscal General de la nación, Mario Iguarán, pidió ayer continúe el Estado de conmoción interior decretado por el Gobierno.
Aunque el alto funcionario había manifestado hace dos semanas que no se necesitaba dicha excepción luego del levantamiento del cese de actividades por parte de los trabajadores judiciales, ayer cambió de opinión luego del otorgamiento de la libertad provisional al coronel Edilberto Sánchez Rubiano y de otros cuatro ex militares involucrados en las desapariciones del Palacio de Justicia.
Iguarán señaló que informará al Consejo Superior de la Judicatura su decisión para que se agilice el estudio de procesos considerados emblemáticos e históricos y se evite la salida de la cárcel de personas involucradas en esos hechos, por demoras en el trámite en los despachos judiciales.
El decreto que declara la Conmoción Interior estará bajo revisión de la Corte Constitucional que pidió más de un mes para su estudio. El magistrado ponente es el presidente de la Corporación, Humberto Sierra Porto.
En el caso de que alguno de sus artículos vaya en contravía de la Constitución, estos podrán ser revocados. En ese caso la Corte determinará si se anula todo lo que se ha expedido bajo esa norma. El control se hará para todos los decretos que se emitan y en todos los casos se llamará a la Procuraduría general de la nación para que rinda un concepto.
El decreto del Estado de Conmoción Interior fue proferido el nueve de octubre de este año para evitar la salida masiva de presos de las cárceles ante los vencimientos de términos por la no actuación de los jueces.
Entre los decretos que contiene esta medida extraordinaria están que siguen vigentes hoy están la facultar al Consejo Superior de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios que garanticen la prestación del servicio público esencial de la Justicia; el dictamen de medidas para descongestionar, mediante atribuciones de competencia a los notarios, todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción; autorizar a los jueces para rechazar de plano una demanda por manifiesta carencia de fundamentos, entre otros.
Así el Gobierno hará las modificaciones presupuestales necesarias para atender las medidas adoptadas con fundamento en la declaración de Conmoción Interior.
La medida extraordinaria, que tiene vigencia por 90 días, fue promulgada por el presidente de la República, cuando el paro cumplía 35 días.
Según las autoridades, más de 2.700 personas quedaron en libertad debido al cese de actividades de fiscales y jueces en todo el país; 36.986 procesos de tutela no fueron devueltos para su notificación y 120.751 procesos se estancaron. Se dejaron de hacerse 25.284 audiencias, incluidas 15.983 de Control de Garantías.
La Fiscalía General de la Nación informó en su momento que no podía continuar con la investigación de numerosos delitos debido al cese de actividades de fiscales.
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